La lucha de los pueblos indígenas latinoamericanos por la conservación de su patrimonio natural y cultural data de tiempos remotos, situados en el descubrimiento y conquista de nuestro continente bajo la dirección de los hidalgos españoles. Este encuentro de dos mundos radicalmente opuestos trajo consigo la expropiación de tierras y la explotación indígena, con una merma abrupta de la población autóctona, y un proceso de mestizaje y aculturación. Fue principalmente por estas razones que en el indígena se desarrollo una conciencia heteróclita frente al modelo impositivo instaurado por los invasores extranjeros.
Desde ese momento, la causa indígena se transformará en un conflicto de gran envergadura. Las reivindicaciones de este colectivo, por lo tanto, no son un elemento nuevo, se vienen arrastrando desde hace varios siglos. Sin embargo, sólo desde hace algunos años sus denuncias frente a las injusticias impuestas por nuevos actores (el estado y las empresas privadas) están siendo escuchadas en todo el mundo, gracias al apoyo recibido por las ONGs y grupos medioambientalistas, que, por ejemplo, desarrollan movilizaciones y conferencias de prensa con el fin de sacar a la luz los conflictos sudamericanos. También diversos grupos políticos encuentran en estas causas banderas de lucha que en la mayoría de los casos les reportarán suculentos dividendos electorales.
Desde otro ángulo, organismos financieros tales como el BM (Banco Mundial) y el BID (Banco Internacional del Desarrollo) actualmente condicionan sus préstamos a estudios de impacto social y ambiental. Es así como las empresas multinacionales, que se dedican a la explotación de los recursos naturales y a la construcción de megaproyectos, han entendido en «teoría» que es necesario un estudio minucioso de impacto ambiental (ya que asumimos que un estudio de impacto social en la mayoría de los casos se desconoce). Hay que tomar en cuenta además que una parte fundamental de sus proyectos, así como su imagen corporativa a nivel mundial, vendrá determinada por el tipo de relación que establezcan con las comunidades indígenas ubicadas en las zonas afectadas. Aunque la verdad es que en la práctica se ha demostrado que dichas empresas no toman en cuenta su relación con el entorno. Existen miles de casos que ejemplifican tal situación, desde la contaminación de las aguas de El Oriente ecuatoriano tras los vertidos producidos por Texaco hasta la destrucción de zonas arqueológicas en el Sur de Chile.
EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS NATURALES
Muchos de los recursos naturales de América del Sur se ubican en las zonas más aisladas, donde habitualmente están instalados los asentamientos indígenas. Para estas comunidades sus tierras tienen una gran significación y un valor espiritual, pues sus creencias están vinculadas directamente con el ciclo vital de la naturaleza y, por ende, poseen una fuerte relación con la tierra. Por esta razón, muchos indígenas se niegan a aceptar la explotación de ciertos recursos en sus territorios, así como a ser reubicados, ya que ello significaría dejar atrás sus antepasados y, por lo tanto, su cosmogonía. Un caso manifiesto es el de los Pehuenches, instalados en las riveras del Alto Biobio en el Sur de Chile, que ante la inminente instalación de una nueva central hidroeléctrica serán trasladados, dejando atrás toda una cultura. Ello significará a la postre su mimetización e integración en la cultura occidental (capitalista) contribuyendo así a la homogeneización de la sociedad.
Otro problema es el de la explotación de los hidrocarburos, siendo éste el más conflictivo debido a las malas experiencias vividas en la región, puesto que en más de una ocasión han puesto en peligro la supervivencia de algunas tribus. Por ejemplo, durante las últimas décadas los indígenas del Amazonas han afrontado el constante deterioro de la pesca y de la agricultura (sus principales actividades económicas) producto de la contaminación de sus aguas por efecto de la explotación minera y petrolera. En este contexto, debido a la carencia de una legislación eficaz, en varios países de la región han aparecido los llamados «garimpeiros», grupos formados por 100 a 150 mineros ilegales que circulan armados por la zona amazónica buscando oro. El problema surge al momento de separar el mineral, ya que, utilizan mercurio (azogue) el cual al derramarse en las aguas las contaminan, y, como consecuencia, también a los peces que luego serán comidos por los indígenas. Así las cosas, los indígenas tratan de combatir a los «garimpeiros», lo cual genera zonas de violencia y enfrentamientos.
La construcción de centrales hidroeléctricas también constituye un tema de controversia, ya que exige la inundación de vastas superficies, que en muchos casos están habitadas por distintas comunidades. Este es un conflicto que en la actualidad afrontan los gobiernos colombiano, chileno, paraguayo y brasileño. Este último, por ejemplo, cuenta con la oposición de cientos de comunidades quienes se niegan a la construcción de represas como Tucurui, Balina, Itaipú y Belo Monte, destinadas a contrarrestar el déficit energético que enfrenta el país. Por otro lado, la modificación de los cauces de los ríos (acción fundamental para poder construir las represas) tendrá un efecto sumamente negativo para las comunidades indígenas debido a su impacto sobre el ecosistema. Una intervención de este tipo significa, dentro la mentalidad indígena, la alteración de la madre naturaleza y, por lo tanto, del ciclo vital de los peces. Se amenaza así la supervivencia de las comunidades, sobre todo si consideramos que la actividad pesquera es base de su dieta alimenticia.
GLOBALIZACIÓN AMERICANA
Por efecto de la globalización económica los estados de Latinoamérica están buscando estrechar las relaciones comerciales entre las distintas regiones que la constituyen, especialmente en el marco del Mercosur. Es por esta razón que los gobiernos regionales, junto con la empresa privada, promueven megaproyectos como la hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene como finalidad unir a países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, y que permitirá el transporte de minerales y granos. Otro ejemplo son los corredores bioceánicos que unirán el Océano Pacífico con el Atlántico. Sin embargo, los anteriores megaproyectos, considerados las columnas vertebrales de la integración, han encontrado una férrea y constante oposición de las comunidades afectadas, ya conllevan importantes efectos en términos de impacto ambiental y social. Y principalmente por esto último, debido a que, si bien el «desarrollo» alcanzaría a estas zonas aisladas históricamente, queda evidenciado que la llegada de la cultura occidental trae consigo el desbarajuste de las comunidades, la sobreexplotación de los indígenas y en definitiva la incorporación de éstos al mercado del trabajo. Asimismo, nuevas enfermedades afectarán a las tribus, provocando un efecto de peste capaz de reducir de manera drástica la población. En Perú, por ejemplo, la comunidad Sejas fue reducida de 30.000 a 1.500 habitantes en los últimos años a raíz de la llegada de la supuesta «civilización».
EL PROBLEMA INDÍGENA EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad las comunidades indígenas enfrentan una doble lucha: por un lado, tratan de mantener las condiciones necesarias para la supervivencia de su cultura, y, por otro, tratan de obtener el reconocimiento jurídico sobre sus ancestrales territorios. En este aspecto, el camino acaba de comenzar. Así, el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes adoptado desde 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) crea un marco para estas situaciones, en el que «insta» a que los gobiernos reconozcan a las comunidades indígenas originarias y «recomienda» que el estado respete sus derechos y otorgue los títulos de dominio sobre sus territorios. Además «sugiere» que cuando un gobierno quiera realizar un proyecto en conjunto con la empresa privada en territorios de los indígenas, se les consulte y se les haga partícipes de la formulación de un plan de estudio ambiental y del verificación de las actividades. La mayor parte de los países de la región se han plegado ya a este convenio «salvo» Brasil, Venezuela, Chile y Paraguay. Si bien son distintos los conflictos que aquejan a estos países, en el fondo la tónica es la misma: estados que persiguen el desarrollo de sus economías a través de la explotación de los recursos naturales, la expropiación de las tierras originarias y la homogeneización racial, unificando a la sociedad en valores como el individualismo y la competencia, sin considerar que la diversidad es parte de una buena sociabilidad humana.
M. Antonieta Pozo V.
(Santiago, Chile)
(Artículo adaptado del original)