1. EL AGUA COMO FACTOR LIMITANTE DE LA EXPANSIÓN CAPITALISTA EN EL MEDITERRÁNEO
La última década del siglo XX ha sido la década del despertar de las luchas por el agua en la Península Ibérica. La escasez y la mercantilización del recurso hídrico, unidas al proceso galopante de contaminación agrícola e industrial, así como las polémicas entre partidos políticos por imponer un PHN que cubriera las necesidades de expansión de la Confederación de empresarios del arco Mediterráneo, pusieron de nuevo en el candelero el viejo conflicto por el agua.
Para resituar este conflicto en el terreno de la guerra social o del enfrentamiento histórico entre poseedores y desposeídos, nos ha parecido interesante abordar desde diferentes perspectivas (geopolíticas y económicas) el proceso de apropiación, desvalorización y mercantilización del agua a lo largo del siglo XX.
Hasta mediados del siglo XIX, hito histórico marcado por el advenimiento de la Revolución industrial, el agua de consumo humano no tenia precio en las regiones del Mediterráneo, y era considerada un bien común. Por tanto, el acceso a fuentes, manantiales y aljibes estaba permitido para personas y animales, aunque éstos se encontraran en terreno privado. Por otra parte, los agricultores del Levante habían venido considerando tradicionalmente al agua como un bien escaso, comunal y autogestionado, cuyo uso, reparto y concesión se reglamentaba a través de síndicos, juntas o comunidades de regantes. (Desde hace más de 700 años, el Código de aguas del Reino de Aragón y el Tribunal de Aguas de Valencia consideraban que el agua no tenía propiedad, que pertenecía a la tierra y su gestión correspondía únicamente a los usuarios).
Con el discurrir de los años, comenzaron a aparecer las primeras compilaciones legales en esta materia (Ley de aguas de 1866), que significarían la intervención declarada de la maquinaria del Estado en la gestión de los recursos hídricos. Este proceso de injerencia estatal tiene su punto álgido (punto de no retorno para la gestión comunal) con la creación de las Confederaciones hidrográficas en 1926, fruto de la aplicación de las políticas regeneracionistas de Joaquín Costa y Lorenzo Pardo (responsable del plan nacional de obras hidráulicas entre las que se incluye el Trasvase Tajo-Segura) encaminadas a la reestructuración y modernización del capitalismo agrario.
La construcción de grandes embalses, junto a la artificializacion de los cauces fluviales y los trasvases intercuencas, fueron las sólidas apuestas de los regeneracionistas para potenciar el desarrollo del capitalismo agrario, desarrollo que pasaba necesariamente por el incremento salvaje de las extensiones de regadío. El criterio de reestructuración del territorio estaba regido por la visión economicista del Estado franquista en su fase de nacionalización de la producción.
El sistema hidráulico para la alimentación permanente de los regadíos, pasaba por la construcción masiva de pantanos y canales fluviales de abastecimiento, gestionados desde los organismos estatales en materia hídrica, que representaban las Confederaciones Hidrográficas. Con la creación de estas Confederaciones, la nacionalización del agua y la construcción de obras publicas, quedaba inaugurada la era del «fordismo» agrario en el estado español, o lo que es lo mismo, la era de la producción de mercancías en serie y del consumo de masas.
Todas las legislaciones y las planificaciones estatales sobre agua posteriores a 1926 continúan, sin duda, la estela regeneracionista de construcción de grandes obras hidráulicas, reforzándose la planificación hídrica a medida que se desarrollaba el siglo XX con la entrada de las teorías neoliberales y las estrategias de gestión empresarial aplicadas al agua. La historia de la política hidráulica en el siglo XX es la historia del dominio de la economía sobre el agua.
Haremos un breve repaso a los hitos históricos que marcaron los sucesivos puntos de «no retorno» en el proceso de apropiación y mercantilización del agua:
a) 1971, año en el que terminan las obras del trasvase Tajo-Segura, proyectado inicialmente en 1934, siendo ministro de fomento el socialista Indalecio Prieto. Esta gigantesca obra fue la que sentó las bases para trasvasar agua de una cuenca atlántica a otra mediterránea. De esta manera, los recursos trasvasados eran sometidos a un proceso de valorización monetaria (el agua se vende a un precio determinado a los usuarios), al tiempo que se desvalorizaba el agua como fuente de vida y socialización.
Ni que decir tiene que el Trasvase Tajo-Segura es el primero de una serie de estrepitosos fracasos ligados a la aplicación de las políticas regeneracionistas basadas en la construcción de obras hidráulicas y en la aplicación de la «vieja política de la oferta». No se puede paliar el déficit hídrico de una cuenca como la del río Segura si no se controla la demanda de agua y la brutal reconversión de hectáreas de secano en regadío. El Trasvase Tajo-Segura se diseño inicialmente (1934) para trasvasar 1000 Hectómetros cúbicos/año, pero en el momento de su finalización (1971), trasvasaba un volumen real de unos 300 Hm. cúbicos/año. Es fácil hacerse una idea de la reconversión territorial que sufrió el Sureste ibérico bajo la perspectiva de la llegada de un volumen de agua muy superior al que realmente llegó. Esta política de las «falsas expectativas» desarrollada por el franquismo, dio lugar a que muchas de las miles de hectáreas reconvertidas en regadíos ilegales, no pudieran ser abastecidas con un volumen real de 300 Hm. cúbicos. Por lo tanto, el Trasvase Tajo-Segura, lejos de paliar la escasez de agua, la incremento brutalmente al no controlar las demandas de agua del agronegocio.
Al tiempo, este trasvase fomentó la desertización y el abandono de las tierras, que una vez reconvertidas en regadíos, no podían ser abastecidas por un trasvase mal planificado, basado en el descontrol de la política de la oferta y en la propaganda del Estado franquista, generadora de unas «falsas expectativas» que los agricultores tuvieron que sufrir en sus carnes.
40 años después vemos como la superficie de regadío se ha vuelto a incrementar de manera notable en el Sureste ibérico, sólo con el rumor de la aprobación del trasvase del Ebro (de nuevo las falsas expectativas). También observamos cómo nuevos «actores» han entrado en la escena hidrológica demandando ingentes cantidades de agua suelo y energía, para convertir al mediterráneo en el «geriátrico» de la Unión europea con la estandarización del modelo de vivienda tipo «resort» o dúplex adosados, ubicados en los márgenes de un campo de golf o una instalación acuática de recreo.
La solución de las Confederaciones de empresarios al nuevo déficit provocado por el agronegocio y la mafia turístico-inmobiliaria, será un trasvase de la envergadura del Ebro o mayor y dentro de 10 años pedirán agua al Ródano o al Rhin… La estupidez es una droga de la que nadie se quiere desenganchar.
b) La ley de aguas de 1985 (PSOE), introduce el principio de planificación hidrológica basada en el desarrollo de los planes hidrológicos propios de cada cuenca. El agua a partir de la aplicación de esta ley, deja de ser un bien comunal para convertirse en un bien de dominio público (gestionado teóricamente por el estado). También se consideran de dominio público las aguas subterráneas, pero no así los pozos que captan agua de los acuíferos que tradicionalmente se consideran como privados. Esta ley socialista, en realidad, abre las puertas a la privatización del agua, deja manos libres a particulares y empresas para que gestionen el mercado de agua subterránea y abre la vía de las concesiones del abastecimiento urbano a empresas privadas.
c) Reforma de la ley de Aguas 1999 (PP). Esta ley privatiza, desregula y liberaliza el negocio del agua en el único sector que aún no había sido liberalizado: los regadíos. Por otro lado, da rienda suelta a la privatización del sector, ya que facilita la compra-venta de agua a todos los niveles dejando, en manos del mercado, la tradicional gestión hídrica por parte de las administraciones del Estado.
También sienta definitivamente las bases de la liberalización del mercado del agua, ya que permite a grandes empresas y multinacionales obtener concesiones de construcción de obras hidráulicas, así como de gestión de desaladoras y depuradoras para la reutilización de aguas. La mercantilización es un hecho consumado y las mafias multinacionales del agua (Aguas de Barcelona-ABGAR) se hacen cargo de la gestión de las «fronteras» en el flujo de agua, compuertas, tuberías, llaves de paso, contadores, recibos… Se disparan las tarifas de agua, todo el proceso de descontaminación, potabilización de agua y reparación de tuberías queda «externalizado» por parte de Aguas de Barcelona en el Levante, lo que quiere decir que todo el ciclo de descontaminación, depuración y mejora de tuberías lo pagan los usuarios mensualmente a través de un «impuesto revolucionario» obligatorio reflejado en los recibos de agua. Se impone la lógica del mercado como solución al «fracaso» del Estado.
d) En el año 2000 entra en vigor la Directiva-marco sobre el agua en la Unión europea (Código penal de agua). Esta directiva supone la aplicación del principio «quien contamina paga», lo que quiere decir que las empresas que contaminen cursos fluviales, deberán pagar sanciones equivalentes al daño causado. En la práctica las sanciones son irrisorias y no incluyen la mayor parte de los aspectos del desastre ambiental y dependen mucho de la empresa a la que se sancione (ahí queda el ejemplo de Boliden y el desastre ecológico que desató en Aznarcóllar-Huelva…) Una de las realidades de la aplicación del principio «quien contamina paga», fue el impulso para el gran mercado de la descontaminación, desarrollado por empresas privadas que fabrican tecnología para tal fin, financiada con dinero publico.
e) El Plan Hidrológico Nacional de 2001 (PP), propone la construcción de 118 pantanos, la creación de 1 millón de nuevas hectáreas de regadío y el trasvase de agua entre diferentes cuencas hidrográficas en función de su clasificación en «excedentarias» y «deficitarias» (trasvase del Ebro), como ya se hiciera con el Trasvase Tajo-Segura. Junto a las grandes infraestructuras, este PHN propone que se comience a «controlar» la demanda a través de la aplicación de una política de los precios adecuada, para lograr una gestión más efectiva los recursos hídricos.
A la luz de las propuestas del PHN del 2001, caemos rápidamente en la cuenta de que los planes hidrológicos de finales del siglo XX y principios del XXI, son continuistas con la política «pantanera» franquista, que se basaba en la construcción masiva de infraestructuras, con la salvedad de que durante el franquismo la planificación se limitaba a cubrir las necesidades de los planes económicos del Estado, y en esto que llaman democracia, los PHN se dedican a cubrir las necesidades de las empresas del agronegocio y el «holding» turístico-inmobiliario. El PHN del PP está especialmente diseñado para favorecer los intereses de los grupos empresariales, pero costeando el proyecto de construcción de trasvases con dinero publico. No es casualidad, que el Estado Español ostente el triste record de ser el país del mundo con mayor cantidad de embalses por Km. cuadrado y habitante, en el que 1300 presas embalsan el 50 % del agua de todos los ríos. (Por algo llamaban a Franco, Paco Pantanos).
Con esta argumentación se cumple la premisa con la que iniciamos el artículo de que el agua es uno de los factores limitantes para la expansión del capitalismo en el mediterráneo y que además de factor limitante, es un factor estratégico en la economía y que, por tanto, el agua ha de ser reconducida por todos los medios a las zonas del litoral mediterráneo, donde su precio se multiplica por efecto de la escasez y asegura un buen volumen de negocio para los empresarios
2. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y DESTRUCCIÓN DEL TERRITORIO SON, A EFECTOS PRÁCTICOS, TÉRMINOS SINÓNIMOS
Hacemos esta relación (planificación-destrucción) porque todos los efectos sociales o ambientales asociados a la ejecución de planes hidrológicos son considerados por el Estado y las empresas privadas adjudicatarias como «daños colaterales».
Al analizar la política hidráulica post-franquista y su visión de «daños colaterales», no podemos dejar pasar por alto la decisión del gobierno del PSOE en 1985 de retomar y llevar adelante, el viejo sueño franquista de represar los ríos Iratí y Urrobi, ubicados en los valles de Artzi/Arce y Longuida (Pirineo navarro) a pesar del riesgo evidente de catástrofe, asociado a los movimientos sísmicos y a la geología del terreno donde se ubica el pantano de Itoiz.
El proceso destructivo no se frenó con el pantano de Itoiz, ya que el pantano da origen al canal de Navarra, faraónica obra que recorre gran parte del territorio navarro, arteria hídrica para los regadíos hiperproductivos de la comunidad foral y orgullo de UPN.
La estrategia seguida por la clase política para justificar este proyecto no tiene desperdicio:
– Construir primero la presa y decidir más tarde, el destino, los destinatarios y las funciones del agua disponible.
– Bajo la excusa de llevar agua para riego y consumo humano, han conseguido reconvertir miles de hectáreas de secano en regadío.
Con esta maniobra se refuerza el dominio y el control de la producción por parte de los grandes «lobbys» del negocio agrícola en tierras navarras (los agricultores tradicionales por efecto del monopolio empresarial pasan a ser jornaleros), y ya de paso se planifican campos de golf y complejos turísticos en la ribera del Ebro (han sido expropiados 7 millones de m2 como regalo a las empresas constructoras para levantar complejos turísticos).
Tras la construcción del pantano Itoiz-Canal de Navarra han sido considerados como «daños colaterales»: la inundación de 9 pueblos pirenáicos situados en valles de gran valor ecológico, quedando afectadas 3 reservas naturales y 2 zonas ZEPA (zona de especial protección para las aves). A nivel social, políticos y empresarios desarrollaron un abanico amplio de estrategias de extorsión, sobornos, amenazas, incumplimiento de sus propias leyes, falsificación y ocultación de documentos, manipulación de estudios de impacto ambiental, etc. A nivel humano, arruinaron las vidas de las personas que habitaban los valles, la comunidad foral desplegó un proceso represivo sin precedentes sobre los colectivos y organizaciones en oposición al proyecto y por último encarcelaron a los compañeros/as Solidari@s por utilizar el ecosabotaje (corte de cables del pantano) como herramienta legítima de defensa.
El caso de Itoiz o el recrecimiento del embalse de Yesa (Aragón) son 2 buenos ejemplos que nos sirven para clarificar que, a efectos prácticos, planificación hidrológica y destrucción del territorio son sinónimos. Si nos detenemos a echar un vistazo a la geografía ibérica, caemos rápido en la cuenta de que el proyecto destructivo asociado al agua iniciado en tierras navarras y aragonesas, esta íntimamente conectado con el proyecto destructivo que está arrasando el litoral mediterráneo, a través del trasvase del Ebro.
El trasvase del Ebro es ese «oscuro objeto del deseo» con el que sueña la Confederación de empresarios del arco mediterráneo para terminar de desplegar con toda su virulencia, el «tsunami urbanizador» (devorador de terreno, energía y espacios naturales) que ha impuesto el hormigón como material preferente en el Levante. Y es también el combustible que hace funcionar la apisonadora «del capitalismo verde» que artificializa el paisaje y contamina la tierra, reestructurando la vida de miles de trabajadores que acuden a la llamada precaria de los invernaderos de alto rendimiento.
La razones para elegir el litoral mediterráneo como zona estratégica en el proceso de «valorización» capitalista son varias:
1. Porque se concentran las grandes zonas de invernaderos y huertas hiperproductivas, hasta el momento los más rentables en el mercado europeo.
2. Por la abundancia de mano de obra inmigrante, sometida a un severo régimen de explotación y precariedad laboral. Este factor hace que la industria turística y agrícola, sean competitivas en el mercado.
3. Porque el clima favorece la apisonadora del turismo masivo, primera industria española, que cada año requiere más infraestructuras, más territorio, más alojamientos y más agua para uso recreativo.
4. Porque en el Mediterráneo se concentra el mayor volumen de electores.
3. POLÍTICAS DE CONSENSO Y COOPERACION SOCIAL: AGUA PARA TODOS VERSUS AGUA PARA SIEMPRE
Las facciones que se disputan el poder en el Estado español (socialdemocracia y derecha populista) se han visto obligadas a construir 2 tipos de discurso de consenso o cooperación social con el fin de evitar la extensión de un conflicto latente, que podía quebrar de una vez por todas la paz social impuesta y dejar al descubierto las relaciones de dominación implícitas a la gestión capitalista del agua.
El primer discurso a analizar sería el discurso tardo-franquista, abanderado por las hordas del PP y la Confederación de empresarios (CEOE) que ahonda en la política continuista de las grandes obras hidráulicas (embalses y trasvases) como solución a esa «enorme injusticia de la naturaleza, al haber creado una España húmeda y una seca».
En el Levante (Comunidades valenciana y murciana), el slogan «agua para todos» es la idea fuerza que resume el programa político del PP en materia de planificación hidrológica y que le está garantizando la mayoría absoluta durante un buen puñado de años. Estas 3 palabras «agua para todos» aparecen impresas masivamente en pancartas que aparecen colgadas en balcones consistoriales, instituciones oficiales, sedes de la confederación de empresarios y campos de fútbol, y nos recuerdan, salvando las distancias, a los carteles que aparecían en las puertas de acceso a los campos de concentración nazis, en los que se podía leer, «El trabajo os hará libres», solo que trasformados en «el agua os hará libres».
En realidad, lo que verdaderamente simboliza el slogan «agua para todos» es el pacto de sangre que hizo el PP en el año 2000 con la Confederación de empresarios del arco mediterráneo, pacto por el cual los altos cargos del PP, ebrios de mayoría absoluta, afirmaron con toda rotundidad que el Trasvase del Ebro sería aprobado bajo cualquier circunstancia y que con él, se podría cubrir sin reservas el volumen de requerimientos «hídricos» con el que el empresariado mediterráneo venía soñando desde hace años. Pero por la boca murió el PP y el trasvase del Ebro fue finalmente derogado. Una vez más la política de las «falsas expectativas» hizo acto de presencia.
Tal y como ocurrió con el Trasvase Tajo-Segura, el anuncio de la llegada de un volumen de agua al Levante, como el que contemplaba el PHN del PP, excitó sobremanera a la confederación de empresarios, poniendo en marcha un proceso de reestructuración económica sin precedentes a partir del año 2000.
Nos remitimos a algunos datos que pueden explicar este «efecto dominó»:
– En la región de Murcia, a partir de 2001, se recalifican miles de hectáreas de suelo agrícola a suelo urbanizable. Muchas de las huertas tradicionales de la vega del Segura ven firmada así, su sentencia de muerte, dejando paso a urbanizaciones e isletas residenciales tipo resort.
– Se proyectan un total de 300.000 viviendas y 40 campos de golf en un periodo de 10 años.
– Se calcula que la población se multiplicará por 5.
– Se reconvierten ilegalmente miles de hectáreas de secano en regadío incrementando más si cabe el déficit hídrico de la región.
(Esto solo con el anuncio de que va a llegar agua)
La contrapartida del PSOE a la campaña «agua para todos», es bastante más inteligente que la anterior, ya que se nutre de muchas de las posiciones del vivero ecologista y viene orquestada desde el Ministerio de Medio Ambiente entorno al denominado Programa Agua. La idea fuerza que resume los planteamiento de la socialdemocracia ambientalista es el slogan «agua para siempre».
Lo interesante de este programa Agua, es que se alimenta de varias de las propuestas que fórmula la denominada Nueva Cultura del Agua. El enfoque de la Nueva cultura del agua se basa fundamentalmente en la paradoja de la Sostenibilidad o del desarrollo sostenible, y entre sus propuestas de gestión hídrica y economía ambiental podemos destacar los siguientes aspectos:
– Generalización de la desalación como alternativa a los trasvases.
– Gestionar el agua con políticas de control de la demanda y no de aumento de la oferta.
– Generalizar la depuración y reutilización de aguas residuales.
– Reducción de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas
Digamos que los planteamientos de la Nueva cultura del agua, diagnostican acertadamente la crisis, pero se despreocupan de los elementos causales que originan realmente la crisis, por considerarlos inevitables. Se rehuye, en cierto modo, el debate social de fondo en aspectos fundamentales como el modelo territorial insostenible, la producción agrícola sucia y contaminante, la conversión del agua en un producto industrial, precio o gratuidad de un recurso imprescindible para la vida….
Es curioso apreciar como a través del concepto de «desarrollo sostenible», tanto gobierno y patronal como colectivos sociales ecologistas han conseguido hablar el mismo lenguaje y utilizar los mismos mecanismos a la hora de establecer sus propuestas entorno a la gestión y conservación del agua. Entre estos mecanismos podemos destacar, la reducción del consumo del agua, mejora de las técnicas de riego, rehabilitación y reemplazo de redes, reutilización o reciclaje de aguas residuales, tarificacion de los consumos medidos por contador y, por supuesto, la política de gravámenes monetarios para quien contamine (quien contamina paga).
En realidad todas estas propuestas de «Sostenibilidad» entorno al recurso hídrico se centran en 2 cuestiones fundamentales:
a) Forzar la tecnificación de las empresas para que sean más «eficientes» en la actividad que desarrollan, contaminando menos. Se trata de materializar ese término, que los planes de gestión de calidad empresariales llaman «mejora continua», que tiene como objetivo el aumento de la competitividad y del volumen de negocio. Por ese motivo, el desarrollo sostenible es un invento ecologista fabuloso para los empresarios, ya que da buena imagen cara a la sociedad, abre nuevas perspectivas de marketing como empresa «limpia» y les posibilita obtener concesiones de la administración si respetan el código del desarrollo sostenible. El ecocapitalismo vende y se impone como estrategia moderna de «autovalorizacion» capitalista.
Para los ecologistas oficiales el desarrollo sostenible también es un buen invento, ya que les convierte en interlocutores válidos en los conflictos ambientales y les consolida como fracción especializada que vela por las buenas prácticas ambientales de ayuntamientos y empresas. Las bases para el desarrollo de un cuerpo de policía ambiental están creadas.
b) La aplicación del principio «quien contamina paga» (eje del concepto de desarrollo sostenible) se traduce a fin de cuentas, en una batería de impuestos finales en las tarifas de agua para destinar lo recaudado al medioambiente (ecotasas, aplicación de tecnologías de desalación, depuración, desinfección, retirada de basuras, mejora de redes…) Es decir, se carga sobre el salario de los trabajadores todo el peso del desarrollo sostenible, en lugar de cargarlo sobre la plusvalía de los empresarios. (Recordamos que el volumen de agua asignado a uso urbano es un 10% del total de agua que se consume, el 90% restante es consumido por la agricultura y la industria).
Al observar los anuncios publicitarios y la propaganda reciente del Ministerio de Medio Ambiente, vemos que va orientada en el sentido de presentar el desarrollo sostenible como una nueva obligación cívica para los ciudadanos, a quienes de manera velada, les presenta como parte responsable de la crisis del agua y su despilfarro. Se está fabricando una especie de ideología ciudadanista de la supervivencia entorno al tema medioambiental mediante la que nos van convenciendo de que a base de pequeños gestos domésticos-cotidianos como cerrar el grifo al lavarse las manos, ducharse rápido, distribuir las basuras en sus contenedores respectivos, etc., se puede ayudar a mitigar la crisis ambiental que amenaza al planeta. Esta ideología del buen ecociudadano lleva implícita la ausencia de enfrentamiento directo con las facciones que verdaderamente despilfarran el agua y contaminan el planeta.
Para entender esto de «agua para todos» y «agua para siempre» haremos un juego de símiles entre la economía del agua y la economía de las fábricas.
Las fábricas tradicionales (fordistas) se dedicaban a producir mercancías y almacenarlas en «stock», para luego trasvasar estas mercancías a los centros de consumo de masas donde se aseguraba un buen volumen de negocio.
Este planteamiento de gestión coincidiría con el programa del PP entorno al tema del agua, así, los embalses y acuíferos serían las fábricas donde se almacena agua industrial y los trasvases serían las infraestructuras (carreteras) que llevan el agua a donde hay un mayor volumen de negocio (el litoral mediterráneo, en nuestro caso) donde el agua se paga a un precio infinitamente superior al costo total de almacenaje en el pantano y distribución.
Se trata de ofertar masivamente agua sin controlar la demanda. En esto se resume el slogan «agua para todos», agua disponible para todos los que puedan pagarla.
El caso de las fábricas modernizadas es algo diferente, las fábricas son más pequeñas, se han fragmentado y difuminado por el territorio (descentralización productiva). Su forma de organizar la producción busca terminar con los grandes almacenamientos o «stocks», y permite a los empresarios trabajar en función de las calidades y la demanda que exija el mercado. Estas fábricas utilizan tecnología punta para ser eficientes, acentúan la importancia de los planes de ahorro y eficiencia a través de sistemas de gestión de calidad y gestión medioambiental, depuran vertidos e implantan planes de ahorro energético. La flexibilidad a todos los niveles de organización y producción se convierte en la nueva consigna de la patronal. Se impone en las fabricas modernas el término de «eficiencia», que tiene como objetivo «satisfacer las necesidades de los clientes» y, de paso, aumentar el volumen de ganancias.
Con el asunto del agua ocurre un poco lo mismo, para el Programa Agua del PSOE, ya no son los embalses las nuevas fábricas de recursos hídricos, sino las depuradoras (EDAR) y las desaladoras. Las depuradoras y desaladoras están siendo diseminadas por todo el territorio siguiendo las directrices de la descentralización productiva y la flexibilidad capitalista aplicada al tema del agua.
Las depuradoras y desaladoras son los nuevos centros productivos, altamente tecnificados, que tienen la ventaja de satisfacer más necesidades con menos agua, al tiempo que tienen la capacidad de producir agua industrial con «calidades de fábrica diferentes», a gusto de cada «cliente»: Se produce agua reciclada baja en sales para cultivos frutales, agua de estaciones EDAR para jardines y campos de golf, agua desmineralizada para cuidar la salud, agua desalada para usos lúdicos… Ya no se produce en masa un solo producto hídrico, se produce agua a la carta y con precios diferentes según los usos, ésta es la característica principal de lo que llaman gestión «post-fordista» aplicada a la economía del agua.
El agua reciclada por lo tanto, tiene un mercado de futuro asegurado y aunque tiene un alto coste energético y económico, permite soñar a los tecnócratas ambientalistas (ecocracia) con un consumo masivo de agua de modo indefinido a través de la desalación y la depuración. De ahí el slogan de la socialdemocracia ambientalista, «Agua para siempre».
De lo que no habla el PSOE y la izquierda ambientalista, es de que la llegada de agua al litoral mediterráneo, ya sea desalada o trasvasada, supone dar carta blanca a los grupos empresariales para continuar con el proyecto de destrucción y artificializacion del litoral mediterráneo. (Fin de la primera parte).
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