Voz

La instalación de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz rebasó las expectativas. Al evento, efectuado los días 30 y 31 de julio en el salón central de la Biblioteca Luis Angel Arango, concurrió lo más esclarecido de la población civil, comenzando por las organizaciones cívicas y comunales barriales y concluyendo en las organizaciones políticas, religiosas y gremiales, seguidas de la presencia de intelectuales, niños, mujeres e indígenas.En total unas 3.000 personas procedentes de 20 departamentos.Fue una cita en la que se hicieron públicos los deseos de paz y reconciliación y se retrató el país con todos sus problemas, pues como preámbulo se registró en la Plaza de Bolívar una acción de protesta de los familiares de los masa-crados en Barrancabermeja.Al evento llegaron saludos de las FARC y el ELN.

El funcionamiento de la asamblea

La Asamblea eligió 320 personas que conforman el Comité Nacional de Paz, de cuyo seno se elegirá el 29 de agosto un total de 30, que constituirán el Comité Operativo de la Asamblea Permanente por la Paz. La próxima sesión de la Asamblea Permanente por la Paz será en Cali. La Asamblea se comprometió a realizar eventos tales como la Semana por la Paz el próximo mes de septiembre, la jornada del 16 de octubre y el Encuentro entre Ciudadanos del 10 de diciembre, en ocasión del 50 aniversario de la promulgación de la Carta de Derechos Humanos.

La participación de la sociedad civil

¿Pero, en qué radica la importancia de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz?. Sustancialmente en su iniciativa para sugerir puntos que integren la agenda de negociación y en su poder organizado de presión y control para que se cumplan los acuerdos a que se llegue entre el gobierno y la insurgencia.
La Asamblea tiende a fortalecer el movimiento social. Se constituye a la vez en una ventana importante para oxigenar los movimientos excluídos de la vida política nacional por la falta de garantías y la guerra sucia y generar modelos alternativos de cambio, opuestos al neoliberalismo y el bipartidismo excluyente. Se actúa dentro del criterio de que la paz es un derecho irrenunciable y un deber ineludible. Que debe ser construída por todos y todas en un reconocimiento de construcción colectiva en la cual la sociedad civil en toda su diversidad está llamada a ser la principal protagonista.
Es la reacción-dice la declaración final- a la multiplicidad de violencias que amenazan la vida, la integridad física o los bienes en todas las esferas de la sociedad, y que como resultado de la confluencia de muchos esfuerzos y circunstancias se está abriendo una oportunidad excepcional para la paz.

Un movimiento nacional por la Paz

Esta Asamblea propició la coordinación e integración de los diferentes movimientos por la paz, clamó por una voluntad política que se exprese con hechos, defendió el Mandato Ciudadano contenido en el voto por la paz, la vida y la libertad y respaldó las iniciativas en curso para desarrollar diálogos con los actores armados. En especial, respaldó el Acuerdo de Puerta del Cielo y se comprometió con la realización de la Convención Nacional y los foros regionales y sectoriales; el despeje de los cinco municipios para propiciar los diálogos entre la sociedad civil, las FARC y el gobierno. La Asamblea saludó y convocó la presencia solidaria de la comunidad internacional en el proceso de construcción de la paz, con respeto a la soberanía colombiana.
Las positivas expectativas de paz, generadas por estas nuevas condiciones conducen a reafirmar aspectos básicos del Derecho Internacional Humanitario que contribuirán a crear un ambiente de confianza entre los actores armados y entre éstos y la sociedad civil, así como a fortalecer la participación de la sociedad en una futura negociación.

Conclusiones surgidas de la realidad nacional

La primera sesión de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz habló claro y concreto en los informes rendidos por las diversas comisiones de trabajo. Rechazó el fuero militar y el pretexto de la obediencia debida, exigió el desmonte de la Justicia Regional,pidió esclarecer el concepto Sociedad Civil, crear una propuesta de modelo alternativo de desarrollo, rechazó el modelo neoliberal, el cierre de empresas y la política de desalojo sin soluciones aplicada a los vendedores ambulantes y estacionarios, pidió la eliminación del UPAC, revisar la política petrolera, una ley que impida que los desplazados pierdan sus tierras a causa de la violencia y la participación de la Sociedad Civil en la reestructuración del régimen territorial. Las propuestas centrales son desde luego: Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Reforma Agraria Integral con titulación de tierras para los desposeídos de ellas y asesoría técnica para los campesinos. Reforma urbana que transforme la actual tenencia de la tierra en las ciudades y facilite la vivienda popular a los deste-chados. Nueva política petrolera concertada con la insurgencia y la pobla-ción.Planes de empleo y oportunidades para la población. Rechazo del bipar-tidismo en la dirección del Estado; Estatuto de la Oposición concertado con todos los movimientos y partidos políticos no presentes en el gobierno. Voto progra-mático. Eliminación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Abolición de los Fondos de Cofinan-ciación. Eliminación del servicio militar obligatorio, depuración de las Fuerzas Armadas y desarrollo sostenible.

DECLARACIÓN FINAL:

La Asamblea Nacional, con base en los aportes de asambleas regionales y locales, de las dinámicas sectoriales e institucionales, y del debate en las comisiones en esta primera sesión acuerda los siguientes puntos fundamentales para la agenda de paz:

1.-Cambios profundos en el modelo de desarrollo socioeconómico, político, cultural y ambiental que promueva el desarrollo integral del ser humano. Reforma Agraria Integral que tenga en cuenta la equidad con la mujer campesina, la distribución justa y la función social y ecológica de la propiedad. Erradicación de cultivos ilícitos mediante sistemas manuales respetuosos del medio ambiente y su sustitución mediante el desarrollo de sistemas productivos. Reforma urbana que brinde servicios básicos e integre la población marginada. Política de atención integral a los afectados por la violencia y en especial a los desplazados.

2.-Reestructuración democrática del régimen político que conduzca a la construcción de un Estado sin corrupción al servicio del bien común. Fuerzas Armadas reestructuradas con el objetivo principal de defender la integridad territorial.

3.-Desarrollo del proceso de regionalización, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de 1.991, que potencie el crecimiento de las regiones y respete la diversidad regional, étnica y cultural.

4.-El nuevo orden político debe comprometer tanto al Estado como a la sociedad civil en la construcción de una sociedad en paz y una cultura de resolución pacífica de los conflictos.

5.-Una sociedad y un Estado basados en el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.Cumplimiento estricto de los protocolos de Ginebra, puesta en práctica de las propuestas del Mandato Ciudadano por la Paz, respeto a los derechos de la población civil, en especial el de la vida y la no provocación de su desplazamiento, como primer paso para avanzar en la solución política del conflicto.