Ha pasado más de un año desde el acontecimiento covid19, acontecimiento en el que las políticas derivadas de la irrupción de la pandemia han modificado sustancialmente la cotidianeidad de la población vasca acelerando las tendencias latentes con las que el capitalismo mesetario, aquel que vaga en el tiempo histórico surfeando su Largo Declive, prolonga a duras penas su permanencia.
Durante este tiempo de receso económico hemos escuchado fatuas promesas, como la de un nuevo Plan Marshall (que equiparaba sin complejos en términos de propaganda el acontecimiento covid19 con la Segunda Guerra Mundial), o grandes palabras, como aquello de la necesidad de reeditar un Pacto Social fundacional que remedara los Pactos de la Moncloa. En la actualidad y para una audiencia desencantada, todo aquello ha quedado resumido y englobado en unos fondos provenientes de la Unión Europea por venir, que convertirían esta última crisis en una ventana de oportunidad, para la «recuperación, transformación y resilencia».
Orillado también ya el triunfalismo publicitario que prometía una «una nueva normalidad» tras el final poco exitoso de las medidas de excepción, se confía malamente en que las diversas vacunas aceleren la remisión natural de la pandemia, trasladando al sistema tecno-científico una fe que el común de los vascos ha dejado de depositar en el capitalismo, como sistema de relaciones sociales que le asegure un bienestar presente y proyecte su mejora en el tiempo.
Podemos, por tanto, analizar este año largo en términos que se centren en el proceso de consolidación de esas tendencias con las que el capitalismo mesetario y su sistema de representación política se remiendan perpetuamente, o por el contrario centrarnos en sus fallas y carencias como sistema y en las resistencias colectivas e individuales que han surgido en estos últimos tiempos. Escogemos aquí la segunda de las opciones.
«Regeneración» de la UE y estado del capitalismo vasco
A 2021, el dañado proyecto de la Unión Europea (en proceso de desmembramiento desde la marcha de la Gran Bretaña y con el gran lastre de las sucesivas ampliaciones de la Europa de los 27) continúa su fuga hacia delante. Ahora utilizando la contracción económica facilitada por la pandemia para endeudar solidariamente a los aún países miembros y así conseguir la financiación de subvenciones y líneas de crédito prometidas, mediante el aval de los estados-nación que actualmente la completan. De este modo, la UE pretende apuntalar su discutida pervivencia como bloque económico y político a través del endeudamiento colectivo de los estados-nación que todavía la integran.
Así, la ventana de oportunidad que tanto se difunde con la inminente llegada de fondos europeos, no es sino parte de una estrategia que impida o al menos ralentice el proceso de desmembramiento del bloque UE. La nueva apuesta en la región europea del capitalismo, con el título de NextGenerationUE (actualización de la opción de la socialdemocracia por un New Green Deal) utiliza la reconversión que brinda la nueva sostenibilidad para situar en mejor situación ante los cambios de hegemonía mundial a la UE, tras la victoria china con la globalización. Según esta estrategia, la utilización del cenit de la extracción de los combustibles fósiles y el consiguiente remozamiento del sistema productivo, resituaría a Europa como cabeza colista, superando a EEUU, como encarnación del «seguir como siempre».
Con todo y para aguar la fiesta, el triunfo electoral del partido demócrata, representante de las apuestas socialdemócratas norteamericanas, pese a ser vendida como celebrada en términos de victoria para los valores ilustrados y como coto a las políticas neoproteccionistas de los republicanos, dificulta ahora el añorado adelanto europeo a la economía estadounidense.
A nivel local vasco, la llegada de estas subvenciones europeas, (conseguidas con ese endeudamiento solidario, y de las líneas de crédito avaladas y condicionadas a su acomodo a los objetivos next-gen), se traduce en la práctica en unos toscos proyectos presentados por los grandes buques del capitalismo con sede fiscal en suelo vasco, que aspiran desvergonzadamente a apropiarse de estos fondos, y desde el ámbito institucional a la financiación de proyectos que, como el TAV, se corresponden con los aires desarrollistas de un ciclo de globalización ya periclitado.
Mientras los gobiernos autonómicos vascongado y navarro presentan con desfachatez ante instancias UE los bodrios con los que sus empresas de referencia proyectan adueñarse de esta nueva financiación pública, las maniobras de los grandes buques empresariales locales para con la fuerza de trabajo que los integran son nítidas: despidos en la banca, entre la que encontramos el ERE con el que cerrará gran parte de la red de oficinas del BBVA y de Caixa Bank, el ERTE para el tercio de la plantilla de Petronor, el adelgazamiento progresivo de la plantilla de Iberdrola, junto con la venta y futuro despiece de Euskaltel. Negocio redondo en nombre de una «revolución digital» por la que las grandes empresas se desprenden de fuerza de trabajo, trasladando esos trabajos al ciudadano-cliente vía app o web, a la par que se apropian para poder realizar ese «proceso de modernización» de fondos públicos.
Mirando hacia la producción industrial, el paulatino fin de la hipermovilidad que acompaña al cenit en la extracción de fósiles, ha ido empequeñeciendo la metalurgia auxiliar, que alimentaba el sector automovilístico o aeronáutico entre otros y que ha caracterizado gran parte del tejido industrial vasco. Las plantillas de las sucesivas empresas en crisis, articulan sus resistencias abrazando unas lógicas más propias de los segmentos industriales obsoletos en las nuevas prioridades del capitalismo europeo. La situación tiene demasiadas similitudes con el proceso de «reconversión» industrial que se produjera en la década de los ochenta del pasado siglo, donde si bien las reivindicaciones concretas quedaban encuadradas en lógicas capitalistas, la radicalidad de las formas de protesta tuvo la virtud de contagiar un clima general de protesta social.
Aquel incendio fue apagado por la lluvia millonaria de fondos europeos que acompañó a la entrada española en el bloque UE, lo que desmembró las plantillas al serles otorgadas copiosas indemnizaciones. Queda pues por ver, si las protestas obreras de los sectores industriales en crisis, desplegarán repertorios movilizatorios cada vez más agrios en consonancia con el negro horizonte de sus empresas y si estos repertorios tendrán de nuevo la capacidad de proyectar sus modelos de protesta hacia el conjunto social, toda vez que la racanería de las compensaciones difícilmente podrá acallar su malestar.
Otro de los motores del tejido económico vasco, el terciario, vinculado al turismo de eventos y cultural como resultado de la reconversión del conjunto del territorio en tejido también productivo, se resiente también con la pantalla de la pandemia. El fracaso de los números estimados para este segmento acusa los efectos no solo de las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria, sino también de la progresiva reducción de la movilidad de masas, sobre la que se basa la actividad turística.
Capítulo aparte aquí tiene la hostelería, sector con cuyos intereses se ha exigido un alineamiento, olvidando interesadamente que también es nicho de precariedad y de abusos empresariales. Sin embargo queremos centrarnos aquí en la hostelería de pequeño y medio tamaño, la que fue refugio de pequeñas inversiones y de mayores auto-explotaciones. Son este tipo de pequeños gestores y propietarios hosteleros los que han realizado las protestas de calle contra las restricciones gubernativas por la profilaxis sanitaria, que han conseguido gran empatía social. Brillando por su ausencia en las movilizaciones la mano de obra contratada y en buena parte extranjera, la crisis en la pequeña hostelería se revela como otro exponente más de la contracción real en los niveles del pequeño consumo popular y local que la sustenta, y la empatía social como un reflejo de la pauperización generalizada creciente.
Esta pauperización choca, además, con lo que fue uno de los nudos en la legitimación social de la idea «recuperación» tras la crisis de 2008, caracterizada esta por un consumo de masas de productos de baja calidad como ocio e ideología popular. La tangente ha consistido en desplazar la compra como hábito social a la adquisición de productos por la red, mediante la cobertura tecnológica que dotan los recursos 5G, costumbre que se pretende ahora desempeñar como sustituto de aquel rol ideológico y de ocio. Así, esta determinante puntilla al pequeño comercio, se muestra como factor de desaparición de actividades comerciales tradicionales y de precarización para nuevas, como la mensajería. Pero sobre todo también se muestra como otro claro indicador del empobrecimiento social en curso.
Distancias y desafecciones
Mirando más allá de las fallas, carencias y malestares sociales, y focalizándonos en las desafecciones y resistencias sociales, podemos observar cómo la situación de novedad llegada con el acontecimiento covid19, ha puesto en valor dudas, debates y conclusiones en el común del cuerpo social que relativizan el peso del dominio.
Así, podríamos prestar atención a cómo algunas de las obligaciones y restricciones han sido seguidas acríticamente por la población, comenzando por el gesto de ponerse cotidianamente y en todo contexto la mascarilla hasta el respeto a los cierres peimetrales dictados aduciendo un temor a una policía inexistente o anecdótica y, en todo caso, incapaz de hacer respetar o sancionar las lindes marcadas. Pero a su vez, podemos dejar constancia de que el tiempo ha avalado nuestras hipótesis, con respecto a que el común de la población ha relativizado el valor de la legislación, movido por la disparidad y contradicción en las normativas marcadas por territorios o por tiempos ante situaciones similares. O que esté en discusión la autoridad de la propia ciencia, toda vez que las prisas y vaivenes revelan los intereses de las industrias farmacéuticas y autoridades sanitarias que están detrás de los objetivos y métodos de las investigaciones científicas, en un planeta enfermo.
En el terreno económico, la interrupción del tiempo de la mercancía ha puesto de relieve los contornos del sistema productivo actual a través de la visualización de las llamados «actividades esenciales», las cuales revelan como contraste el volumen de sectores que deben calificarse como trabajo improductivo y que lastra este último e insostenible capitalismo. Asimismo la fragilidad del propio sistema se puso en evidencia con las inexistencias, primero, de stocks médicos, que impidieron hacer frente a la pandemia en los primeros meses, pero que se repite también en estos tiempos como consecuencia de la parada productiva del último año, con la falta de componentes básicos electrónicos para las industrias tecnológicas y de bienes ya altamente tecnificados, que rompe la cadena de producción, distribución y consumo. Esto es; que el común de la población ha constatado la fragilidad del sistema capitalista e incorporado la posibilidad real de escenarios de colapso.
Estas lecciones deducidas de lo vivido, se traducen también en expresiones políticas. De este modo, no podemos pasar por alto cómo esta distancia y desafección con las lógicas del capitalismo ha tenido su reflejo objetivo en los resultados electorales de las elecciones autonómicas en la CAV en julio de 2020. Más allá de que los resultados dieran la victoria a la democracia cristiana vasca y que esta sellara su pacto con la socialdemocracia local, lo relevante de las mismas es el ascenso de la abstención al rito electoral con el que el sistema político vigente se relegitima en lo social periódicamente. Los datos de una participación de los inscritos en el censo electoral del 50,78%, nos aportan que una mayoría de la población vascongada no acudió a las urnas, si siquiera tenemos en cuenta a la población migrante excluida del censo.
Aunque el tocomocho democrático en el que los votos de menos de un tercio de los inscritos garantizan la victoria en representantes por mayoría absoluta, hace que el espejismo de las clases nacionales vascas que disfrutan de estabilidad económica se presenten a sí mismas, a través de su Partido, como la porción social mayoritaria, la relación entre abstención y participación se decanta claramente en favor de la primera en las zonas de mayor densidad urbana de la CAV, y se acentúa la desafección electoral en barrios donde el empobrecimiento y la precarización están más concentrados.
Las consecuencias de este hecho (que no le interesa tomar en cuenta a la izquierda política vasca puesto que relativiza también su propio papel ante el cuerpo social vasco) sí que han sido percibidas por el mismo gobierno vasco, quien encargó una investigación sobre la naturaleza y el calado de esta desafección y su relación con los riesgos sanitarios del voto en pandemia. Pese a las primeras esperanzas gubernativas, las conclusiones de este estudio señalan que a sólo un 20% de quienes se abstuvieron les pudo condicionar, que no determinar, la situación de pandemia. Por todo ello se puede concluir que la creciente pauperización y la precariedad laboral están directamente relacionadas con el incremento de la abstención hasta que esta sea con mucho la primera opción social, y que solo gracias al comportamiento de las poblaciones urbanas de pequeño tamaño, donde existe aún una mayor cohesión social, escapa por poco de la debacle el sistema democrático. Lamentablemente, y como sucediera tras el estallido ahora hace diez años del ciclo del 15M, las élites políticas vascas prestan mayor atención a los signos de la época, como este, que sus adversarios.
Otros hechos que han preocupado seriamente a los partidarios del orden vigente han sido las explosiones de rabia juveniles en el contexto de las restricciones dictadas con la pandemia. La población juvenil vasca, que ha sobrellevado con mayor esfuerzo el encierro y la prohibición del ocio colectivo, ha sido también señalada como principal factor de contagio de la enfermedad. Este hecho ha reforzado paradójicamente las prácticas juveniles colectivas de ocio fuera de la normativa sanitaria, y previamente ya criminalizadas, siendo la desobediencia la norma común entre los jóvenes, lo que ha querido ser despreciado como inconsciencia e irresponsabilidad. Sin embargo y rechazando caer en apologías forzadas, no hay que hacer malabarismos para encontrar una relación fundamental entre la falta de recursos económicos y la multiplicación del llamado «botellón». Y el incremento del acoso policial a estas prácticas de ocio juvenil, amparadas en la normativa sanitaria, con las políticas de control hacia estos segmentos juveniles con menos recursos.
Así, cuando han estallado disturbios contra un toque de queda planificado para contener a estos sectores, estos se han utilizado para continuar criminalizando a los sectores juveniles empobrecidos y para cohesionar al resto del cuerpo social en su rechazo. No obstante, también se ha detectado el nerviosismo de las élites políticas locales frente a unos disturbios de origen netamente social, pero que podían tomar como aliados a ciertos grupos juveniles políticos organizados y en conflicto con el orden establecido y llegar a ser amparados por el malestar social creciente. O en su opción inversa las movilizaciones y disturbios protagonizados por esos grupos organizados podían llegar a entenderse y extenderse a otros malestares juveniles (como los originados alrededor del encarcelamiento del rapero Hasél), y que pocos grupos contestatarios contemplaron.
Por todo ello, podemos afirmar que la situación social vasca (y en un contexto en el que las medidas de contención con la prolongación de los ERTEs y otras medidas excepcionales siguen provisionalmente vigentes alargando la agonía), va profundizando su relación entre creciente empobrecimiento y una mayoritaria desafección política. Así, el proceso que comenzó en 2018 a visualizar la presencia y fuerza de esa mayoría social que queda fuera del «bienestar» y de sus lógicas de orden, sigue en incremento y deja ya constatar con objetividad su potencia disruptiva.
Resistencias y disidencias
Partiendo entonces de la expansión de la desafección social con el sistema de relaciones de dominio, capitalismo y democracia representativa, posamos ahora la mirada sobre las últimas expresiones, movilizaciones y entidades, reflejo de ese malestar en curso en EHk.
Las nuevas propuestas abertzales en disidencia
Tras este año de encierro pandémico, han emergido con especial impacto, diversas entidades políticas que se sitúan en la estela de lo que se autodenominara hace ya décadas el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. El espacio disidente a la izquierda abertzale surgida tras el fin de la lucha armada de ETA (M), se complejiza y se amplía sobre una escena que se circunscribía en un primer momento a la reivindicación de la amnistía, reconociendo el carácter colectivo y revolucionario de los todavía presos y represaliados, con estructuras tipo ATA y a propuestas políticas como Herritar Batasuna. Estas estructuras poseían sobre todo un carácter irredentista, toda vez que su fuerza radicaba en negar la deriva reformista de la izquierda abertzale en EH Bildu para por contra reivindicarse en el legado de los represaliados como quintaesencia de la voluntad de lucha de la comunidad nacionalista radical y obtener así su legitimidad política ante la misma. También en este espacio, encontrábamos a quienes pretendían gozar de una legitimidad historicista, como Eusko Ekintza, que contaba, añadidos a su propuesta, a los militantes de la originaria ANV, ninguneados para su perjuicio en los repartos de poder que vertebraron la primaria coalición Bildu.
Sin embargo, con especial énfasis desde comienzos de 2020 han ido tomando fuerza nuevas entidades, que ya no se reivindican en el legado histórico de la izquierda abertzale, sino en el añorado espíritu de aquel MLNV de la década de los ochenta del pasado siglo, que se veía a sí mismo como un conjunto de organizaciones revolucionarias nacionales vascas con el propósito de dirigir el proceso de liberación en marcha. Si bien el grado de voluntad de continuidad o de ruptura con los postulados de la izquierda abertzale posterior a la ilegalización de Batasuna en 2003 es diverso entre las distintas nuevas entidades, lo que les es común es querer reivindicarse dentro de la vanguardia necesaria de un proceso de liberación con continuidad histórica en el cual se incluyen. La composición de estos nuevos grupos suele estar formada por las nuevas generaciones militantes aparecidas durante los últimos años a lo que suman el favor de la generación militante que se bregó durante la primera década del milenio con la progresiva ilegalización de las estructuras de la izquierda abertzale y que quedó desplazada y vaciada de sentido con el cambio que supuso la progresiva integración sistémica tras el fin de la lucha armada en 2010.
Durante este año de 2021, estas nuevas entidades han pasado de disputar la hegemonía en los espacios militantes unitarios, sobre todo juveniles, a ejercerla sin complejos, tomando la iniciativa en las movilizaciones y en el espacio simbólico de contestación y propaganda callejera. Todo ello con diversas implantaciones territoriales y sectoriales, en las cuales se multiplican los diversos nombres con las que estas organizaciones dotan a sus entidades, dependiendo del sector (estudiantil, cultural, feminista,…) o a las coordinaciones sectoriales que promueven, por lo que no parece útil aquí listar una ristra de nombres y siglas en constante crecimiento o desaparición. No obstante, en un intento de describir este nuevo mapa, y a las nuevas sensibilidades emergentes, por un lado encontraríamos a la organización Jarki, cuyas pretensiones organizativas podrían relacionarse con la previa de Ekin o del último KAS, en cuanto a que se ve a sí misma como una organización de cuadros, más que de masas, utilizando la vieja terminología leninista, cuadros o militantes cualificados cuya labor militante pública y cotidiana la realizan en otras estructuras sectoriales y territoriales abiertas o unitarias, cuyas líneas estratégicas son marcadas por dicha organización de cuadros, y donde la organización se reserva las labores de propaganda y movilización sobre esos ámbitos estratégicos. Han llegado a crear también un espacio común con Eusko Ekintza, y otros actores menores, llamado Jardun. Por otro lado y con una mayor implantación real, encontramos a las entidades nucleadas por Gazte Koordinadora Sozialista, cuyos nombres se reduplican toda vez que esta estructura, originaria de ambientes de la organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, pretende crear referentes propios en cada uno de los sectores. y aspira a crear movimientos de masas con un aliento consejista, impulsados por sus propias entidades referenciales. Insisten en integrar todo en una línea de clase, ubicando todas sus propuestas sectoriales y territoriales en esa repetida reivindicación de ser diversas expresiones de un mismo conflicto: el de pertenecer a una misma y explotada clase obrera nacional vasca.
Todas estas diferentes entidades, algunas con una ruptura explícita con la izquierda abertzale actual, otras en ambigüedad distante, ubican a la línea oficial de la IA en parámetros reformistas, colocada como organización en defensa de los intereses de segmentos nacionalistas de la clase media vasca, integrada mayormente según estos análisis por empleados y obreros garantizados junto a pequeños propietarios, por lo que estos grupos realizan a la contra un trabajo fuera del ámbito institucional y con nítidos postulados clasistas obreros. Este tipo de apuesta, no obstante, tiene mayores visos de sinceridad estratégica en algunas de estas entidades, mientras que en otras se adivinan en dicha apuesta sesgos tacticistas de escasa consistencia.
Este estallido de siglas y propuestas en competencia desde el espacio político disidente en la Izquierda Abertzale tiene varios vectores que afectan al espacio militante antiautoritario. Por una parte, algunas de las referencias históricas que fueron características de la tradición libertaria, asamblearia o autónoma previa, son incorporadas como propias por estas nuevas entidades políticas. Así la memoria de las luchas del siglo XX, como la de los batallones libertarios en la sublevación derechista del 36, los grandes conflictos obreros asamblearios de los años setenta o los agravios represivos de la lucha armada autónoma de los ochenta se incorporan ahora también como marca de distinción con la memoria oficial de lucha de la Izquierda Abertzale. Asimismo se incorporan algunos referentes ideológicos del espacio antiautoritario al propio discurso, sobre todo en la propuesta consejista del GKS, espacio que algunas de sus individualidades referenciales frecuentaron. Por otro lado, la composición variada en espacios juveniles como los gaztetxes, pasan a ser ahora espacios de hegemonía de estas nuevas entidades abertzales, desde donde se impulsan también disputas con la IA y su marca juvenil Ernai que en ocasiones han devenido en encarnizadas batallas sectarias o se promueven dinámicas que responden a propuestas estratégicas si no ajenas, sí foráneas a lo que verdaderamente nuclea estos espacios.
Así, la presencia y trabajo militante real de estas nuevas entidades y sensibilidades en espacios unitarios o impulsando conflictos propios, en un contexto de marasmo organizativo, provoca entre los militantes antiautoritarios vascos cierto respeto y simpatía con unas prácticas reales pero también distancia frente a sus grandilocuentes retóricas y rechazo a sus arrogantes modales vanguardistas. Pues si bien puede celebrarse la multiplicación de los espacios disidentes a la deriva reformista de la IA y que estos hayan sabido insuflar iniciativa y eficacia a colectivos y conflictos, también es preocupante cómo se pretenden reavivar las enmohecidas políticas del frentismo vanguardista. Unas políticas y retóricas, en su momento creadas para la subyugación a una línea estratégica externa a los propios movimientos, y que ahora, en nombre de la autonomía y del espíritu de liberación de los mismos, pretenden que los movimientos surjan desde las instancias pro-consejistas y se condensen disciplinadamente en sus coordinadoras y estructuras creadas ad hoc. Todo obedeciendo a una cuadrícula estratégica que chirría frente a lo múltiple, diverso y muchas veces en origen anecdótico desde donde parte y se desarrolla el conflicto social. Un rígido plan que parte desde organizaciones juveniles muy ideologizadas en las que, como ha sido tradicional en la ultraizquierda, es extremadamente fácil vivir en un mundillo autorreferencial y pasar a confundir la propia radicalización con la radicalización de lo social.
Movilizaciones sociales y movimientos
Junto con la irrupción de nuevas entidades con intereses emancipatorios de las evoluciones de la izquierda abertzale (en adelante post-IA) y que predican y realizan una labor fuera de ambiciones institucionales, y fijándonos ahora sobre las movilizaciones sociales y movimientos, merecerían un primer apunte los compases iniciales del «curso político 20-21», donde desde el ámbito sindical se lanzaban huelgas sectoriales con notable incidencia, como la registrada en Educación del 15 de septiembre en la CAV o las jornadas de paro en Osakidetza, bajo la común premisa de que las medidas contra la pandemia no podían ser razón para profundizar la precarización en las condiciones laborales. Los impulsos fueron decreciendo hasta resumirse, para adelantar el cierre del «curso» en abril, en una nueva convocatoria de paro contra la provisionalidad en todo el sector público, que movilizó a parte de los ya sindicados. Los índices de seguimiento de las diversas jornadas hablan, de por sí, del fracaso de una estrategia basada en la rutina del «curso» reivindicativo, que elude la creación de una dinámica acumulativa con aliento propio.
Lo cierto ha sido, también, que estas convocatorias sindicales han dado pábulo desde mediados de 2020 a un tipo de manifestación que, por respetar las exigencias de la profilaxis pandémica, relega a sus participantes a una obligada disciplina con los convocantes que coarta toda espontaneidad o desborde. Qué decir tiene que para los aparatos organizativos rígidos, del que son ejemplo paradigmático los sindicatos, este tipo de movilizaciones que asegura un seguimiento ordenado de consignas se engrana con su modelo movilizatorio.
Así, merced a la pandemia y a sus restricciones, se ha propagado un tipo de manifestación en hileras y con servicios de orden, que impide el diálogo y la confluencia y fomenta la cansina repetición de consignas. Si esto puede parecer una cualidad perniciosa para quienes conocemos que la radicalización de las protestas proviene muchas veces del desborde de sus objetivos iniciales dado en el propio curso de las mismas, para la izquierda autoritaria, el estilo militar propiciado por la normativa sanitaria garantiza la obediencia a sus premisas. Para testificar el fracaso de este tipo marcial de movilizaciones, del gusto de las burocracias organizativas, solo hay que remitirse a sus menguantes índices de participación.
En cuanto a la oposición colectiva organizada frente a las medidas y lógicas administrativas para en teoría enfrentar la pandemia, se ha desatado sobre estos diversos colectivos locales y voces disidentes la escaleta represiva de manual del «ignorar, ridiculizar y criminalizar». Ninguneadas sus muchas movilizaciones, ridiculizados hasta el esperpento y criminalizados por una supuesta insolidaridad, la observancia mediática y represiva de estos colectivos denostados bajo la etiqueta negacionista en los que participan también no pocos compañeros, es aviso a navegantes para todo aquel que dispute el discurso al totalitarismo democrático.
Por otro lado, y como temíamos, las normativas de prevención pandémica y sus imposiciones de encierro o de distancia social han impactado negativamente en los movimientos sociales que despuntaron desde 2018: pensionistas, jóvenes contra el cambio climático, chalecos amarillos en Iparralde y el nuevo 8 de Marzo. Si bien en un primer momento las políticas de cuarentena dejaron en suspenso sus inercias acumulativas, las restricciones sanitarias han impedido que se pudieran mantener las convocatorias estables en su periodicidad o en el espacio de quedada, desde donde se propagaba su fuerza interna y externa y desde donde se bosquejaba su propio rumbo. Particular impacto ha tenido sobre el más novel de los mismos, el de los jóvenes contra el cambio climático, que era además el que recogía malestares e inquietudes más diversas y dispersas. Su misma naturaleza embrionaria requería todavía de la multiplicidad de energías que lo acabarían constituyendo como tal movimiento con sus propias características, pero ha acabado retrotrayéndose de nuevo al momento de activación de simpatías y por desdicha perdiendo lo acumulado con la huelga climática de 2019.
El caso de los «chalecos amarillos» ilustra la importancia de los espacios de resistencia para mantener la llama de ciertos movimientos. La imposiciones de encierro y los vaivenes de la políticas de prevención pandémicas impiden de facto crear (o radicar en este caso) en espacios de resistencia estables una comunidad de lucha. Y este es un impedimento nuclear para movimientos con un estilo de protesta de enfrentamiento continuo y prolongado en el tiempo como el auspiciado por los «gilets jaunes». Tendremos que esperar a ver cómo los levantamientos de los regímenes de excepcionalidad (como los estados de alarma) afectan a la propia existencia de estos espacios que posibilitan una convivencia radical basada en la movilización continua, mirando hacia la multiplicación de espacios, al estilo de las TAZ o de las Acampadas de resistencia, y que ya han vuelto a brotar, esta vez desde el campo antidesarrollista en el Baztan.
El movimiento de pensionistas y la renovación del 8 de marzo consolidada en 2018, constituyen en sí ejemplos de la renovación de los objetivos en los propios movimientos. Esta pandemia que se ha cebado con los de mayor edad, ha retirado de las calles las aglomeraciones de pensionistas, y el propio movimiento, surgido con fuerza contra un gobierno de derechas, se ha debilitado al tener que mantener sus exigencias frente a un gobierno de izquierdas elegido para capear la última de las recesiones. Las peleas internas de quienes bebían del viejo movimiento obrero de los setenta pero también de sus debates y taras, no han ayudado tampoco. Abandonado el querer nuclear a su alrededor al resto de precariedades laborales que impulsaran durante 2019, se focalizan ahora en organizar los malestares de los más mayores frente al abandono en maltrechas residencias, pero también contra las consecuencias nefastas del traslado a las aplicaciones informáticas de muchas de las gestiones cotidianas institucionales o comerciales o de los cierres de las oficinas de atención al cliente de servicios básicos. Esta renovación de objetivos puede llegar a volver a activar la simpatía con el mismo de la mayoría social en malestar.
El renovado 8M en su última edición, ha incorporado un lenguaje y unas reivindicaciones que complejizan el origen de su confluencia, la identidad mujer, poniendo en especial relieve la situación de las mujeres migrantes en la sociedad vasca, como integrantes mayoritarias también de los llamados «sectores esenciales» y protagonistas netas del sector de «los cuidados». Este hecho, da un giro a una renovación que partiendo de la reacción a una agresión flagrante e impune (La Manada 2017) consiguió superar su apuesta al redoblarla (Huelga Global Feminista 2018 y 19). Apuesta arriesgada este giro hacia objetivos legítimos pero que complejizan su propio factor de confluencia, y que pueden tanto dotar de un mayor contenido anticapitalista y emancipatorio a lo ya agregado, alejándose de su «recuperación» por parte del entramado institucional, como también dificultar una renovación de las bases activistas feministas y la extensión del movimiento.
Junto a estos movimientos, encontramos también a colectivos que han ido apareciendo o tomando solidez como «redes de apoyo y solidaridad», «sindicato de inquilinos» o similares, promoviendo una renovación de las formas en la intervención en los conflictos laborales o de vivienda, dándole una vuelta a las habituales propuestas sindicales obreras o al movimiento okupa de viviendas. Siendo saludable cualquier intento de renovación en clave de conflicto, estas nuevas expresiones navegan con poca nitidez para el conjunto social, a quien le es difícil llegar a distinguir su propuesta y su autonomía frente a las agendas y consignas de otras entidades como las expresiones post-IA, como fuera el caso también de las experiencias alternativas (como muchos gaztetxes) participadas por jóvenes de la IA. El primer factor de emborronamiento es la confluencia de discursos, puesto que estas iniciativas locales y los discursos de la emergente post-IA ponen ambos en un primer plano una identidad obrera común. La segunda sería la dificultad de distinguir y ubicar una ingente cantidad de nombres efímeros para sectores, iniciativas, plataformas…
Para paliar el babel de entidades, sería bueno recordar que es el propio impacto de las acciones y reivindicaciones quien legitima y provoca la simpatía social más allá de las marcas. Pensemos en las reivindicaciones sin nombre de las pensionistas. Respecto a la identidad obrera, tengamos en cuenta que la «clase» no es una realidad sociológica a descubrir o un axioma ideológico a abrazar, sino una comunidad de lucha a construir, como así lo fue en los dos movimientos obreros vascos del pasado siglo. Invocar machaconamente la pertenencia a la «clase obrera» como si fuera una identidad económica irrefutable en la que incluirse es desconocer o despreciar su proceso de formación histórica como tal desde los intereses y las luchas de diversos sectores proletarios. En resumen, se trataría de poner en marcha movilizaciones diversas que parten de su naturaleza económica y desde estas movilizaciones potenciar visualizar socialmente sus similitudes, creando así una identidad de lucha común, a la que llamaremos «clase».
Conclusiones de un nuevo ciclo
Por todo, podemos afirmar que nos encontramos en un nuevo ciclo movilizatorio que tomó impulso en 2018, que cogió el relevo al popularizado por el 15M, y que este actual ciclo tiene su fuerza en la emergencia de los sectores mayoritarios sociales que se encuentran al margen de los privilegios y garantías de una «sociedad del bienestar» creada y gestionada en su contra.
Son sectores que manifiestan sus malestares fuera de los indicadores políticos convencionales y que no vinculan sus intereses con los de los actores y los intereses de la izquierda política, ni siquiera de aquella que se renovara durante el ciclo anterior. Estos sectores, a los que les une un empobrecimiento y una precarización creciente, no poseen una identidad común a la que invocar, ni de clase ni nacional, lo que no impide que pueda llegar a surgir si las luchas en marcha o futuras así saben construirla.
Estas luchas desde fuera de lo institucional tendrán que abandonar toda rigidez ideológica que impida la comprensión de sus pretensiones y favorecer los procesos en conflicto para la creación de nuevas comunidades de lucha. Deberá atender a articular la satisfacción de las necesidades básicas pero tendrá que teñirse también de diversidad y espontaneidad, que transmita una potencia creativa ilusionante.
Porque, ahora que son ya manifiestos los signos de la pauperización y la precarización de la mayoría social, ahora que la visión social mayoritaria pone en duda la viabilidad del capitalismo y se aparta de sus sistemas de representación política, es imprescindible poner en marcha procesos de oposición y alternativas que se alejen del tono cenizo y dogmático, que surge de una pretendida superioridad moral. En definitiva: impulsar con pasión la lucha igualitarista frente al capitalismo, sazonada y anudada por la creatividad libertaria, en este Largo Declive.
Jtxo Estebaranz
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