13 CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A PERSONAS SIN RECURSOS

1) Silvia López, vecina de Barakaldo, 26 años, dos hijos a su cargo. Se vio en la necesidad de encadenarse en abril del 99 al Ayuntamiento de Barakaldo para conseguir una respuesta favorable a su solicitud de una ayuda de emergencia que le permita pagar el alquiler de su vivienda. Al cabo de dos días el Concejal de Bienestar se comprometió a cubrir la cuantía completa durante un año del alquiler del piso donde residía.

Hasta llegar a esta situación había pasado ya por tres trabajadoras sociales, se le había negado la concesión del Ingreso mínimo de Inserción (IMI) -pese a que reunía todos los requisitos exigidos- y, por último, había sido humillada por la jefa de trabajadoras sociales del Ayuntamiento y el propio concejal con comentarios del tipo «…no sabemos de qué te quejas si con lo joven y guapa que eres siempre tendrás posibilidad de conseguir un puesto de trabajo».

2) L. H., vecina de Barakaldo y con un hijo a su cargo, sufrió toda clase de hostigamientos por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Su última actuación fue amenazarla con quitarle la custodia de su hijo y que este pasara a un piso de acogida de la Diputación. Todo empezó cuando le concedieron el IMI y el pago de la cuantía completa del piso en alquiler donde vivía. A partir de entonces fue considerada «una persona en situación de riesgo». Esto supuso que una trabajadora social, un equipo de intervención familiar y un psicólogo la citaran todas las semanas para exigirle cuentas de cómo organizaba su casa, con quién mantenía relaciones, cómo vestía a su hijo, qué compras realizaba, en qué se gastaba el dinero,… todo esto por el simple hecho de cobrar una ayuda miserable (47.000 ptas. y el pago del alquiler de una vivienda).

Esta persecución se debió a que al Ayuntamiento se le ocurrió subvencionar el proyecto de un equipo de «intervención familiar», al cual derivaban todas las mujeres con hijos a su cargo que cobraban el IMI. Como si por el hecho de cobrar una ayuda fueras un ser marginal y antisocial necesitado de «inserción».

3) El 4 de junio de 1998, 80 personas se concentraron ante el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar el trato degradante y humillante que una trabajadora social de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del barrio de Cruces dispensó a dos personas. Una de ellas, que había acudido a solicitar una ayuda para el dentista tuvo que escuchar perlas del tipo de: «No hacéis más que pedir. ¿Te hemos dado una ayuda para luz, agua y comunidad durante seis meses y aún pides más?»; «Si te van a desahuciar de tu piso por no tener dinero vete a Santurtzi con tus amigos y asunto resuelto»; «Si te echan del piso y no sabes dónde dejar los muebles, véndelos. Cuando consigas un piso ya los volverás a comprar»; «Encima ahora me solicitas una ayuda para el dentista. Esto es demasiado caro, sólo podemos pagarte dos empastes. Además no haces más que pedir, si estás en paro y no cobras nada, ese no es asunto nuestro».

4) En el otro caso, la trabajadora social se negó en un primer momento a darle información sobre el IMI y las AES. Después de insistir en que se le informara adecuadamente, la trabajadora social se la quitó de encima diciéndole: «esas ayudas sólo las cobran delincuentes, toxicómanos y prostitutas, ¿no serás tú uno de ellos?».

5) En enero de 1999, 40 personas ocuparon el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar el caso de una vecina del barrio de Lutxana. Tenía 65 años, vivía sola y contaba con unos ingresos de 48.000 ptas. mensuales por una pensión de viudedad. En junio de 1998 tramitó ante su asistenta una AES para el pago de luz, agua y comunidad. En septiembre no se había decidido nada por culpa, según la trabajadora social, de las vacaciones. En noviembre le comentó que no había dinero y que tenía otros tres casos similares. En diciembre le llegó una carta avisándole de que habían perdido la documentación de su solicitud. Cuando a finales de diciembre entregó varios de los papeles perdidos, le dijeron que su solicitud había prescrito y que tendría que volver a solicitar la ayuda, pero ya con cargo al año 99. Para más inri, además de perder el año 98, debía presentar de nuevo toda la documentación exigida. La guinda. El hijo de la mujer, que llevaba tres años en paro, dejó públicamente claro que hacía tiempo que no vivía con su madre. La asistenta ya se había informado sobre su actual residencia ¡en otro barrio de Barakaldo! y sobre cuáles eran sus ingresos, y eso que él no había solicitado ninguna ayuda. ¿Asistenta o policía?

6) Felisa Ballesteros, barakaldesa de 33 años, con un niño de 4 años, en trámites de separación y con una pensión alimenticia de 60.000 ptas. mensuales -aunque como ocurre en muchos casos el marido sólo le pasa 25.000-. Ante su intento de pedir una ayuda social se encuentra con un «pequeño problema burocrático»: no puede solicitarla debido a que su ex-marido sigue empadronado en su domicilio, y como estas ayudas no son individuales, sino por unidad familiar, se computan los ingresos del ex. La reiterada negativa de la trabajadora social y del Departamento de Bienestar Social durante ocho meses, le llevan a no poder pagar la hipoteca de su piso y a verse inmersa en un proceso de desahucio. Se encuentra además ante la imposibilidad de pagar las facturas de Iberdrola, lo que le conduce a vivir sin luz durante cinco meses, teniéndo que alumbrarse con velas. De repente, este «problemilla» burocrático desaparece cuando seis personas se desnudan frente al Departamento de Bienestar Social para denunciar el caso. A día de hoy, Felisa Ballesteros y otras muchas mujeres en su caso pueden acceder al IMI.

Volviendo al tema del desahucio, tras una concentración en el BBV de Barakaldo y que dos personas se encadenaran a las puertas de la sede central de este Banco en Bilbo, se consigue que le concedan una moratoria de año y medio. A la par se sigue presionando al Ayuntamiento para que facilite una solución a largo plazo, logrando que se le otorgue una vivienda municipal. Pero, por desgracia, sus problemas no terminan ahí. Esta vivienda se encuentra en lamentables condiciones: carece de instalación eléctrica, de persianas y de ventanas en algunas habitaciones. Ante esto, solicita una AES para hacer frente a los arreglos. La respuesta de la trabajadora social es: «A ver si quieres que te paguemos un coche. Yo también pago un piso de alquiler que nunca será mío y no me quejo.»

El 23 de diciembre de 1998 cuatro familias de Barakaldo, junto a varios grupos implicados en la lucha contra la exclusión social, se concentran 24 horas frente a la Diputación Foral de Bizkaia. Su situación es la siguiente:

7) Marisa Seco, con una hija de dos años, perceptora del IMI. Solicita en julio una ayuda para gastos de alquiler, luz, agua y comunidad, así como de adquisición de una nevera. El total de su solicitud ascendía a 180.000 ptas. A día de hoy no ha recibido ninguna respuesta.

8) Maika Santos, perceptora de las complementarias del INEM, con su marido en paro y sin ingresos y un hijo de 17 años en la misma situación. En octubre intentó solicitar una AES de 96.000 ptas. para arreglarse la boca, que le causa fuertes dolores, pero su trabajadora social le desanimó a solicitar esa ayuda porque «ya no hay dinero para esas cosas». Tras insistir consiguió al menos que la tramitaran.

9) Pilar Ferro, con dos hijos de tres y once años, percibe una ayuda de 33.000 ptas. Solicitó una AES para hacer frente al pago del alquiler del piso donde vive y sólo recibió una ayuda equivalente a dos meses de alquiler. Al insistir para que le concediera una cuantía mayor, la respuesta de su trabajadora social fue: «Vuelve a casa de tu madre, que es donde mejor estarías».

10) Fernando Rodríguez, perceptor del IMI. Solicitó en septiembre una AES de 114.000 ptas. para pagarse una limpieza de boca y el contrato de hospedaje que mantiene con el propietario del piso donde vive. La única respuesta que recibió fue: «En estos momentos el Ayuntamiento no dispone de dinero para estos gastos».

11) F. G., de 33 años, vecino de Barakaldo. Vivía en una pensión, pero debido a su situación de desempleo y falta de recursos debió abandonar este domicilio y durante una semana durmió en la calle. Tras contactar con la «Oficina de Información» de Berri-Otxoak, se acercó a una UTS, donde la trabajadora social le dijo que no podía percibir ninguna ayuda porque «según los requisitos exigidos por las leyes -que todos hemos aprobado- para acceder a las ayudas sociales es necesario residir en un domicilio fijo.» Tras amenazar al Concejal de Bienestar Social con quedarse a pasar todos los días que hicieran falta en el Ayuntamiento, esa misma tarde se le otorgó una ayuda de emergencia para poder pagarse una pensión.

12) Isabel García presentó en octubre del 99 una solicitud para hacer frente a los gastos de alquiler del piso donde vive. Se encontró con que a mediados de diciembre desde el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barakaldo le notifican que su solicitud ha sido denegada por haber sido cursada fuera de plazo. En los últimos tiempos, y debido a la falta de presupuesto para cubrir estas ayudas, algunos ayuntamientos están endureciendo, aún más si cabe, la tramitación de las ayudas sociales. Así, se aprueban reglamentos donde se establecen plazos para la tramitación de las ayudas; estos plazos eliminarían de un plumazo los dos primeros meses del año (aprobación y publicación de los presupuestos municipales) y los 3 últimos del año (agotamiento de las partidas presupuestarias). En la práctica se están comenzando a otorgar las ayudas sólo durante 7 meses al año ¡Como si la gente no comiera o no pagara el alquiler durante esos meses! ¿Tienen fecha de caducidad las necesidades básicas de las personas sin recursos?

13) Piedad Rodríguez (42 años) y sus dos hijas (17 y 11), vecinas de Barakaldo, perceptoras del IMI (63.225 ptas. mensuales) llevan desde primeros de diciembre del 99 viviendo en una entreplanta (30 m2) prestada, sin agua corriente, electricidad ni servicios sanitarios, desde que abandonaron su anterior residencia por no poder pagar el alquiler.

Toda esta historia comenzó hace un año cuando Piedad solicitó una AES para el pago del alquiler. Cinco meses después su solicitud fue denegada por no estar en regla el contrato de alquiler (aunque éste había sido formalizado ante la Cámara de la Propiedad). A lo largo de estos meses tuvo que sufrir toda clase de atropellos por parte de la trabajadora social que llevaba su caso. Así, ésta se sacó de la chistera que Piedad tenía un novio -y por tanto era su deber mantenerla- porque un día la vio por la calle acompañada. Después, para complicar más las cosas, aparte de libertina, ¡ludópata!. Y todo porque -¡oh casualidad!- un día se la encontró en una céntrica cafetería barakaldesa junto a una amiga suya que jugaba en una tragaperras. El talante moralista y paternalista que impregna la asistencia social se plasmó en un informe desfavorable a la concesión de la ayuda de emergencia. Sin ingresos suficientes con los que poder vivir y mantener un piso en alquiler terminó con sus huesos en la calle. Cuando desde Berri-Otxoak nos enteramos de este caso, nos pusimos repetidamente en contacto con esta trabajdora social para exigirle explicaciones. Su respuesta: «que busque trabajo en alguna casa, que poder ya puede».

Ante esta situación, el 29 de diciembre 15 personas nos concentramos en el «Área de Bienestar Social» del Ayuntamiento de Barakaldo, para denunciar este hecho. Ante la escasa «sensibilidad» mostrada por la Concejala de Bienestar Social -que cobra, por cierto, 600.000 ptas. al mes y quien afirmó que «El Ayuntamiento no puede hacer nada en situaciones semejantes» y que ella misma «es una mandada de la Diputación»-, Piedad decidió, el 4 de enero del 2000, encadenarse en el Departamento de Bienestar Social en demanda de una solución.

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