Puerto rico: de la soberanía del mercado a la soberanía popular

Carlos Rivera Lugo Claridad

Desde la década del setenta del pasado siglo se dio inicio en Puerto Rico a una nueva etapa en su historia, cuyos signos vitales en gran medida fueron ignorados por unos estados de falsa conciencia ideológica entre las principales fuerzas políticas del país. En aquel entonces el líder socialista Juan Mari Brás fue quizás quien atisbó en parte las características del cambio que se vivía cuando advirtió acerca de la crisis de reestructuración por la que atravesaba la política puertorriqueña, ante la crisis de legitimidad que arropaba crecientemente al llamado Estado Libre Asociado. Incluso, Mari Brás fue capaz de comprender que dicha crisis impactaría no sólo a los dos partidos coloniales, el autonomista y el anexionista, sino que también al propio movimiento socialista e independentista.

Y es que nuestra crisis de reestructuración forma parte de una crisis de reestructuración mayor. El mundo atravesaba por una serie de transformaciones, que si bien fue provocada inicialmente por la deslegitimación creciente del capitalismo, también fue progresivamente arropando al llamado socialismo real en Europa. El capitalismo maniobró nuevamente con éxito frente al nuevo reto que se le presentaba a su modelo vigente de acumulación, tanto desde el Estado social o benefactor como desde el socialismo real. Reaccionó con virulencia con la implantación del neoliberalismo, poniéndole freno, por el momento, a las aspiraciones de redistribución de la riqueza y del poder político hacia un nuevo orden económico y político internacional. Impuso la subsunción real de la vida toda a los requerimientos del capital y la reestructuración de los procesos de producción e intercambio a escala global, quebrando así la creciente influencia del movimiento obrero, del campo socialista y del llamado Tercer Mundo.

Mientras el capitalismo alcanzaba desviar la mirada del mundo hacia los peligros de un mal llamado ’totalitarismo comunista’ y se vanagloriaba con su colapso, a su vez evitaba que se diera cuenta de cómo, con el neoliberalismo, armaba un nuevo proyecto de dominio total sobre el planeta y todos sus habitantes. Con éste, elevó a niveles nunca antes visto no sólo la producción de riqueza, sino que también la explotación y la desigualdad.

Un prominente estudioso de los efectos nefastos del neoliberalismo, David Harvey, calificó a éste como un modelo de ’acumulación por desposesión’. Ante esta realidad, no tardarían en nacer las nuevas fisuras y contradicciones del sistema, provocando nuevas resistencias y contestaciones de parte de los desposeídos. Para Harvey, la reestructuración producida por el neoliberalismo llevó, por un lado, a una ampliación espectacular del poder de la clase dominante, es decir, de los sectores más económicamente privilegiados.

La proverbial dictadura de clase de la burguesía se intensificó y con ello la guerra a los proletarios del mundo. Pero, este proceso de dominación ampliada transformó al proletariado mismo. Como bien advierten Antonio Negri y Michael Hardt, el proletariado pasó a ser integrado todos aquellos cuyo trabajo es explotado directa o indirectamente por las lógicas capitalistas de producción e intercambio, desde los obreros industriales hasta los trabajadores de servicios, desde los trabajadores urbanos hasta los trabajadores rurales, desde los productores de bienes materiales y tangibles hasta los productores de bienes inmateriales e intangibles. De igual forma se repotenció la lucha de clases, con viejas y nuevas expresiones y a partir de viejos y nuevos sujetos. La resistencia y la contestación sistémica se reinscribe en términos del poder de clase y se reactiva ’con alianzas de fuerzas que pueden incluir movimientos identitarios y movimientos sociales que de un modo u otro sean capaces de poner cortapisas al proyecto de la clase dominante’, puntualiza Harvey.

La revolución posible está predicada en la optimización de los forcejeos de esas singularidades múltiples a partir de los cuales se construye los nuevos ámbitos de lo común como expresión de un poder constituyente renovado. Y la política como acción partera de esta transformación multidimensional es cada vez más el arte de sumar fuerzas para su realización. La soberanía pasa a ser encarnada en todas sus ricas posibilidades en el pueblo-total, el pueblo real e históricamente concreto, el soberano popular, hasta ahora ausente bajo el modelo clásico de soberanía, de inspiración hobbesiana o lockeana, que ha imperado.

Así las cosas, al cabo de tres décadas, la crisis del modelo neoliberal se ha hecho evidente y ha llevado a otro de sus críticos, el economista Giovanni Arrighi, ha anunciar el fin inminente de este ’paréntesis de locura’. El reconocido estudioso del sistema-mundo capitalista, Immanuel Wallerstein, quien ya pronosticó el declive y progresivo fin de este orden civilizatorio durante la primera parte del presente siglo XXI, ha asegurado que en lo inmediato, ante las profundas desilusiones que cunden por doquier frente a los evidentes desequilibrios de un mercado sin restricciones, estamos presenciando ’el fallecimiento de la globalización neoliberal’. ’La balanza política oscila de regreso’, opina, hacia el retorno a políticas redistributivas más enfocadas a garantizar el bienestar común.

Ante ello, se hace cada día más patente que el proyecto histórico de ese nuevo universo histórico concreto que es el soberano popular no es seguir apuntalando las lógicas irracionales y perversas del capital. Desde esta perspectiva, constituye un contrasentido histórico cualquier reclamo de soberanía que no esté inscrito dentro del deseo manifiesto de ese pueblo en mandar a partir de sí mismo sobre su vida toda. La soberanía se tiene que reinscribir hoy dentro de la demanda histórica de una democracia absoluta –el gobierno de todos, por todos y para todos– a partir de la cual el soberano popular exige la concreción material de sus aspiraciones económicas, sociales, culturales y políticas para el beneficio de todos por igual.

Lo antes expuesto debe servir de marco para valorar la reivindicación de soberanía recientemente enunciada por el gobernador colonial Anibal Acevedo Vilá. Su llamado al desarrollo de un amplio ’movimiento’ para formular un nuevo proyecto de país, que incluya la redefinición de la relación actual de dependencia colonial con Estados Unidos, tiene que plasmarse en acciones concretas que trasciendan efectivamente la tradicional retórica electoral y sean afines a las expectativas soberanas del pueblo que desea convocar.

¿Quién va a construir ese programa de gobierno representativo del amplio ’movimiento’ que aspira a representar: el Partido Popular o el ’movimiento’? En el pasado, el PPD se ha limitado a llamar al independentismo a votar por sus candidatos y programa, a partir del chantaje de que de no hacerlo está posibilitando de facto una victoria electoral del anexionismo. Pues, una prueba de la buena fe de la alegada nueva vocación soberanista y democrática de nuestro gobernador tiene que ser abrir los comités y procesos de deliberación del programa de gobierno, incluyendo el diseño del mecanismo de la Asamblea Constituyente, a la participación de representantes de ese ’movimiento’ al que pretende convocar. Más concretamente, en cuanto a su programa de gobierno, no puede, por ejemplo, pretender apelar más allá de sus filas partidarias si sigue comprometido con políticas neoliberales, como las que han tendido a prevalecer bajo su administración en total armonía con la situación general que imperó bajo las dos administraciones del anexionista Pedro Roselló González.

Si la soberanía va a tener algún sentido de pertinencia para el pueblo de carne y hueso que ha sufrido el discrimen selectivo de cada día producto de unas políticas económicas significativamente sesgadas a favor de los más ricos, tiene que ser para adoptar estrategias y políticas que potencien la capacidad productiva del país y asegure una equitativa distribución de sus frutos. En ese línea, el nuevo gobierno y su agenda tiene que integrarse conforme a lo nuevo que aspira a representar.

Conforme a lo antes dicho, el gobernador debe vetar el nuevo proyecto de incentivos industriales, dictado por los propios intereses del capital en beneficio exclusivo suyo. No se puede seguir poniendo la carga contributiva mayor sobre los hombros de los asalariados del país, es decir, de los que menos tienen. Sería un extraordinario ejemplo de apertura política que a estos propósitos el gobernador considerase seriamente, en la alternativa, el proyecto presentado por el economista y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Dr. Edwin Irizarry Mora.

En fin, si esa soberanía, tanto la política como la económica, va a ser de veras, construyámosla no desde las fuerzas del mercado sino que a partir de las fuerzas del soberano popular como nuevo poder constituyente.

Carlos Rivera Lugo es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, colaborador permanente del semanario puertorriqueño Claridad.