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Dice Parlamento Europeo
Respeto a los Derechos Humanos
Ocho miembros del Parlamento Europeo y varias organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos se pronunciaron por el respeto a los
derechos humanos en Colombia. En particular recabaron la libertad de los
ex alcaldes de Apartadó en Urabá, José Antonio López Bula y Nelson Campo
Núñez.
Además protestaron por la situación que vivieron Carlos Andrés Pérez,
quien siendo alcalde de Chigorodó fue remitido a la XVII Brigada del
Ejército, donde fue retenido y torturado y puesto en libertad un año
después cuando demostró su inocencia de los hechos que le imputaban; y
Hernán Motta Motta, senador de la República, quien tuvo que abandonar el
país en el año de 1997, por reiteradas amenazas contra su vida y la de
su familia.
El pronunciamiento está suscrito por los eurodiputados Luciana
Castellina, presidenta de la Comisión de Relaciones Económicas
Exteriores del Parlamento Europeo; Honorio Novo, Marianne Eriksson,
Sergio Ribeiro, Joaquín Miranda y Laura González Alvarez; por Bruno
Rütshe del Grupo Suiza-Colombia, Alejandro Teitelbaum de la Asociación
Americana de Juristas, Juan Ibeas de Sodepaz, Stefan De Clercq de Oxfam
Solidaridad y A. Maldo-nado de la Asociación France-America Latine.
También Edith Ballantyne de la Liga Internacional por la Paz y la
Libertad, Maribel Wolf, Responsable de América latina de Terre des
Hommes, Gandula Neuscheler del Grupo Colombia de Nürtingen, Lázaro Pary
del Movimiento Indígena Túpac Amaru, André Barthélémy de la Asamblea por
los Derechos del Hombre, Michael López de A Human Rigths Quartely y
Paul-Emile Dupret de Comité de los Derechos Humanos "Daniel Guillard".
Comentando para VOZ la importancia de este pronunciamiento, Carlos
Andrés Pérez, ex alcalde de Chigorodó y por quien aboga la declaración
de los eurodi-putados y las ONG, expresó "que la declaración refleja la
preocupación del Parlamento Europeo y de las ONG de derechos humanos por
el caso colombiano, cuyo expediente internacional cada vez se llena más
de situaciones difíciles y de violación de los derechos fundamentales de
los ciudadanos por parte del Estado".
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