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En los balances que se elaboran para definir el estado en que se halla sumido el país en el momento de asumir sus funciones el gobierno del señor Andrés Pastrana, no se hace alusión alguna a las causas que condujeron a la crisis. Se pretende ocultar que el decrecimiento de la producción, el déficit del comercio exterior, el desempleo masivo, el empobrecimiento de más de la mitad de la población y la concentración más acentuada de la riqueza provienen del fracaso del modelo económico impuesto por los centros de poder transnacional. Ese silencio le facilita a la nueva administración aplicar los llamados planes de ajuste que consisten en todas las latitudes, en hacer más rigurosa la vigencia de la política neoliberal.
Como recurso para mantenerse al frente del poder Ejecutivo, el mandatario saliente, aceptó en su integridad la agenda dictada por los Estados Unidos. El, sometimiento sin límites al poder extranjero en los órdenes económico, legislativo y militar, so pretexto de combatir el narcotráfico, le ofrece a la administración que se inaugura esta semana un camino allanado para aceptar sin reparo alguno el ofrecimiento norteamericano de “trabajar muy cerca” de las autoridades colombianas en una solución de los problemas nacionales, acorde con las miras estratégicas de Washington.
El cambio anunciado está por verse. El encuentro con los comandantes de las FARC le da cumplimiento al compromiso del Presidente entrante de liderar personalmente el proceso de paz. Sin tratar de disminuir la importancia del hecho, conviene reflexionar acerca de algunas declaraciones que lo opacan.
Andrés Pastrana ofrece empleo a los insurrectos; que “devenguen”, según sus palabras. Así se perpetúa la suposición de que ellos luchan movidos por la aspiración de satisfacer anhelos de orden particular e inmediato y no por el propósito de transformar la sociedad. Añade la iniciativa de promover una especie de Plan Marshall en las zonas principales en que operan los ejércitos guerrilleros. El símil, si es tal, no puede ser más desafortunado. Nadie ignora que con un plan de ese nombre, la reconstrucción de Europa, devastada por la guerra, sirvió de ocasión para la expansión económica estadounidense y para dar los primeros pasos de la transnacionalización del capital. Pero la frase es bien coherente con el anuncio de que los Estados Unidos serán :"invitados de honor" en la mesa de negociación de la paz. Por eso, el debate público debe poner en claro la concepción que tiene el gobierno sobre la forma de poner fin al conflicto armado y sobre la realidad o la ficción del cambio de la política norteamericana acerca de las guerras de baja intensidad, la ayuda y la asistencia militares, el adiestramiento de la oficialidad de los ejércitos locales, los métodos de represión y el respeto a los derechos humanos.
La reducción del déficit fiscal, que el FMI le exige a todos los países en crisis y se proclama como solución crucial, no tiene en cuenta que el presupuesto de Defensa se elevará en la vigencia próxima a 5.8 billones, cantidad superior ya a la utilizada en el conjunto de países latinoamericanos. ¿Por qué una sincera disposición a poner fin a la guerra integral declarada por el Estado contra los alzados en armas y contra toda expresión de la protesta social no reorienta esa suma gigantesca hacia la erradicación de las causas de la insurrección?. Los programas sociales defendidos durante la campaña electoral y el equipo ministerial que los ejecutará señalan también que la continuidad de las políticas bipartidistas no se detendrá. Los subsidios para los campesinos sin tierra hacen recordar la forma en que se hablaba de reforma agraria a principios de los años 70. Entonces, se aseguraba que había “más y mejor reforma agraria” mientras se suscribía el pacto de Chicoral para clausurar los débiles intentos de democratizar la propiedad de la tierra. El crédito para la vivienda aliviará las cuotas, pero a condición de prolongar los plazos hasta los 30 años de tributación al capital especulativo. Los trabajadores denuncian como violatorios de la Constitución y sobre todo de la justicia los proyectos de aminorar el gasto público central mediante el cercenamiento de las transferencias a los municipios. Las administraciones departamentales y municipales, carentes de los medios para sostener los servicios sociales, terminarán dejando en manos de los usuarios la responsabilidad de financiarlos y haciendo realidad los mandatos de la privatización. Una vez más, la unidad y la movilización de los sectores populares aparece como la única barrera capaz de quebrar la continuidad de las políticas neoliberales. Sólo la convergencia de esos sectores unificará la lucha por la paz, por el derecho a la vida, por los derechos sociales y políticos y por el desarrollo autónomo y democrático. Su movimiento es la verdadera oposición. Trabajar por su formación seguirá siendo la tarea del momento.