“Cuando la verdad se digna a venir, su hermana libertad no estará lejos”. Mark Akenside

Las amenazas que recibieron el 13 de mayo los jueces del Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha, por parte del gobierno -si declaraban inocente al Coronel Carrión-, solo quedaron en eso, en meras amenazas, en bulla y polvo que se levantó, también en la sabatina del Presidente.

En este caso, dice el abogado Stalyn Lopez, defensor de Carrión, solo se cumplió con el debido proceso, a lo que se sumaron las pruebas y los testimonios presentados de su parte y las declaraciones contradictorias de los testigos de la Fiscalía, y el informe inicial del Presidente Correa, en el que no consta en ningún párrafo el nombre del Coronel Carrión. Argumentos suficientes que hicieron que los jueces apliquen la ley sin temor a las presiones o a las amenazas que desde el palacio de gobierno se hicieron públicamente.                

Según el jurista, a su defendido se le demandó por “cómplice en el intento de magnicio, por cerrar las puertas que conectan al Regimiento Quito con el Hospital de la Policía, mediante la utilización malévola y ridícula del video que el mismo defensor presentó”.

“Estas patadas de ahogado del gobierno solo configuran un proceso de intimidación, y eso es atentar contra la libre administración de la justicia, que se ahonda con la actuación poco profesional del fiscal Luis Enriquez dentro del proceso, a lo que se suma las amenazas que recibieron los testigos de la defensa, al percibir (Enriquez) que este caso se le derrumbaba debido a las declaraciones contradictorias de Alex Casierra, del capitán Richard Piedra, que son los dos miembros de la escolta del Presidente, del señor Holger Guerrero, y de la señora Iroshima Villalva, quienes sostenían el conflicto de la puerta y la tesis del cianuro, respectivamente.

Añade el jurista que “la mayor contradicción en la que cayó el Presidente fue cuando mencionó en la sabatina, luego de las declaraciones de Carrión a la CNN, que el señor Casierra le siguió al ex director y le amenazó con una arma de fuego para quitarle las llaves, mientras que en el tribunal este escolta declaró que aquel día no estaba con pistola”.

A pesar de que se ha obtenido la libertad y se encuentre en su casa el Coronel Carrión, -hasta que se emita el informe definitivo del Tribunal- el uniformado sigue siendo el blanco del odio y persecución del régimen. Varias autoridades policiales, como es el General Wilson Arguello y el Comandante Wilson Alulema, le han privado de su derecho a la defensa, y le han prohibido emitir criterios o entrevistas ahora que el país y el mundo necesitan conocer la realidad que él (Carrión) vivió aquel 30-S.

Es un claro caso de persecución política, como lo percibe el jurista, para tratar de encontrar un chivo expiatorio sobre el cual se cargue el peso de la ley y se pruebe la teoría del gobierno –acerca de que sí hubo intento de golpe de Estado-. Pero esta persecución también se evidencia, según López y otros juristas que defienden a varios uniformados, con la presencia intimidatoria de delegados del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, que presionan a los jueces para obtener fallos, y no se respetan los derechos humanos, como se lo hizo al encarcelar por 7 meses al coronel Carrión, que ha sido vejado en su honra, como jefe de familia. Tampoco se respetaron los derechos humanos de la señora Janeth Orbe, que fue amedrentada verbalmente y amenazada de quitarle a los hijos por la huelga de hambre que mantuvo. Se le negó el uso de los sanitarios de la Fiscalía para que desista de la medida de hecho, que le tuvo varios días en el hospital con pronóstico reservado.

“Presumimos que se dará la apelación del gobierno a través de la Fiscalía, que jugó un papel por demás mediocre en el proceso”, dice López, sería el último recurso para conseguir culpables del golpe que no fue, pues los excelentes abogados asesores del mandatario se olvidaron de poner la acusación particular en contra de Carrión. Todo esto, dice, como una cortina de humo para continuar reprimiendo la lucha social e imprimir  miedo en la sociedad, “pero la gente perdió el miedo, y vieron a una mujer valiente que se le enfrentó al gobierno por defender su familia y una verdad, la inocencia de su esposo”.

“Insistiremos para que se haga justicia, para conseguir el enjuiciamiento de los testigos de la Fiscalía por perjuros, y que se declare la denuncia como maliciosa y temeraria”, acota López.

Para Vinicio Villa, abogado experto en casos policiales, son dos procesos los que se le siguen al coronel Carrión, el uno judicial por la demanda del ministro Serrano y la otra por la reprensión o sanción (verbal) del jefe inmediato, el Presidente de la República, por las declaraciones a la CNN; por lo tanto, según las leyes administrativamente no puede ser “sancionado” porque se estaría violentando la Constitución, y el Reglamento de la Policía, que manifiesta que nadie puede ser juzgado y sancionado dos veces por un mismo hecho.

De acuerdo a la Constitución se debe aplicar la norma menos rigurosa y que beneficie al procesado, y aquí no se aplicó la menos rigurosa sino la más drástica, al calificarle la conducta a un miembro policial.

Según el experto, el coronel Carrión tiene derecho a la repetición por todos los agravios que se han hecho en contra de él, por todos los daños y perjuicios en su contra y de su familia y por la prisión.