Los Topos

En poco más de año y medio, el gran trabajo de investigación de La Directa y de El Salto ha sacado a la luz seis casos de infiltración policial: «Marc» y «Daniel» en Barcelona, «Mavi» y «Sergio» en Madrid, «María» en Girona, y «Ramón» en Valencia.¹ No hablamos de un secreta de paisano dentro de una manifestación multitudinaria, sino de verdaderos espías. Los topos tuvieron una doble vida durante años (hasta más de seis, aunque la mayor parte estuvieron dos o tres), llegando a tomar un papel muy activo y a asumir responsabilidades en los colectivos, y a estrechar lazos de amistad y sentimentales con quienes se creían sus compañeros… Algunos llevaron la simulación tan lejos como para hacerse tatuajes identitarios, compartir piso e irse de vacaciones con las personas espiadas, mantener relaciones afectivo-sexuales estables… incluso una agente llegó a presentar a su «pareja» a su verdadera familia, que se prestó a participar en el engaño.

¿Qué clase de organizaciones motivaron tantos desvelos? ¿Qué peligrosa mafia de tráfico de personas, o de drogas, o de órganos, se ha desarticulado gracias a estas investigaciones de años de duración, financiadas con dinero público? Ya conocemos la respuesta: absolutamente ninguna. Los seis agentes se infiltraron en colectivos vecinales que luchaban contra la especulación urbanística, grupos anti-desahucios, centros sociales, gimnasios populares, bancos de alimentos, sindicatos de trabajadores y de estudiantes, grupos contra el racismo y de apoyo a las personas migrantes, contra la represión, ecologistas y por la justicia climática… grupos antifascistas, feministas, anticapitalistas, libertarios o independentistas. Muy distintos unos de otros, pero que se podrían definir de forma superficial como movimientos, espacios y luchas sociales de izquierdas. Parece que este es el objetivo de la Policía… y también del Ministerio del Interior.

Esto es importante: no se trata de agentes o comisarías haciendo la guerra por su cuenta. Estas operaciones estaban avaladas por Interior. Prueba de ello es que estos policías tenían auténtica documentación falsa, «DNIs supuestos», en la jerga policial. Con ellos fueron identificados e incluso multados, y en el caso de «Ramón», «Marc» y «María», se matricularon en la universidad. «Ramón» contaba además con una tarjeta sanitaria del sistema de salud valenciano con número «supuesto» de la Seguridad Social. También debía de tenerlo «Sergio», puesto que estuvo contratado trabajando en la hostelería. Se da el caso de que sólo la Secretaría de Estado de Seguridad, bajo las órdenes del ministro del Interior o de la ministra de Defensa, puede expedir este tipo de documentación, lo cual disipa toda duda acerca de si el Gobierno conocía las infiltraciones desde el principio.

Por otro lado, el hecho de que todos los agentes utilizasen las mismas técnicas para introducirse en los colectivos, nos muestra que existe una formación destinada a este fin dentro de la Policía Nacional. Los topos empezaban por implicarse en actividades con una composición diversa, como el movimiento vecinal o un banco de alimentos, o menos politizada, como conciertos o actividades deportivas en los CSOAs, para dejarse ver, conocer gente y asimilar la manera de actuar y de hablar. Este primer contacto serviría de «aval» para entrar en el siguiente grupo, y así pasaban sucesivamente de un colectivo a otro, acumulando experiencia y ganándose la confianza de un número creciente de personas. Como veremos, un elemento clave de esta estrategia era establecer relaciones afectivas estrechas, un «atajo» para disipar más rápidamente las dudas sobre su identidad y acelerar su integración.

Por el momento, las infiltraciones que se conocen se han producido en ciudades cosmopolitas y con bastante población. Además, muchas de ellas se han dado en colectivos o ambientes juveniles, donde la movilidad de las personas, que están estudiando o que tienen trabajos precarios, es mucho mayor. Presumiblemente, estos contextos donde todo el mundo «es nuevo» y nadie se conocía previamente, han facilitado las infiltraciones. El ambiente juvenil y la juventud de los propios agentes probablemente también, pues en él es más probable que nazcan esas interacciones sociales fuera de lo estrictamente militante, de ocio compartido, amistad, o afectivo-sexuales, en las que se han apoyado los topos.

Las fechas también son interesantes. Hay tres infiltrados que llegan a Cataluña y un cuarto a Valencia en el año 2020, lo que sugiere una operación coordinada, máxime cuando se ha revelado que los cuatro agentes pertenecían a la misma promoción de 2019. Es muy destacable que esta operación se iniciara bajo el «Gobierno más progresista de la historia» del PSOE con Podemos. Sin embargo, también hay un caso que comienza en 2015, y otro de 2022. Esto, por un lado, parece indicar que infiltrar movimientos sociales es una práctica policial habitual y continuada en el tiempo, y por otro evidencia que gobierne quien gobierne, el Estado policial no cambia, y su objetivo, tampoco.

El informe de la CGI y las políticas del enemigo

Las revelaciones sobre el primer infiltrado en junio de 2022 producen bastante preocupación en Cataluña, y se piden explicaciones a Interior: Omnium Cultural hace un requerimiento administrativo al Ministerio para que aclare el caso, mientras que ERC, Junts, el PDECat y la CUP piden la comparecencia del policía infiltrado en la comisión de Interior del Congreso. El Ministerio reconoce entonces sin rubor que es el responsable de las operaciones, y aporta como respuesta el «Informe sobre el empleo de agentes de inteligencia por parte de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional»².

Esta Comisaría General de Información (CGI) es el servicio de inteligencia de la Policía Nacional, más conocido como «policía secreta», y desciende directamente de la Brigada Político-Social franquista. Según la normativa, se encarga de «la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública (…) así como su explotación o aprovechamiento operativo, especialmente en materia antiterrorista»³. Y poco más podemos decir, puesto que su estructura, organización, medios y funcionamiento son secretos, según dos acuerdos del Consejo de Ministros, de 1986 y 1996.

Merece la pena detenerse a analizar este informe, redactado por la propia CGI, pues desarrolla la que ha sido la postura inamovible del Gobierno conforme se han ido revelando otras infiltraciones. Además, abre un pequeño resquicio por el que podemos espiar cómo «piensa» la Policía.

¿Infiltraciones Legales?

Como era de esperar, el documento no proporciona ninguna información sobre la infiltración, sino que intenta justificarla, basándose en dos ideas:

La primera, es que las infiltraciones fueron legales. Para saber si es así, debemos acudir al artículo 282bis de la LECRIM, donde se regula la figura del agente encubierto.

Según este artículo, sólo un policía judicial, al servicio de los jueces y del Ministerio Fiscal, puede hacer de agente encubierto. En estos casos, todos los infiltrados dependían de la Comisaría General de Información, así que incumplían este primer requisito.

Además, los agentes encubiertos deben actuar bajo orden judicial, renovando su identidad falsa cada seis meses con otra orden. Sin embargo, el propio Gobierno ha declarado que desde la CGI se solicitó la autorización administrativa para estas infiltraciones, es decir, que no había autorización judicial.

Por último, la infiltración debe hacerse dentro de una investigación criminal por un caso concreto, y sólo para los delitos de «delincuencia organizada». Aquí es donde reside, en realidad, el «truco» de esta regulación, pues esta «delincuencia organizada» es un concepto muy amplio: basta con que tres o más personas se asocien para cometer repetidamente uno de los 28 delitos del listado que aparece en la LECRIM. Un lista muy extensa y variada, donde conviven cosas gravísimas, como el tráfico de personas, con otras totalmente inofensivas como vender películas en el «top manta». También hay lugar para delitos tan escasa y deficientemente definidos como los de terrorismo, que especialmente desde 2015, son el terreno de la inseguridad jurídica por excelencia.⁴

Sin embargo, pese a lo abierta que es esta regulación, los colectivos y personas espiados no encajan bajo ninguno de estos tipos penales, por la sencilla razón de que no estaban delinquiendo. Estaban ejerciendo sus derechos fundamentales de reunión, de asociación, de manifestación… Los topos estuvieron observándolos entre uno y seis años, pasando de un grupo a otro, sin que de ello se hayan derivado procesos judiciales ni hayan acudido a testificar en ninguna causa. Es evidente que no la había. Se trataba de una investigación prospectiva. Lo cual es, de nuevo, totalmente ilegal.

Por supuesto, no se trata aquí de dividir los colectivos entre «buenos», que cumplen la ley y no deben ser infiltrados, y «malos» que la incumplen y por lo tantos son infiltrables. Unas de las funciones de estas acciones policiales es romper la cohesión dentro de los movimientos, por lo que frente a estos abusos la solidaridad y el apoyo deben ser totales. Además, las leyes cambian, y en el caso del derecho a la protesta, retroceden⁵. Lo que hoy es legal, mañana puede estar penado con la cárcel… cuando hablamos de luchas sociales, no tiene sentido hablar de legalidad, sino de legitimidad.

Otra cuestión muy diferente es hablar de la ilegalidad de las actuaciones de la policía… No somos ingenuos, sabemos que las llamadas democracias liberales terminan donde se empieza a cuestionar el orden social y económico, y que todas albergan dentro un Estado de excepción, que se pone en marcha selectivamente cuando es necesario. Y estas infiltraciones son una prueba de ello. Pero en el tira y afloja de las luchas sociales con el Estado, se pueden ganar o perder garantías democráticas, y la excepcionalidad puede avanzar o retroceder… Que el Estado incumpla sus propias normas con tanto descaro, es un síntoma de la degradación de la situación que debería preocuparnos. Las sentencias del tipo «la policía siempre va a ser mala», impiden analizar el momento concreto y comprender los cambios, y plantean un todo o nada que en la práctica es inmovilista.

Así pues, estas infiltraciones incumplen absolutamente todos los requisitos que aparecen en la LECRIM. ¿Cómo se justifica entonces la CGI? Inventándose otro tipo de infiltrado: el agente de inteligencia. Huelga decir que la Comisaría General de Información no tiene competencias para ello. El informe, para intentar fundamentar jurídicamente esta creación paralegal, remite al artículo 11.1 letra f, de la «Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».  Pero este es un artículo totalmente genérico, que se limita a declarar que una de las funciones de la Policía es «prevenir la comisión de actos delictivos». Ninguna referencia a las infiltraciones, ni a los agentes de inteligencia, ni a nada parecido.

Sin embargo, al citar este artículo, la CGI da a entender que la vigilancia es necesaria para «prevenir» que estas personas cometan delitos. ¿Por qué estas y no otras? ¿Con qué criterio se las elige para someterlas a este espionaje? Este es un ejemplo canónico de política del enemigo: poner el foco represivo en grupos de personas consideradas sospechosas a priori por su forma de pensar. Éstas no tendrán, como los «ciudadanos normales», presunción de inocencia, pues se consideran una amenaza frente a la que el Estado se ve «obligado» a infringir su propio marco legal… así que deben ser constantemente vigiladas, si no algo peor. Y aquí es donde aparecen las prácticas de excepción.

¿Infiltraciones legítimas?

La segunda idea de este documento, es que las infiltraciones fueron legítimas. Este informe se redactó después de que se destapara el primer caso, infiltrado en colectivos del independentismo catalán de izquierdas. Por lo tanto, para justificar el espionaje, se criminaliza dicho movimiento. De nuevo, esta explicación sólo cobra sentido dentro del marco de las políticas del enemigo, pues la CGI sugiere que, puesto que se trata de un objetivo tan peligroso y de una situación tan excepcional, está justificado saltarse la ley.

Así, la protesta social en la calle aparece totalmente criminalizada. Esta no se describe como el ejercicio de un derecho fundamental, sino como un peligro que «pone en riesgo efectivo bienes jurídicos recogidos en la Constitución (…) a través de la alteración de la normal convivencia ciudadana». En realidad, si nos atenemos a la Constitución, los bienes jurídicos que protege especialmente son los derechos fundamentales: la libertad de expresión, de reunión, de manifestación… que forman el derecho a la protesta. La normal convivencia ciudadana no es un derecho fundamental, ni aparece definida en ningún texto legal. ¿Por qué lo «normal» tendría que ser quedarse en casa, en lugar de organizarse o de salir a protestar? Este es un exponente muy claro del pensamiento policial, pues su razón de ser no es tanto hacer cumplir la ley como mantener el orden, el statu quo. Y para ello, se utiliza la ley, o se retuerce, o se ignora, poco importa.

De hecho, según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, vinculante para el Estado español, el derecho a la protesta es tan importante que, para evitar desanimar a otras personas a ejercerlo, se deberían tolerar las infracciones durante las protestas si no son muy graves, o castigarlas lo mínimo posible. Esto se llama «evitar el efecto desaliento», y es exactamente lo contrario de lo que sucede aquí. Prueba de ello es que los textos legales que castigan las movilizaciones en la calle no sólo no se derogan, sino que se endurecen progresivamente.⁶

En esta línea, todo el movimiento de desobediencia civil masiva y pacífica que fue el ciclo de movilizaciones del Procés, es descrito como una situación extremadamente violenta y peligrosa. En el documento, se habla de «graves acontecimientos», «situación crítica», «violencia grave», dibujando un escenario casi bélico, que justifique las infiltraciones en nombre de la razón de Estado. No podía faltar tampoco el intento de relacionar el independentismo catalán con el terrorismo, kilómetro cero de las políticas del enemigo y de excepción. Las movilizaciones del ciclo del Procés se describen como «situaciones que, de manera ilícita, pretenden subvertir el orden constitucional», cosa que no es casual, pues este es textualmente uno de los objetivos que definen los delitos de terrorismo desde 2015. También es muy llamativo cómo se confunde continuamente buscar una salida de este marco legal con infringir la ley, dando a entender que el independentismo es ilegal en sí mismo, como ideología. Un enfoque que subyace a toda la guerra sucia contra el independentismo catalán.

En el contexto de la aprobación de la ley de amnistía, el debate generado en torno a los cargos por terrorismo de Tsunami Democratic ha permitido que el PSOE se presentase como «demócrata» frente al lawfare de unos jueces de extrema derecha afines al PP. Sin embargo, no hay que olvidar que las prácticas policiales ilícitas en Cataluña no son exclusivas de las cloacas de Villarejo y Fernández Díaz. Las escuchas con el programa espía Pegasus, realizadas indistintamente bajo los gobiernos del PP y del PSOE, así como algunas de las infiltraciones que ocupan este artículo, son prueba de ello.

¿Qué ocurre con las otras infiltraciones? ¿También son los demás movimientos y colectivos espiados, enemigos públicos y un objetivo policial? Eso parece… de hecho, en la memoria anual de la Fiscalía General de Estado (órgano que depende del Gobierno), suelen figurar como «amenazas terroristas».⁷ En la última publicada, de 2022, además de los distintos independentismos, tienen su apartado el «Anarquismo insurreccionalista», la «Extrema izquierda», y el «Ecologismo radical». Dentro de este último la memoria se refiere al movimiento por la justicia climática Futuro Vegetal… actualmente hay 22 personas acusadas, entre otras cosas, de organización criminal, por realizar acciones simbólicas de desobediencia civil no violenta, como pegarse las manos al marco de un cuadro. Su condena equivaldría a la ilegalición de este colectivo.

Uno de tantos ejemplos de cómo no sólo no hay cauces para recoger el contenido de las protestas sociales, sino que ni siquiera existe voluntad de hacerlo: las únicas respuestas previstas son la criminalización y la represión. Y esta lógica de excepción se va expandiendo dentro de las llamadas democracias occidentales, socavando derechos y garantías y dejando una carcasa vacía. Esto no puede extrañarnos si entendemos que la verdadera función de la Policía es el mantenimiento del orden. Pues, ¿qué otra función reserva el neoliberalismo para los Estados? Estos quedan reducidos a ser la policía de su población, asegurando que nada se mueva. De ahí que la persecución de los movimientos sociales de izquierdas se mantenga más allá de los relevos cada vez más anecdóticos en el Gobierno…

Secreto e impunidad

Por último, el documento se acoge a la ley de secretos oficiales, para no explicar nada más. Frente a las vulneraciones policiales, la opacidad y cierre del Gobierno son absolutas. No hay herramientas que permitan conocerlas, o investigarlas. Naturalmente, las investigaciones internas no llegan a nada: según el informe Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español, publicado por Iridia, Novact y Rights International Spain, de los 2.572 procesos disciplinarios internos abiertos contra agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad en los períodos 2009 a 2012 y 2015 a 2018, sólo 26 terminaron en sanción. Más del 96% se descartaron antes de empezar siquiera a ser investigados.⁸ Si a esto le sumamos la inexistencia de mecanismos de independientes de control y rendición de cuentas, nos encontramos con un gravísimo problema de impunidad.

Conforme se han ido conociendo más infiltraciones, se han multiplicado las peticiones de comparecencia al ministro del Interior en el Congreso, en el Senado, y en la comisión de Interior. También se registran más de 100 preguntas parlamentarias pidiendo explicaciones. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma: invocar la inexistente figura del agente de inteligencia, apelar al secreto «por motivos de seguridad», cerrar filas en torno a los agentes, y pregonar que estamos en una «democracia plena» y en un «Estado de derecho». Pese a que el hecho de que se puedan llevar a cabo estas operaciones lo desmiente por completo.

Así pues, estas revelaciones no han tenido ningún tipo de consecuencia en el Gobierno: ninguna investigación interna, cese, o dimisión. Ninguna responsabilidad en absoluto. Cosa que tampoco puede sorprendernos, si recordamos el currículum de nuestro ministro del Interior, condenado siete veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las torturas a las personas detenidas cuando era juez de instrucción de la Audiencia Nacional. Poner al frente de este ministerio a una persona con tales antecedentes, es toda una declaración de principios por parte del Gobierno en lo que a guerra sucia y a derechos humanos se refiere.

Guerra sucia y castigo

Hay que entender que el hecho de que haya agentes infiltrados en los colectivos, no implica sólo vigilancia, sino que también busca socavarlos en lo posible. De nuevo, esto responde a la lógica de la que hablábamos: si no se investigan hechos concretos, sino que se lucha contra un «enemigo de la sociedad», entonces el objetivo será destruirlo. Si puede ser antes de que actúe, mejor que después. Por supuesto, también se trata de una acción punitiva, de castigo, contra las personas que forman parte de estos grupos.

En este sentido, el quitar importancia a la posibilidad de una infiltración con el argumento de que «no estamos haciendo nada», es un error. Los topos no vienen sólo a mirar, vienen a hacer todo el daño posible. Y si no les ha importado infringir la ley para espiar, ¿qué les impide ir más allá e infringirla, por ejemplo, para organizar un montaje policial? Cuando el Estado entra en estas dinámicas de excepción, la idea de que «si no estoy haciendo nada, no me puede pasar nada» pierde todo fundamento.

Uno de los efectos más perversos de estas infiltraciones, es que el daño no se detiene al descubrir al topo. Por el contrario, cuando el caso se hace público, la paranoia se extiende como una onda expansiva por los colectivos y movimientos afines… Probablemente este es uno de sus principales propósitos: desestabilizar a los movimientos, debilitando la cohesión en su interior y sembrando la desconfianza entre sus miembros… y hacer que se replieguen sobre sí mismos, dificultando que lleguen a más gente, difundan sus ideas y crezcan.

¿Qué más puede hacer un infiltrado? Para empezar, listas negras de activistas. Por supuesto, los archivos policiales de personas elegidas en función de su ideología o su actividad política son ilegales, pues infringen derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y la libertad ideológica. Sin embargo, su existencia no es un secreto para nadie, hasta el punto de que, de vez en cuando, la policía confiesa que las tiene y las utiliza para poner multas administrativas o denuncias penales. De esta manera, además de castigar la participación, la desalienta. Y aunque hay distintos ejemplos de policías admitiendo durante un juicio que han utilizado listas negras para identificar a los acusados, la Fiscalía nunca ha abierto de oficio una investigación contra ellos o sus superiores, y a día de hoy no existe ninguna sentencia condenatoria por este motivo…

Los topos pueden ir más allá de los ficheros ilegales y provocar directamente que las personas infrinjan la ley, para después incriminarlas… a menudo no está nada claro dónde termina el infiltrado en busca de información y dónde empieza el agente provocador que genera esa información. Hay que decir que esta figura del agente provocador no está regulada, y que según la jurisprudencia del Supremo, es ilegal. En teoría, no se puede condenar a una persona que ha cometido un delito provocada por la policía. Sin embargo, tampoco está previsto ningún delito específico para castigar a los policías que actúan como agentes provocadores… además, la LECRIM autoriza a los agentes encubiertos a delinquir si es imprescindible para no revelar su identidad, lo que proporciona una coartada para esta práctica.

Parece que «Ramón», el topo de Valencia, fue uno de estos agentes provocadores. Este infiltrado organizó varias acciones para tirar las vallas con las que la promotora Metrovacesa estaba cercando unos terrenos de uso comunitario, en el marco de las protestas contra el plan urbanístico del Ayuntamiento y la especulación inmobiliaria en Benimaclet. Puede parecer una exageración hablar de «provocación al delito» por tirar unas vallas, pero es que como resultado, cinco personas fueron encausadas, con una petición de 30.000€€ de pena-multa por parte de la Fiscalía.

Por otro lado, «María», en Girona, participó en algunas de las reuniones de uno de los encausados de «21 Raons» con su defensa jurídica. En este caso, aplazado hasta noviembre en espera de la ley de amnistía, la Fiscalía pide penas de cuatro años de cárcel (16 años en total) y multas de más de 12.000 € a cuatro personas, por cortar las vías del AVE en el primer aniversario del 1-O. La presencia de la infiltrada es especialmente grave, pues vulnera el derecho a la defensa y a la confidencialidad de los datos que intercambia un abogado con su defendido. Máxime cuando la Policía Nacional forma parte de la acusación en el caso. ¿Para qué se escucharon esas conversaciones?

Relaciones íntimas y tortura

Lo más ruin, es que la infiltrada estaba invitada a las reuniones en calidad de compañera sentimental de uno de los encausados. Llevaba varios años con él, conocía a su familia, vivían juntos y habían hecho planes como mudarse a un piso más grande. También el infiltrado en Moratalaz mantuvo una relación de cuatro años con una militante y llegó a convivir con ella. Este es el aspecto más oscuro de estos casos. Las relaciones personales, de amistad y afectivo-sexuales, se utilizaron como una herramienta para introducirse en los espacios sin generar desconfianza y para obtener información, con absoluto desprecio por la intimidad y los sentimientos de las personas afectadas. El topo «Dani», infiltrado en Barcelona, llegó a mantener relaciones afectivo-sexuales con ocho mujeres.

Un detalle especialmente siniestro, es que los policías recogieron muestras de ADN de sus víctimas, mediante la sustracción de objetos personales como cepillos de dientes o prendas de ropa. Se desconoce si con la idea de utilizarlas más adelante en un montaje. El grado de instrumentalización y de deshumanización es total.

Esto no es algo fortuito, ni estamos hablando de policías que utilizaron la infiltración para sus propios fines. El equipo del centro Sira⁹ ha realizado peritajes siguiendo el protocolo de Estambul, establecido por Naciones Unidas para determinar si se han sufrido torturas y malos tratos, a todas las personas afectadas¹⁰. Según sus conclusiones, la simulación de vínculos personales fuertes con las víctimas del espionaje ha sido una práctica recurrente, con unos patrones de comportamiento concretos que se repetían entre unos agentes y otros. Se trata, por lo tanto, de un método policial, aprendido y entrenado.

El peritaje también ha demostrado que las consecuencias psicológicas sobre las personas espiadas han sido muy graves: el 70% tuvo ideas suicidas después de conocer la verdadera identidad de los infiltrados. También han sido frecuentes el insomnio, las imágenes traumáticas recurrentes, los episodios depresivos prolongados, las crisis de angustia, los sentimientos de humillación y de daño irreversible. Muchas de las personas afectadas sintieron rechazo hacia su cuerpo, y sufrieron crisis de anorexia o bulimia. También se dio la percepción de que su casa o su habitación estaban contaminadas, hasta el punto de que varias tuvieron que cambiar de domicilio. Otras secuelas fueron los sentimientos de culpa y pérdida de autoestima severa, dificultades para relacionarse y confiar en los demás, y la búsqueda obsesiva de una explicación. También se ha dado la sensación de estar continuamente vigiladas, temor a utilizar el teléfono o el correo para comunicarse, y en general miedo ante un posible montaje policial contra ellas o alguien de su entorno militante. Esto les ha generado dificultades para seguir con su vida como hasta entonces. Muchas han restringido su vida social, disminuido su actividad política, se ha reducido su rendimiento académico, y un 40% ha tenido que coger una baja laboral.

Según este peritaje, los sufrimientos infligidos y sus secuelas son tan graves, que puede afirmarse que ha habido tortura. En palabras de uno de los afectados:

«Me han destrozado a mi y a mi familia. María me ha engañado a mi, a mi hermana, a mi madre, a mi padre y a todo mi entorno. Esto es tortura, es un nivel inimaginable de tortura. Le di lo mejor de mi, y me estaba espiando por lo que hago y por lo que pienso.»¹¹

Querellas penales

Ante todos estos abusos, algunas de las personas y organizaciones afectadas han intentado denunciar las infiltraciones penalmente.

Ya con el primer caso de «Marc», el gabinete jurídico del Gobierno catalán lo denuncia por delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil a la Fiscalía Provincial de Barcelona, la cual no ve nada constitutivo de delito y archiva el caso. Por otro lado, Omnium Cultural y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans presentan una querella ante la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y a la asociación y por desviación del poder, que de nuevo, se archiva. La Audiencia Nacional utiliza el pintoresco argumento de que el espionaje ya ha cesado… Mientras el delito no haya prescrito, ¿no hay responsabilidad penal? Parece que en los procesos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, opera un derecho paralelo… o más bien ninguno en absoluto: según el informe sobre rendición de cuentas de los cuerpos policiales antes citado, es habitual que «los procesos (por abusos policiales) sean archivados en la fase de instrucción, imposibilitando la celebración del juicio, a pesar de la existencia de indicios sólidos de criminalidad».

De nuevo en los períodos de 2009 a 2012 y 2015 a 2018, hubo 36 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil condenados por malos tratos o torturas, poco más de un 1%, frente a 1.477 absueltos y 1.707 casos archivados o sobreseídos… El informe también denuncia que, en estos casos, la Fiscalía se inhibe, cuando no obstruye los procedimientos, oponiéndose a la práctica de diligencias de investigación, o solicitando el archivo.

Esto también ha ocurrido con la querella interpuesta por Iridia, la CGT y cinco activistas afectadas, a las que después se sumaron otras tres contra «Daniel», el segundo infiltrado de Barcelona, sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior. Se le acusaba de abusos sexuales continuados, de tortura, de descubrimiento y revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos de asociación, participación en los asuntos públicos y libertad ideológica. La Fiscalía pidió el archivo del caso por no ver delito, cosa que el juez de instrucción ejecutó. Actualmente, este archivo está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y aun no se sabe si será admitido.

Tampoco se conoce todavía el recorrido que va a tener la querella contra «María» y sus superiores, por delitos de tortura y contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos, y lesiones, interpuesta por Òmnium Cultural, la CUP, el Ateneo Popular de Girona, la Federación de Entidades socioculturales de Salt, la Asociación No al Racismo de Salt-Girona, y Oscar Campos, activista con quien la infiltrada simuló una relación sentimental de varios años.

Violencia institucional sexualizada

Entre todas estas querellas, el caso de las ocho mujeres de Barcelona ha suscitado más interés mediático que los otros, probablemente por el morbo del tema sexual. Al margen de todo el ruido, desde posiciones antipunitivistas ha habido algunas críticas a la denuncia por abusos sexuales continuados, argumentando que supondría expandir este delito al que mintiera a su pareja sexual, o mintiera para conseguir tener una pareja sexual… una conducta reprobable moralmente, pero que no debería ser punible penalmente, pues supondría ampliar demasiado este tipo de delitos y meter a la judicatura en la intimidad de las relaciones.

Sin embargo, en nuestra opinión, lo que se denuncia aquí es que el Gobierno, por medio de la Policía, haya utilizado deliberadamente a estas mujeres como un medio, y que esto sea una técnica policial para espiar a los movimientos. No se trata de una conducta privada ni íntima. Es el Gobierno quien está haciendo esto, lo cual sobrepasa todas las líneas rojas y, como ha apuntado una de las abogadas del caso, Laia Serra, nunca podría ser legal, ni aun con una orden judicial. Por otro lado, este no es un engaño banal: todas las personas peritadas entienden que afecta al núcleo de sus convicciones, ya que jamás hubiesen establecido esa relación con el topo si hubiesen sabido que era policía. Además, se realizó con la finalidad de perjudicarlas, a ellas y a sus colectivos.

La denuncia apunta a que se ha producido «violencia institucional sexualizada», haciendo referencia al hecho de que combinaría persecución política y sexismo institucional. Es sabido que la represión no se ejerce de la misma manera sobre mujeres y hombres, y que en el caso de las mujeres, se apoya en el patriarcado. Utiliza la opresión de género para castigarlas, y al mismo tiempo, al hacerlo refuerza esa opresión, poniéndolas «en su sitio». Así, las castiga doblemente, por ser mujeres malas, y por ser malas mujeres, entendiendo que el tomar un papel activo y transformador en el espacio público, no les corresponde. Dentro de esta dinámica, cobra protagonismo el abuso sexual como restaurador del orden patriarcal.

Lo cierto es que también ha habido dos mujeres policía que han utilizado este tipo de engaño, y como de momento sólo se ha descubierto a seis topos, es difícil saber si el que haya una mayoría de mujeres afectadas es circunstancial o si no. Lo que está claro, es que las numerosas burlas en los medios y redes sociales, dirigidas contra las mujeres afectadas (no los hombres), y aplaudiendo a los policías que abusaron de ellas, responden exactamente a este propósito de disciplinar a las activistas. La derecha española, siempre fiel a su tradición de llamar a violar «rojas» desde Radio Sevilla… Siguiendo con la lógica de guerra implícita en las políticas del enemigo, se trataría de la utilización del cuerpo de las mujeres para castigar a los movimientos a través de ellas.

Spycops, un precedente en el Reino Unido

Existe un precedente muy importante en el Reino Unido, donde se ha comprobado que efectivamente, las mujeres activistas fueron las principales afectadas por este tipo de prácticas. Se trata del caso Spycops: En 2010, una investigación de The Guardian destapa que un militante ecologista era, en realidad, un policía infiltrado. Los movimientos se organizan para investigar diversos casos sospechosos, y un gran número de mujeres cuyas parejas habían desaparecido de manera extraña comprenden que han sido engañadas por policías secretos y utilizadas para infiltrarse en los colectivos. Se crean diversas organizaciones de personas afectadas para esclarecer lo ocurrido, como Police Spies Out of lives, COPS (Campaing Opposing Police Surveillance), y Undercover Research Group, y se van sucediendo el descubrimiento de nuevas identidades falsas, su publicación en la prensa y las denuncias judiciales…

El escándalo cobra tales dimensiones que, en 2014, la entonces ministra del Interior Theresa May, anuncia una investigación pública e independiente sobre la actuación de los policías encubiertos, la llamada «Undercover Policing Inquiry». Esta empezó a publicar resultados en 2017, y está previsto que siga investigando hasta 2026. Aunque muy criticada por mantener en el anonimato la identidad de los infiltrados, los datos que ha ido revelando son alarmantes: desde 1968 hasta 2015, más de 1000 grupos políticos y sociales de izquierdas fueron infiltrados por la Policía. Los agentes utilizaron identidades robadas a niños fallecidos. En muchas de las infiltraciones entablaron relaciones afectivo-sexuales con las activistas para ser admitidos en los colectivos, y algunos llegaron a tener hijos y convivir con ellas durante años, hasta su repentina desaparición.

Poco a poco se han ido celebrando juicios (algunos están previstos para este año), y ya ha habido  sentencias que han dado la razón a las denunciantes. La más significativa es la de septiembre de 2021, por la que el Investigatory Powers Tribunal, un organismo del Reino Unido que investiga las quejas por abusos cometidos por el Estado, declaró culpable al agente Mark Kennedy, a Scotland Yard y al Consejo Nacional de Jefes de Policía de vulnerar cinco derechos humanos de la activista ambientalista Kate Wilson: a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, al respeto a la vida privada y familiar, a la no discriminación por razones de género, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. La sentencia declara que el caso «revela fallas preocupantes y lamentables en los niveles más fundamentales de la democracia».

No parece probable que en el Estado español vayan a darse investigaciones como las del Reino Unido… de hecho, cuando se conoció la querella de las militantes de Barcelona, el Gobierno premió al topo con un destino en una embajada, uno de los puestos más demandados por la policía, ya que los sueldos son muy elevados, entre los 10.000 y 20.000€€ mensuales. Por si esto fuera poco, Grande Marlaska declaró en una rueda de prensa que, si llegase a ser necesario, el policía tendría asistencia jurídica del Estado, como correspondería a cualquier agente «denunciado en el ejercicio de sus funciones». ¿De qué funciones?

En cualquier caso, es muy admirable que las personas afectadas, en lugar de callarse y sufrir este abuso en silencio, hayan tenido el valor de dar este paso tan difícil.  Aunque las distintas querellas no tengan continuidad, consideramos muy importante su función de denuncia pública y señalamiento.

Organizando las respuestas

Por supuesto, no todos los colectivos han optado por la vía judicial, y se están llevando a cabo otras acciones para denunciar lo ocurrido y señalar y avergonzar a los infiltrados y a sus responsables políticos: charlas, mesas redondas, entrevistas, movilizaciones… una muy inmediata y que se ha repetido en todos los casos ha sido la de difundir la verdadera identidad de los topos asociada a su fotografía. A través de redes sociales y de carteles impresos, que en algunos casos se han pegado o buzoneado en el antiguo vecindario de los agentes, o en el de sus familiares.

Por otro lado, también se han llevado a cabo actividades más centradas en dar voz a las personas que han sufrido daño y ponerlo en común, como un paso para cuidarse y recuperarse, pero también como manera de visibilizar la gravedad de lo ocurrido, y de nuevo, avergonzar y señalar al agresor. En este sentido, es muy interesante una iniciativa de ACCIÓ contra l’espionatge d’estat. Este colectivo, creado en Barcelona en enero de 2023 para dar apoyo a las personas afectadas por el caso de «Daniel», realizó, entre otras actividades, una exposición y un fanzine, donde se recogen escritos en primera persona con reflexiones de las afectadas.

Por último, también se están llevando a cabo actividades dirigidas a la reflexión y el aprendizaje colectivos, para tratar de desenmascarar las infiltraciones y sobre todo, de prevenirlas. Esto ya se había realizado antes, pero se han multiplicado este tipo de iniciativas, como las jornadas «Sin filtros», organizadas por el colectivo Colze a Colze en octubre de 2023. Es destacable que en ellas se hiciera un esfuerzo por tejer redes de solidaridad, invitando a colectivos afectados por distintas infiltraciones, incluyendo grupos del Reino Unido organizados contra el caso Spycops. Especialmente interesante dentro de este esfuerzo para formarse, es la producción o traducción y difusión de materiales como manuales, fanzines, etc.¹²

En general es muy positivo que, frente al efecto de división y repliegue que buscan producir las infiltraciones, todos los movimientos afectados estén organizando una respuesta colectiva y pública, y tejiendo redes de solidaridad entre ellos, mostrando que al menos en este aspecto, los topos no han logrado sus objetivos.

Nos encontramos en un momento de atrofia de las llamadas democracias europeas. Careciendo de soberanía o de posibilidad de desviarse de una agenda neoliberal abocada al desastre, entre crisis económicas recurrentes y con el colapso ecológico como único horizonte, los Estados están apretando el acelerador. Sin nada que ofrecerle a la ciudadanía, sustituyen derechos sociales y políticos por la represión más descarnada. El Estado policial crece proporcionalmente a la reducción de todo lo demás. Es por ello que la excepcionalidad, que siempre estuvo presente, cada vez resulta menos excepcional y se va convirtiendo en la norma. Las infiltraciones policiales en movimientos sociales de todo tipo, son un ejemplo más de esta tendencia.

Por eso es tan importante reaccionar contra ellas. Por supuesto, previniéndolas, formándonos, cuidándonos, apoyando a todos los grupos que las sufran y tejiendo redes de solidaridad. Pero también utilizándolas para mostrar esta deriva. Es fundamental dar visibilidad a estas prácticas de excepción, denunciarlas para evitar que se banalicen, normalicen y extiendan aun más. Introducir en el debate público cuestiones como qué significa eso de la «democracia avanzada» y el «Estado de derecho»… y cuáles son sus límites, y a partir de dónde se convierten en otra cosa. Si son compatibles con la impunidad absoluta del Estado y de la Policía. Si existen, o qué es lo que existe en realidad, y a qué intereses sirve.

María de Menos Lobos¹³

Granada, 21 de Marzo 2024

NOTAS:

1. Elorduy, Pablo. (03/12/2023). Escuela de infiltrados. Curso 2022-2023. El Salto. www.elsaltodiario.com

El grueso de la bibliografía utilizada para hacer este artículo puede consultarse en https://www.menoslobos.net/2023/05/programa-66-infiltrados-policiales/

2. Puede leerse completo aquí: https://twitter. com/SEPC_nacional/status/15666878649848463 37
3. Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, artículo 3.3.a
4. Prueba de ello es que en el texto de la ley de amnistía, en vías de aprobación en el momento de escribir este artículo, se haya tenido que especificar que la exclusión de la amnistía para los delitos de terrorismo se refiere a su definición por la normativa de la UE. Y es que en el Código Penal español tienen una definición tan abierta e interpretable, que con la ley en la mano, cualquier juez malintencionado podría encausar por terrorismo a todos los posibles amnistiados… Cabe preguntarse por qué entonces estos delitos no se reforman. Quizá porque son una herramienta fantástica para la represión.
5. Corral, María (1/03/2023) Criminalización de la protesta social. Otra vuelta de tuerca. Ekin­tza Zuzena – https://www.nodo50.org/ekintza/2024
6. La última vez les tocó a los delitos de desórdenes públicos, con la L.O. 14/2022 de 22 de Diciembre, de reforma del Código Penal: no sólo se amplió su definición y se hizo más inconcreta aumentando la inseguridad jurídica, sino que la pena mínima se triplicó, de uno a tres años de prisión.
7. Puede consultarse la memoria completa aquí: https://www.fiscal.es/memorias/memoria20 23/FISCALIA_SITE/index.html
8. Bonilla Martínez T., Calderó Delgado C., Carbonell Cassanyes C., Franquesa Griso A., García Berrio A., Goicoechea García P., Gómez Sánchez D., Rosell Tural A., Olivella Saludes S., Pradell Gejo E., Urango Montilla I., Vigara Mas S. (2022). Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español, https://iridia.cat/wp-content/uploads/2022/10/INFORME_TransparenciayRendicionCuentas.pdf
9. Se trata de un centro especializado en atención a víctimas de malos tratos y tortura. Realiza peritajes forenses, psíquicos y psicológicos, acom­pañamientos psicojurídicos y atención clínica, además de formación e investigación.
10. Este estudio se ha realizado con motivo de la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento Catalán. Pueden consultarse sus conclusiones aquí: https: //www.psicosocial.net /sira/sira-infiltraciones-policiales-parlament-catalunya/
11. Rodríguez, Jesús; García, Gemma; Bou, David. (14/07/2023). Una policia s’infiltra tres anys en els moviments populars de Girona. La Directa. https://directa.cat. Traducción propia.
12. Muy recomendable la selección de materiales y enlaces de interés que aparece en la página web de las jornadas «Sin filtros»: https://sinfiltros. noblogs.org/
13. Menos Lobos es un podcast antirrepresivo que se graba en Granada para las radios libres y comunitarias. Puedes escuchar los podcasts aquí: www.menoslobos.net y contactar con nosotras en menoslobos@riseup.net.

Cuadro 1

UN TOPO NO TIENE LÍNEAS ROJAS

Es una leyenda urbana que, durante la infiltración:

– No tenga documentación oficial, como DNI, carnet de conducir, etc.

– Tenga que decir que es policía si le preguntan directamente.

– No vaya a mantener relaciones afectivo-sexuales con las personas espiadas.

– No pueda estar contratado y tener otro trabajo «normal».

– No pueda estar matriculado en la universidad o en otros estudios.

– No vaya a hacerse tatuajes identitarios.

– No vaya a comprar y consumir drogas.

– No vaya a presentar a su familia, verdadera o falsa.

– No vaya a infringir la ley.

 

Cuadro 2

SI PIENSAS QUE ALGUIEN DE TU COLECTIVO ES UN INFILTRADO:

• No propagar rumores ni denunciar públicamente sin tener pruebas fundadas.
• Poner en común con personas de confianza algunas preguntas del manual ¿Mi amigo era un poli infiltrado? para evaluar sospechas iniciales y decidir si se inicia una investigación:

1. ¿No tiene antecedentes vitales? ¿Alguien lo conoce desde la infancia, el colegio, etc.?
2. ¿Sus ideas políticas son casi inexistentes, poco desarrolladas o estereotipadas?
3. ¿Su trabajo le hace ausentarse largos periodos de tiempo?
4. ¿Su casa parece muy poco habitada?
5. ¿Es alguien demasiado servicial?
6. ¿Tiene fácil acceso al dinero y es generoso con él?
7. ¿Centra las relaciones en las personas clave?
8. ¿Habéis detectado alguna cosa rara, que no encaja? Reacciones que parecen entrenadas, posesiones que no se suelen tener en su entorno, falta de habilidades para el trabajo que dice tener, o de conocimientos sobre algo que supuestamente le gusta mucho…
9. ¿Ha habido casos judiciales extraños (se les aparta de forma rara de un caso judicial, o eligen un abogado diferente), o inhibición por parte de la policía en situaciones que normalmente llevarían a detenciones, cargas, etc.?
10. ¿Ha desaparecido de repente y evitado cualquier contacto?

– Si se obtienen pruebas seguras, elaborar un dossier con todos los datos.

– Comunicarlo primero presencialmente a las compañeras más afectadas, teniendo preparados recursos de apoyo y acompañamiento, y respetando su voluntad y sus ritmos.

– Hacerlo público.

– No culpabilizarse o culpar a los demás por no habernos dado cuenta antes.

– No juzgar ni jerarquizar a las personas afectadas.

– Reflexionar colectivamente para aprender de los errores.

– Analizar colectivamente todo lo que ha visto y oído el topo y cómo puede afectar.

– Tener cuidado con la paranoia y con no cerrar el colectivo a la gente nueva.

Cuadro 3

PARA PREVENIR:

– Formarnos sobre estos temas en nuestros colectivos, compartir lo que sabemos y los materiales que tenemos.

– No tener miedo de preguntar o plantear cuestiones de seguridad «por no quedar mal».

– Planificar para minimizar el riesgo en función de lo que se está haciendo, sabiendo que el 100% de seguridad no existe. Precaución sin paranoia.

– Formarnos en ciberseguridad, y tratar de cuidar las comunicaciones: no todo el espionaje es «presencial».

– Tener cuidado con lo que se sube a redes sociales, especialmente con las fotos.

– Conocernos bien e ir generando confianza progresivamente dentro del grupo.

– No pensar que no puede pasar en nuestro colectivo porque lo que hacemos no es lo bastante importante/interesante/radical/etc.

– Solidaridad total con otros grupos que han sufrido infiltraciones. No dividir entre activistas «buenos» y «malos».

– Responsabilidad en lo que atañe a nuestra información personal y la de los demás, evitando el cotilleo.

Cuadro 4

MATERIALES ÚTILES:

– Cultura de la seguridad. Sobre la infiltración y la delación en los entornos de lucha

www.culturadelaseguridad.noblogs.org

– ¿Mi amigo era un poli infiltrado? Una guía para investigar sospechas y proporcionar apoyo emocional

https://sinfiltros.noblogs.org/files/2023/08/%C2%BFMi-amigo-era-un-poli-infiltrado-_compressed.pdf

– Trauma y recuperación para activistas. Cómo llevar tus reacciones psicológicas ante la brutalidad policial o de otro tipo

https://www.activist-trauma.net/assets/files/trauma_ A5_flyer_esp_v3.pdf

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