CEPRID

La Unión Europea, la Europa “superfortaleza”, una potencia imperialista

Jueves 30 de diciembre de 2021 por CEPRID

Iñaki Urrestarazu

La Comuna

“Los principales beneficiarios del proceso de unificación europea hasta ahora han sido las grandes empresas europeas, y en especial las grandes corporaciones transnacionales. El área de libre comercio que instaura el Mercado Único (MU) ha posibilitado a las corporaciones transnacionales el penetrar en los lugares más recónditos de la UE y reforzar el control sobre las diferentes economías de Europa. La Unión Monetaria está empujando a los diferentes Estados miembros a aplicar duras políticas de ajuste estructural, de recortes en los gastos sociales y en los servicios públicos, así como privatizaciones a gran escala”

De “Los intereses ocultos tras el ‘proyecto europeo’” (Olivier Hoedeman, coordinador de campañas e investigaciones de Corporate Europe Observatory, grupo de vigilancia de los lobbies corporativos de la UE)

Los intereses a los que responde la configuración de la “Gran Europa”

La Comunidad Económica Europea (CEE), primera denominación que adopta el “proyecto europeo”, se constituye a partir de la firma del Tratado de Roma en 1957. El objetivo fundamental del Tratado de Roma era crear una Unión Aduanera que permitiera el libre comercio de mercancías, mediante la eliminación de aranceles, suspensión de contingentes y demás barreras. Al mismo tiempo se adoptaban unos derechos aduaneros comunes –Tarifa Exterior Común (TEC)- frente a terceros países. La TEC era baja para las materias primas, intermedia para los productos semielaborados y alta para los productos industriales.

Este proyecto estuvo auspiciado y dirigido desde sus inicios por el gran capital europeo occidental, como una forma de superar las limitaciones que suponía la existencia de los Estados-nación para el libre despliegue o expansión, de la gran producción y distribución. Además, la proyección de la actividad productiva a gran escala, requería de mercados cada vez más amplios, de muy importantes niveles de investigación e inversión en tecnología que ningún Estado por sí solo era capaz de garantizar. Esto queda de manifiesto desde antes del Tratado de Roma, con la creación de La Comunidad de la Europa del Carbón y del Acero (CECA) y con la fundación del Euratom para impulsar la energía nuclear por parte de los países que más tarde se incorporarían a la CEE.

En paralelo, la constitución de la CEE alejaba el peligro de una nueva conflagración europea, y hacía posible el aunar bajo el mismo proyecto a las principales potencias del viejo continente, en especial Francia y Alemania. Asimismo, permitía competir conjuntamente a éstas en un mercado mundial, que se configuraba a velocidad de vértigo tras la creación de las llamadas instituciones de Bretton Woods –FMI, BM, GATT-, con los otros dos grandes bloques económicos: EEUU y Japón. Un mercado mundial que promovían y moldeaban las instituciones de Bretton Woods en consonancia con los intereses hegemónicos de los países del Centro, o del “Norte” del planeta. En la primera etapa de la CEE, cuando se constituye la “Europa de los Seis” (Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux- Holanda, Bélgica y Luxemburgo-), se asiste a un período de intenso crecimiento económico, que se da a la vez que una fuerte expansión de la economía mundial, centrada en los países del “Norte”, a costa de ampliar la brecha con el “Sur”.

Hasta primeros de los 70 (1957-70), es la época en que se desarrolla el Estado del Bienestar, con una fuerte componente intervencionista Keynesiana y considerables efectos redistributivos internos, impulsados principalmente por la socialdemocracia. Esto era una forma de implicar a una clase trabajadora fuertemente organizada en la reconstrucción del capitalismo posbélico. Y, también, una manera de desactivar, desde las propias filas del capital, la conflictividad potencial de la misma, máxime en una Europa dividida en dos, por el conflicto entre bloques y la guerra fría. De esta forma, la construcción del Estado de Bienestar permitía conjurar, en el área occidental, los peligros del Este. Igualmente, el alto grado de crecimiento (con un bajo componente tecnológico por aquella época) generaba una situación de pleno empleo, con una fuerte demanda de población trabajadora inmigrante, y permitía la mejora paralela de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, las contradicciones entre las burguesías de los distintos países capitalistas se manifestaban abiertamente. Francia contemplaba con recelo la creciente influencia norteamericana en Europa. Debido a esto, en 1963 vetó la entrada de gran Bretaña en la CEE, considerando que su función era la de un “caballo de Troya” al servicio de los EEUU. Ese mismo año se firmó la Convención de Yaundé I (1963-69), un acuerdo entre la CEE y 18 países de África, Caribe y Pacífico (ACP), la mayoría de ellos antiguas colonias francesas o belgas. El convenio es la extensión del Fondo Europeo de Desarrollo creado en 1957 por el Tratado de Roma. Con este convenio se garantiza el suministro de materias primas agrícolas y mineras a la CEE y los precios y acceso de mercados para los productores ante la CEE. Estos acuerdos se renovarían hasta 1975.

La incorporación del Reino Unido a la CEE en 1973 trajo consigo la modificación de los acuerdos entre la CEE y los países ACP, para dar cabida a las antiguas colonias británicas y países de su esfera de influencia (Commonwealth). Por ello, la Convención de Lomé (1975-2000) sustituyó a la de Yaundé. De esta forma se legitimaban las relaciones semi-coloniales entre los países ACP y las antiguas metrópolis, al mismo tiempo que la CEE se garantizaba el acceso, en condiciones ventajosas, a las materias primas que necesitaban los países capitalistas más industrializados.

En 1962, se establece la Política Agraria Comunitaria (PAC) que, al tiempo que protege el mercado agrario de “los Seis” frente al coloso estadounidense, permitía impulsar la gran actividad agroindustrial, de “agrobusiness”. Por otra parte, la PAC iba a permitir a la CEE penetrar en los nuevos mercados del “Sur”, al orientar los cuantiosos excedentes que generaba su actividad agrícola hacia los mercados de la Periferia a precios de dumping, compitiendo en este terreno, el de la exportación de alimentos básicos, con EEUU. Lo cual dio pie a numerosas tensiones en el seno del GATT, que no se cierran hasta la última Ronda Uruguay, cuando la Unión Europea se plegó, en gran medida, a los designios estadounidenses.

El crecimiento económico iba a tener un fuerte componente urbano, pues era hacia las grandes concentraciones hacia donde se dirigían las grandes inversiones industriales, que demandaban paralelamente para estos espacios fuertes inversiones infraestructurales (y de vivienda) por parte del Estado. Ello ocasiona una intensa creación de empleo asalariado en el ámbito de la producción industrial, lo que provoca más fuertes migraciones campo-ciudad, protagonizadas en gran medida por aquella población rural (principalmente pequeños campesinos) que era expulsada progresivamente de su actividad.

Cambio de ciclo. Primeros años de los 70 a mediados de los 80

Este panorama iba a verse bruscamente alterado a principios de los 70, a pesar del ingreso en la CEE de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca (1). El agotamiento del ciclo de crecimiento fordista de la posguerra, la desaparición del sistema de paridades fijas entre las principales monedas mundiales que supuso el fin del patrón dólar-oro en 1971 y la primera crisis energética de 1973, profundizada más tarde por la de 1979-80, hacen estallar este marco de referencia.

Se inicia entonces una profunda reestructuración del aparato productivo capitalista a nivel planetario, que se llegaría a conocer como Nueva División Internacional del Trabajo. Esta consistía en la deslocalización a ciertos países de la Periferia de importantes sectores de la actividad industrial, con el fin de abaratar costes de producción, aprovechando las condiciones de hiperexplotación que se daban en esos espacios. Reestructurando, paralelamente, la actividad industrial que permanece en el Centro hacia una producción de un mayor componente tecnológico (basada en la incorporación de la microelectrónica y la robotización). Ambos procesos generan unos fuertes excedentes de mano de obra, que junto con la población activa agrícola que es expulsada del campo como consecuencia de la expansión en las áreas rurales de la agroindustria fomentada por la PAC, van engrosando un creciente paro estructural en los países del centro, especialmente en la CEE. Y ello a pesar del importante crecimiento del sector terciario que se da en esos años, pero que se muestra incapaz de absorber la población trabajadora que es expulsada del agro y de la industria.

Se produce un cambio en las políticas macroeconómicas, un avance en la ideología neoliberal, que se va instaurando a partir de mediados de los 70 e irrumpe con fuerza inusitada en los 80 con Reagan y Thatcher. Estas políticas implican un paulatino desmantelamiento de los mecanismos redistributivos del Estado de Bienestar, como recortes en el gasto social, una fuerte reducción del papel del Estado en lo directamente productivo y una reestructuración fiscal que aligera crecientemente la contribución de las rentas de las grandes empresas y del capital a las finanzas públicas, haciendo bascular estas, cada vez más, sobre las rentas salariales y la pequeña actividad productiva y empresarial.

Al mismo tiempo se asiste a un sistemático reforzamiento de las instituciones comunitarias, que van consolidando su estructura al mismo tiempo que los Estados-nación pierden poco a poco terreno (gran cantidad de competencias de los Estados nacionales pasan a la CEE/UE, salvo en lo social que lo dejan en manos de los Estados). De esta forma se impulsan importantes planes de reestructuración de los principales sectores productivos –acero, carbón, textil, automóvil, naval…- para hacer frente a la sobrecapacidad de producción de los mismos en el nuevo marco de la Economía Global.

Por otra parte, emerge lentamente el IVA como el principal instrumento de recaudación comunitaria, lo cual configura una regresiva estructura fiscal acorde con los postulados neoliberales. Y en 1983 se constituye la European Round Table of Industrialists (ERT), una especie de superpatronal donde están representadas las principales transnacionales europeas (Shell, Fiat, ICI, Nestlé, Daimler Benz…). Estos sectores van dictando a partir de entonces, de una forma clara, las principales reformas y pasos a dar por la estructura comunitaria europea, entre otras, la liberalización del comercio mundial a través del GATT (Rondas Uruguay) y las medidas tendentes a la instauración de una moneda única.

De acuerdo con lo demandado por ERT, el reforzamiento de las instituciones comunitarias se profundiza con el ACTA ÚNICA EUROPEA (AUE) en 1986, que plantea la creación de un MERCADO ÚNICO (MU) para 1993 (ampliación para dicha fecha de la circulación de mercancías, servicios, capitales y personas). La puesta en funcionamiento del MU de 1993, va a generar una dinámica de mayor concentración económica en las zonas más prósperas de la CE (el llamado “plátano de oro”) en perjuicio de las menos prósperas creando mayores desequilibrios y desajustes. Significará por tanto la creación de grandes consorcios, de grandes fusiones, un reparto desigual de beneficios, eliminación de empleo de medianas y pequeñas empresas, mayor eficacia de las empresas más grandes porque no internalizan los costes “externos”: infraestructuras, transporte… privatización de empresas y servicios…, incremento de la contaminación…Se crean los Fondos Estructurales –FEOGA, FEDER, FSE…- supuestamente para impulsar zonas de menos desarrollo, pero en realidad para imponer políticas neoliberales: reducción gastos sociales, empeoramiento condiciones sociales, privatización…

Siguiendo las presiones de la ERT, se formaliza en 1991, el Acuerdo de Maastricht muy ligado a la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), imponiendo como criterios de convergencia para la moneda única, topes máximos de deuda, inflación, déficit público y tasas de interés a largo plazo, en función de los países y empresas más poderosos. Se va a establecer una Europa a varias velocidades, la de los “ricos” y la de los “pobres”. Los más interesados en la moneda única son las grandes empresas de la UEM por el elevado costo que conlleva para las mismas las transacciones monetarias, por las incertidumbres que provocan las fluctuaciones de las diferentes divisas, por competir en igualdad de condiciones con el dólar y el yen y porque se convierta en divisa de reserva mundial.

Desde Maastricht la Comisión Europea sale reforzada quedando cada vez más reducida la soberanía de los países en materia de política económica, al mismo tiempo de que en Maastricht no se contempla la creación de un “espacio social europeo”. Los aspectos sociales no estaban de hecho dentro de los criterios de convergencia. Los Fondos de Cohesión aprobados en Maastricht no tienen nada que ver con la convergencia social, son para las grandes Redes Transeuropeas de transporte que impulsarán la expansión de la gran producción y distribución, y cuyos beneficios irán al capital transnacional y a los países centrales.

La UE es un organismo antidemocrático

Delors llegó a afirmar que en el futuro el 80% de la legislación en la UE se elaboraría al margen de los distintos parlamentos nacionales. Por otra parte, el funcionamiento de la UE, es poco democrático y muy opaco, controlado básicamente por los grandes poderes.  El Consejo Europeo permanece como máximo órgano decisorio, si bien con un papel crecientemente condicionado por la burocracia de Bruselas. Además, su proceso de toma de decisiones es secreto, por lo que es refractario a cualquier tipo de control democrático o político. Control que no pueden ejercer ni el Parlamento Europeo –única institución con miembros “elegidos”-, cuyas funciones son más bien de simulación de representación y “supervisión” democrática (principalmente un papel consultivo), y que no dispone de los poderes mínimos para inmiscuirse en lo que se decide en Bruselas, ni mucho menos los distintos parlamentos nacionales, que van quedando aparcados como una reliquia del pasado. Aparte de que, en materia de política económica, el Banco Central Europeo (BCE), ejerce una total autonomía respecto de cualquier poder político, defendiendo medidas de fuerte corte monetarista, que condicionan absolutamente la política económica de los Estados miembros.

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) instrumento de intervención imperialista en el mundo

Es uno de los pilares de Maastricht, impulsado fundamentalmente por el eje franco-alemán, como forma de construir la “Europa superpotencia” dentro del escenario geopolítico mundial, emulando al imperialismo norteamericano, siguiendo sus pautas, y adoptando sanciones y medidas políticas contra los países y regiones señalados con el dedo por los EEUU.

Formalmente sus objetivos los define así: “La política exterior y de seguridad de la Unión Europea (UE) tiene por objeto facilitar a los veintiocho países miembros de la Unión la asunción de más peso en la escena global que si actuasen solos.”  A ello añade: “Además de mantener la paz y de reforzar la seguridad internacional, pretende promover la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades en todo el mundo”. Es decir, las falsas cantinelas que siempre repiten el imperialismo y las potencias occidentales, cada vez que salen en campaña para machacar a los pueblos. Por otra parte, afirma que:“El Tratado de Lisboa de 2009 estableció el brazo diplomático de la UE –el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)- bajo la autoridad del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad”.

El citado brazo diplomático de la UE sería el órgano operativo de la Política Exterior de la UE, y la figura de Alto Representante ahora mismo la desempeña el fascista e impresentable de Josep Borrell.

Dentro de la PESC las sanciones ocupan un lugar privilegiado. Como marco general para la aplicación de sanciones, la UE se autoarroga el derecho y la competencia de aplicar sanciones en base a su propia legislación, al igual que se autoarrogan los EEUU el derecho de intervenir en cualquier país del mundo, en base a leyes suyas elaboradas al efecto. Así, dicen que el “artículo 29 del Tratado de la Unión Europea (TUE) permite al Consejo de la Unión Europea adoptar sanciones aplicables a los gobiernos de países terceros  (no pertenecientes a la UE), entidades no estatales y personas para lograr un cambio en sus actividades o políticas” Y redondean diciendo que “ en virtud del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Consejo puede adoptar las medidas necesarias para aplicar las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 29 del TUE a fin de garantizar que se aplican de manera uniforme en todos los Estados miembros.”

Añaden que la Unión Europea adopta sanciones, como medidas propias de la UE (sanciones autónomas) o con la finalidad de aplicar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –papel que nadie les ha asignado y, les falta añadir, que adopta sanciones que refuerzan las que adoptan los EEUU-. Sanciones que serían aplicadas a países no pertenecientes a la UE, personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales en los casos en que supuestamente “no cumplan la legislación internacional o los derechos humanos, o lleven a cabo políticas o acciones que no cumplan el estado de Derecho o los principios democráticos”. Se arrogan la capacidad de imponer sanciones diplomáticas, sanciones económicas y financieras y otros tipos de sanciones.

Las sanciones  van a estar dirigidas de hecho, directa o indirectamente, contra países fundamentalmente de la lista negra del imperialismo como,  Venezuela, Nicaragua, Este de Ucrania, Irán, Corea del Norte, Libia, Bielorrusia, Siria, Rusia o China y en ningún caso contra países criminales y profundamente antidemocráticos, pero amigos o aliados,  como son en primer lugar los EEUU o Israel,  Colombia, Marruecos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, el Brasil de Bolsonaro, Corea del Sur…

Sanciones en el ámbito del uso y proliferación de armas químicas

Existe un ámbito de sanciones supuestamente para contrarrestar la amenaza que constituyen el uso y la proliferación de armas químicas, amparadas en la llamada Decisión (PESC) 2018/1544 y el Reglamento (UE) 2018/1542, pero apoyando de hecho la utilización muy extendida de armas químicas por los servicios de inteligencias occidentales en diversos países y sobre todo Siria, y avalando totalmente a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), organismo totalmente controlado por las potencias occidentales y que ha estado manipulando pruebas o poniendo obstáculos a las investigaciones, para atribuir a Siria, entre otros países, lo que han realizado organizaciones terroristas como los White Helmets al servicio del imperialismo.

Sanciones contra Venezuela y Nicaragua

En cuanto a Venezuela, existe la Decisión (PESC) 2017/2074 y el Reglamento (UE) 2017/2063 de sanciones y medidas restrictivas contra dicho país, un país considerado por la UE como “dictador, represor, antipopular y antidemocrático”. Es la razón  por la que la UE ha apoyado explícita o implícitamente a todo el terrorismo y la política de provocaciones callejeras, bloqueos económicos, desaprovisionamiento de víveres y mercancías necesarios para la población, sabotajes industriales, sanciones, amenazas,  asesinatos e intentos de magnicidios, robo de recursos (oro), suplantación de poder (Guaidó), amenazas de intervención militar, sobornos para crear sublevaciones de sectores del ejército, gigantescas campañas de intoxicación mediática y de aislamiento internacional, provocaciones desde Colombia, intromisión de terroristas extranjeros, aplicados y fomentados desde EEUU principalmente, contra el sistema bolivariano y Maduro. Y la razón por la que la UE (el Estado español particularmente) ha acogido terroristas venezolanos de la contra perseguidos por la justicia venezolana -como el asesino Leopoldo López fugado de Venezuela con varias causas pendientes- y por la que ha cuestionado y desprestigiado las legítimas y limpias elecciones celebradas en el país a pesar de la garantía del amplio monitoreo internacional.

Hacíamos referencia a sanciones y medidas restrictivas de la UE que prohíben la exportación de armas y equipo que pudiera supuestamente utilizarse para la represión interna, que prohíben la exportación de equipos de vigilancia, que establecen el bloqueo de fondos (activos financieros y beneficios de todo tipo) de personas, entidades y organismos supuestamente responsables de “violaciones graves de los derechos humanos” o de la “represión de la sociedad civil y la oposición democrática” o de “aquellos cuyas acciones, políticas o actividades socaven la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela” , léase de los demócratas bolivarianos que defienden la soberanía del pueblo frente a la brutal agresión imperialista y de sus títeres.

Algo semejante habría que decir respecto de Nicaragua contra el que el imperialismo norteamericano ha ido lanzando diversas campañas terroristas de desestabilización acusando a sus dirigentes, siguiendo su dinámica intoxicadora habitual, de “déspotas” y “represores”, como manera de ocultar lo que realmente le preocupa al imperialismo en Nicaragua que es, no solo ya el derrocar un sistema progresista que ha logrado grandes mejoras sociales y populares, más que recuperando lo que había destrozado la derecha en su presencia en el poder,  y que tiene un gran respaldo del pueblo, sino también lo que quiere evitar a toda costa, el que se construya el Canal de Nicaragua, que pondría en buena parte en fuera de juego al Canal de Panamá controlado por los EEUU, con todo lo que económica y geoestratégicamente eso significa. La UE ha seguido como siempre la estela de los EEUU, condenando a Nicaragua y deslegitimando unas elecciones, las del 7 de noviembre de 2021, libres, plurales y transparentes, que han logrado una participación del 65,34% del que el 74,99% ha sido apoyando al Frente Sandinista. La cosa no ha quedado en la política de desprestigio del Gobierno de Nicaragua y en la deslegitimación de las elecciones, ha seguido con su política de sanciones contra el país. Para colmatar toda esta política imperialista tenemos el coro de sectores troskistas que también condenan a Nicaragua, siguiendo la estela de su política descaradamente proimperialista manifestada todos estos últimos años por ejemplo con respecto a Venezuela, Siria, Libia, Irán, Rusia, China… y dando el apoyo a los mercenarios kurdos del YPG y del FDS aliados de los EEUU y colaboradores suyos en la política de destrucción, fragmentación, debilitamiento, robo de recursos y guerra económica contra Siria, actuando de sustitutos del ISIS, pero edulcorados de un retórico y vacío confederalismo democrático, al parecer con el visto bueno de los EEUU.

Sanciones contra Irán

En cuanto a Irán uno de los temas conflictivos ha sido el llamado tema nuclear que se plantea con Irán pero no con Pakistán, India, Israel o con tantos otros países europeos que disponen de energía nuclear o manejan o disponen de bombas nucleares en sus territorios. La energía nuclear es introducida en Irán por los mismos EEUU en tiempos del Sha. Pero a su caída, el tema se convirtió en “peligroso”. Quienes iniciaron la denuncia contra la posesión de energía nuclear y la supuesta pretensión de crear armas nucleares por el Irán de la Revolución Islámica de 1979, fue el grupo terrorista de extrema derecha iraní, traidor a la revolución iraní, autor de decenas de miles de asesinatos en Irán y financiador de Vox, la Organización de los Muyahidines del Pueblo, MEK. A partir de ahí se enfocó Occidente en desnuclearizar Irán y en evitar su supuesta pretensión de armarse nuclearmente, cosa que ha sido negada múltiples veces por Irán y que entre otras cosas contradice su religión, su filosofía y sus fetuas. Ha sido un proceso de sanciones constantes y crecientes por parte de Occidente, del CSNU y de constantes acusaciones por parte de estos países y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En 2000, Bill Clinton Implementa sanciones contra Irán. En 2006 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impone también sanciones, que son endurecidas en 2007. A partir 2010 la UE se apunta también a la feria de las sanciones que se extienden también a la supuesta actitud represiva de Irán.

Así en la Decisión 2010/413/PESC y Reglamento (UE) nº 267/2012 la UE incorpora sanciones de las Naciones Unidas exigiendo a Irán el cese de sus actividades de enriquecimiento con uranio con fines de proliferación nuclear, imponiendo asimismo una larga serie de sanciones económicas y financieras autónomas de la UE a Irán, en el campo del comercio de bienes (se prohíbe la exportación de armas a Irán, se prohíbe la importación de petróleo crudo, gas natural, productos petroquímicos y productos petrolíferos, se prohíbe la venta o el suministro de productos clave utilizados en el sector energético…), en el sector financiero (inmovilización de los activos del Banco Central de Irán y de los principales bancos comerciales iraníes…) y en el sector del transporte (se prohíbe el acceso a los aeropuertos de la UE de los vuelos de carga iraníes, se prohíbe la prestación de servicios y mantenimiento a aeronaves de carga o barcos iraníes que transporten materiales o bienes prohibidos….)

Por otro lado, la Decisión 2011/235/PESC y Reglamento (UE) nº 359/2011 establecen la prohibición del desplazamiento y la movilización de los fondos y de los recursos económicos de las personas supuestamente “responsables de graves violaciones de los derechos humanos” en Irán, dentro de una también larga lista de “medidas para la lucha contra la represión interna” y de sanciones financieras mediante inmovilización de fondos y recursos económicos, prohibición de actividades…

Tras un largo y dificultoso proceso de negociaciones se llega a un acuerdo, el 20 de julio de 2015, entre Irán y el llamado P5+1, compuesto por EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido más Alemania, lo que se llamará el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), según el cual se permitía a Irán llevar a delante su programa nuclear civil y se le prohibía desarrollar armas nucleares. Más en concreto se reduce el número de centrifugadoras iraníes en dos tercios, se prohíbe el enriquecimiento en instalaciones clave y se limita la investigación y el desarrollo de uranio a la instalación de Natanz. A cambio se levantarán por parte de EEUU, NNUU y UE una buena parte de las sanciones a Irán, pero no todas. Este acuerdo dura sin problemas tres años, hasta 2018, en que los EEUU, con Trump, no dan por válido el acuerdo, quieren renegociarlo y exigir más condiciones a Irán (no producción ni uso de misiles, no apoyo internacional a otros países….). Ante la respuesta negativa, EEUU reimpone por su parte, unilateralmente, toda una amplia batería de duras sanciones contra Irán, en dos fases, entre las que se encuentran la prohibición a los países de vender y comprar petróleo a Irán.

Desde la salida de facto de EEUU del JCPOA, se han ido produciendo situaciones de tensión entre EEUU e Irán fundamentalmente. La postura de Irán ha sido la de que si los otros socios firmantes europeos no apoyan las medidas necesarias para aplicar el Plan y esquivar los efectos de las sanciones norteamericanas, reanudarán en etapas el enriquecimiento del uranio y la modernización de las centrifugadoras. Este plan iraní de reanudación del enriquecimiento, han dejado claro que es reversible, en la medida en que los europeos apoyen firmemente la aplicación del Plan. Lo que ha sucedido es que los socios europeos han adoptado una política muy tibia, de palabras pero no de hechos. Ahora mismo, con Biden, hay unos intentos aparentes de volver a los acuerdos, pero no están nada claras las intenciones de los EEUU. No hay más que ver que el G7 acaba de advertir a Irán que es la última oportunidad para salvar el acuerdo sobre su programa nuclear (¡!) ¿Cómo la última oportunidad, si es EEUU quien salió unilateralmente del acuerdo? Irán ha dejado claro, por su parte que, sin anulación de las sanciones norteamericanas, no habrá vuelta al Acuerdo. Y en esas estamos.

Sanciones contra Bielorrusia

El escenario de sanciones, de descalificaciones y condenas se va a repetir en Bielorrusia, Ucrania del Este, Siria, Rusia y China. En el caso de Bielorrusia, al igual que en el de Venezuela y Nicaragua, sobre todo, parten, sin ningún fundamento, de posturas ideológicas, interesadas y predeterminadas, ya desde los primeros años del 2000 por lo menos, de que es un Estado “antidemocrático”, “represor” y que Lukashenko es un “dictador”. El imperialismo y su escudero la UE, nunca han podido tragar, nunca han podido “perdonar” que las revoluciones de colores intentadas contra Lukashenko han fracasado y que no han podido incluir a Bielorrusia en las garras occidentales, ni de la UE ni de la OTAN, ni que hayan podido separarlo de Rusia. Así cargaron contra las elecciones de agosto de 2020 como que fueron “manipuladas” y “fraudulentas” cosa que es absolutamente mentira, además de que la oposición que tanto han adulado era profundamente fascista, habiendo incluso participado algunos de sus principales líderes en batallones fascistas ucranianos contra el Donbass.

Así la Decisión 2012/642/PESC y el Reglamento (CE) nº765/2006 establecen, entre otras medidas, la prohibición de exportar armamento, la inmovilización de capitales y recursos económicos y la prohibición de viajar a la UE de un listado que han elaborado, de personas supuestamente “responsables de violaciones graves de los derechos humanos” y de la “represión sobre la sociedad civil y oposición ‘democrática’” … y que se “benefician” del ‘régimen’ de Lukashenko o lo “apoyan”.

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (Josep Borrell) declaró que las elecciones celebradas en Bielorrusia en agosto de 2020 “no fueron libres ni justas”. Además, la UE indicó que adoptaría una serie de medidas adicionales contempladas en la Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1388 y Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1387 en base a las que podrían adoptar otras medidas restrictivas contra altos funcionarios incluido A. Lukashenko y reducir su cooperación con las autoridades centrales de Bielorrusia.

El circo y el ruido mediático montado a cuenta de los emigrantes (kurdos en su mayoría) que fueron a Bielorrusia –en muchos casos en viajes turísticos- como vía de acceso a la UE (a Alemania principalmente) responsabilizándole, “demonizándole” a Lukashenko, no tiene ni nombre. Él no ha hecho más que de intermediario, para que los emigrantes puedan ir a donde querían –no quiso y no tenía por qué frenar la entrada de los emigrantes a su país-. El problema es que la fascista Polonia y los fascistas países bálticos como Letonia, con el apoyo de la UE y de la OTAN, no han querido permitir entrar en sus territorios a los emigrantes –dentro de su postura racista habitual de rechazo a los mismos- estableciendo gigantescos muros de miles de militares y de enormes alambradas, practicando una represión sin contemplaciones, y permitiendo que los emigrantes se congelen en las tierras de nadie.

El 2 de diciembre de 2021, a través de un comunicado conjunto, EEUU, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea intensificaron la presión sobre el Gobierno de Bielorrusia, ampliando las sanciones a altos funcionarios de Seguridad y Justicia. Así como, a empresas, bajo la acusación de “orquestar la migración irregular” hacia territorio del bloque comunitario a través de las fronteras bielorrusas. El Alto Representante Borrell, ha planteado por otra parte, la creación de una fuerza militar de reacción rápida antes de 2025 para responder a “ataques híbridos” como el que ha lanzado supuestamente Bielorrusia sobre Polonia y los letones han dicho que quieren construir un gran muro en sus fronteras.

Sanciones contra Rusia

En cuanto a Rusia, desde marzo de 2014, la UE viene imponiendo de manera progresiva una serie de medidas restrictivas contra este país. Las medidas se adoptaron en respuesta a la anexión supuestamente ilegal de Crimea y por promover supuestamente una guerra civil en el este de Ucrania. Crimea era parte histórica de Rusia y su población en referéndum con un altísimo apoyo, quiso volver a Rusia. Y la parte este de Ucrania, el Donbass, no aceptó el golpe de Estado fascista y prooccidental del Maidán en enero 2014, y se organizó autónomamente y fuera del poder de Kiev. La rebelión del Donbass se le atribuyó a Rusia; pero fue autónoma, surgida de la propia región.

La UE impone, en relación con lo de Ucrania, diferentes tipos de medidas restrictivas: medidas diplomáticas, medidas restrictivas individuales, restricciones de las relaciones económicas con Crimea y Sebastopol, sanciones económicas y restricciones a la cooperación económica.

Entre las medidas diplomáticas, en 2014 se canceló la cumbre UE-Rusia y los Estados miembros de la UE decidieron no celebrar las cumbres bilaterales periódicas. En lugar de la Cumbre del G-8 de Sochi, se celebró una reunión del G-7 en Bruselas los días 4 y 5 de junio de 2014. Desde entonces, se han seguido celebrando reuniones en el marco del G7. Por otra parte, los países de la UE respaldaron asimismo la suspensión de las negociaciones sobre la adhesión de Rusia a la Organización para la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) y a la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

Entre las medidas restrictivas individuales, 185 personas y 48 entidades son objeto de inmovilización de bienes y con prohibición de viajar a la UE. Las medidas adoptadas en marzo de 2014 se han ido prorrogando constantemente y la última vez hasta el 15 de marzo de 2022. En el capítulo de las restricciones de las relaciones económicas con Crimea y Sebastopol, está la importación de bienes de estas regiones, restricciones al comercio e inversiones en diversos sectores económicos y de infraestructuras, prohibición de prestar servicios turísticos y de exportación de determinados bienes y tecnologías.

En cuanto a las sanciones económicas aplicables a los intercambios con Rusia en determinados sectores económicos, la UE impuso sanciones en julio y septiembre de 2014. En marzo de 2015, los dirigentes de la UE decidieron vincular el régimen de sanciones en vigor a la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk, prevista para finales de 2015. Al no materializarse dicha aplicación- y no lo fue por parte de Ucrania, no de Donbass-, el Consejo prorrogó las sanciones económicas hasta el 31 de julio de 2016. Las sanciones económicas se han ido prorrogando por períodos sucesivos de seis meses desde el 1 de julio de 2016 y así, de momento, hasta el 31 de enero de 2022. Entre las medidas restrictivas están la limitación de acceso a los mercados de capitales de la UE para determinados bancos y empresas rusas, la prohibición de exportación e importación de armas, de productos de doble uso (civil y militar) y la restricción de acceso a Rusia de determinadas tecnologías y servicios sensibles.

En lo relativo a la cooperación económica, se solicitó al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que suspendiera la firma de nuevas operaciones de financiación en la Federación de Rusia, y los miembros de la UE acordaron coordinar sus posiciones en el Consejo de Administración del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) con vistas a suspender también la financiación de nuevas operaciones.

Ha llegado a haber hasta cuatro regímenes sancionadores contra Rusia, y ahora mismo están amenazando con un quinto, a cuenta de la supuesta intención de Rusia de invadir Ucrania. En 2019, la UE estrenaba con oficiales rusos y sirios su nuevo régimen de sanciones por ataques con armas químicas –siempre realizado por las inteligencias occidentales y sus mercenarios terroristas u ONG como los White Helmets-, régimen esgrimido también a finales del año pasado para castigar el supuesto envenenamiento de Navalni. En 2020, la UE también estrenó con Rusia su régimen de sanciones por supuestos ciberataques. Y ya el cuarto régimen sancionador viene en febrero de 2021 cuando la UE acuerda ampliar las sanciones a Rusia por la supuesta represión contra Navalni y los manifestantes. Las nuevas sanciones acordadas el 22 de febrero de 2021 se tradujeron en un listado de altos cargos que participaron en la persecución y el encarcelamiento del conspirador y miembro de la CIA Navalni. Y se aplicarán en base al nuevo régimen de sanciones por “violación de derechos humanos” adoptados por la UE a finales del año pasado. La decisión llega tras la visita de Borrell a Moscú a cuenta del encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalni en la que no supo ni qué contestar ante las ironías del ministro Lavrov sobre la detención de los diputados independentistas catalanes y de que su condena fue un ejemplo de “decisiones judiciales motivadas políticamente.”

Desde la OTAN, desde las altas instancias de EEUU y con la colaboración de personajes impresentables y fascistas como el títere Borrell, y de algunos países y líderes europeos, se está impulsando una enorme crispación antirusa y antiPutín, en la línea de un enfrentamiento con Rusia –y China- que impida un reencuentro Este-Oeste europeo, en la estrategia norteamericana de encaminar el máximo de fuerzas contra sus enemigos políticos, económicos y militares más importantes,  Rusia y China, tratando de recuperar su hegemonía mundial cada vez más cuestionada en los últimos tiempos. Es preciso para ello “demonizar” a aquellos países, crear una unidad europea agresiva al mando de EEUU, elevar el tono de voz, crispar los ánimos e incrementar el acoso militar, utilizando para ello cualquier excusa, Ucrania, Bielorrusia, Siria, la “oposición rusa”, y la supuesta política agresiva de Rusia, lo cual es absolutamente falso. Recientemente, el secretario de Estado de EEUU Antony Blinken ha intervenido durante dos horas, por videoconferencia, en el Consejo de ministros de Exteriores de la UE, actuando de verdadero director de orquesta. Borrell decía que su mensaje “le ha llegado al corazón, más allá de la política”

Y en lo que es el último capítulo hasta ahora, Joe Biden amenazó a Putín por su supuesta intención de invadir Ucrania, que se la ha sacado de la manga, con “sanciones nunca vistas”, “con fuertes medidas económicas y de otro tipo, más agresivas que en 2014” e incluso con impedir el uso del gasoducto Nord Stream 2, repitiendo parte de las palabras del presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su visita a Alemania en julio 2021. La arrogancia del criminal genocida Biden y sus huestes, no tiene límites y nos coloca a todo el mundo en situaciones de enorme riesgo, que no se sabe si ni siquiera las llegan a calibrar.

Habría que añadir, la reciente concesión del premio Nobel de la paz, a la periodista filipina Maria Ressa y al periodista ruso Dimitri Muratov, miembro este de la oposición rusa, en la sistemática y habitual política de intoxicación antirusa y antienemigos de USA “por sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de expresión, que es una precondición para la democracia y para una paz duradera”. Y ya en el colmo del cinismo y de la “venta de la imagen pseudodemocrática de EEUU y de la propaganda”, Joe Biden monta una “Cumbre de la Democracia” con 80 países participantes, pero sin invitación a Rusia ni a China.

Sanciones contra Siria

No nos vamos a extender sobre las medidas restrictivas y sanciones adoptadas contra Siria, que dicho sea de paso se añaden a la brutal guerra imperialista dirigida contra ella por todas las potencias imperiales juntas, todas las monarquías del Golfo juntas, Israel y Turquía, con la utilización de enormes recursos y cientos de miles de mercenarios terroristas contratados por todo el mundo, porque quizá son las más conocidas y porque su enumeración nos llevaría un espacio enorme, cuando menos como todo el artículo. Han sido sanciones, acosos, provocaciones, amenazas y enfrentamientos que desde la creación del Estado de Israel han sido constantes, refortalecidas desde los años 60 del siglo pasado y que se han ido acumulando cada vez, hasta llegar al día de hoy, en que ganada la guerra por Siria frente a todos estos energúmenos, se está desarrollando una guerra económica de asfixia, de robo de recursos, de aislamiento, de medidas sancionadoras increíbles contra todo país que establezca relaciones con Siria, o quiera contribuir a su reconstrucción,  como es la Ley César, quizá la medida más dura jamás tomada hasta el presente.

Apuntes sobre la política neoliberal, la política de inmigración y la política nuclear de la UE

Y, para terminar, a modo de simples apuntes que requerirían desarrollos más profundos, queremos resaltar tres puntos:1) la política neoliberal practicada e impuesta a todos los estados miembros por la UE 2) la política de contención de la inmigración creada por sus guerras y su política de esquilmación y 3) la política nuclear y militarista de la UE en conjunción con la OTAN.

Su política neoliberal, y basándose en la gran concentración de poder obtenida a expensas de los Estados, se manifiesta en las políticas económicas que impone a los Estados en el sentido de impulsar la privatización de todos los sectores sociales, la desregulación salarial, la reducción de impuestos, la reducción de gastos sociales, la utilización de fondos públicos para el apoyo a las empresas y lo privado y la priorización del pago de la deuda exterior a la economía del país. Un ejemplo reciente lo tenemos con lo sucedido con los Fondos europeos (Next Generation), que a cambio de su concesión exigen cuestiones como la extensión del período de cotización, que no es más que una forma de recorte, o las intromisiones en las negociaciones sobre la Reforma Laboral. Una gran parte de los Fondos van directamente a financiar proyectos liderados por grandes multinacionales europeas. No solo financia el sector privado, sino que será el sector público el que tendrá que devolver esas ayudas, ya que gran parte de ellas son préstamos.

La política migratoria de la UE ha sido la de una “Europa Fortaleza”, con libre movilidad interna pero grandes cortapisas a la inmigración del exterior. Todo el proceso migratorio de los últimos años, especialmente desde 2015, ha sido una anarquía total. Cada país practicaba su propia política, se peloteaban los migrantes unos países a otros, y la mayoría ponían grandes obstáculos a la admisión de los mismos, devolviéndolos no pocas veces a sus países de origen. Muchos migrantes, primeramente, expoliados y engañados por mafias que les sangraban por los traslados por tierra o mar y luego abandonados lejos de las costas, con grave peligro de sus vidas, lo que ha producido un sinfín de muertes y accidentes. Bastantes países se han negado a acoger a migrantes en sus puertos, vinieran directamente o de la mano de grupos altruistas que los recogían en alta mar cuando estaban a la deriva y en malas condiciones, con grave responsabilidad sobre los procesos. Muchos barcos han tenido que andar con migrantes de puerto en puerto negociando su acogida. Algunos países los confinaban en campamentos improvisados y en malas condiciones de vida, hasta que volvían a sus países de origen, o encontraban algún país de acogida, fruto de negociaciones oscuras e interesadas. Los acuerdos realizados con Turquía para que sujetara a varios millones de inmigrantes a cambio de 3000 millones de euros al año, ha sido una muestra del cinismo e hipocresía de la UE con el tema de los migrantes.  Y eso, que los migrantes, al fin y al cabo, se han ido generando por las guerras que los EEUU, la OTAN y la UE han creado en el Oriente Medio y Asia y por los saqueos que las grandes corporaciones han ido realizando en todos los continentes.

Todas las políticas de Seguridad y Defensa Común que proclama la UE, están siempre condicionadas a lo acordado por la OTAN. Y lo que acuerda la OTAN viene dado por lo que dice EEUU. Y la política central de EEUU es arrastrar a Europa a su confrontación contra Rusia y China y por el control del mundo.

En las diversas Cumbres de la OTAN de después de la caída de la URSS se han ido forjando los principales elementos estratégicos: •  a) Intervención agresiva contra cualquier “enemigo” en cualquier continente del planeta

• b) Ampliación de la OTAN a los países del Este

• c) Endurecimiento de la política agresiva respecto a Rusia

• d) Creación de 4 batallones multinacionales en los Países bálticos y Polonia cercando a Rusia; creación de un sistema de misiles antimisiles; despliegue de aviación de combate y bombas nucleares avanzadas en la frontera con Rusia

• e) Abandono unilateral de los Tratados ABM de limitación de misiles antibalísticos en 2001, y del INF de eliminación de misiles de corto y medio alcance en 2019, para iniciar una nueva carrera de misiles. Nueva modernización de arsenales nucleares (controlados siempre por EEUU). Incremento gastos en armamento hasta el 2% del PIB. Frecuentes maniobras militares

• f) Renovación constante armamento nuclear en Europa, B61-12 y minibombas nucleares que se ubican en las bases militares norteamericanas en Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y Turquía, junto con aviones específicos de combate capaces de utilizar las bombas nucleares. Luego está la nuclearización del espacio y el sistema antimisiles.

• g) El sistema antimisiles está ubicado en España (Rota, 4 buques), Polonia (Redzikowo), Rumania (Deveselu), Turquia (Kurecik) y Alemania (Ramstein –centro de control del Escudo-). Dinamarca y Holanda también ofrecen apoyo a esta iniciativa.

 Notas:

(1) Ampliaciones sucesivas de la UE: antes de 1973, la Europa de “los Seis”; en 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; 1981, Grecia; 1986, España y Portugal; 1995, Austria, Finlandia y Suecia; 2004, Chekia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia; 2007, Bulgaria y Rumania; 2013, Croacia       Iñaki Urrestarazu. Economista y militante en diversos movimientos sociales. Analista Internacional, especializado en el Gran Oriente Medio, Norte de Africa y temas en relación con el imperialismo.


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