CEPRID

La deuda en Colombia como factor de consolidación y acumulación del sistema socioeconómico

Martes 15 de marzo de 2016 por CEPRID

Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez

CADTM

La República de Colombia, desde su independencia, ha estado atada a la deuda. La consolidación de la independencia colonial con respecto a España dio paso a la necesidad de grandes flujos de dinero para sostener la lucha en contra del país colonizador, lo que conllevó a que se configurara la dependencia económica por medio de empréstitos luego convertidos en deuda pública. Esta se convertirá en la punta de lanza de las transformaciones del país y su posicionamiento en el campo geopolítico y geoestratégico en el sistema socio-económico capitalista. La deuda pública fue la herramienta de consolidación parcial del régimen político en el siglo XIX y principios del siglo XX.

La deuda pública sirvió para la imposición de un ideario político elitista que eliminó parcialmente la disidencia por medio del aniquilamiento físico, y que cerró las puertas de discusión democrática en el país. Esta dinámica es un elemento principal de la guerra en Colombia, gracias a los grandes flujos económicos conseguidos por medio de la garantía estatal.

Tras las transformaciones iniciadas en la década de los años 70 y la puesta en marcha de la neo-liberalización de la economía en Colombia, a finales de la década de los 90, la deuda sirve como excusa gubernamental para las transformaciones en contra de la sociedad en su conjunto, como las privatizaciones de los entes públicos y la desregulación de la economía, generando así la completa dependencia a la inversión extranjera, imponiendo de este modo, el extractivismo como factor productivo y la financiarización de la economía como reflejo de los bajos salarios en el país y la necesidad de una alta demanda que dará paso al círculo vicioso de la deuda pública, que consiste en la dinámica de acumulación en el capitalismo tardío.

Tras la doctrina del shock impuesta a Colombia a finales de los años 90, por medio del acuerdo extendido con el fondo monetario internacional y más tarde en el acuerdo stand by pactado con la misma institución internacional, se lleva a cabo la reducción dramática de la inversión social en el país, la privatización de los sectores estratégicos y productivos, la protección de la deuda pública por medio de la imposición constitucional del pago de la misma, y la puesta en marcha del pago del servicio de la deuda por encima de la prestación de los derechos económicos, sociales y culturales a la población colombiana, entre otras reformas lesivas para la sociedad. Estas transformaciones fueron jalonadas por medio de imposiciones tecnocráticas y por gobiernos completamente autoritarios.

La transformación debido a la doctrina del shock impuesta por las Instituciones Financieras Internacionales–IFIS- al final de la década de los 90 es completamente nefasta para la población, para evidenciar algunos aspectos: el presupuesto destinado para la educación pasó de un 10% del presupuesto total a tan solo un 4,5%, es decir una reducción de más del 50%;por otro lado el presupuesto de salud pasó de 6,4% a 2%, una reducción de más del 65%; y el presupuesto de obras públicas pasó de 6,4% a un 2%, una reducción de más del 65%. Estas reducciones fueron parcialmente absorbidas por el aumento del servicio de la deuda pública que pasó de 32% a 38,5%, es decir una transferencia de riqueza de las capas más desposeídas hacia los grandes prestamistas en el mundo, generando como reflejo la mercantilización de los servicios públicos antes prestados por el Estado y ahora puestos en el mercado al servicio de la oferta y la demanda.

Estas transformaciones irán encaminadas al cambio de la matriz productiva del país reflejando la división internacional del trabajo impuesta por medio de la capacidad productiva de las metrópolis, generando así la reprimarización de la economía en Colombia, la transferencia de capital por medio del pago de la deuda pública y la imposición cada vez más latente en el país de redirigir las cargas impositivas a las capas con menor poder adquisitivo; es decir, impuestos totalmente regresivos e indirectos que lesionan doblemente a la población debido a la reducción del bienestar social desde finales de la década de los 90. La transformación de la matriz productiva se modifica a mediados del año 2006 y finales del 2007 generando una radicalización de la exportación de materias primas en especial en el sector minero energético, ocasionando una caída de más de 20 puntos en la exportación del sector industrial y una caída de aproximadamente 2 a 3 puntos en el sector agropecuario. Por tanto se afirma la ya evidenciada reprimarización de la economía en el país, que generara entre muchas causas, la dependencia al mercado internacional y a los precios de dichas mercancías, la devastación de grandes territorios a favor de la expoliación de los bienes comunes con efectos desastrosos para las comunidades y del conjunto del sistema ecológico, la ya mencionada destrucción de la industria a favor del sector minero, entre otras consecuencias catastróficas para con la sociedad.

Crisis Económica colombiana y la dependencia catastrófica

1. Crisis Fiscal

Hemos observado la traumática elaboración del Plan Nacional de Desarrollo PND-correspondiente al periodo 2014-2018 en lo concerniente con la apuesta presupuestal impartida a dicho plan, ya que la elaboración y las pautas del PND es totalmente autoritaria, burocrática y servil a los intereses individuales de clase, lo cual impide cualquier manifestación por fuera de los postulados del desarrollo neoliberal.

Dicho traumatismo se ve reflejado en la caída del presupuesto en aproximadamente 90 billones de pesos, es decir que la partida presupuestal para el cuatrienio pasó de 793 billones de pesos a 703 billones de pesos, lo cual esta demarcado por la caída de los precios de las materias primas en especial el petróleo que pasó de los 98 dólares a rondar los 35-45 dólares. Según informes y estudios de las entidades gubernamentales, aceptados por el propio ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, la caída de los precios del petróleo ronda un déficit nacional de aproximadamente 400 mil millones de pesos por cada dólar que se deje de percibir.

El PND es co-acordado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- y el gobierno nacional, que sigue al pie de la letra cualquier fórmula económica de la organización anteriormente mencionada con la pretensión de ser parte de la misma, invisibilizando, y muchas de las veces, criminalizando a las resistencias territoriales, a los movimientos sociales, movimientos populares y partidos políticos.

2. Extractivismo y Ordenamiento Territorial Corporativo

El PND se enmarca en las políticas ya conocidas de explotación de los recursos naturales -la expropiación de los bienes comunes de la sociedad- por pequeños oligopolios económicos, los cuales pretenden prolongar la división internacional del trabajo imponiendo un cerrojo como es la dependencia a las metrópolis, y degradando, la cada vez más urgente, soberanía alimentaria de nuestros pueblos, con lo cual impedir una transición anticapitalista y generar lazos de dominación y dependencia.

También cabe destacar lo concerniente a las licencias exprés, con las cuales se profundiza las políticas en contra de los mecanismos de participación ciudadana, como son las consultas populares. Esto se evidencia en el artículo 164 |1| del proyecto de ley que se desarrolló en el PND 2014 – 2018, en donde se reduce de 30 a 15 días los estudios de impacto ambiental. Esta reforma se fundamenta en la importancia a la inversión extranjera directa, puesto que a menor medidas restrictivas, mayor flujo de capital hacia el país. Sin tener en cuenta los desastres ecológicos y humanos que conlleva la licitación de territorios sin estudios veraces y sin la autorización ni consulta de los pobladores de dichos territorios. El gobierno pretende profundizar el sistema neoliberal que a plena vista es un completo desastre.

Ahora bien, las plataformas marinas de explotación de hidrocarburos se ven como una nueva forma de paliar la caída del precio del petróleo, puesto que dichas plataformas estarían exentas o con impuesto lapsos para las multinacionales, algo semejante a una zona franca, lo cual llevará a una mayor inversión dadas las posibilidades de evasión legal de impuestos. El mayor hallazgo de petróleo marítimo en América del Sur se sitúa en el mar Colombiano cerca de la península de la Guajira con aproximadamente 250 millones de barriles de petróleo; en la asociación por la explotación de esta plataforma marítima se encuentra Petrobras, Repsol y Ecopetrol. El año pasado hemos observado tras los estudios concernientes al sector, el ecocidio de millones de sardinas y a esto se suman la muerte de ballenas que son afectadas por estas explotaciones no convencionales.

El Fracking es otra de las formas por la cuales se trata de impedir un colapso económico ya anunciado e irreductible dadas las políticas neoliberales y de reprimarización que mantiene el gobierno, agregando la increíble irracionalidad que conlleva la explotación por medio de este sistema, que envenena las aguas con más de 200 elementos químicos lesivos para la vida al menos los hasta ahora conocidos-,también se puede observar la baja devolución energética de este modelo extractivo y el problema ecológico y humano que trae el mismo.

3. Privatización y Alianzas Público Privadas

Ante el nuevo ciclo económico, con una posible estanflación en el país, se abren las puertas a la creciente herramienta de reajuste espacio temporal, el cual ve a la construcción en infraestructura como uno de los campos más rentables en el momento, a lo cual el gobierno responde en el PND brindando un soporte a la inversión privada por medio del aumento de la tasa de inversión hasta en un 30%. Estas alianzas público-privadas son una herramienta de expropiación hacia futuro, una privatización y mercantilización de las infraestructuras que les sirven en la mayoría a la expansión económica de los mismos sectores y la imposición de impuestos como los peajes. También es importante evidenciar que dichas alianzas tendrán seguridad estatal es decir que las perdidas serán socializadas mientras las ganancias serán capitalizadas por estas empresas privadas.

Así mismo, el despido de miles de trabajadores del sector petrolero no se ha hecho esperar, aproximadamente unos 50.000 trabajadores -en su mayoría informales- han sido despedidos en el transcurso del año 2015. Esto contrasta con las últimas noticias oficiales en las cuales el desempleo en Colombia sigue en descenso y se encuentra en tan solo un digito. Dichas cifras son fácilmente controvertibles y se pueden evidenciar en el artículo “Incremento de la deuda pública y la crisis social” |2|, pero estos estudios que cambian repentinamente las normatividad y las líneas de corte representan la ideologización del sector popular de la sociedad dado el control hegemónico de los medios masivos de comunicación y el poco alcance que se tiene de estudios críticos y reales de la sociedad colombiana.

Esta estrategia conocida como reformas estructurales en otras latitudes, se ven como consejos al gobierno colombiano y claro que serán aceptados dados los intereses entremezclados y mezquinos del gobierno nacional y dichas instituciones internacionales.

La propuesta de la OCDE, el FMI y el gobierno nacional concentra la profundización de la explotación minero-energética, la imposición de impuestos regresivos e indirectos que afectan a las capas más pobres de la sociedad y generan una mayor desigualdad en el país, y las reformas pensionales y recortes ya conocidos de bienestar social como el recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto del año en curso. Es decir la profundización del sistema neoliberal.

La deuda pública está en aumento y genera un salvavidas de piedra para la sociedad colombiana, ya que uno de los problemas presupuestales de la nación se deben al aumento anual de 15% de la deuda pública con relación al crecimiento del Presupuesto General de la Nación que roza el 1 a 2 % y en el transcurso del año 2015 se han generado por lo menos 7.500 millones de dólares de nuevos préstamos, lo cual recrudece la crisis de nuestro país a la cual se impone la socialización de las perdidas y la individualización de las ganancias.

El fin del año 2015, y la apertura del 2016 en Colombia se lleva a cabo con la imposición por decreto de un aumento del 7% del salario mínimo, aspecto en donde se hace evidente lo que se viene en el nuevo año, pues aludiendo aspectos como la caída de los precios de las materias primas y del petróleo, los fenómenos climáticos como “El Niño” para explicar la crisis energética y de agua, y la financiación del pos-acuerdo provisto para este año, el Gobierno Nacional trae nuevas reformas, recortes y medidas que traerán amplios espacios de movilización social, pues la sociedad colombiana vivirá 1) un recrudecimiento de la desfinanciación y privatización de servicios básicos como salud y educación, 2) racionamientos de servicios públicos como energía y agua potable aludiendo a fenómenos climáticos sin mencionar la responsabilidad ambiental de las empresas de explotación minera energética, quienes utilizan una gran cantidad de estos recursos para sus actividades y que no previeron medidas para su utilización, y 3) un alza en los productos vitales y una profundización de la pobreza pues los ingresos de las familias no serán suficientes para su sostenimiento.

Notas

|1| “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de referencia genéricos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental; sin embargo, las autoridades ambientales los fijarán de forma específica dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud en ausencia de los primeros”

|2| En: http://www.espaciocritico.com/sites...


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