Presentan un proyecto de reparación histórica para despedidos durante la dictadura

Un proyecto de ley promovido por los diputados Patricia Fadel (FPV-Mendoza) y Roberto Robledo (PJ-La Pampa), establece que todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, universidades nacionales y asociaciones u organismos intervenidos durante el Proceso de Reorganización Nacional que hayan sido cesanteados, serán beneficiarios con indemnizaciones de hasta $ 352.386,60.

El próximo miércoles 29 de Junio, el plenario de comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, discutirá un proyecto de ley que prevé el régimen de reparación histórica para los cesanteados por el cívico-militar Progreso de Reorganización Nacional.

La iniciativa presentado por el oficialismo establece que “todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, universidades nacionales y asociaciones u organismos intervenidos durante la última dictadura militar que hayan sido cesanteados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10/12/1983, serán beneficiarias de las indemnizaciones."

Según el proyecto de ley,  se establece: “un monto equivalente a 30 veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Administración Administrativa Decreto N° 993/91 t.o. 1995”.

En la actualidad esa remuneración ronda los $ 11.746.22. Esta cifra multiplicado por 30, arroja un monto final de  $352.386,60.

La iniciativa presentada por los diputados nacionales Patricia Fadel (Frente para la Victoria-Mendoza) y Roberto Robledo (PJ-La Pampa), crea en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos (Eduardo Luis Duhalde), el Registro de Cesanteados Políticos (¿?), dependencia que tendrá como función primordial la confección de un padrón nacional de cesanteados sin causa justa, debiendo recabar toda la información necesaria para cumplir el objetivo, además tendrá a su cargo la recepción y examen de la documentación que acredite que las personas que se presenten a solicitar el beneficio estén comprendidas en los términos de la presente ley.

Este organismo tendrá la atribución de expedirse mediante Resolución fundada, sobre los derechos que le asisten a las personas que solicitan acceder a los alcances de esta ley; esta certificación será título necesario y suficiente para recibir los beneficios que estipula la presente Ley.

Una vez presentada la documentación ante el Registro de Cesanteados políticos, éste deberá expedirse en un plazo de 90 días corridos, comunicando fehacientemente a los agentes el resultado del trámite administrativo.

En todos los casos, el solicitante deberá acreditar ante la autoridad de aplicación, mediante información sumaria aportando cualquier medio probatorio idóneo, las causales políticas o gremiales que determinó el cese laboral.

Cualquier otro beneficio percibido por igual concepto a través de normas nacionales, provinciales o acciones judiciales planteadas por los beneficiarios, será considerado como parte integrante de la correspondiente indemnización, debiendo hacerse los cálculos correspondientes de descuentos e intereses.

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cuyos efectos, el señor Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias correspondientes.

“Creemos necesario otorgar a las personas injustamente cesanteadas una reparación al daño causado por el Estado Nacional, quien castigó y persiguió a los agentes por su ideología, su posición política o gremial, con el agravante de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia de Estado”, fundamentaron en su iniciativa los diputados Fadel y Robledo 

Y agregaron: “Las leyes nacionales que se ocuparon del tema, resolvieron, al igual que las provinciales, parcialmente esta situación. Pero es importante aclarar que en todos los niveles, nacional, provincial, y municipal, fue fundamentada la cesantía invocando decretos y leyes nacionales, razón por la cual es importante que el gobierno nacional tome la responsabilidad, en forma definitiva a treinta años de producida esta situación, de generar un mecanismo legal de reparación histórica para todo cesanteado político que no haya podido o le hayan negado su reincorporación en todo el territorio nacional, mas allá si trabajaba en el Estado Nacional, Provincial o Municipal”.

“Se busca una justa reparación por lo que se establece que quienes ya hayan cobrado algún tipo de indemnización, ésta sea parte integrante y la diferencia sea percibida en su correspondiente carácter”, finalizaron los diputados Patricia Fadel y Roberto Robledo.