Arizona criminaliza la educación latina y la “solidaridad étnica”
Martes 25 de enero de 2011 por CEPRID
Marc Lacey
CEPRID
La nueva ley de educación en Arizona advierte que los distritos escolares pueden llegar a perder el 10% de los fondos estatales si sus programas de estudios no cumplen las normas del Estado. En ella se indica que los programas que promueven el derrocamiento del gobierno de EEUU están expresamente prohibidos, así como la sugerencia de que los territorios que alguna vez pertenecieron a México deben volver a este país. También se prohíbe la “solidaridad étnica”, mientras que se fomenta la individual. La ley viene a considerar subversiva la discusión sobre la historia mexicana-americana y revela que las autoridades consideran un peligro que la gente quiera cambiar las actuales fronteras.
Un ejemplo de lo que está pasando en Arizona lo proporciona la Tucson High Magnet School. Allí, el profesor Curtis Acosta comienza sus clases con un canto de inspiración maya. En las paredes hay carteles donde se lee “Juntos y unidos en la lucha”. El profesor Acosta da clases de literatura. Los asistentes a su clase son todos latinos. El programa de esta clase y otras del programa mexicano-americano de esta escuela han sido declarados ilegales por el Estado de Arizona por la ley que entró en vigor el 1 de enero. Como dice el recién elegido fiscal general, Tom Horne, “lo que está pasando allí es propaganda y lavado de cerebro”.
El profesor Acosta tiene entre sus materiales obras como “Pedagogía del oprimido” [de Paulo Freire], “La tempestad, [de Shakespeare] o “América ocupada”, obras consideradas por el fiscal Horne como “inapropiadas”. Horne fue antes superintendente de instrucción pública y quien diseñó la ley ahora en vigor. La ley fue firmada por la gobernadora, Jan Brewer, en mayo pasado en medio de las fuertes protestas contra la política de inmigración. Es cierto que los métodos de enseñanza en las clases son poco convencionales, con la inclusión de palabras en español y análisis de letras de canciones hip-hop. Pero para el estado, todo esto no es educación sino creación de futuros activistas. Horne cree que se ofrece una visión sesgada de la historia del estado y que se promueve la discordia racial.
La batalla de Horne contra los estudios étnicos se remonta a 2007, cuando Dolores Huerta, co-fundadora de la Granja de Trabajadores, dijo en una conferencia en la escuela que odiaba a los latinos republicanos. Horne es republicano y envió a Margaret García Dugan a la escuela para defender su punto de vista, pero los estudiantes le dieron la espalda y recibieron y despidieron con el puño en alto. Desde entonces, la escuela ha estado en la mira de Horne, al igual que el programa mexicano-americano. Según la ley ahora en vigor, el programa debe adecuarse en 60 días a la ley, en caso contrario debe desaparecer. No ocurre lo mismo con los otros programas: indio, negro, asiático y americano. Estos no han sido tocados.
John Huppenthal, ex senador estatal que asumió el cargo de jefe de las escuelas en Arizona, ha dicho que apoya a Horne sobre todo al enterarse que en una clase del profesor Acosta se había dicho que Benjamín Franklin era un racista y que hay todos del Che Guevara colgadas en la pared. Además, dijo que los resultados de este programa están entre los más bajos de todo el Estado, lo que indica que hay que revisar los fundamentos del mismo.
Hasta ahora, el consejo escolar ha defendido el programa mexicano-americano y considera que está conforme con la ley. Si se retira la financiación, puede apelar y las autoridades escolares ya hablan de la posibilidad de que el asunto termine en los tribunales. Mientras tanto, 11 profesores ya han presentado una demanda en un tribunal federal para impugnar la constitucionalidad de las restricciones estatales.