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Venezuela.- Legalización de la dolarización

Viernes 18 de febrero de 2022 por CEPRID

Pasqualina Curcio

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La moneda nacional, aquí en Venezuela como en cualquier Estado-Nación, es símbolo de soberanía. Es garantía de independencia económica en la medida en que nos otorga la potestad de decidir libremente sobre nuestra política monetaria, que no es un detalle menor ya que ésta repercute y determina el resto de las políticas económicas y sociales, sean estas fiscales, comerciales, industriales, agrícolas, petroleras, etc. El que cada país cuente con su propia moneda lo libera del sometimiento extranjero en la medida en que es autónomo de decidir, por ejemplo, que escala monetaria utiliza (bolívares fuerte, soberano o digital), qué forma emplea (billetes, electrónica, cripto) y qué cantidad circula, cuándo y cómo. Se entiende por moneda no solo la pieza de metal acuñada, en una acepción general se refiere al dinero aceptado como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago, indistintamente de su forma, sea efectivo (papel o metal acuñado), electrónico, digital o cripto. De acuerdo con el artículo 318 de la Constitución “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar” y es competencia del Banco Central de Venezuela, de acuerdo con el citado artículo, de preservar el valor interno y externo de nuestra unidad monetaria, el bolívar.

La dolarización de las economías es un mecanismo de neo colonización mediante el cual el imperio norteamericano busca imponer su moneda y en esa medida someter a los países por la vía de coartarle su libertad de decidir, nada más y nada menos, sobre las políticas monetarias, económicas y sociales. La competencia, la potestad y por lo tanto el poder de emitir dólares estadounidenses la tiene exclusivamente la Reserva Federal de EEUU, que recordamos es propiedad de 8 grandes magnates no solo gringos, también ingleses y franceses.

Una economía dolarizada depende exclusivamente de la Reserva Federal para cualquier decisión que vaya a tomar. Por ejemplo, si los “gobernantes” del país dolarizado quieren aumentar el presupuesto público de gasto para adquirir más medicamentos y repotenciar los hospitales, y requieren, por lo tanto, mayor cantidad de dinero, deben primero, pedir permiso a EEUU para que éste le suministre los dólares requeridos, lo que siempre será bajo las condiciones impuestas por el imperio. Aunque se trata del secreto mejor guardado, el debilitamiento de las monedas nacionales figura en los manuales para someter y derrocar gobiernos a través de la dolarización. Tal es el caso del libro “Las políticas de las acciones no violentas. Teoría del poder” escrito en 1973 por Gene Sharp, artífice de las guerras no convencionales.

El objetivo de dolarizar la economía venezolana no es reciente. Al igual que en América Latina y el Caribe, pretendieron imponer el dólar en los 90. El autor material del plan fue el economista Steve Hanke, miembro del Instituto Cato (think tank de la Reserva Federal) asesor, no por casualidad, de dolartoday (portal web mediante el cual desde el 2010 se manipula políticamente el valor de nuestro bolívar) y también accionista de la plataforma AirTm, otro portal a través del cual se fija el supuesto valor del bolívar. Hanke, quien estuvo detrás de la dolarización de Ecuador, confesó que entre 1995 y 1996 era el asesor de Rafael Caldera y que, en ese momento, cuando la inflación se remontó a 100% anual, le recomendó dolarizar la economía venezolana.  (https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/el-fallecimiento-de-chavez-y-de-su-moneda). Hoy insiste en su recomendación, afirma que, la única manera de detener la hiperinflación es con la dolarización. También dice que no se necesita una relación con la Reserva Federal de Estados Unidos para ejecutar una dolarización formal (https://talcualdigital.com/economista-steve-hanke-el-bolivar-saldra-de-circulacion-si-continua-la-hiperinflacion/).

En Venezuela hemos estado presenciando la dolarización de la economía desde el año 2013. En el marco de una guerra no convencional, el dólar norteamericano ha ido incursionando, invadiendo y ocupando cada vez con mayor fuerza y presencia nuestro territorio económico. En el 2016 alertamos que el tipo de cambio estaba siendo manipulado políticamente a través del portal dolartoday y que los precios de todos los bienes y servicios de la economía venezolana se estaban referenciando, como era de esperarse, a ese tipo de cambio repercutiendo en mayor inflación (La mano visible del mercado. Guerra Económica en Venezuela).

Luego, en la medida en que debilitaban cada vez más nuestra moneda (la depreciación inducida del bolívar desde el 2013 hasta hoy asciende a 5.749.000.000.000%) comenzamos a observar y alertar que los agentes económicos buscarían desprenderse de la moneda más débil, el bolívar, y migrar a una “más fuerte”, el dólar. Las personas preferían tener dólares y no bolívares, como era también de esperarse. Es así como en 2018 los pagos en los comercios se comenzaron a realizar en dólares en efectivo sin que hubiese una prohibición por parte del BCV, organismo competente constitucionalmente para resguardar nuestra moneda. Por el contrario, tácitamente y con una tolerancia excesiva se permitieron y permiten las transacciones comerciales en la moneda extranjera, al punto de calificarla “válvula de escape”.

La permisividad de la circulación del dólar en nuestra economía hizo que, llegado un momento, los precios de los bienes y servicios no solo se referenciaran al tipo de cambio manipulado, sino que los precios se comenzaran a publicar en dólares en los anaqueles de los comercios.

A eso hay que añadir y es lo más asombroso y lamentable que, la política del BCV desde el 2018 haya contribuido al logro de los planes imperiales de dolarización, no solo por no prohibir las transacciones, sino por potenciar sus efectos, y es que, con la decisión monetarista de disminuir la cantidad de bolívares en la economía dieron mayor espacio al dólar. No hay suficientes bolívares circulando en nuestra economía, así que, si los venezolanos, de manera soberana, queremos realizar nuestras transacciones en bolívares, ni siquiera los encontramos.

En 2017, según datos del BCV, por cada 100 bolívares que se producían y transaban en nuestra economía, se disponía de 63 bolívares circulando (sea en efectivo o dinero electrónico). En 2018 cayó a 43, en 2019 a 32, en 2020 por cada 100 bolívares producidos solo circulaban 19 y en 2021 solo circulaban 2 bolívares por cada 100 que se producían. En ese escenario, el ejército enemigo con su arma no convencional, el dólar, aprovechó la retirada de nuestras tropas, el bolívar, para invadir y ocupar nuestro territorio. Hoy, según datos del BCV, circulan BsD 4.337.008.226, lo que equivale a US$ 922 millones para cubrir las transacciones en una economía que produce US$ 35 mil millones, o sea, solo el 3% del dinero que circula son bolívares, el resto de las transacciones se realiza en dólares.

La situación se agrava cuando esta política implícita de permisividad de la dolarización transaccional potenciada con la disminución de los bolívares por parte del BCV se comenzó a oficializar y legalizar a través de distintos instrumentos financieros que enumeraremos y analizaremos en la próxima entrega.

Son loables, y las compartimos, las intenciones del legislador de fortalecer el bolívar mediante el intento de desincentivar el uso del dólar. Su espíritu de aumentar la recaudación tributaria pechando a quienes más transan dólares también lo compartimos. Sin embargo, el hecho de que la Asamblea Nacional haya aprobado la “ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras” en las que incluyó explícitamente aquellas que se realizan en “monedas distintas a la de curso legal” representa no solo el reconocimiento oficial de las transacciones financieras en divisas/dólares (contrario al artículo 318 de nuestra Carta Magna que reza que la moneda de curso legal es el bolívar) sino sobre todo su legalización al momento de establecerle un impuesto y una contradicción con nuestra Constitución.

Es algo así como que la compra, venta y consumo de estupefacientes estén constitucionalmente prohibidos, como efectivamente lo están de acuerdo con los artículos 116 y 271 de nuestra Carta Magna, pero llega la Asamblea Nacional, con la justificación de querer desincentivar el tráfico y consumo de drogas, y aprueba una ley para cobrar impuestos a quienes vendan, compren y consuman cocaína.

De hecho, la redacción de la ley en cuestión es tan contradictoria que establece, por ejemplo, que son contribuyentes del impuesto: “Las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país (…)” (numeral 5 del artículo 4). Subrayamos la frase “pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país”, o sea, la propia ley reconoce que las otras monedas no son de curso legal, pero, sin embargo, les fija un impuesto.

La mencionada ley no solo legaliza lo que de facto ha estado ocurriendo en Venezuela desde el 2017 que es la dolarización transaccional, es decir, el uso del dólar para pagar en los comercios, sino que además abre las puertas para la legalización de las transacciones financieras en dólares entre bancos nacionales (numeral 5 del artículo 4 y numeral 7 del artículo 8 de la mencionada ley) cerrando de esa manera el circuito de la dolarización. En cristiano, da pie a que se puedan hacer transferencias en dólares entre distintos bancos nacionales públicos o privados.

Más allá de las propias contradicciones de la ley, ésta no garantizará lograr los objetivos mientras persista el dogma monetarista del BCV de disminuir la cantidad de bolívares que circulan en nuestra economía. Dogma basado en la ilusión de que la disminución de la liquidez monetaria detiene la inflación desconociendo que la causa originaria y determinante del aumento de los precios en Venezuela ha sido la manipulación imperial del tipo de cambio.

Entre 2017 y 2021, el BCV disminuyó 95% la cantidad de bolívares (en cualquiera de sus formas: monedas, billetes, transferencias, pago móvil, punto de venta, etc.) con respecto a los requerimientos de la economía, pero a pesar de esa política monetaria restrictiva los precios siguieron aumentando: la inflación entre 2017 y 2021 fue 26.507.496.975% (datos del BCV) sin dejar de mencionar todo lo que esa medida ha implicado en pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, deterioro del gasto público en términos reales, caída de la producción nacional y desigualdad social. Hemos sugerido la revisión de dicha política y hemos hecho propuestas argumentadas y econométricamente demostradas en el libro “Teoría General de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica” (https://lahaine.org/eB7o).

Para que efectivamente pueda aumentar el uso del bolívar y los venezolanos podamos pagar con nuestra moneda de curso legal debe cumplirse una condición: que haya bolívares. Así las cosas, el espíritu del legislador puede ser muy bien intencionado en cuanto a fortalecer nuestra moneda, pero si no hay bolívares circulando en nuestra economía, la ley terminará siendo letra muerta.

La producción nacional en Venezuela en estos momentos asciende a aproximadamente BsD 161.000.000.000, por lo que deberían circular, por lo menos, BsD 80.500.000.000 (el 50% del PIB considerando la velocidad del dinero). Circulan solo BsD 4.337.008.226 según datos del BCV. O sea, por decisión del BCV, circulan 18,56 veces menos bolívares de los que se necesitan, motivo por el cual, el imperialismo, como parte de sus objetivos, aprovechó ese vacío y ocupó ese espacio con su moneda: el dólar.

En el marco de esta guerra económica, el reconocimiento formal de la dolarización por parte de la Asamblea Nacional a través de esta ley termina siendo un logro del imperialismo en la medida en que le permite avanzar hacia la quinta y última fase de las guerras no convencionales: “la consolidación del sistema imperial” habiendo ya superado la fase 4 de invasión y ocupación. Le permite al imperio, por ley, consolidar la dolarización para someternos y neo colonizarnos a través del uso de su moneda (“Guerra Difusa” https://www.hormiguero.com.ve/download/guerra-difusa-2020/).

Esta ley se suma a otros instrumentos financieros que, desde el 2018, han dado espacio a la dolarización transaccional de nuestra economía. Con base en el Convenio N°1 aprobado por el BCV en octubre de 2018 se autorizó la apertura de cuentas bancarias en moneda extranjera. En diciembre de 2021, de todo el dinero depositado en la banca, tanto pública como privada, el 52,38% era en divisas, US$ 1.137 millones, lo que equivale a 39% más de los depósitos en moneda extranjera registrados en diciembre de 2020. El Banco de Venezuela, propiedad del Estado, encabeza la lista con mayores cuentas y depósitos en divisas: el 45,7% de esos US$ 1.137 millones (https://www.bancaynegocios.com/exclusivo-dolarizacion-de-depositos-bancarios-bajo-a-5238-al-cierre-de-2021-estos-son-los-bancos-lideres/).

A inicios de 2021 se autorizó la emisión de tarjetas de débito para realizar pagos comerciales contra dichas cuentas en divisas, aunque esos pagos se materializan en bolívares mediante una operación cambiaria. En diciembre de 2021, el Banco de Venezuela anunció que entregaría, por taquilla, dólares en efectivo contra las cuentas en divisas para facilitar las transacciones comerciales en dólares en efectivo. Valdría la pena darse un paseo por EEUU y chequear si permiten abrir cuentas bancarias en monedas distintas al dólar, o ir a cualquier país de Europa y tratar de abrir una cuenta en dólares, o pagar una hamburguesa con rublos o yuanes en EEUU.

Simón Bolívar proscribió la moneda realista, sabía que nuestra independencia también pasaba por contar con una moneda de cuño propio y no depender de la del imperio español. Es así como en la Constitución Federal para los Estados de Venezuela en 1811 estableció que el Congreso tendría pleno poder de acuñar nuestra propia moneda (el peso venezolano).

No obstante, en julio de 1830, en el marco de la traición a Bolívar y a la Patria, fue promulgada la ley que prohibió la acuñación de nuestra moneda en territorio venezolano derivando en una escasez del peso venezolano y propiciando el uso de las extranjeras. El 30 de diciembre de 1830, la Secretaría de Hacienda legalizó la circulación de las monedas extranjeras. No fue sino hasta el 31 de marzo de 1879 que se prohibió nuevamente la circulación de las monedas extranjeras y se creó una moneda única y propia, el bolívar, que desde ese momento lleva la efigie del Padre de la Patria y que, para nosotros los venezolanos, es símbolo y garantía de nuestra soberanía e independencia.


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