Duros cuestionamientos se han originado en la sociedad debido a las decisiones de la Comisión Calificadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cccpc), en el proceso de elección del Fiscal General. Esta vez la polémica se originó cuando uno de los consejeros, Luis Pachala, basándose en los reglamentos pidió revisión de la carpeta perteneciente al candidato Galo Chiriboga, y la mayoría afín al gobierno negó esa posibilidad, imponiéndose por la fuerza y los gritos de la presidenta de la (Cccpc).

Esto por sobre la razón que les asiste a los tres consejeros: Luis Pachala, Andrea Rivera y David Rosero. Aparentemente la intención es nombrar al “mejor puntuado”: 86, Galo Chiriboga como Fiscal General del Estado, sin revisar minuciosamente los documentos del postulante con la complicidad de los miembros de las comisiones “ciudadanas” –Elección y Calificación-, quienes tienen afinidad al partido o miembros del gobierno, como es el señor Ulbio Guadalupe, presidente de la comisión de selección, la señora Janeth Bustos, vicepresidenta de la Comisión, la señora Marianela Navas Suasnavas, ex colaboradora de Galo Chiriboga en el Ministerio de Trabajo en el 2005, y sobre la que más recaen las sospechas de beneficiar a Chiriboga, según se desprende de los documentos que se exponen en la web de la Ccps; de los que claramente se determina que la señora Navas es hija de Marco Navas Arboleda, colega y socio del estudio jurídico de Chiriboga y suscriptor de los certificados del postulante “mejor puntuado”, quien además firma como Secretario de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), con dirección y correo electrónico de Galo Chiriboga.

El conflicto crece pues la documentación adolece de fechas y firma del representante legal de cada organización que emite certificados al aspirante Chiriboga, requisitos primordiales que exige el concurso. Documentación que debe ser descalificada e inhabilitada por la existencia de una certificación de la AAJ, de mayo del 2011, donde se afirma que desde enero del 2010 no se ha emitido ninguna certificación favor de Galo Chiriboga, y el Secretario es el Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, en funciones desde febrero del mismo año y no Marco Navas Arboleda como consta en la carpeta de Chiriboga. ¿Es acaso otra prueba de que existe un conflicto de intereses? De acuerdo al Reglamento para elección de Fiscal General, uno de los requisitos menciona claramente que deberá el postulante certificar iniciativas o proyectos, pero Chiriboga presenta una certificación de una delegación, que por ningún lado coincide.

Según el Instructivo para los concursos públicos de oposición y méritos para la selección y designación de las primeras autoridades y organismos colegiados elegidos mediante comisiones ciudadanas de selección, los comisionados para elegir al Fiscal general han violentado no solo el instructivo en mención al no cumplir con los pasos previstos, con la complicidad de los 4 consejeros que obedecen los lineamientos gubernamentales.

Estos comisionados también violentaron el Reglamento para la designación de Fiscal, cuando no se respetó el Título III Art. 9, donde claramente los literales d y m inhabilitan a Chiriboga como postulante, pues tiene 9 casos pendientes de resolver en la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia, la mayoría de éstos en la etapa de indagación previa. Según Luis Pachala, “los postulantes son afectados cuando se emite una certificación del Ministerio de Trabajo que beneficia al candidato Chiriboga y afecta al resto porque no se solicitó la certificación a la Judicatura, por lo que todo el proceso se debe revisar y rectificar.”

Este irresponsable manejo del concurso parcializado hacia un candidato (Chiriboga), que es familiar directo del Presidente Correa, es cuestionado e insulta la inteligencia de la sociedad, denigra a la política con estas acciones reprochables que deben corregirse. En ese sentido, asambleístas como Klever Jiménez, de Pachakutik, han solicitado certificaciones que desenmascaran a Chiriboga; por su parte Jorge Escala y el Director Nacional de MPD, presentaron ante la Fiscalía la denuncia por el delito de prevaricato, sancionado con prisión de uno a cinco años en el Código Penal Art. 277, en contra de Marielena Navas Suasnavas, Miembro de la Comisión Ciudadana que selecciona al Fiscal del Estado.

¿Cuál es el interés de nombrar como Fiscal General a un hombre de esa trayectoria?, ¿qué es lo que pretende el presidente Correa?, ¿o es que acaso busca quien tape la corruptela que se desborda en el régimen?