PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

¿QUÉ SON LOS PGE?

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el plan detallado de los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y la Seguridad Social. La diferencia entre ambos, habitualmente a favor del gasto, se llama déficit público.
El Estado constituye la unidad económica más importante en las sociedades modernas. Los recursos que manejan los PGE llegan a representar, como sucede en el caso del Estado Español, cerca de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB[[PIB: Valor de todos los bienes y servicios producidos durante un año.]]).

En 1996 el PIB del Estado Español supone alrededor de los 70 billones de pesetas. Los PGE consolidados ascienden a 32,5 billones. El reparto de esta cantidad es de 21,9 billones para los gastos del Estado, 2,6 billones para los Organismos Autónomos de la Administración y 11,7 billones para la Seguridad Social.

Tanto la forma de obtener los ingresos como la orientación del gasto tienen una enorme influencia en la vida cotidiana de todos los ciudadan@s. Los PGE son un fiel exponente de la ideología de quien los maneja.

¿COMO SON LOS PGE DE 1997?

Las concepciones de la economía y de la sociedad que guían al Partido Popular, son una mera continuidad de las que guiaban, más allá de la verborrea socialdemócrata, al PSOE.
Ambos parten de la idea de que el progreso consiste en el crecimiento económico, la política debe estar subordinada a la economía, y el aumento del beneficio empresarial es la condición para el cumplimiento de los derechos humanos.
La regresividad fiscal, las privatizaciones, el ahorro en pensiones, desempleo y sanidad, el libertinaje de los ricos incumpliendo sus obligaciones tributarias, entre otras cosas, son señas de identidad tanto del periodo felipista como del actual gobierno del PP.

Se da una total coincidencia en el diagnóstico que ambos partidos tienen sobre los problemas económicos. Para ambos, el problema central consiste en que los pobres tienen demasiado dinero y los ricos demasiado poco dinero. Esto exige una acción redistribuidora del Estado, transfiriendo recursos desde abajo hacia arriba.

Para dar seguridad al capital, que es el verdadero sujeto de la modernización, es necesario aumentar el riesgo en la vida de las capas populares. ¿Cómo va a aceptar una persona trabajar en condiciones de casi esclavitud mientras pueda cobrar durante veinticuatro meses un subsidio? ¿Cómo va a estar nuestro sistema financiero a la altura de Europa si el Estado secuestra seis billones de pesetas para garantizar la jubilación a una persona que sólo ha cotizado ocho años?
Todo esto se hace en nombre de Europa. Lo exigen las condiciones del Tratado de Maastricht para la Unión Económica y Monetaria, para poder participar en el núcleo de países que tengan una moneda común desde el 1 de enero de 1999.

LOS INGRESOS

Para reducir el déficit, el Gobierno se propone aumentar los ingresos mediante la venta de las empresas públicas, la implantación de tasas nuevas y el aumento de tasas ya existentes por actos o servicios de la Administración.
El cobro de un tanto por receta médica para los pensionistas y los servicios sanitarios ha sido desviado desde los PGE a una Ponencia Parlamentaria que estudia la reforma de la sanidad.

REGRESIVIDAD FISCAL Y FRAUDE

Al mismo tiempo el PP está rebajando los impuestos a las rentas más altas y a las actividades empresariales, coexiste pacíficamente con una deuda de 1,2 billones de pesetas de cuotas empresariales a la seguridad social y con un fraude fiscal de los empresarios de más de 3 billones de pesetas.
El fraude fiscal y la morosidad empresarial se producen en base al siguiente chantaje. Las empresas crean puestos de trabajo y por lo tanto, cualquier acción enérgica contra ellas produciría más paro.

Según datos del Instituto de Estudios Fiscales, el índice de ocultación en el Impuesto de Sociedades por parte de las empresas no financieras es del 36%. En el IVA fluctúa alrededor del 21% y en el Impuesto de la Renta, el grado de cumplimiento sólo es significativo en las rentas del trabajo. No ocurre así con las otras rentas (de capital mobiliario e inmobiliario, de actividades empresariales y profesionales y rentas irregulares).

El fraude fiscal tiene importantes efectos económicos. Origina desplazamientos de recursos del sector formal al informal en busca de mayor rentabilidad por no estar sometidos a tributación. Sin embargo, sus efectos más perniciosos consisten en reducir los ingresos fiscales de la Administración. Es decir, se induce un déficit público que no solo impide el papel redistribuidor del Estado, sino que constituye la mejor coartada para exigir que se reduzcan los gastos sociales como medio de reducir el déficit.

Los creadores del déficit, especialmente los bancos, grandes organizadores de la evasión fiscal de los ricos, no sólo delinquen impunemente contra toda la sociedad al defraudar a la Hacienda Pública, sino que luego exigen que se reduzca el déficit a costa de los subsidios de paro, las pensiones de jubilación y el fin de la sanidad pública.

Esta escandalosa situación, normal para el gobierno anterior, lo es más aún para el nuevo gobierno del PP. El Vicepresidente del Gobierno para asuntos económicos, Rodrigo Rato, declaraba pocos días después de llegar al gobierno: «Los ricos tienen muchas fórmulas para no preocuparse de los impuestos. Las grandes fortunas tienen instrumentos para tomar sus decisiones al margen de las limitaciones fiscales. La gente que tiene mucho dinero suele tener muchos nombres y todos acaban en SA.»

La política fiscal del nuevo gobierno está disminuyendo las obligaciones tributarias de los ricos. La actualización de balances decretada por el PP nada más llegar al poder, supone que los propietarios puedan revalorizar su patrimonio incorporando las plusvalías generadas y actualizando sus balances sin más que pagar un impuesto del 3%. En particular los siete grandes bancos españoles han tenido, solamente en sus empresas participadas, unas plusvalías de 500.000 millones de pesetas que han incorporado a sus balances con un coste fiscal ridículo.

El conjunto de reformas fiscales introducido por el gobierno del PP, favorece a las rentas más altas en detrimento de las más bajas y se inscribe en un proceso de regresividad fiscal iniciado por el PSOE. El peso de los impuestos indirectos, es decir, los que soporta la ciudadanía en general independientemente de su nivel de renta, aumentan respecto a los impuestos directos que gravan a las personas físicas y jurídicas de forma proporcional a su renta. Los impuestos indirectos pasaron de representar el 45,8% de los ingresos no financieros del Estado en 1993 a representar el 49,3% en 1995.

La tendencia generalizada en los países europeos consiste en convertir el IVA en la principal fuente de ingresos públicos y tiende a que no tributen las rentas del capital, haciéndolo sólo las del trabajo personal.

LOS GASTOS

Los gastos se reducen en base a congelar los salarios de los 2,2 millones de trabajadores de las Administraciones Públicas, reducir las inversiones del Estado dando facilidades a la inversión privada en las obras públicas y recortar las subvenciones a empresas públicas. Fuera de los PGE se intentará reducir el gasto sanitario en base a suprimir la gratuidad de las medicinas para los pensionistas y de cobrar tasas por los servicios sanitarios, así como de controlar a los desempleados que cobren prestaciones.

Podemos concluir que el gobierno no pretende limitar la función distributiva del Estado sino incrementarla, eso si, invirtiendo la dirección. El Estado se está convirtiendo en una maquinaria para transferir recursos de los pobres a los ricos. El gobierno con la excusa de salvarlas, ataca las pensiones con el Pacto de Toledo y amenaza a la sanidad pública con sus declaradas intenciones que desvía a una Ponencia del Congreso.

La excusa para recortar gastos y privatizar los servicios sanitarios públicos, es la existencia de déficits enormes, pero en realidad esos déficits están provocados por los inmensos negocios que vampirizan los servicios públicos y por la defraudación sistemática de los ricos. Los productores del déficit aspiran a aumentar su negocio ocupando los espacios que actualmente gestiona el Estado. En las parcelas de servicio público que lleguen a gestionar, probablemente no habrá déficit sino beneficios. Sin embargo, estos beneficios serán privados y tendrán como contrapartida un déficit en la calidad del servicio que recibe la población.

Pese a la fiebre ahorrativa del gobierno, este no parece inquieto por el hecho de que los intereses bancarios que paga el Estado en 1996 ascienden a 3,5 billones de pesetas. Esta partida que supone más del 10% de los gastos totales del Estado, está generada por la Deuda Pública que es la acumulación histórica de los déficits anteriores. En 1996 la Deuda Pública rondará los 47 billones de pesetas. Esto supone un 67% del PIB. Maastricht exige que dicha deuda pública no sobrepase el 60% del PIB.

LAS PRIVATIZACIONES

Las privatizaciones constituyen la principal componente del aumento de ingresos en 1997. La política que las inspira se apoya en la pretensión de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Ante los problemas del déficit, generado en parte por alguna de las empresas públicas, es necesario adelgazar el Estado para optimizar los recursos públicos. La empresa pública no rentable debe ser clausurada y la que produce beneficios entregada al capital privado.
En cuestión de privatizaciones, la política del PP es la del PSOE pero radicalizada. El ministro de Industria Josep Piqué, afirma que se van a privatizar todas las empresas públicas y que la propiedad del Estado en acciones de grandes empresas, que asciende a 2,3 billones de pesetas, pasarán a manos privadas con un ritmo que dependerá de la capacidad del mercado financiero para absorberlas sin caídas de cotizaciones. Este ritmo se estima en medio billón anual.
El impulso privatizador no se limita a vender las acciones del Estado en las empresas públicas. Los banqueros conspiran contra la gestión pública de las pensiones y presionan para que cada vez dichas pensiones sean menores y para menos gente, rompiendo el pacto de solidaridad entre las rentas altas y las bajas que se sustenta sobre un sistema de pensiones digno. Así, empujan a los más pudientes hacia los fondos de pensiones. Igualmente sucede con la sanidad. Ya se anuncia la gestión privada de la Incapacidad Laboral y un nuevo Pacto de Toledo para la sanidad pública.

Esta oleada privatizadora está basada en la idea de que la búsqueda del beneficio privado es más eficiente que la gestión pública en la prestación de servicios sociales. Es decir, una vez más la fábula de que los empresarios persiguiendo su interés egoísta construyen una sociedad segura y ordenada.

Sin embargo, lo que nos propone el PP no es el anarcocapitalismo. No quieren disolver el Estado. El Director General de la Guardia Civil dice necesitar ocho mil guardias más. Las exenciones, bonificaciones, moratorias y defraudación consentidas, de las que se benefician los que tienen mucho dinero, exigen un gran aparato recaudatorio para los que tienen poco.

La construcción de grandes redes de transporte, dañinas ecológicamente y destructoras de las economías tradicionales (que son altas en mano de obra y bajas en consumo energético), requieren grandes inversiones en obras públicas. La construcción de megapuertos, AVES y los sueldos de los más de 1.800 parlamentarios, 75.000 concejales y alcaldes, 10.000 altos funcionarios de la Administración y casi 15.000 funcionarios de partidos y sindicatos, así como los enormes gastos de la Casa del Rey, no sólo por su alto nivel de vida sino también por su costosa seguridad (a pesar de que dicen que todos le queremos mucho), necesitan un Estado fuerte.
La dedicación de grandes sumas del erario público para las suspensiones de empleo de las empresas y las jubilaciones anticipadas, el saqueo de miles de millones de pesetas por parte de los numerosos hampones que, con el manto de padres de la patria, pululan por el Estado, no son posibles desde una sociedad autogestionada.

Lo que persigue el Gobierno no es debilitar el Estado para potenciar la sociedad civil, sino debilitar el papel redistribuidor del Estado a costa de favorecer su papel en la reproducción de la desigualdad social. Se trata de potenciar una parte de la sociedad civil, el capital, frente al resto de la sociedad civil, el mundo asociativo y comunitario no regido por la economía.

Entre un Estado del bienestar que redistribuye algo de producto social a costa del medio ambiente, del tercer mundo y de la corrupción de las conciencias, y un Estado regido directamente por los consejos de administración de El Corte Inglés y del Banco de Santander, los dos son peores. Sin embargo, el segundo es más peor que el primero.

La critica al Estado implica también la critica a la sociedad civil y esto nos lleva al concepto de política. Lo que está en crisis es la política separada y ajena al control de la sociedad, la separación entre sociedad civil y sociedad política.

CONCLUSION

No se trata de condenar cualquier política de contención del déficit público. Una sociedad democrática que decidiera voluntariamente reducir el consumo superfluo, autogestionarse y respetar el medio ambiente, no sólo sería más libre y justa, sino también mucho más barata. Sin embargo, la reducción del déficit contenida en los PGE que nos ocupan va en sentido contrario. Por eso, es necesario luchar contra ellos.

Es importante comprender que el PP no va a por todas con estos PGE. Su éxito no es sólo reducir el déficit en un billón, sino sobre todo, consensuar con la oposición la necesidad de recortar los gastos sociales. Así la oposición se verá limitada a negociar el grado de sana con la que el Gobierno destruye el menguado Estado de bienestar.
Con Franco el capitalismo nos impedía defender nuestros derechos con la Brigada Político Social. Con la monarquía parlamentaria (es exagerado llamar a esto democracia), el capitalismo nos anestesia con la televisión para que renunciemos a nuestros derechos porque así lo exige la Unión Europea.

Hay que salir a la calle en legitima defensa de los derechos humanos y la libertad. Contra el poder del dinero que controla a las instituciones democráticas y a los medios de comunicación. Hay que parar los pies a tanta injusticia y tanta mentira. Tenemos que unirnos contra el enemigo común, parte del cual está dentro de nosotros mismos.

Tan necesario es organizar la legítima defensa de los trabajadores ante la desmesura de las pretensiones de los poderosos, como entender que la mayoría de dichos trabajadores están fuera de una relación salarial estable, es decir, del sindicalismo tradicional. Es necesario introducir razones y valores en la lucha por los intereses, politizar la acción sindical, tender a una acumulación de fuerza política social y cultural. Sin estos ingredientes, no es posible un trabajo alternativo, independientemente de la mayor o menor energía con que se reclame más lucha.

La creación de una fuerza social que impida el despliegue de esta sociedad inhumana es responsabilidad de quien la propone. No es llamando traidores a otros, que tienen su propio programa y su legitimidad, como vamos a resolver el problema.

CAES
(Madrid)

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