Voz nº1995

La insurgencia reclama agilizar canje entre soldados retenidos y presos políticos. Los 130 militares que permanecen en San Vicente del Caguán deben ser retirados, dice Procurador. El Presidente dice que se quedarán. Manuel Marulanda denuncia complot para asesinarlo junto con el presidente Pastrana. Amenazas del paramilitarismo. Hora de definiciones para avanzar en la búsqueda de la paz.

El sábado siete de noviembre se dio vigencia al acuerdo de establecimiento del área de despeje estimado en 42.139 kilómetros cuadrados (3.67% del territorio nacional) que comprende los municipios de San Vicente del Caguán, Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe y La Macarena y al tiempo de duración de la misma, establecido en 90 días con posibilidades de prórroga.
La llamada zona de distensión fue instalada en un acto público de la población civil y voceros oficiales en el cual estuvieron presentes, entre otros, el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, el presidente de la Corte Constitucional, Vladimiro Naranjo, y el párroco municipal, Leonel Alvarez. Hubo liberación de palomas como símbolo de los anhelos nacionales de paz y sancocho de gallina, pero el optimismo y el fervor del gentío no logró dispersar el panorama de temores y dudas sobre el prediálogo.

La huella de la provocación

El mismo día que se celebraba la apertura de un territorio para iniciar un proceso de paz, 130 soldados del Batallón Cazadores, armados, permanecían en la base militar de la población, en una abierta violación de los acuerdos de despeje y como provocación militar contra un proceso que la cúpula de las Fuerzas Armadas ha prometido respaldar. La presencia militar ha sido justificada por el presidente Pastrana, quien argumenta que la estadía militar había sido acordada como unidades administrativas desarmadas. Sin embargo, fotografías de prensa tomadas el día de instalación del despeje los muestran portando armas largas.
Razón tenía el comandante en jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, al afirmar que no se debía confundir despeje con negociación y que él no podía asistir a la instalación de la mesa de conversaciones mientras existieran factores de perturbación como la presencia de “Comandos Especiales” encubriendo su rostro con pasamontañas, integrados por unidades del Ejército, con fines de provocación que según la inteligencia insurgente persiguen instrumentar un complot para sabotear la instalación de la mesa de diálogo y atentar contra la vida del legendario líder guerrillero y la del presidente Andrés Pastrana. Todo esto, camuflado bajo el rumor de la presencia de grupos paramilitares en San Vicente del Caguán.
La presencia paramilitar fue denunciada el 28 de octubre por la Personería de Mesetas, que daba cuenta que en el sitio denominado “La Bodega”, en la vía Mesetas—Granada, un grupo de paramilitares había instalado un retén donde amenazaron a la gente y donde advirtieron que al producirse la salida del Ejército del área de despeje, unos 100 paramilitares ingresarían a la zona de distensión. Los “paras” elaboraban listas de la población saliente y residente en la zona de despeje.

Provocación en el área de despeje

Los paramilitares, la presencia militar en el Batallón Cazadores, que a juicio del procurador general, Jaime Bernal Cuéllar, debe ser retirada, la confusión reinante en cuanto a la función de autoridades civiles en el área de despeje y la lentitud del gobierno para resolver el canje de 452 guerrilleros por 245 soldados (sin incluir los militares puestos prisioneros en Mitú), hecho que debe cumplirse por fuera de la mesa de conversaciones y la posición del Ejecutivo de mantener el prediálogo a escondidas y no de cara al pueblo, se han convertido en serios obstáculos iniciales para afirmar los primeros pasos por la paz.
El Ministro de Justicia y la Fiscalía Nacional preparaban al cierre de esta edición su informe sobre los guerrilleros detenidos solicitados en canje por las FARC.
El sábado siete de noviembre el Secretariado de las FARC había anunciado que no iniciaría la verificación del área de despeje y no se sentaría a la mesa de conversaciones, hasta tanto no se resolviera el impase surgido a raíz de la presencia militar en el Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán.
Los obstáculos surgidos en la zona de despeje, deberán ser evaluados por la Comisión Ad Hoc, integrada por el ex-ministro Juan Manuel Santos, el editor general del Nuevo Siglo, Juan Gabriel Uribe, y los mediadores internacionales Gustavo Carvajal de México y Roberto Rojas de Costa Rica.

Ofensiva de desinformación

El domingo ocho de noviembre se intensificó una ofensiva informativa tendiente a cuestionar las medidas tomadas por las FARC en la zona de distensión y su presencia armada en el área, presencia previamente convenida en el acuerdo con el presidente Pastrana. En honor a la verdad hay que anotar que las FARC no han pactado su desarme en el área de despeje ni renunciado a actuar con la comunidad y las autoridades civiles presentes para propiciar un ambiente favorable a las conversaciones. El lunes nueve de noviembre dialogaban con las FARC el Personero de San Vicente, concejales, el Secretario de Gobierno y el Jefe de Planeación animados también por el espíritu de concertación.
Lo claro es que la instalación del área de despeje ha estado acompañada de dificultades y que la buena marcha del proceso de paz requerirá no sólo de la voluntad política de los actores del conflicto, sino de la acción resuelta de la población civil que debe exigir en la movilización popular el cese de las provocaciones al proceso de paz, que se dé paso sin dilaciones al canje, se elimine la presencia paramilitar, se actúe oficialmente sin presiones extranjeras, principalmente estadounidenses, y que económicamente el Fondo para la Paz, sin dinero prestado, evacúe los 10 puntos centrales de petición de las FARC, que encierran anheladas reformas políticas y sociales.
No es cierto que sea la primera vez que se despeja un territorio para hablar con la insurgencia colombiana. Esto ya ocurrió en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria en desarrollo del proceso de paz con el M-19, un sector del EPL, el PRT y el Quintín Lame. Un concepto nuevo, es sí el de adelantar el proceso de conversaciones en medio de la guerra, por lo que no pueden sorprendernos los hechos que se den en desarrollo de la confrontación fuera del área de distensión.

Colombia quiere la paz

Sin embargo, a cien días de la administración Pastrana y del descontento popular que ésta ha generado a causa del ajuste fiscal, una encuesta de Napoleón Franco publicada en El Tiempo registra un apoyo a la política de paz en un 68 por ciento y un deseo de tregua que asciende al 83 por ciento de los encuestados.
Lo anterior es una nueva prueba de que la paz es el máximo punto de interés nacional y que la población colombiana prefiere unos diálogos adelantados en medio del cese del fuego y la tregua bilateral. Sin embargo, ésta condición debe ser discutida entre las partes, que son quienes pactarán o no un acuerdo final, que por lo que se ve no será en corto tiempo, ni estará edificado sobre un lecho de rosas, sino sobre un tapete de dificultades, así lo demuestran los acontecimientos surgidos en torno al despeje.