La ofensiva neoliberal en Ecuador y la contraofensiva popular

Pablo Dávalos

Le Monde diplomatique

La viabilidad política del actual gobierno ecuatoriano llegó a punto cero. Negado por el legislativo su proyecto de reformas acordadas con el FMI y con un movimiento social constituido en Parlamento de los Pueblos, con amplio apoyo a lo largo del país, lo que tiene ante sí Lenín Moreno, y los grupos económicos que lo sostienen, es el amargo pasar de los días, hasta que llegue el día para dejar el Palacio de Carondelet.

La rebelión de octubre de 2019, sin duda alguna fue un acontecimiento en el sentido más amplio de ontología política que puede otorgare a este concepto, porque marca de forma trascendente la trayectoria política del Ecuador y altera de forma significativa las coordenadas tanto del sistema político y sus relaciones de poder, cuanto de sus discursos así como de su capacidad hegemónica. Como acontecimiento histórico, generó la suficiente energía política para transformar toda la política contemporánea e inscribirla en una dimensión novedosa en la cual los movimientos sociales y la izquierda política renuevan su espacio político y empiezan a reinscribirlo desde sus propias posibilidades.

A partir de este acontecimiento político, emerge el movimiento indígena, representado en la Conaie, como el sujeto histórico de este acontecimiento político. Su capacidad de interpelación, representación y aglutinamiento es indudable; precisamente por eso y para generar la legitimidad necesaria, el movimiento indígena convocó al conjunto de organizaciones sociales del país, para que sean ellas quienes asuman la responsabilidad establecida en las negociaciones con el Estado ecuatoriano durante la rebelión popular de octubre de 2019, de buscar alternativas económicas a la crisis. Como resultado de esa convocatoria, acudieron al llamado de la Conaie más de 180 organizaciones sociales con representación local, regional y nacional, que se auto-constituyeron como Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador.

Es desde este espacio que se genera un proyecto económico que nace desde el consenso y la participación de la sociedad ecuatoriana. Se trata de un ejercicio de democracia directa relativamente inédito en el Ecuador y que da continuidad al proceso político que nació con la rebelión del décimo mes del año.

Sin embargo, y a pesar de la contundencia, importancia, proyección y trascendencia histórica de este acontecimiento, la burguesía ecuatoriana respondió radicalizando el proyecto neoliberal y anclándose aún más firmemente a los acuerdos con el FMI.

En efecto, habría cabido suponer que luego de la contundente movilización social ecuatoriana que logró la derogatoria del Decreto 883 que pretendía liberalizar los precios de los combustibles, las oligarquías y el gobierno nacional cederían espacios y entrarían en un proceso al menos de reflexión interna que les permitiese comprender, evaluar y asimilar su derrota.

Empero de ello, apenas a los cuatro días de negociar la paz con el movimiento indígena y en plena conformación del Parlamento de los Pueblos y las Organizaciones Sociales, el gobierno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente con un nombre pomposo: “Ley Orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, y manejo responsable de las finanzas públicas”.

Se trataba de la radicalización neoliberal más importante de las últimas décadas y que hacía tabula rasa de todos los acuerdos establecidos con el movimiento indígena y que sirvieron para dar por terminada la movilización social. Con este proyecto de Ley, las élites ecuatorianas apostaban por crear nuevas condiciones para la acumulación de capital que incluso implicaban en el mediano plazo la salida del esquema de dolarización de la economía y sometían a la economía a una crisis determinada en la misma ley como “crisis sistémica”.

El proyecto de ley contemplaba más de 400 artículos, con cambios a más de 20 cuerpos legales, y dentro de los cuales existían aspectos como: la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para las empresas, al momento el mecanismo más importante para detener la elusión tributaria; la prohibición de transparencia y libre acceso a los datos sobre el pago de impuestos de los grandes contribuyentes; nuevos impuestos al uso de las plataformas tecnológicas; la exoneración de controles al lavado de dinero; la imposición de nuevas reglas fiscales para impedir toda inversión social, en especial en salud y educación; la vulneración de la autonomía constitucional del sistema de seguridad social y de los gobiernos locales; la autonomía del Banco Central; la conformación de un directorio para controlar al sistema financiero privado y estructurado con personas que provienen del mismo sector financiero al que deben controlar; la entrega de la liquidez monetaria y del manejo de la dolarización a los bancos privados; la exoneración de impuestos a las grandes operadoras de telefonía celular y la entrega del espacio radio eléctrico en condiciones ventajosas a estas empresas; el retorno de las universidades de garaje; la imposición de férreas medidas de encaje y control a las cooperativas y a la economía popular y solidaria; la prohibición para que el Banco Central pueda utilizar sus propios recursos y también los recursos de las reservas internacionales en beneficio de la economía y, concomitante con ello, la obligación a que el Estado solo tenga como principal vía de deuda pública los mercados financieros internacionales; entre otras medidas.

Lo que asombra es la audacia (¿o la torpeza?) de un gobierno que en la rebelión de octubre había perdido todo margen de maniobra y que, en un acto de imprudencia política, envía a la Asamblea Nacional las reformas económicas e institucionales más importantes de los últimos años para ser tratadas de forma urgente. Reformas que, incluso, iban más allá de los acuerdos suscritos con el FMI, en pleno proceso de movilización social que esta vez construía un espacio de democracia directa como es el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales.

Es como si la burguesía ecuatoriana hubiese perdido todo principio de realidad y la confundiese con sus propios deseos. La apuesta del gobierno era entrampar a la Asamblea Nacional en sus propias indecisiones y jugar a las ambigüedades de sus bloques políticos para que se cumpla el plazo previsto por la Constitución de treinta días para los proyectos económicos urgentes, y que su propuesta pueda ser aprobada por la figura del “Ministerio de ley”.

El gobierno pensaba que se podía separar los eventos de octubre de 2019 de los cumplimientos con el FMI, porque la Asamblea no había jugado ningún rol durante tales sucesos. Consideraba, además, que su alianza con los grandes medios de comunicación le generaban el espacio político suficiente para cumplir su agenda, cuando la legitimidad de esos grandes medios de comunicación estaba en pleno proceso de cuestionamiento por parte de la sociedad.

Mas los hechos son tenaces y la Asamblea Nacional le demostró al gobierno que su margen de maniobra política es prácticamente nulo. En efecto, contra todo pronóstico el poder legislativo negó la propuesta de ley del gobierno y ordenó su inmediato archivo.

Empero, es necesario aclarar que en forma previa, las organizaciones sociales, entre ellas la Conaie, entendieron rápidamente la coyuntura y cambiaron de registro político de forma inmediata y, apenas enviada la propuesta de ley del gobierno, ejercieron presión sobre la Asamblea y articularon una estrategia que buscaba el consenso suficiente para negar esa propuesta de ley. El Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales, luego de sus primeras sesiones definió el nuevo proyecto económico no solo pensando en resolver la crisis económica sino también para contrarrestar este proyecto de ley económica urgente enviado por el gobierno.

En varias comparecencias en las instancias de la Asamblea que discutían esta ley, los dirigentes indígenas y sociales fueron claros en advertir a los asambleístas que la aprobación de esta ley creaba las condiciones para una nueva movilización social.

Varios bloques de asambleístas fueron receptivos a las demandas de la Conaie y empezaron a trabajar en la línea de rechazar la propuesta gubernamental negándola. Asimismo, las organizaciones sociales empezaron un proceso de análisis de las consecuencias de esta ley en sus bases, para advertir y preparar a sus organizaciones sobre la nueva coyuntura política que se estaba conformando.

El movimiento indígena asumió la coyuntura y comprendió la importancia estratégica de la propuesta del gobierno. Por ello activó toda su estructura nacional a fin de prepararla para la nueva coyuntura que se estaba creando.

No obstante, la Asamblea comprendió que esta vez no podía soslayarse de la historia y que tenía que cumplir un rol que no sea el de mera comparsa del gobierno. En un áspero debate, se logró lo que parecía imposible: la mayoría legislativa suficiente para negar la propuesta gubernamental y, de esta forma, poner el contador a cero en el acuerdo con el FMI.

Así, el gobierno ecuatoriano pierde toda capacidad de maniobra en el sistema político y su margen de gobernabilidad se reduce al mínimo. La energía política acumulada en el acontecimiento de octubre fue el factor desequilibrante en esta coyuntura. La capacidad de veto al neoliberalismo por parte de la Conaie, la organización indígena y social más importante del Ecuador, y quizá de América Latina, se fortalece. El Parlamento de los Pueblos y las Organizaciones Sociales emerge, asimismo, fortalecido y como espacio de alternativa política para construir el país que se requiere.

El acuerdo con el FMI entra en una etapa crítica porque el gobierno no podrá cumplir con un conjunto de condicionalidades prescritas por esta institución financiera, porque implican capital político del cual el gobierno carece totalmente. No obstante, el FMI respaldó al gobierno y emitió un comunicado público en ese sentido. Se trataba, para el FMI, de una jugada política en la cual le extendía la confianza de esta institución y, por tanto, de la administración norteamericana, al gobierno ecuatoriano y su adscripción irrestricta al programa neoliberal establecido en la Carta de Intención. Es por ello que apenas negado este proyecto de Ley, el gobierno envía nuevamente otro proyecto de ley con reformas tributarias que favorecen de forma explícita y evidente a los grandes conglomerados empresariales.

Mas, el costo político de este acuerdo con el FMI para la burguesía ecuatoriana, hasta el momento ha sido muy alto. En menos de un mes la burguesía ecuatoriana ha visto cómo se han derrumbado sus apuestas más estratégicas para el sistema político y, por lo visto, no tiene un plan B, ni tampoco ha logrado articular un discurso que le permita asimilar la coyuntura.

El gobierno de Lenín Moreno, es ya un fardo muy pesado para las élites. Cada vez que intentan sostenerlo y apoyarlo, más alta es la factura política que tienen que pagar. A medida que transcurre el tiempo, las organizaciones sociales se fortalecen cada vez más, al tiempo que la capacidad hegemónica de las élites se debilita. En un contexto de esta naturaleza, cabe preguntarse: ¿qué viabilidad política tiene el gobierno de Lenín Moreno? Y quizá la respuesta sea evidente: ninguna.