Colombia.- La dejación de armas por parte de las FARC-EP

Pedro Santana Rodríguez

Revista Sur

Este martes 20 de junio terminará el proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, como parte esencial del proceso de paz y contenido central y básico del Acuerdo para la terminación del conflicto armado interno suscrito por las partes el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Esta en realidad es la culminación de la primera fase puesto que la segunda fase deberá culminar con la localización de más de 900 caletas que contienen armamento de diverso tipo y que deberá culminar el 1 de agosto con lo cual la dejación de armas y su entrega por parte de las FARC-EP, a la Misión de las Naciones Unidas, habrá terminado. Así mismo como una tercera fase se contempla la entrega por parte de las FARC-EP del listado de los bienes y activos destinados primordialmente a la reparación de las víctimas y una mínima parte para proyectos productivos en la fase de reintegración de la guerrillerada a la vida civil.

Desde el 20 de junio los guerrilleros habrán culminado el proceso de entrega de las armas a la Misión de las Naciones Unidas y culminará en sus partes más significativas el levantamiento armado iniciado por estas guerrillas que se habían levantado en armas desde el 26 de mayo de 1964 en el sur del Tolima. Este levantamiento en armas en diversos momentos fue reconocido por el Estado como un alzamiento en armas de naturaleza política. Durante los largos ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) éste se negó a reconocer la existencia del conflicto armado y por ende les negó el carácter de insurgencia armada y por el contrario y desde fines del Gobierno de Andrés Pastrana el Estado colombiano se dio a la tarea de lograr que la comunidad internacional aceptara el calificativo de amenaza terrorista y la condena –como aún se encuentra vigente en los Estados Unidos- de ésta agrupación como organización terrorista. Por ello la primera medida para iniciar el proceso de negociación fue reconocer el carácter político de este levantamiento armado.

En el origen del conflicto armado las nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, esgrimieron para justificar dicho levantamiento armado principalmente dos razones. La necesidad de una reforma agraria y la necesidad de una reforma política que ampliara la democracia seriamente comprometida por la instauración del Frente Nacional. La primera razón había nacido en el despojo de tierras a los campesinos en el período llamado de la Violencia que venía desde finales de los años veinte y que se intensificó con la cerrada oposición a la aplicación de la ley de tierras, La Ley 200, del año de 1936 que declaró la propiedad sujeta a su función social y a la adecuada explotación de la misma. El reclamo de los campesinos e indígenas por una redistribución de la tierra dio origen a los movimientos campesinos modernos en el país. Estos movimientos además de oponerse al despojo violento de la tierra por los terratenientes exigían del Estado el impulso a un proceso de reforma agraria en un país en donde siempre ha existido una marcada e inequitativa concentración de la propiedad agraria. Esta concentración y el despojo de la tierra de los campesinos colonos fue particularmente dramática en el proceso de verdadera guerra civil que vivió el país después del asesinato del líder político y popular Jorge Eliécer Gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948. El investigador Paul Oquist registra para el período 1948-1966, 193.017 víctimas fatales, 393.648 parcelas abandonadas y 2’003.600 desplazados en un país que apenas contaba con 16 millones de habitantes.[i]

Las víctimas fatales nunca fueron reivindicadas ni sus tierras abandonadas y despojadas jamás fueron restituidas ni las víctimas reparadas ni sus asesinos juzgados. Por el contrario sobre la base de la impunidad y el olvido se pactó el Frente Nacional como un acuerdo que con base en la garantía de la impunidad permitió que los partidos Liberal y Conservador se repartieran por partes iguales el poder público. Durante 16 años se alternaron en el poder que inicialmente pactado a 16 años se extendió por 28 años es decir 7 períodos presidenciales en que la mitad de los ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones, del Congreso de la República y de todo el aparato estatal se distribuía entre liberales y conservadores que eran los que constitucionalmente tenían el derecho de presentarse a elecciones, todo el resto del espectro político fue desconocido aún para organizar sindicatos y organizaciones comunales. Es contra este pacto de élites que los campesinos herederos de las guerrillas liberales y comunistas de los años cincuenta del siglo XX se levantan en armas reclamando una reforma agraria y una apertura democrática. El Frente Nacional logró desmontar la guerra entre liberales y conservadores pero creo las condiciones para un levantamiento armado de los comunistas, socialistas y demócratas radicales que se dieron a la tarea de organizar guerrillas principalmente de base campesina y la principal de ellas, de ello no cabe la menor duda fue la que nació en el Sur del Tolima el 26 de mayo de 1964 que se denominó Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y es esa guerrilla la que ha entregado a la Misión de Naciones Unidas este miércoles 14 de junio un lote de armas para completar 4.460 es decir el 60% de las armas que previamente había registrado e identificado a la Misión de Naciones Unidas. Este martes 20 de junio deberá entregar a esa misma Misión cerca de 3000 armas que aún mantiene en su poder.

Este hecho es el más significativo del actual proceso de paz, pues culmina en la práctica con la decisión de las FARC-EP de abandonar el uso de las armas y su proyecto de tomar el poder por la vía de las armas. En realidad desde que se comprometieron con la negociación y suscribieron la agenda el 26 de agosto del año 2012 ya habían tomado la decisión política de abandonar el camino de las armas en la lucha por el poder político. Esta decisión fue puesta en duda por los opositores y enemigos del proceso. En distintos momentos Álvaro Uribe Vélez y su grupo autodenominado Centro Democrático así como Andrés Pastrana pusieron en duda la sinceridad de las FARC-EP, primero plantearon que la mayor parte de los Frentes Guerrilleros no acompañaban la decisión de la cúpula de las FARC-EP, después plantearon que las guerrillas no entregarían las armas y ahora finalmente ante la tozudez de los hechos cuando más del 97% de la guerrillerada se ha concentrado y ya ha entregado el 60% de las armas tratan de minimizar la significación que tiene las fotos y videos suministrados por las Naciones Unidas que dan cuenta de cómo la base guerrillera ha entregado las armas para que sean almacenadas en containers debidamente custodiados por las Naciones Unidas que después procederán a fundir para la realización de tres monumentos uno en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de New York.

Como hemos dicho en el centro del Acuerdo Final para la terminación del conflicto estaba la entrega de las armas a la Misión de las Naciones Unidas; con ella termina ese levantamiento armado que ha dejado más de 8 millones de víctimas, 65 mil desaparecidos, más de 7.3 millones de desplazados, más de 220.000 personas asesinadas, cerca de 2000 masacres y un despojo de tierras de más de 7 millones de hectáreas desde el primero de enero de 1985 hasta hoy.

Ahora bien hay que recordar que para que ello fuera posible hubo un proceso de negociación política pues las guerrillas de las FARC-EP no fueron derrotadas y el Estado tuvo que reconocerlo así. Las guerrillas plantearon y acordaron con el Estado una agenda de seis puntos los dos primeros recogieron sus banderas históricas: una reforma rural integral y una reforma política que ampliara la democracia. Los ejes del primer punto están relacionados con la puesta en marcha de un Fondo de Tierras para la Paz que debe distribuir 3 millones de hectáreas entre campesinos sin tierra, víctimas del conflicto y excombatientes de esas guerrillas al mismo tiempo que se formalizan las propiedades de campesinos colonos que no tienen adecuados títulos de propiedad en 7 millones de hectáreas. Así mismo se contempla la construcción de centros educativos, puestos de salud, carreteras, centros de acopio, y en general bienes públicos en esa Colombia profunda que hasta hace apenas unos meses estaba en poder de las guerrillas de las FARC-EP.

Y en el punto de las reformas políticas acordaron unas reformas para concederles por 8 años 16 curules en la Cámara de Representantes a las comunidades de 167 municipios que fueron el principal escenario de la confrontación armada, una reforma al sistema electoral, al financiamiento de las actividades políticas así como un Estatuto de la Oposición, unas ley para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y unas reformas para otorgarles tanto garantías de seguridad así como 10 curules en el Congreso de la República por ocho años como condiciones especiales de financiamiento durante este mismo período al Partido Político que creen las FARC en su proceso de reintegración a la sociedad. En el punto cuarto de la Agenda se plantean políticas públicas para la sustitución de cultivos de uso ilícito que deberá estar ligado estrechamente con el tema de la redistribución de la tierra. Actualmente se ha informado que 98 mil familias han llegado a acuerdos para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en zonas de influencia histórica de las FARC-EP. También deberá ponerse en marcha una política que de un tratamiento de salud pública al problema de las drogas ilícitas.

El profundo daño ocasionado a la sociedad colombiana en y con razón del conflicto armado interno llevó a considerar en el proceso mismo de la negociación que el tema de las víctimas debería estar en el centro del Acuerdo. Por ello se abordó en el punto quinto de la Agenda que partió del reconocimiento de los derechos de las víctimas frente a los cuales el Estado Colombiano ha venido de manera lenta e incompleta reconociendo algunos de esos derechos. Este punto se cierra con un acuerdo que contempla la creación de la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas en relación con el conflicto armado, la creación de una Comisión de la Verdad, la creación del Sistema Integral de Justicia para la Paz y dentro de ese sistema la conformación de un Tribunal de Justicia para la Paz que deberá garantizar en el marco de una concepción de justicia restaurativa la justicia para las víctimas y finalmente existe el compromiso de revisar la política de reparación integral a las víctimas que está siendo procesada aún.

El punto tres de la Agenda contempla todas aquellas medidas que buscan la seguridad para los ex combatientes de las FARC-EP así como el desmonte del paramilitarismo denominado en el Acuerdo como organizaciones sucesoras del paramilitarismo. En este punto además del cronograma de la dejación de armas, el cese bilateral del fuego, las sucesivas fases para la reintegración y condiciones de seguridad para los ex combatientes de las FARC-EP se contempló la formulación de una política y la creación de una Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo.

El avance del proceso es innegable y con la entrega de las armas a la Misión de las Naciones Unidas el proceso da un salto adelante que esperemos que la población colombiana mayoritariamente apática con el proceso como lo demostró la abstención en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 en que más del 60% de la población apta para votar no lo hizo y en donde el NO ganó por un muy estrecho margen, ahora con estos hechos e imágenes revierta esa apatía y brinde un respaldo al proceso así como las mayorías que acompañaron a Santos en su reelección en junio de 2014 se mantengan en la defensa activa de los acuerdos ante una oposición obstruccionista que no ofrece alternativas distintas a que los guerrilleros paguen penas de cárcel, sus jefes no participen en política y no se realicen los mínimos cambios que se han pactado. Con la dejación de armas el proceso entra en la fase irreversible pero el peligro es que el régimen no cumpla con los Acuerdos. Ello dependerá de una decisiva movilización de la sociedad civil para que ello no ocurra y por supuesto de una victoria electoral en las elecciones del año 2018.

NOTA

[i] Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá. Biblioteca Banco Popular. Págs. 322-324.

Pedro Santana Rodríguez es Director de Revista Sur