Abya Yala: YANQUIS ROBARON Y COMERCIALIZARON ILEGALMENTE EL ADN DEL PUEBLO WAORANI
Viernes 12 de octubre de 2012 por CEPRID
TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERANÍA Y PAZ CONTRA LA GUERRA-COMITÉ INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA PARA AMÉRICA LATINA
CEPRID
Alicia Durán Ballén, hija del presidente de la República del Ecuador, Sixto Durán Ballén (1992-1996) fue testigo de honor en la firma de un “convenio de amistad”, por 20 años, -redactado en inglés-, entre la petrolera estadounidense Maxus y el pueblo Waorani ubicado en la Amazonía, y que había permanecido aislado de la “civilización occidental”. La Maxus, con ese convenio, consiguió entrada libre en ese territorio ancestral para explotar campos petroleros.
Hombres, mujeres y ancianos waorani cayeron en las garras de la petrolera con la colaboración incondicional de la hija del Presidente de la República que, para facilitar la firma del convenio, generosamente, regaló a una de las mujeres waorani, unos aretes de fantasía o bisutería. A cambio recibió una pechera Waorani. Alicia Durán Ballén, le preguntó al agregado de negocios de la embajada yanqui: “¿Crees que ganamos con el cambio?”. El asesor yanqui, con una sonrisa de oreja a oreja, le respondió: “Así ganamos Manhattan” y con collares, cuentas de vidrio, espejos, a más de la espada y la cruz, lo españoles conquistaron lo que hoy es América Latina.
De esa manera comenzó un calvario para los waorani a los que engañaron con baratijas, incluso para extraerles sangre, para luego venderla por lo menos a ocho organismos internacionales, para que efectuaran estudios del ADN y otros experimentos que les permita ampliar el negocio de la biopiratería.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció la extracción de muestras de ADN del pueblo indígena waorani sin su consentimiento, y su supuesta venta por parte de una entidad estadounidense lo que conlleva a configurar una serie de delitos cometidos en contra de esa nacionalidad que comienza con la extracción e ilegal uso de material genético de los waorani, un pueblo amazónico compuesto por unos 3 000 miembros, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La Defensoría del Pueblo afirma que dos estadounidenses, uno de los cuales trabajaba para la empresa petrolera Maxus, extrajeron sangre a algunos waorani en sus comunidades, con el argumento de que iban a examinar su estado de salud. Según la investigación de la Defensoría, las muestras habrían sido entregadas a un científico de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, pero su nombre no se menciona, y, posteriormente, llegaron al Instituto Coriell, un centro de estudios médicos con sede en el Estado de Nueva Jersey.
En el expediente de la Defensoría existen informaciones y datos no refutados que señalan que desde 1992 hasta la fecha actual, el Instituto Coriel ha enviado a instituciones de ocho países siete cultivos celulares y 36 muestras, lo que constituye una flagrante violación de la Constitución de Ecuador, que prohíbe "el uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos". La biopiratería genética de los waorani se constituye en una grosera violación a los derechos humanos inherentes a ese pueblo. Según informaba la agencia española EFE, “en su página de internet el Instituto dice contar con "la colección más diversa de líneas celulares, ADN y otros materiales biológicos, recogidos y distribuidos para su uso por la comunidad internacional de investigación biomédica". La Defensoría del Pueblo, en defensa de los derechos del pueblo waorani solicitó a la Procuraduría General del Estado, que representa a Ecuador en litigios internacionales, y a la Cancillería para que tomen "las acciones pertinentes" contra Coriell, Maxus y la Escuela Médica de Harvard "por la adquisición y uso no autorizado de ADN". Asimismo pidió a la Asamblea Nacional que elabore una ley que regule el manejo del material genético humano y controle la extracción de muestras de ADN de los pueblos indígenas.
Mayor información sobre este caso de robo y comercialización del ADN se puede obtener en http://www.elcomercio.com/sociedad/Defensoria-Pueblo-Ecuador-ADN-waoranis_0_734926731.html.
La comunidad nacional e internacional, en particular, la comunidad científica, sabe que la amazonía ecuatoriana guarda la más rica biodiversidad del planeta. A más de poseer recursos hídricos importantes, es también una fuente de oxígeno, de codiciadas maderas finas y extensos yacimientos de petróleo. Esa incalculable riqueza que es patrimonio nacional, pretende ser explotada sin control alguno por las transnacionales con sede en el imperio y, en particular, por las farmacéuticas ahítas de fortunas obtenidas del dolor de enfermedades aparentemente incurables o ante el aparecimiento de nuevas enfermedades con características de epidemias mortales.
Los científicos de todo el mudo conocen de la existencia de plantas medicinales que han sido utilizadas por shamanes que ejercen la medicina ancestral entre los pueblos originarios, saben también que los pueblos que decidieron aislarse son inmunes a muchas enfermedades que son comunes entre los pueblos “civilizados”. Esa inmunidad despierta curiosidades que impulsan el robo de material genético para estudios, experimentos, análisis y la consecuente extensión de la biopiratería a nivel internacional que, en la industria farmacéutica se ha convertido en gula de riqueza que la obtiene sin límites éticos, al jugar con la vida y la muerte de millones de personas. Así por ejemplo, se afirma que ya existe la cura para todo tipo de cáncer o para la VIH, pero que no la comercializan porque mejor negocio es la venta de productos medicinales existentes.
Respecto del robo del ADN a los waorani, se debe destacar que la Defensoría del Pueblo ha trabajado en el caso por un lapso de dos años, al cabo de los cuales decidió denunciar a una entidad médica estadounidense que comercializó ilegalmente material genético de indígenas amazónicos, denuncia que se fundamentó en testimonios de aborígenes waorani. La defensoría determinó que dos estadounidenses, entre ellos un médico de la petrolera Maxus, tomó muestras de sangre a varios de ellos aduciendo que serían usadas para exámenes cuyos resultados nunca entregaron.
"Se comprobó que el instituto Coriell "posee ilegalmente desde el 18 de diciembre de 1991 muestras de sangre" de gente de esa etnia, sostiene la Defensoría del Pueblo y agregaba que "desde 1994 hasta la actualidad este laboratorio ha distribuido un total de siete cultivos celulares y 36 muestras a ocho países", venta efectuada a través de su página de internet.
De sobra se conoce de la prepotencia imperial y su irrespeto a las normas nacionales. Sus abusivas prácticas violan la Constitución ecuatoriana y las disposiciones de tratados internacionales. "Se han vulnerado flagrantemente los derechos a la identidad cultural, al consentimiento previo, libre e informado para la extracción y uso de recursos genéticos y a la integridad personal del pueblo waorani", afirma la Defensoría.
El abogado Patricio Benalcázar cuando ejercía las funciones de Defensor del Pueblo encargado, declaraba que "Las finalidades (del robo del ADN) las desconocemos aún, pero, pueden ser de orden científico o cualquiera otro, pero lo están haciendo de muestras de sangre, de elementos genéticos que son parte del patrimonio de un pueblo".
“El médico genetista César Paz y Miño dijo al canal Ecuavisa que podría tratarse de un caso de biopiratería para desarrollar nuevos descubrimientos y patentarlos. "Si encontramos por ejemplo que un grupo étnico es resistente a la malaria, podríamos aislar el gen que lo hace resistente y venderlo como propiedad de una empresa, cuando el ADN es de la población woarani", reseñaba la agencia de prensa AFP.
El diario Extra de Guayaquil, burlonamente titulaba una crónica: “Sacaron ADN waorani del país y el Estado ni enterado”. A continuación decía:
“No vamos a permitir que el pueblo waorani vuelva a ser engañado”, sentenció Kawetipe Yeti, presidente de la nacionalidad indígena radicada en la selva amazónica. Yeti tuvo conocimiento de la resolución de la Defensoría del Pueblo, respecto a la extracción ilícita de ADN, el 27 de junio de este año.
Mediante una carta, el dirigente solicitó una audiencia directa con el presidente de la República, Rafael Correa, para abordar a fondo la problemática que, según dice, no es un hecho aislado. Al dirigente se le remitió a la Ministra de Patrimonio María Fernanda Espinosa, la única autorizada a responder sus interrogantes frente a lo sucedido.
Lo que más preocupa a Yeti, agregaba, es saber “cómo fue posible que los brigadistas extranjeros pudieran sacar del país las muestras de sangre sin que el Estado lo supiera”. Otro aspecto es que no existe ningún proceso judicial.
El hecho ocurrió entre los años de 1990 y 1991, en la comunidad Yawempare, parroquia Dayuna, del cantón Coca, en la provincia de Orellana.
Por testimonios de indígenas se sabe que dos expertos estadounidenses, uno de los cuales era médico de la petrolera Maxus, extrajeron sangre a los nativos con el pretexto de que lo hacían para examinar su salud y entregar medicamentos. Pero la supuesta ayuda jamás se concretó y nunca conocieron cuáles fueron los resultados de las muestras recogidas.
A partir de la denuncia, las nacionalidades indígenas se organizan para evitar que nuevamente sean engañados. Por medio de la radio comunitaria Waorani se ha comunicado a todos sus miembros que deben estar atentos a las personas que ingresan a su territorio, así como las actividades que realicen durante su estadía. Yeti aclaró que las únicas brigadas médicas autorizadas para entrar al pueblo indígena serán aquellas que tengan permiso del Ministerio de Salud. Quienes vayan a entrar a territorio waorani primero deben informar lo que harán y cuál es la finalidad de su visita.
La dirigencia indígena estudia la posibilidad de llevar el caso considerado de violación a los derechos humanos a las cortes internacionales, si no obtiene una respuesta oportuna por parte del Estado.
En el expediente de la Defensoría del Pueblo se revela que los brigadistas “se aprovecharon de la situación para realizar estudios genéticos no solo del ser humano, sino también de las plantas y animales, y también apropiarse de los conocimientos de los pueblos indígenas”. La ministra de Patrimonio destacaba que el Presidente de la República habría ordenado que se le de al pueblo waorani "todo el apoyo necesario y todo lo que requieran para encaminar este proceso legal".
POR ÉTICA O BIOÉTICA
La prensa nacional e internacional se hizo eco de la denuncia de la Defensoría del Pueblo y destacó una de las sabatinas del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la que anunció que se llevará a tribunales internacionales la denuncia sobre la extracción de muestras de ADN del pueblo indígena waorani, sin su consentimiento y su supuesta venta por parte de una entidad estadounidense.
Correa explicó que se reunió con los indígenas para tratar su denuncia de que "una empresa privada les extrajo muestras de sangre y de ADN y comercializó sin el permiso de los waoranis esas muestras".
El presidente Correa enfatizaba: "Por ética o bioética cualquier experimento o estudio que se quiera hacer, debe ser con el consentimiento de los individuos perfectamente informados".
Agregaba: "No permitiremos que esto quede en la impunidad", y resaltaba que ya se estudian "los mejores mecanismos para llevar esto ante tribunales internacionales. Esto rompe cualquier ética, esto no se puede permitir", advirtió. . “De su lado, la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, detalló que la compañía petrolera Maxus en 1991, "a pretexto de brigadas médicas para curar a los hermanos de la nacionalidad waorani, les extrajeron muestras de sangre para obtener su ADN".
"El instituto de investigaciones médicas de la Universidad de Harvard, que se llama el instituto Coriell, lo que hizo es vender el ADN waorani para fines de investigación y, potencialmente, fines comerciales", comentó Espinosa.
Indicó que se ha conformado un comité técnico-jurídico que analiza "cuáles son las mejores vías para establecer un proceso legal internacional contra el instituto y contra todas aquellas instituciones que operaron violando las normas de bioética a nivel internacional y atentaron contra la integridad y el derecho a la consulta de la nacionalidad waorani".
La ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa subrayó que la "instrucción" de Correa es que el Gobierno dé a los waoranis "todo el apoyo necesario y todo lo que requieran para encaminar este proceso legal".
En julio pasado el Instituto estadounidense Coriell de Investigación científica negó a Efe haberse lucrado con la venta de muestras de ADN del pueblo indígena waorani, después de que la Defensoría del Pueblo de Ecuador denunciara el caso.
El Instituto Coriell, con sede en Nueva Jersey (Estados Unidos), confirmó a Efe haber distribuido las muestras, pero negó haber obtenido el ADN de manera ilegal y haber obtenido beneficios económicos con él.
"De 1994 a 2008, Coriell distribuyó un total de siete cultivos celulares y 36 muestras de ADN de esta línea. Fueron enviados a instituciones de ocho países para fines de investigación científica. Coriell no recibió ningún beneficio comercial asociado a la recepción, almacenamiento o distribución de estas muestras", aseguró el centro.
Coriell también explicó que científicos y funcionarios de su institución deben firmar un formulario que garantice que las muestras no se utilizarán para la elaboración de un producto comercial, ni serán redistribuidas a otros investigadores.
"En 2010, la muestra en cuestión fue retirada del depósito y ya no está disponible para la investigación científica", agregó el Instituto de Investigación, según un reportaje de EFE.
Queda claro que quienes extrajeron la sangre de los waorani, lo hicieron de manera inmoral e ilegítima así como su posterior distribución o venta. Al cometer esos ilícitos, violaron las leyes, la Constitución de la República del Ecuador y las normativas de tratados internacionales referidas a esta materia. Como dijo el presidente ecuatoriano, no se debe permitir que estos hechos queden en la impunidad, ¿o será que los súbditos del imperio gozan de privilegios especiales ante el mundo, basados en la fuerza militar, en el poder económico y en las maniobras diplomáticas y políticas?
LA FAMOSA MAXUS
En un documento elaborado por la Campaña por la Amazonía se afirma: Durante 20 años de explotación petrolera en la Amazonía Ecuatoriana, las poblaciones y culturas indígenas amazónicas han sufrido impactos culturales y ambientales de grandes proporciones. Pese al discurso ambientalista y preservacionista de la compañía Maxus, en el Bloque 16 sus planes de manejo ambiental y su práctica ha demostrado lo contrario.
EL ECUADOR PIERDE DOS VECES
El rendimiento económico del petróleo del Bloque 16 es un pésimo negocio para el Ecuador. Se ha denunciado que el costo de producción de cada barril de petróleo es de 72.76 dólares.
Las características de crudo pesado, los inflados costos de producción hacen que éste no sea rentable. Maxus quiere que el Ecuador le restituya sus inversiones, pese a que el Bloque no es rentable, y su contrato es de riesgo. (En otras palabras, el Ecuador debía pagar a la petrolera Maxus, para que haga el favor de llevarse el petróleo existente en sus entrañas. Tal es el abuso de las transnacionales del imperio.) INVESTIGACIÓN O BIOPROSPECCIÓN
Maxus inauguró la estación Científica de Yasuní. De acuerdo al Convenio de Biodiversidad, la investigación científica debe cumplir dos fines: la conservación de la diversidad biológica y el uso sustentable de la misma. Puesto que nadie en el Ecuador tiene acceso a los resultados de las investigaciones que Maxus ha llevado a cabo, es justo pensar que el objetivo es la bioprospección, es decir la búsqueda de recursos genéticos para su comercialización.
Si Maxus se inicia en el campo de la bioprospección, debe cumplir con una serie de requisitos estipulados por el Convenio de Diversidad Biológica, entre los que se incluye la transferencia de tecnología y la repartición equitativa de las ganancias generadas. En el tema de la transferencia de tecnología, Maxus tendría que dar a la Universidad Católica, como institución académica contraparte, a más de la Estación Científica - que es pagada con el dinero del pueblo ecuatoriano- toda la tecnología para la síntesis, aislamiento y manejo del material genético con el que va a trabajar. La tecnología debe ser tecnología de punta, decía en 1994 la Campaña por la Amazonía. Si este requisito no se cumple, la Universidad Católica estaría aportando únicamente con "la materia prima de la investigación", que es la recolección de la información de campo. El Instituto Smithsonian y la Universidad de Aarhus, están apoyando este proceso, y con su presencia Maxus quiere legitimar su trabajo. ¿TRAS MAXUS, EMPRESAS FARMACÉUTICAS?
Las transnacionales farmacéuticas tienen mucho interés en los recursos genéticos de las selvas tropicales, pues estas son una fuente segura y económica para la producción de nuevos medicamentos, patentados para su beneficio. Una patente significa el uso monopólico del producto desconociendo el origen del conocimiento y de la materia prima, lo que supone desintelectualizar a las comunidades indígenas, poseedoras del conocimiento.
Si los recursos genéticos están ligados a conocimientos tradicionales, las trasnacionales necesitan el 400% menos de la inversión en la investigación de los principios activos.
Para apropiarse de estos conocimientos se organizan programas de "investigación" mediante antropólogos, biólogos y etno-biólogos. Recordemos que en el Bloque 16 estaba CONOCO, subsidiaria de DUPONT, una de las principales empresas químicas con intereses en la biotecnología.
¿Mantiene Maxus relaciones con Dupont?
MAXUS VIOLA LA LEY INTERNACIONAL: EL ACUERDO DE BIODIVERSIDAD
Durante la Cumbre de la Tierra: Brasil ’92, se firmó el Convenio de Biodiversidad, el mismo que fue suscrito por 157 países. El Congreso ecuatoriano fue el segundo en Latinoamérica en ratificarlo. El Convenio entró en vigencia y tiene fuerza de ley internacional que está por sobre las legislaciones nacionales. El Convenio de Biodiversidad surgió en momentos en que se produce un flujo ilegal masivo de recursos genéticos desde los países tropicales, que poseen grandes riquezas biológicas y culturales hacia los países industrializados. En este Acuerdo se coloca a los recursos biológicos en la órbita de la soberanía nacional y se plantea la necesidad del "consentimiento y participación de quienes poseen estos conocimientos que, además, deberán beneficiarse al compartirlos". Estos beneficios, de acuerdo al Convenio de Biodiversidad, deben ser repartidos equitativamente. El conocimiento, la participación y el acceso a los beneficios suponen que tanto el Estado Ecuatoriano como los pueblos indígenas amazónicos, conozcan el verdadero fin del trabajo de "investigación" y se beneficien. Gorras y camisetas con el nombre de Maxus y algunas casas comunales para las comunidades indígenas no entran en la cuenta de los beneficios sino que cumple con fines propagandísticos”, advertía en 1994 la Campaña por la Amazonía.
EXPERIMENTOS OSCUROS, AMBIGUOS Y ANTIÉTICOS
Sergio Barrios Escalante, Científico Social e Investigador. Ensayista y Escritor, en la Edición No. 63 de la revista virtual Raf-Tulum exponía una parte de sus investigaciones en la que expresaba:
“Los experimentos científicos realizados por Estados Unidos y otras potencias, bajo la nebulosa de oscuros, ambiguos y antiéticos objetivos no se limitan a lo descubierto por la citada investigadora, y hay que recordar que forman parte de una larga tradición que continúa en muchos lugares hasta el día de hoy.
Basta con recordar las cuestionadas actividades del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), que en los años sesenta desarrolló sospechosas e imprecisas “investigaciones de campo” en diversas partes de América Latina, tales como en diversas zonas rurales de Colombia y el altiplano guatemalteco por ejemplo.
Sin que nunca se aclarara nada concreto ante los tribunales internacionales de justicia, durante los años setenta igualmente circularon múltiples rumores y sospechas sobre la implementación de programas secretos de esterilización masiva, llevados a cabo en muchas poblaciones indígenas y campesinas latinoamericanas (incluyendo, nuevamente, al altiplano guatemalteco).
En los años ochenta y noventa, con el inicio del auge de la biotecnología y la ingeniería genética, la bióloga Mae-Wan Ho denunció los graves riesgos que implicaba para la salud humana y para numerosas especies animales y vegetales, la realización de experimentos a gran escala relacionados con el diseño de nuevos organismos genéticamente modificados (OGM).
El mismo tipo de denuncias ha realizado profusamente en los últimos años la investigadora Silvia Ribeiro, al señalar la irresponsabilidad de numerosos centros y laboratorios de investigación, en producir y comercializar en gran escala alimentos de consumo básico (como leche producida en base a la hormona transgénica denominada “Somato-Tropina Bovina”, por ejemplo), bajo condiciones de alteraciones genéticas con alto potencial de riesgo para la salud.
De acuerdo con Ribeiro, esta hormona transgénica no sólo enferma al ganado, sino que además provoca en la leche una elevación de otra hormona denominada IGF-1 (“Factor de crecimiento insulínico tipo 1), que estaría asociada con el surgimiento de cáncer de seno, próstata y colón.
¿Y qué podemos decir de la vacuna contra el virus de la gripe porcina? Al respecto, llamó poderosamente la atención la exagerada alharaca que se armó tomando a la ciudad de México (D.F.) como centro de “supuesta irradiación mundial”, alarmismo que un año después de la supuesta “primera gran crisis de pandemia viral” del siglo XXI”, la Comisión Europea reconoció (en mayo del 2010), que había sido intencionalmente exagerada.
¿Cuáles fueron las verdaderas razones para ello? ¿Fueron razones estrictamente comerciales o de inescrupulosa experimentación secreta?
Hay que recordar que cuando todo esto sucedió, surgieron muchas voces advirtiendo que la vacuna contra la gripe A1-HN1, muy probablemente podría contener ciertos componentes químicos de dudosos efectos.
Estas voces de advertencia sin embargo no fueron tomadas en cuenta por los grandes medios de comunicación, y lejos de ello, una vez que el pánico viral había quedado plenamente “inyectado” en la mente de millones de personas, muchos gobiernos empezaron a adquirir monumentales pedidos de la citada vacuna, sin que hasta el día de hoy se sepa a ciencia cierta si este compuesto antiviral puede o no afectar en alguna medida la salud de niños y adultos.
Es de suponer que si la OMS ha facilitado la distribución de esta vacuna en numerosos países, ello constituye (o debería de constituir) una garantía suficiente. Pero aparte de esta agencia intergubernamental, ¿hay alguna comisión científica de alto nivel e independiente que haya avalado la solvencia médica de tal vacuna?
No lo sabemos. Lo cierto es que lo sucedido en los años cuarenta en Guatemala, lejos de ser una práctica en desuso y aislada, alimenta y da fundamento a las múltiples versiones y teorías conspirativas que colocan a las grandes potencias como enemigas de la salud de los pueblos.”
VIOLACIONES A LOS DERECHOS INDÍGENAS
A estas tierras llegaron los conquistadores desde España, y con ellos llegó la tragedia para los pueblos aborígenes a los que les sometieron a servidumbres esclavizantes y embrutecedoras. No se sabrá nunca con exactitud la cuantificación del genocidio practicado, pero millones de indígenas fueron asesinados en las guerras de conquista y otros millones murieron en los socavones de las mitas en busca de metales preciosos, en los obrajes destinados a la industria textil y en las encomiendas dedicadas a la explotación agrícola-ganadera. Nunca, en ningún caso conocieron de los derechos humanos y menos eran sujetos de derechos ya que incluso se decía que los indios ni alma tenían.
Resultaría una tarea enorme tratar de recapitular las violaciones de los derechos humanos de los indígenas en América Latina y quizá nunca se llenaría el memorial de agravios.
Por descuido interesado de los historiadores, generalmente pertenecientes a las clases dominantes, no se encuentran documentos que señalen la sistemática violación de los derechos humanos; sin embargo, por la historia oral que se repite de generación en generación y por variados testimonios actuales se conoce del drama que vivían y viven los indígenas ya que hasta el presente, es dramática la situación de los derechos humanos de los grupos indígenas del continente, a pesar de las proclamas y la realidad de sus cumplimientos.
“Tal vez las violaciones más notorias y que con alguna frecuencia logran ser mencionadas en los periódicos y otros medios de comunicación masiva, sean las de los derechos civiles y políticos, concretamente el derecho a la vida y a la libertad. Pero sin duda son más persistentes, aunque se les dé menos publicidad, las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en lo que se refiere a la posesión y usufructo de la tierra y de otros recursos naturales.
Los representantes de los pueblos indígenas declararon ante la comunidad internacional cómo operan la discriminación, el genocidio y el etnocidio. La situación puede variar de país a país, pero las raíces son comunes: incluye la colonización brutal para abrir el camino al saqueo de sus tierras y recursos naturales, dado que los intereses comerciales buscaban los beneficios máximos; la masacre de millones de nativos durante siglos y la continua apropiación de sus tierras que les privaba de la posibilidad de desarrollar sus propios recursos y medios de vida; la negación de la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas destruyendo su tradicional sistema de valores y su estructura social y cultural. La evidencia demuestra que está opresión continúa, el resultado está visible en la continua destrucción de las naciones indígenas.
Las tierras y los recursos de estos indígenas son saqueados por los intereses privados y particularmente por compañías que aspiran a explotarlos aún más. Quienes les roban constantemente nuevas parcelas de tierra y les niegan su derecho a la autodeterminación están destruyendo su sistema tradicional de valores y la estructura de sus sociedades”.
Sin lugar a equívocos se puede afirmar que aún se practican las siguientes formas de violación de los derechos humanos fundamentales:
“1. El despojo de tierras indígenas mediante la violación de tratados, acuerdos o principios jurídicos internacionales, como ha sucedido en los casos de los shuar en Ecuador, los aché en Paraguay, los mapuche en Chile… en Perú…en Brasil... en México…
2. La apropiación de los recursos naturales de los indígenas (minerales, agua, madera) como si los pueblos indígenas no existieran o como si no tuvieran derecho a la tierra que les ha pertenecido durante siglos o aún milenios…
3. Invasiones no controladas de tierras indígenas por parte de no indígenas, lo que indica claramente las intenciones etnocidas y genocidas de los gobiernos responsables que se niegan a detener a los invasores…
4. Extrema opresión en la explotación de indígenas como semiesclavos, peones, empleadas domésticas secuestradas, mano de obra barata, etc., sin la protección legal mínima que asegura a los afectados el respeto como seres humanos…
5. Prohibición de cualquier/arma de autogobierno interno e inclusive violación del derecho de un gobierno local en las comunidades…
6. La denegación general de los Estados americanos a permitir la participación de las naciones indígenas en la elaboración de constituciones e instrumentos jurídicos básicos de gobierno…
7. La negación de los derechos fundamentales de libertad religiosa y el despojo o la destrucción de lugares para rendir culto, así como el otorgamiento de poder secular y el apoyo a los misioneros indígenas (lo que significa etnocidio total en algunas regiones)…
8. La persistencia del racismo y el eurocentrismo y su influencia en la vida de los pueblos indígenas…
9. La ausencia de programas adecuados de salud y la esterilización de mujeres indígenas, en conjunto, constituyen un ataque de genocidio directo hacia los pueblos indígenas porque conducen a altas tasas de mortalidad infantil, a una baja esperanza de vida (45 años y menos) y a la negación de futuras generaciones…
10. La tortura, las formas extremas de represión, el encarcelamiento y las "técnicas de modificación de la conducta" para mantener los sistemas de represión…
11. La negación de los derechos de los indígenas y la negación de reconocer como indios o como tribus o naciones indígenas a ciertos grupos de identidad india…”
Estas algunas de las principales violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios que constan en documentos que, inclusive, son de conocimiento de las Naciones Unidas o que han sido discutidas y conocidas en tribunales especiales como el Tribunal Rusell.
En los documentos indicados se señala que en el Ecuador se ha denunciado la existencia de aushiris esclavizados por hacendados cercanos a sus territorios. Asimismo, se condena la exploración y explotación petrolera en territorio kofan por la compañía Texaco-Gulf que en las décadas de los 70 y 80 asolaron grandes extensiones de la región amazónica. La penetración de las petroleras en territorios pertenecientes a los pueblos originarios se realizó sin consentimiento de la población indígena.
Continuas han sido las denuncias de las comunidades shuar de Yukatais (Súcua) y Panki (Zamora) que han sido víctimas de asaltos a mano armada por parte de colonos madereros.
Reiteradas fueron las denuncias de las relaciones del Instituto Lingüístico de Verano con la compañía petrolera Texaco y su campaña para desplazar a los waorani de su territorio tradicional dejando el campo libre para las actividades de exploración. El ILV fue expulsado en 1980 por el entonces presidente Jaime Roldós Aguilera, prematuramente fallecido en un accidente aviación no esclarecido, posiblemente ocasionado por la CIA, según sostienen familiares y amigos del joven mandatario desaparecido. . Al Instituto Lingüístico de Verano se le acusó de dividir a las comunidades de la sierra ecuatoriana y de robo sistemático de material genético e imposición de formas culturales y religiosas entre los indígenas amazónicos, para servir de mejor manera a los intereses del imperio y sus petroleras.
El 09/12/ 2010, el Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz contra la Guerra, instalado en Quito-Ecuador, señalaba que Estados Unidos en calidad de imperio victorioso levantaba la voz en nombre de la humanidad para condenar los crímenes del nazifascismo, al tiempo que ensalzaba el modelo yanqui de democracia, libertad y respeto a los derechos humanos, mientras escondía similares crímenes que cometía desde los albores del siglo XX. ¿Por qué asombrarse de la doble moral de la potencia imperial si Washington es un maestro en el discurso de dos caras?
Como maestro de crímenes monstruosos, Estados Unidos realizó pruebas ocultas, “fuera de todo control –de ordinario en el campo de la investigación biomédica o en las tecnologías bélicas–, en general con los “conejillos de Indias” que representan las poblaciones del Tercer Mundo, de los países pobres. Según acaba de saberse por una supuesta “casualidad”, de la investigadora estadounidense Susan Reverby, del Wesllesley College, que en busca de información sobre experimentos realizados con reos de la prisión de Tuskegee, en Estados Unidos, encontró datos que revelaron estudios secretos desarrollados entre los años 1946 y 1948 por personal del gobierno de Washington en la centroamericana nación de Guatemala” y en una serie de países de América Latina, África y Asia.
Las potencias mundiales y, en especial, el imperio yanqui, pueden cometer cualquier crimen en cualquier parte del mundo, sobre todo debido a la impunidad de la que gozan. Los crímenes que perpetra Estados Unidos permanecen sin castigo porque no hay tribunal que sea capaz de juzgar y condenar al imperio. Para resguardarse de algún tipo de condena, pasea su impudicia de primera potencia mundial por cualquier parte de la tierra.
Las potencias son potencias, justamente, porque manejan a las poblaciones, a los recursos que éstas poseen y, en definitiva, a los países en su conjunto donde todo ello se encuentra, sostiene el periodista Marcelo Colussi en un reportaje divulgado por ANS y agrega que para manejarlos se apela a todo tipo de armas. El racismo, la desvalorización de los pueblos considerados “primitivos”, la noción de “ciudadanos de segunda” versus ciudadanos de sentido pleno –civilización y barbarie si queremos decirlo de otro modo–, son todas ideas que permiten la manipulación de esas masas excluidas, dando como resultado, entre otras cosas, la posibilidad de hacer experimentos abominables sin ninguna culpa con los “primitivos”.
El escándalo sobre experimentos médicos se produjo en Guatemala, pero esos experimentos biomédicos con la utilización de seres humanos como conejillos de Indias, no son nada nuevo ni se constituyen en un hecho aislado. Ese tipo de experimentos realizan los “científicos” yanquis en los pueblos del Tercer Mundo, empobrecidos y explotados por los países ricos del norte, pero también son cobayas humanas los negros, los pobres, los inmigrantes que viven en los propios Estados Unidos. Bien se puede afirmar que de las torcidas mentes de los anglosajones, no se libran ni sus propios compatriotas, o será que por ser pobres y miserables, ¿no son dignos de ser ciudadanos estadounidenses? Negros, latinos, indios, asiáticos, mulatos, mestizos se convierten en ratas de laboratorio de todos los experimentos que son dirigidos y financiados por varias instituciones médicas y organizaciones como la CIA, decía el documento indicado.
El robo de ADN del pueblo waorani no debe quedar en la impunidad, pero no es sólo ese caso que existe y, por tanto deben abrirse nuevas investigaciones que permitan descubrir qué otros experimentos biomédicos realizaron en el Ecuador en los diferentes grupos humanos y nacionalidades, qué casos de biopiratería se han producido. Se sabe que los “médicos” y “científicos” yanquis son expertos en experimentación biomédica al mejor estilo nazifascista, y que son expertos en robo de material genético y en biopiratería para satisfacer las ansias de las farmacéuticas. Se sabe que las plantas de nuestras zonas tropicales son apetecidas por esos sectores imperiales, inclusive para desarrollar nuevos productos que optimicen las armas químico-bacteriológicas.
Es preciso que el Estado proteja con eficacia y máxima responsabilidad a los pueblos originarios de la Amazonía que han sido víctimas de vil explotación de petroleras y madereros y de colonos blanco-mestizos. Se sabe que desde que estos llegaron al oriente, los miembros de esas nacionalidades comenzaron a sufrir enfermedades para ellos desconocidas: gripes, neumonías, bronconeumonías, enfermedades respiratorias, enfermedades estomacales e intestinales y que también fueron víctimas de contagios de enfermedades venéreas, y que desde que las petroleras destruyeron el medio ambiente y provocaron derrames petroleros sufren de cánceres e infecciones de todo tipo. Correo electrónico: tribunalpazecuador@yahoo.com
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