Mientras asistimos con estimulante expectativa al debate parlamentario sobre la intención del Poder Ejecutivo de recuperar por ley la soberanía en materia energética, y ya contando con la aprobación casi unánime del Senado, fastidia esta especie de objeción reiterativa acerca del presunto retraso que tendría la decisión tomada hace algunos días.

Admitamos que no es sencillo responder el insidioso interrogante. Que la respuesta depende de cómo nos encuentre de ánimo, por eso no siempre reaccionamos igual ante este tipo de planteos capciosos, cuando no estúpidos. La cantilena que empezó hace algunos años, a menudo arranca con la siguiente frase de quienes se afanan por echarla a rodar: “Si es tan bueno y necesario lo que ahora pretende el Gobierno, y hasta diría que comparto el criterio porque también reclamé lo mismo hace tiempo, ¿por qué no se hizo antes?”

Pareciera también que el avieso reparo, formulado con insistencia desde los sectores más reacios, surgiera cada vez que les duele en el alma confirmar un nuevo, renovado acierto del Poder Ejecutivo, pues de inmediato intuyen que se les desvanece otra eficaz objeción para sembrar de cizaña el derrotero nacional y popular. “¿Por qué no se hizo antes?”, interpelan con cinismo, como si las acciones más determinantes de una gestión transformadora pudieran ajustarse a una cronología prefijada y metódica.

Cuando se borra el mohín sardónico del rostro de los más calmados o se desactiva la bronca que destempla el talante de los más susceptibles, no cuesta demasiado emplear la argumentación racional de la política para responder con interés didáctico y persuasivo a la desembozada provocación. Nunca será suficiente para reducir a la nada la enormidad de las sandeces que se oyen o leen por doquier; bastará no obstante con que se advierta la determinación que anima cada paso dado en la dirección del rumbo establecido. Y por si hace falta, vaya el siguiente repaso de algunos avatares que signaron el camino recorrido.

Néstor Kirchner recibe el país en 2003 en un estado deplorable, tras muchos años de gobiernos que no supieron, no pudieron y en cierta forma, no quisieron eludir el atolladero en el que finalmente sucumbió la economía nacional. Cautiva de los mismos condicionamientos durante un cuarto de siglo, esa Argentina empantanada hasta la coronilla terminó resultando inviable. Desde 1976 a 2003 imperó con mayor o menor énfasis la concepción de que el endeudamiento externo no sólo era inevitable debido al paulatino rigor de los compromisos contraídos, sino también la principal herramienta para financiar la restricción de divisas producida por el crónico déficit de la balanza de pagos. El marasmo se agravó cuando se decidió no pagar la deuda externa. La depresión económica de 2001 y 2002 arrojó los peores indicadores sociales de la historia en lo que concierne a desempleo y pobreza.

Con esa calamidad entre sus manos y encabezando un gobierno respaldado con apenas el 22 por ciento de los votos, ¿podía el flamante presidente adoptar medidas inmediatas que implicasen colisionar con poderosos capitales a los que poco antes se los había atraído para que viniesen a controlar nuestro patrimonio público? Afortunadamente, sin que lo hubiese anticipado en la campaña electoral, aunque después pudiera inferirse tras el discurso de asunción ante la asamblea legislativa, Kirchner percibió de entrada que la Argentina padecía de una “estructura productiva desequilibrada”, el concepto que desarrolló en los setenta el empresario industrial Marcelo Diamand a través de una memorable publicación.

Kirchner poco a poco trazó un rumbo de cambio que fue restaurando al país de su fenomenal deterioro, para ponerlo al final de su gestión en condiciones de crecer con inclusión social y empezar a vislumbrar su desarrollo. En esos primeros años, había que tener sensatez para defender el diagnóstico correcto, y coraje para cambiar las reglas de juego del crónico statu quo precedente.

Comprender el concepto de “estructura productiva desequilibrada” significa verificar que la Argentina tiene un sector primario que es muy productivo a nivel internacional y como contrapartida un sector industrial cuya productividad es relativamente menor. Siempre saldrá más caro el producto industrial en términos del producto primario. Es una cuestión estructural que acarrea dos efectos: el campo produce por encima de las necesidades alimentarias del país, por lo tanto la presión de las exportaciones tiende a fijar el tipo de cambio en base a su productividad relativa a la internacional, tipo que queda sobrevaluado para los bienes industriales. Al mismo tiempo, el sector primario por sí solo no puede dar empleo a la fuerza de trabajo disponible, por ello persiste una tendencia al desempleo estructural. Como consecuencia, los empresarios industriales están bajo la tensión de una crisis de insolvencia permanente, al invertir y no poder vender a un nivel que se corresponda con una tasa de retorno adecuada.

El kirchnerismo logró la hazaña de romper este esquema que parecía perpetuarse, luego de varios años de aplicación sostenida de una combinación de medidas: mantuvo un tipo de cambio administrado, que satisfizo las necesidades de los exportadores de productos primarios agrícolas, y a la vez no resultó un impedimento para la inversión de los industriales en equipamiento moderno. A su vez, consiguió y cuidó el superávit comercial para impulsar el flujo de divisas a la plaza local, y cuando la excesiva liquidez del dólar amenazó con apreciar demasiado el peso, el Banco Central resolvió incrementar las reservas a cifras récord. Mientras tanto la industria se recuperó y empezó a crecer con fuerza de la mano de un mercado interno demandante, pero lo más importante de los últimos años es la participación creciente de la producción industrial en las exportaciones argentinas, porque por primera vez revierte aquel desequilibrio estructural. Así pudo generar el siguiente círculo virtuoso: defendió el sector externo y su capacidad de aportar divisas, o sea, obtuvo ingresos que favorecieron el desarrollo industrial, con lo cual aumentó el empleo y los salarios, que a su vez impulsaron las exportaciones industriales.

Para completar esta tarea ciclópea hizo falta la continuidad de dos gestiones de gobierno orientadas en el mismo sentido, es decir, al menos siete u ocho años de insistencia para salir de la encerrona y persuadir a los propios argentinos de que era posible modificar la situación. Hoy puede verificarse que el modo productivo complementario que defiende el oficialismo es compartido por vastos sectores vinculados tanto al agro como a la industria. Por supuesto que hay enemigos incrustados en la resistencia obcecada dispuestos a embarrar la cancha, y cuyos voceros tienen en Clarín y La Nación el soporte mediático para la amenaza y la difamación. Es parte del trabajo cultural que aún queda por realizar, aunque los buenos resultados verificados día a día alivian la tarea y neutralizan los efectos perniciosos del reaccionarismo a ultranza.

“Las cosas se hacen cuando se puede”, dijo la presidenta Cristina Fernández en respuesta a esa crítica maliciosa. Para que el gobierno reuniera la fortaleza económica y la solvencia administrativa de hoy, hizo falta corregir la concepción de Estado nacional, recomponer la autoestima ciudadana y valorar la política como instrumento de participación popular. Seguramente en la ponderación de estos méritos habrá descansado el apoyo en general que la oposición más votada el 23 de octubre último le dio al proyecto de ley del oficialismo que está en Diputados, ya con aprobación de la Cámara alta.

También es preciso señalar que hasta el año pasado la menguada producción de petróleo y gas no había impedido la acelerada expansión de la economía nacional. De pronto, la importación de combustibles totalizó el equivalente al saldo favorable de la balanza comercial, y en el balance del rubro específico significó un déficit de poco más de tres mil millones de dólares. Por lo tanto, con los resultados definitivos del comercio exterior en la mano, recién este año se activó la alarma para empezar a diseñar una táctica de atenuación de los efectos negativos inmediatos, para entonces proyectar la estrategia de largo plazo que permita –mediante decisiones soberanas- recomponer la estructura productiva del sector energético. Claro que pudo haber distracciones y dilaciones de distinto tenor, pero siempre en el marco auspicioso del arduo trajín inherente a la crisis de crecimiento, es decir, a partir de las renovadas dificultades que produce la acumulación de buenos resultados.

Patear el tablero, aunque la medida después se defienda y justifique con sólidos fundamentos legales, trae consecuencias ingratas y es necesario estar bien preparados para sobrellevar las reacciones de Estados poderosos como una España refugiada en la Unión Europea. Por ahora no lo sabremos, pero no sería raro enterarnos más adelante que esta determinación se estuvo sopesando durante largo tiempo, para no incurrir en una imprudencia que lamentaríamos muchísimo.

En fin, el optimismo y la confianza ayudan cuando se basan en situaciones plenamente verificables. Cuesta imaginar que con otro gobierno nos hubiese ido mejor que con éste. En casi nueve años ha dado prueba más que suficiente de que es capaz de abrirse paso con audacia cuando las papas queman, y de resultar airoso en la acometida tras los primeros escarceos. Pero si algún grado de vacilación enturbia el ánimo, es conveniente recordar que el pronunciamiento de las urnas en 2011, nunca hubiese podido alcanzar tan formidable victoria de no haber mediado el masivo optimismo y la pródiga confianza de los argentinos.