¿SINDICALISMO ALTERNATIVO O ALTERNATIVA AL SINDICALISMO?

Dossier: Paz social (VI)

Lo que sigue no pretende ser, ni mucho menos, una introducción a la historia del sindicalismo alternativo en España durante las tres últimas décadas, sino una somera descripción de la intervención sindical durante la fase de plena inserción de la economía española en el sistema capitalista internacional.
El Pacto de la Moncloa, firmado entre las fuerzas políticas de la oposición antifranquista y los herederos directos de la dictadura, inició el proceso de la denominada transición democrática en España.Dio comienzo un proceso hacia la plena adecuación de las condiciones de acumulación de capital con las existentes en Europa. Los años finales de la Dictadura vieron cómo la generalización de las luchas de los trabajadores hacía que los aumentos de salarios fueran por delante de los incrementos en la productividad. La desestabilización general de las relaciones sociales y laborales repercutía negativamente también en cuanto a las perspectivas de atracción de inversiones extranjeras. De ahí que la normalización democrática que representaba el Pacto de la Moncloa tuviera su acción complementaria en el terreno sociolaboral, mediante el establecimiento del pacto social con los sindicatos mayoritarios. De hecho, los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), cada uno de ellos vinculado a dos de los principales actores del pacto de transición (PCE y PSOE) se adhirieron al Pacto de la Moncloa e iniciaron toda una serie de acuerdos y pactos (resultando, entre otros, el Estatuto de los Trabajadores).Estos pactos dieron respuesta a las necesidades del capital durante la reestructuración de los años 80, primero, y luego, durante los años 90, contribuyeron a sentar las bases de la desregulación progresiva del mercado laboral y de la erosión de los derechos conquistados previamente, relativos a la vida laboral (contratación, indemnizaciones por despido, etc.).

La reestructuración de los años 80, además de transformar la estructura productiva española, mediante la liquidación de segmentos de actividad, concentraciones empresariales, apertura a las inversiones extranjeras, etc., se orienta hacia la imposición de nuevas formas de organización del trabajo y de gestión de la fuerza de trabajo.Ello comporta, en lo que se refiere al papel de los sindicatos, nuevas funciones en la estructura representativa y de gestión y prevención de la conflictividad laboral.

En consecuencia, los llamados sindicatos mayoritarios negocian con patronos y representantes del Estado no sólo las condiciones generales de explotación de la fuerza de trabajo, sino su propia función y financiación dentro del aparato de representación del Estado. De forma similar a como opera la ley electoral en las elecciones políticas, que favorece la concentración de votos en los partidos mayoritarios, las normas que regulan las elecciones sindicales favorecen la polarización de la representación de los órganos territoriales en los denominados sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT). De este modo, se produce un creciente desplazamiento de los sindicatos de representación local o en la escala de la empresa, que ven fuertemente limitadas sus posibilidades de representación y de participación en las mesas de negociación donde se deciden las cuestiones importantes.
Durante los primeros años 80, se asiste a la desaparición de algunos sindicatos o su reducción a una localidad o empresa, como consecuencia de la extinción de sus partidos mentores. Ese fue el caso, por ejemplo, de CSUT y SU, (impulsados por PTE y ORT, respectivamente), que vieron considerablemente reducida su presencia en el panorama sindical hasta quedar reducidos a algunos núcleos activos en distintas empresas.

Además, la década de los 80, en la medida que coincide con la denominada reconversión industrial (reestructuración) que, iniciada por el primer gobierno democrático de UCD, tendría continuidad con los sucesivos gobiernos del PSOE, también se caracterizó por una relativa continuidad en la conflictividad.

Esta se ligó a la reestructuración (despidos masivos y cierres de empresas), en la que los denominados sindicatos mayoritarios evidencian en la práctica su alineamiento con los intereses del capital en dicho proceso. De ahí que pervivieran, en abierta oposición a los sindicatos CCOO y UGT, algunas organizaciones y núcleos de sindicatos minoritarios de la fase precedente y que aparecieran nuevas expresiones sindicales, vinculadas a movilizaciones y luchas concretas llevadas desde la base por las asambleas de trabajadores, en unos casos; por ejemplo, el SOC (Sindicato de Obreros del Campo, en Andalucía) o la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, y como consecuencia de escisiones, en otros, como fue el caso de CGT o la Corriente Sindical de Izquierdas, en Asturias, salida de CCOO, y que tuvo una activa intervención en las luchas de los astilleros.
Como quiera que sea, el panorama sindical en las dos últimas décadas se configura en torno a los dos grandes sindicatos institucionales (CCOO y UGT), por un lado, a los que habría que añadir los sindicatos ELA-STV, LAB y ESK-CUIS en el País Vasco, la Intersindical gallega y USO (Unión Sindical Obrera). USO, sindicato de inspiración cristiana y autogestionario que aspiraba a ser el tercero entre los grandes, fue en parte absorbido por UGT, hasta quedar relegado a una modesta dimensión actualmente. A ellos, hay que añadir una pléyade de sindicatos y organizaciones de base directamente vinculadas a la conflictividad difusa de la reestructuración continua del capital (fusiones, externalizaciones, deslocalizaciones, etc.) y de carácter regional que se extiende hasta la actualidad. De hecho, esa tensión entre sindicatos mayoritarios y minoritarios tiene que ver con la nueva estrategia sindical que propugna el cambio del sindicalismo de confrontación a un sindicalismo de concertación que algunos segmentos de la población asalariada no acepta. Se mantiene así, por tanto, una perspectiva reivindicativa, menos proclive al pacto en las condiciones impuestas por la coyuntura reestructuradora. Este es el terreno donde cobran fuerzas los nuevos movimientos sindicales que, en cierto modo, recogen la tradición reivindicativa y asamblearia de las movilizaciones autónomas de los años setenta.

Por otro lado, se produce una creciente crisis de representatividad de los sindicatos mayoritarios, de manera que muchos colectivos (trabajadores autónomos, parados, jóvenes, segmentos profesionales) no se sienten representados por estos sindicatos, lo que es otro factor para la aparición de pequeños sindicatos en muchas empresas y sectores de actividad. Algunos poseen un carácter corporativo (maquinistas de trenes), pero dada su función en el transporte de pasajeros y mercancías, tienen una capacidad de intervención muy superior a lo que se pudiera pensar atendiendo a su número de afiliados. Algo parecido podría decirse de los sindicatos de camioneros. Los conductores de camiones de carga se han convertido en trabajadores autónomos, como resultado de la externalización de este sector por parte de las empresas transportistas tradicionales y de los operadores logísticos. Organizados a escala nacional, los camioneros protagonizarían algunas de las huelgas de mayor transcendencia, por sus consecuencias económicas sobre el abastecimiento de las ciudades y la producción dispersa, de los años noventa.

La CNT, que sufriría la escisión que daría lugar a la CGT a finales de los setenta, requiere una explicación, ya que su marginación de la esfera sindical vino determinada, en mi opinión, por dos causas; una, digamos, externa: la maniobra del Ministerio del Interior que llevaría al denominado caso Scala (1), y otra interna, debida a su inadecuación a la coyuntura sindical creada por el pacto de transición, ante la cual sólo fue capaz de adoptar una estrategia abstencionista en las elecciones sindicales; o sea, su oposición a la fórmula de representación por medio del comité de empresa. Con todo, a finales de los años setenta CNT aparecía como una eventual tercera fuerza sindical, con un fuerte potencial de crecimiento en paralelo al descrédito de los sindicatos y partidos que habían participado en el pacto de transición. Su evolución reciente en esos años podía convertir al sindicato anarcosindicalista en un elemento de desestabilización del pacto de transición y de reestructuración (reconversión industrial). Era, pues, una amenaza potencial que podía distorsionar el marco sindical pactado y así lo reconoció el entonces ministro de UCD y eminente falangista hasta hacía unos meses, Rodolfo Martín Villa ante las cámaras de TVE. Estaba preocupado por la dimensión y el cariz que estaba adoptando el movimiento libertario… Así fue como en enero de 1978, después de celebrarse una manifestación de CNT en Barcelona (la primera legal desde la República), un infiltrado policial convence a unos jóvenes para ir a tirar unos cócteles a la sala de fiestas Scala. El resultado: mueren varios trabajadores, algunos afiliados a CNT y se lleva a cabo la criminalización sistemática de la CNT. El montaje de los servicios de información (según algunos testimonios, el fuego de los cócteles no pudo provocar el incendio en donde murieron los trabajadores, entre otros muchos puntos oscuros) dio el resultado esperado y, a partir de ahí, CNT fue perdiendo fuerza. Por otro lado, las disensiones internas y la prevalencia de la ortodoxia anarcosindicalista heredada de sesenta años atrás, dejó a CNT en una esfera cada vez más marginada, con escasa influencia entre los trabajadores, hasta la actualidad.

El nacimiento de CGT fue visto, en principio, como una alternativa al oligopolio sindical de UGT y CCOO, aunque el nivel de representación institucional (nº de delegados sindicales) del sindicato anarcosindicalista está bastante alejado de los mayoritarios, que monopolizan los puestos en las altas instancias de la representación institucional. Actualmente, CGT cuenta con una relativa presencia en todo el territorio del Estado español y con una apreciable influencia en algunos sectores y empresas.
La intención de CGT es la formación de una tercera fuerza sindical que dé opción a participar en las mesas de negociación y organismos de alto nivel, donde se toman las decisiones importantes y, sobre todo, donde se tiene acceso a los fondos de formación y a las diferentes formas de subvención con las que se financian los sindicatos.

Ya desde los años 80 hubo intentos de coordinación de los pequeños sindicatos repartidos por las diferentes comunidades autónomas, aunque nunca cuajaron en una organización. Lo que sí hubo fue lo que podríamos llamar convergencias tácticas o prácticas en los conflictos e incluso, en algunas ocasiones, se presentaron llamamientos conjuntos a secundar jornadas de lucha, como fue el caso, por ejemplo, en Cataluña con motivo de la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, donde se invocaba «un sindicalismo de clase, asambleario y autónomo», suscrito por FAC, SU, CUTUB, SATT, SLMM, CNT, CAT, CATAC.

A pesar de la reducida influencia del llamado sindicalismo alternativo, algunos de los conflictos que marcaron estos últimos años no se entenderían sin la participación directa de alguno de esos sindicatos minoritarios (la huelga del transporte público en Madrid y Zaragoza, son dos buenos ejemplos). En otros casos, la radicalización de la lucha vino de la mano de los pequeños sindicatos, aun cuando no tenían una representación mayoritaria en el comité de la empresa en conflicto. No hay, pues, que infravalorar la importancia concreta que en un determinado conflicto laboral puede tener alguna de las organizaciones del sindicalismo minoritario. Por otra parte, todavía en la actualidad se producen esfuerzos encaminados a conseguir una coordinación que desemboque en una especie de confederación sindical que se presente como alternativa a UGT y CCOO. Periódicamente, se realizan encuentros y contactos entre sindicatos de implantación local, regional o sectorial de Andalucía, Aragón, Madrid, Asturias, Cataluña, etc., aunque cada vez parece más alejada la posibilidad de que llegue a cuajar una propuesta intersindical o confederal conjunta.

¿Alternativos a qué?

Una primera apreciación que me parece oportuna se refiere al carácter alternativo del sindicalismo practicado por los sindicatos minoritarios de los que se habla más arriba. El término alternativo obedece más bien a un abuso de lenguaje, ya que sólo cabe considerarlos alternativos en la medida que se proponen como tercera opción a los dos sindicatos institucionales (UGT y CCOO), pero ellos mismos aspiran al reconocimiento institucional que supone acceder a las mesas de negociación de alto nivel. Desde luego, se trata de sindicatos más combativos, más reivindicativos, que los denominados mayoritarios, pero están marcados por la misma naturaleza sindicalista del sistema de representación de la fuerza de trabajo en la sociedad capitalista. La cuestión no está en el discurso o en la profesión de fe más o menos revolucionaria expresada en los estatutos del sindicato, sino en el carácter mismo de la organización sindical como organismo de gestión de la fuerza de trabajo fuera del conflicto.

La profesionalización de la representación sindical, que en principio tiene que ver más con la complejidad técnica y jurídica de las relaciones laborales, que exige especialización, que con la voluntad burocrática de los arribistas, es la base de toda burocratización y permanencia de los representantes al frente de las organizaciones sindicales. Y esta particularidad remite a otra cuestión fundamental: la interiorización por parte de las organizaciones sindicales de la lógica del capital; los límites de la negociación vienen marcados por el IPC, la coyuntura económica, los beneficios de la empresa, etc., o por abstracciones: la recuperación de la economía nacional o contrasentidos como la contribución de los trabajadores en la lucha contra el paro o la competitividad. Es decir, las categorías de la economía política, de ahí que la ideología del capital sea la que inspira la acción sindical y quien le marca el límite.

A ello se une la posibilidad que ofrece la acción sindical como medio de promoción profesional de (ex) trabajadores. La consolidación de la representación al nivel que sea genera unas ventajas y prebendas que son inseparables de la condición sindical y que no pueden soslayarse a la hora de analizar la realidad de la representación sindical y el movimiento obrero. La actividad del representante sindical (reuniones con directivos, gestión y trámites administrativos concernientes a la vida sindical, la seguridad e higiene, la formación, etc.) lo separa material y prácticamente del lugar de trabajo. El representante sindical de cualquier empresa con un cierto número de trabajadores deja literalmente de trabajar, deja su puesto de trabajo, para dedicarse a representar (vive en la oficina del comité de empresa, dedicado a tareas administrativas y de gestión relacionadas con la burocracia laboral, su trato más frecuente es con abogados laboralistas, jefes y directivos empresariales no con trabajadores). Además, por su condición de representante de los trabajadores, está a salvo de cualquier regulación de empleo, lo que es una garantía de mantenimiento del puesto de trabajo formal, como empleado de la empresa. Además, alcanzado un cierto nivel, pasa a trabajar en la sede central del sindicato, lo que supone un ascenso en la escala profesional, etc. Y lo que es más importante, disfruta de tiempo libre remunerado (horas sindicales) que puede distribuir entre sus allegados sindicales. Es una corruptela que permite generar adhesiones y fidelidades, se trata de una capacidad para distribuir prebendas a las que se unen los cursos de formación y, con ello, la cogestión en la contratación de nuevos trabajadores. Es decir, se ha generado una casta de miles de gestores sindicales que abarca desde la escala de la empresa hasta los niveles provinciales y nacionales, con intereses específicos distintos de los trabajadores de planta u oficina. Una casta que en los rangos superiores reciben sus emolumentos de las subvenciones directas del Estado (en función del número de representantes) y de los fondos europeos para formación y de cohesión social que gestionan conjuntamente sindicatos (mayoritarios) y patronal a través de organismos como el CES (Consejo Económico-Social). Sin olvidar la fuente de ingresos que significa el negocio de las reestructuraciones, cierres de empresas, prejubilaciones, etc., de cuyo proceso de negociación se desprenden beneficios crematísticos para gabinetes laboralistas y sindicatos; algo que mercería ser minuciosamente analizado. Los sindicatos mayoritarios, puesto que disponen de más recursos e influencias, se convierten cada vez más en sindicatos de servicios (como ellos mismos reconocen). Pero esto mismo es válido para pequeños también, aunque en menor escala y con más posibilidades de control de la base, pero con las mismas oportunidades de acceso a ciertas prebendas de medio y bajo nivel, en consonancia con el nivel de representación alcanzado.

De lo dicho hasta ahora, al menos, se puede concluir que si bien queda en pie la cuestión de la intervención en torno al puesto de trabajo (el salario, en tanto base real de la vida proletarizada), la intervención basada en los presupuestos sindicales se ha revelado en la práctica como la forma capitalista de reconducir el conflicto entre capital y trabajo. Aunque la quiebra del modelo sindical surgido en la fase de expansión capitalista de la segunda posguerra mundial, haga a algunos volverse hacia la recuperación de las esencias de los primeros tiempos del sindicalismo, lo cierto es que, al menos en lo que respecta a la situación del trabajo en las sociedades del centro capitalista, no hay posibilidad alguna de sindicalismo alternativo, como tampoco alternativa al sindicalismo. La realidad es que el sindicalismo es útil para ciertas categorías de trabajadores (funcionarios, contratados de larga duración, empleados de grandes fábricas o compañías de servicios) cuyos ingresos están directamente relacionados con sus horas de trabajo. Sin embargo, el sindicato tiene muy poco que decir al resto de población asalariada, inestable y precarizada, desregulada en sus posibilidades de obtener los ingresos, cuyas estrategias de supervivencia salen fuera del marco sindical quiero llamar la atención sobre un error frecuente, que consiste en identificar organización de la resistencia asalariada y sindicato, reduccionismo que suele estar en la base de los intentos de construcción o reconstrucción de un genuino sindicalismo, etc. En la consideración sindicalista de la contradicción capital/trabajo se olvida que la mediación salarial en los países capitalistas desarrollados no es la misma que la de hace unas décadas, y que la ocupación de una parte considerable de la población asalariada está directamente vinculada al desarrollo de actividades que dependen de la transferencia hacia el centro capitalista de la plusvalía producida a escala mundial, es decir, son formas de actividad en buena medida «improductivas» (burocráticas, culturales, de reproducción, etc.) y subvencionadas, que generan formas de resistencia, pero también de sumisión, que tienen muy poco que ver con la resistencias y sumisiones de la fuerza de trabajo regulada y regulable por medio del encuadramiento sindical y los mecanismos de negociación laborales.

Lo que cabe preguntarse es si en las sociedades opulentas, donde hay cada vez una mayor proporción de población que accede a los medios materiales de existencia a través de la formalidad asalariada, no se está adoptando una forma especial de la relación capital/trabajo (economía sumergida, informalidad contractual), cuya naturaleza, por novedosa y problemática, ya no puede ser abordada en la perspectiva y presupuestos del sindicalismo, en la medida que éste es una de las expresiones históricas de la lucha de clases, a saber, la correspondiente al movimiento obrero industrial del capitalismo ascendente, del mercado expansivo y de la producción de masa.

Corsino Vela

NOTA: En 2008 se ha editado el libro «El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más», de Xavier Cañadas (Editorial Virus).

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