Hacer leña del árbol caído a veces resulta necesario, en función de evitar que prácticas corruptas o negligentes afecten los derechos democráticos de los ecuatorianos. Esto se aplica, por ejemplo, al caso del desprestigiado Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos miembros gobiernistas: Omar Simons, Carlos Cortez y Fausto Camacho, castraron el papel de dirección y control de esta institución durante el pasado proceso electoral, con el fin de favorecer abiertamente la campaña inequitativa y desproporcionada del gobierno a favor del SÍ.

“Estaba prohibido que el gobierno use recursos públicos así como bienes muebles en la campaña”, sostiene la consejera Marcia Caicedo, la única voz crítica que se pudo ver en ese organismo, frente a lo que desde el gobierno se preparó y se llevó a la práctica en el proceso eleccionario. “Debe existir la prohibición de la utilización del recurso humano”, afirma Caicedo, al referirse a la evidente utilización de funcionarios de instituciones del sector público para actividades de campaña, e incluso para el control en el proceso de escrutinios.

“Quiero expresar mi agradecimiento a los asambleístas, que se dedicaron a la campaña de cuerpo entero. Al gabinete, los ministros cómo se han metido a la campaña, eso es bueno”, dijo el presidente Rafael Correa en la primera entrevista concedida a medios del gobierno, luego de concluido el proceso electoral el pasado 7 de mayo. Con ello ratificaba lo que la consejera afirma y lo que los miembros del CNE antes mencionados parecen no querer reconocer.

En una entrevista televisiva, el vicepresidente del CNE, Carlos Cortéz, intentaba justificar a los ministros de la siguiente manera: “Hay un límite muy delicado que separa al funcionario del ciudadano. En el caso de los ministros, en un momento determinado, cuando daban a conocer sus trabajos, sus obras, daban la impresión de que estaban haciendo campaña”. ¿Daban la impresión? Lo que dice Correa es que sus ministros “se metieron” en la campaña, no solo que “dieron la impresión” de haber hecho campaña. Y como para ponerse a la ofensiva, Cortéz comparó el papel que juegan los ministros con el papel de los periodistas en la política: deben parecer neutrales, pero no siempre pueden hacerlo. Lo cierto es que el abuso de los recursos materiales, técnicos (como los medios de comunicación públicos) y humanos del Estado fue tan evidente, que el mismo Presidente no tiene empacho en aceptarlo.

El CNE, según lo hace notar Caicedo, “Inobservó una de sus propias resoluciones, cuando establecía como prohibición, del 2 al 8 de mayo, de la realización de los enlaces gubernamentales”. El país vio con asombro e indignación cómo el 3 de mayo, cuatro días antes de la consulta-referéndum, se emitió una cadena nacional de televisión en la que se manipuló los testimonios de varios comunicadores sociales para argumentar que en el Ecuador se respeta la libertad de expresión, en clara alusión a la pregunta nueve, para la cual se buscaba el apoyo. Varios periodistas denunciaron que sus testimonios habían sido tomados fuera de contexto y habían sido utilizados para mostrarlos como personas que apoyaban la opción del SÍ en esa pregunta.

Hay que recordar que hacerse de la vista gorda fue una práctica del organismo del sufragio, desde antes de que se inicie oficialmente la campaña. Un ejemplo claro que el gobierno no pudo negar fue la colocación por parte de algunos ministerios, de varias vallas de publicidad a favor del SÍ en las carreteras del país, con lo cual violaban expresamente el artículo 203 del Código de la Democracia, que prohíbe a las instituciones públicas hacer campaña.

Rafael Correa entregó, a vista y paciencia de los consejeros del CNE, borregos en varias comunidades de la región sierra, ofreció e inauguró obras públicas en varias ciudades del país, entregó escrituras de legalización de tierras, convirtiéndose estos hechos en dádivas para persuadir a los ciudadanos que voten por el SÍ, con lo cual no se observó lo dispuesto en el artículo 204 del mismo Código.

Pero tal vez el hecho más descarado de abuso de la institucionalidad y de los recursos del Estado, fue que la mayoría gobiernista en el CNE haya calificado como sujeto político al Presidente de la República. “Nunca más puede repetirse este hecho insólito de calificar como sujeto político al Presidente de la República”, sostiene Marcia Caicedo. El asunto es que Correa nunca dejó de actuar como Presidente, y en esa calidad también hizo campaña, algo absurdo por donde se lo vea. Sobre todo tomando en cuenta que su campaña se sumaba a la que su organización política, Alianza País, realizaba, así como las organizaciones que le son afines y que el CNE calificó. Es decir, el gobierno tuvo a su favor el triple de oportunidades de publicidad que las fuerzas que estaban por el NO.

Pero además a Correa no se le exigió nombrar a un tesorero de campaña, para que sus gastos pudieran ser controlados, en su lugar, se le nombró a su ministra de la política como la representante legal que podía hacer uso de los recursos. “Al presidente se lo designó como sujeto político porque fue él el que propuso la consulta popular y el Código de la Democracia otorga esa calidad no solo a las organizaciones políticas, sino también a las organizaciones sociales, y en este caso al Presidente. Tanto es así, que cuando alguna autoridad se le solicita la revocatoria de mandato, ese alcalde, esa autoridad tiene el derecho de plantear sus puntos de vista y a hacer gastos de promoción electoral”, argumenta Cortez, evidenciando que no tienen razones lógicas para demostrar la legitimidad de sus acciones, pues una cosa no tiene que ver con la otra.

Como los pájaros siempre quieren disparar contra las escopetas, al interior del CNE y dentro del gobierno se ha cuestionado a la consejera Caicedo, generando más bien procesos persecutorios y prepotentes a la funcionaria. Ahora, en la Asamblea se ha planteado un llamamiento a juicio político a los miembros gobiernistas del CNE, por parte de la oposición, bajo el argumento que todas las inobservancias antes mencionadas, configurarían una violación al artículo 233 de la Constitución. Más allá de que se los sancione o no, quedará registrado en la historia que quienes integraron este organismo, desde el gobierno de la “revolución ciudadana”, representan el descarado abuso del poder del Estado.