Elecciones en Galicia y Euskadi. Conflictos sociales y territoriales en España
Martes 13 de noviembre de 2012 por CEPRID
Jesús Sánchez Rodríguez
CEPRID
Inexorablemente, hasta ahora, los efectos de la crisis vienen produciendo dos consecuencias sociales y políticas: la generación de movilizaciones y protestas sociales contra las duras medidas antisociales implementadas por los gobiernos, y las derrotas de los gobiernos que se someten a las urnas, sean liberales, conservadores o socialdemócratas.
La intensidad de las protestas sociales está relacionada con la dureza de las medidas contra las clases populares y la trayectoria de las organizaciones sociales de cada país. Las derrotas gubernamentales, normalmente suponen la alternancia entre los principales partidos del sistema, liberal-conservadores y socialdemócratas, pero también ha dado lugar a la aparición o crecimiento de opciones políticas que desde la derecha o la izquierda no están integradas en el sistema o le están de manera imperfecta.
El ejemplo más visible y paradigmático de esta situación ha sido Grecia, por las movilizaciones más intensas en Europa; por la alternancia política en una primera etapa y su agotamiento posterior, dando paso a un gobierno de unidad nacional entre conservadores y socialdemócratas; y por el crecimiento de las opciones políticas al margen des stablishment, a la izquierda Syriza, y en la extrema derecha Amanecer Dorado.
Grecia sigue siendo el laboratorio más avanzado, política y socialmente, del desarrollo de la crisis en Europa. La siguen Portugal y España. En España, las políticas antisociales las inició el anterior gobierno socialista, cuando en mayo de 2010 Bruselas le dio un ultimátum para girar en su política socio-económica, y Zapatero se rindió al diktat europeo. En el año y medio de gobierno que siguió al giro de mayo, el gobierno del PSOE puso en marcha una batería de medidas antipopulares con una contestación social moderada, pues incluyó una huelga general (contra la primera reforma laboral) y un acuerdo con los sindicatos (para el alargamiento de la edad de jubilación). Al final de su mandato se encontró, sin embargo, con la espectacular puesta en escena del movimiento de los indignados, con unas protestas que sirvieron de ejemplo en otras partes del mundo.
Sin embargo, ya en esos momentos el impacto político de estas protestas fue paradójico y la mayoría de los analistas en la izquierda prefirieron pasar de puntillas sobre ello, dejándose llevar por la impresión de las movilizaciones. En efecto, su eclosión, en mayo de 2011, fue seguida inmediatamente por una victoria arrolladora del conservador Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas. Las protestas y el malestar fueron endosados al gobierno socialista, que cinco meses más tarde sucumbió a la nueva victoria con mayoría absoluta de partido de Rajoy en las elecciones nacionales. IU empezaba un moderado crecimiento que no compensaba la debacle socialdemócrata.
Con el nuevo gobierno del Partido Popular comienza una cascada continua de recortes y medidas antisociales que alcanzan a la gran mayoría de las clases populares con distinta intensidad. Dichas medidas son contestadas con una movilización sin tregua de todos los sectores afectados, incluida una huelga general. Las movilizaciones en la calle se suceden sin pausa, con diferente intensidad y participación. Con fuerza en los días inmediatamente posteriores a la implementación de algunas de las medidas, con menor participación en el intervalo entre medidas. Pero todo el mundo es consciente que las movilizaciones por sí mismas no van a modificar la voluntad del gobierno conservador, el objetivo de las protestas es, a corto plazo, mantener el espíritu contestatario de las clases populares, intentar limitar las consecuencias de las siguientes medidas pero, sobre todo, a medio plazo, contribuir a un cambio del ciclo político, derrotando en sucesivas elecciones al PP para dar paso a un gobierno con un programa diferente.
A los pocos meses de su victoria nacional, y con las primeras y duras medidas antisociales, tienen lugar las dos primeras elecciones regionales en Andalucía y Asturias. El PP sufre sus primeras derrotas, sin ser importantes. Se trata de dos regiones tradicionalmente de izquierdas, especialmente Andalucía y, como se verá posteriormente, sus resultados no eran extrapolables directamente a otras regiones y elecciones.
En estos diez meses de gobierno popular también se añaden otros dos elementos de gran importancia para el desarrollo posterior de la crisis. En el plano económico, el gobierno acude a pedir un primer rescate para el sector financiero, debido a su gravísima situación, derivada sobretodo de la especulación y la burbuja inmobiliaria. Las largas y duras negociaciones no son favorables a las tesis del gobierno español, que pretendía una recapitalización bancaria directa por los fondos europeos, la posición alemana finalmente se impone con una contabilización como deuda pública de las ayudas a la banca. Su impacto aún no se ha trasladado en forma de los recortes sociales, aunque es seguro que lo hará. Pero, agravando la situación, España será el primer país en solicitar un segundo rescate, esta vez dirigido a salvar la deuda pública, duramente castigada por la especulación de los mercados. Nuevamente el PP ha buscado retrasar al máximo la decisión, para realizar antes las elecciones vascas y gallegas, e intentar conseguir unas condiciones más favorables en plazos y exigencias. La prácticamente segura situación de país doblemente rescatado llevará a nuevas oleadas de medidas antipopulares y degradación económica, social y política.
El segundo elemento es la fuerte reactivación del contencioso territorial español, de manera que al conflicto social se añade ahora el conflicto nacional con una tendencia a sobreponerse sobre el primero. Este protagonismo se hace patente en dos niveles, en el de las movilizaciones, cuando la manifestación independentista de la diada de Cataluña en septiembre sobrepasa ampliamente a las movilizaciones sociales en curso en capacidad de convocatoria. Pero, y especialmente, en el nivel electoral. Las recientes elecciones en Euskadi han polarizado el enfrentamiento entre las opciones nacionalistas vascas y las españolistas, con amplia victoria de las primeras. Pero también se ha dejado sentir la misma tendencia en Galicia, donde, a pesar de la victoria mayoritaria del PP, se ha producido un claro ascenso del nacionalismo, también dividido. Por último, las elecciones en Cataluña en noviembre revalidarán con seguridad la puesta en primer plano de este conflicto con una previsible victoria mayoritaria del nacionalismo catalán.
Si las elecciones en Euskadi han servido para medir la importancia del conflicto territorial, demostrando su intensidad, las elecciones gallegas debían medir el desgaste del PP, es decir, sin olvidar el componente nacionalista, debían medir si el conflicto social en curso impulsaba un cambio de ciclo político, y el resultado no parece apuntar en esa dirección.
Pero, de la misma manera que el resultado de las elecciones andaluzas no era extrapolable al resto de España, tampoco lo son los resultados de Galicia. El peso histórico de la izquierda en la primera y de la derecha en la segunda contrarresta los otros efectos, al menos, a corto plazo. Y aún hay otros elementos a tener en cuenta para poder analizar la complejidad de la situación española. El primero es la profunda crisis de la socialdemocracia, producto a la vez de su política en la última etapa del gobierno Zapatero, de su falta de autocrítica, de la continuidad del equipo dirigente y de la ausencia de una alternativa frente a las políticas del PP. La percepción de estos aspectos hace que prosiga su derrumbe, ahora en Euskadi y Galicia, casi un año después de la grave derrota en las elecciones nacionales.
El segundo es la debilidad de IU, pese a sus moderados avances electorales, IU sigue corroída por sus problemas internos, como es el caso de Extremadura; se ve obligada a realizar una política de alianzas variables (pacto de gobierno con el PSOE andaluz, alianza con el nacionalismo de izquierdas en Galicia); y su implantación territorial es muy desigual (total marginalidad, por ejemplo, en Euskadi). Su ventaja es que, al menos en España, no se producen divisiones en la izquierda tan profundas como en Grecia (Syriza y el KKE) o Portugal (PCP y Bloque de Izquierdas).
El tercero es la capacidad del movimiento de protesta para mantener su rebelión continuada y para conseguir resultados palpables. Hemos señalado dos aspectos del estas protestas, su continuidad casi sin interrupción y la discontinuidad en su intensidad. En el momento de escribir este artículo, dicho movimiento se encuentra en un momento de debilidad, pues si las movilizaciones son continuas, su participación ha decaído, y está a la espera de lo que ocurra en la huelga general convocada para el 14 de noviembre. Pero, su futuro a medio plazo dependerá de que haya una alternativa política que transforme las protestas en programa electoral y se convierta en alternativa de poder. El ejemplo principal de una situación adversa a las movilizaciones populares no es el resultado de las elecciones gallegas actuales, sino los resultados de las elecciones catalanas, que también son un contraejemplo de la tendencia indicada más arriba de la derrota de los gobiernos en las elecciones. A pesar de una fuerte movilización en Cataluña, sin embargo, primero CIU ganó las elecciones regionales en noviembre de 2010, arrebatando la Generalitat al gobierno tripartito de carácter progresista y, tras poner en marcha un programa de medidas antisociales - tan agresivas o más que las del PP posteriormente en el conjunto de España - volvió a ser el partido más votado en las elecciones municipales de mayo de 2011, en las generales de noviembre de 2011 y todo apunta a una victoria más espectacular en las elecciones regionales de noviembre 2012.
La explicación de los resultados en Cataluña es clara y específica para esa comunidad, a pesar del conflicto social, el conflicto territorial le ha arrebatado el protagonismo y ha sido aprovechado de manera oportunista por el partido, CIU, que impone los duros recortes sociales para mantener un elevado nivel de apoyo.
¿Y cuál es la explicación para los resultados en Galicia? ¿Es extrapolable la explicación al resto de España? En Galicia han concurrido dos circunstancias especiales, se trata de un feudo tradicional del PP, y el PSOE, además de los problemas indicados más arriba, se encontró con un caso de corrupción que explotó en plena campaña. En esa situación, la alianza de izquierdas y nacionalistas (AGE) ha tenido una entrada espectacular pero insuficiente en el parlamento regional, actuando como contrapunto a la victoria mayoritaria del PP.
Con la salvedad de las regiones que han celebrado elecciones este año (Andalucía, Asturias, Galicia y Euskadi) y Cataluña en noviembre. En el resto predominan los feudos tradicionales de la derecha, o antiguos feudos del PSOE donde ha sido duramente castigado. E Izquierda Unida tiene una implantación muy desigual, y no tiene posibles alianzas con el tirón de Xosé Manuel Beiras en Galicia.
Para que las movilizaciones populares no caigan en el desanimo o se transformen en simples expresiones de protesta sin capacidad de transformar la realidad es necesario resolver el problema político que significa levantar una alternativa creíble de poder con un programa anti-neoliberal. El PSOE, como el resto de la socialdemocracia europea, no es esa alternativa, representa la misma política del PP pero con distintos ritmos e intensidades. Y en cuanto a IU, como única organización para vertebrar esa alternativa, tiene ante sí retos verdaderamente difíciles.
Pero, ante todo, es necesario que el problema territorial planteado en España no eclipse y sustituya al problema social, que el choque entre nacionalismos, periféricos y centralista no desplace al conflicto social.
Jesús Sánchez Rodríguez es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog:http://miradacrtica.blogspot.com/, o en la dirección:http://www.scribd.com/sanchezroje
CEPRID
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