AMÉRICA. Seis gobiernos, seis desastres. Conozcan cómo son los acusadores de Maduro en la CPI

Domingo 30 de septiembre de 2018 por Círculo La Puebla

Fuente: Misión Verdad

Una comunicación fue dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) por Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Canadá, pretenden que se inicie una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Varios presidentes y dirigentes de esos países carecen de moral para hablar de derechos humanos, en su historial consta un expediente de corrupción, violencia, exclusión y, en algunos casos, genocidio, que demuestra el dobla rasero de la llamada “comunidad internacional” a la hora de buscar culpabilizar a otros sobre estos temas.

Paraguay
Desde este país se ha impulsado el ataque contra Venezuela por parte del gobierno colorado (stroessnerista) de Mario Abdo Benítez, del mismo partido de Horacio Cartés, quien dejó el gobierno recientemente pero cuenta con estrechas vinculaciones en negocios turbios desde bancos, empresas, la dirigencia deportiva, la política y la presidencia de su país.

En 2011 Wikileaks emitió un documento que vincula a Cartés con varias actividades ilícitas. Según el cable, la operación “Corazón de Piedra” apuntaba específicamente a organizaciones financieras de la Triple Frontera (Paraguay, Argentina y Brasil), sus ejecutivos, y sus proveedores de dinero lavado.

Un equipo internacional de investigación estableció como objetivo prioritario al empresario paraguayo por estar bajo sospecha de lavado de dinero desde el Banco Amambay, de su propiedad. El dinero fue generado por métodos ilegales, incluida la venta de narcóticos desde la Triple Frontera y tabaco ilícito desde Paraguay, todo hacia Estados Unidos.

Horacio Cartes es la cabeza de la red de lavado de dinero en la Triple Frontera, secundado por otros socios en Estados Unidos quienes están involucrados en la importación de cigarrillos falsificados desde América del Sur.

En julio de 2017 la Cámara de Diputados paraguaya, con mayoría a favor de Cartés, había dado vía libre a dinero de procedencia dudosa para solventar los gastos electorales de los partidos, movimientos políticos y alianzas, lo que generó un masivo repudio ciudadano.

La reforma legal elevaba el tope de las contribuciones o donaciones individuales a 3.925 millones de guaraníes (670 mil dólares aproximadamente), excluir a la Contraloría General de la República del examen de las rendiciones de cuentas y del informe sobre las contribuciones o donaciones a ser presentados por los administradores de las campañas electorales al Tribunal Electoral, rechazar la moción de que también la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) verificara el origen y el monto de los ingresos recibidos, y permitir que incluso los narcotraficantes procesados pudieran realizar aportes.

Cartés representa a una élite latifundista en la nación suramericana, el 85% de las tierras paraguayas, aptas para la agricultura y la producción forestal, están en manos del 2,5% de los propietarios mayores a 500 hectáreas, mientras que el 4,12 % está en manos de los pequeños agricultores con menos de 20 hectáreas, lo que genera exclusión y desigualdad en un país sustentado en la agricultura.

Perú
El perfil de narcoestado en ese país no deja de ser una amenaza, detrás del auge del narcotráfico están mecanismos de control territorial por parte de intereses económicos y el abandono del Estado a la población, tal cual sucede en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro, territorio selvático casi del tamaño de Puerto Rico.

A comienzos de esta década, bajo el gobierno de Ollanta Humala, Perú era el primer productor de hoja de coca y de pasta base a nivel mundial, más del 80% de los campesinos involucrados en el cultivo de coca destinado al narcotráfico participan en la producción de pasta base bruta.

Alan García, quien gobernó antes de Humala, incurrió en presunta complicidad mediante indultos a sentenciados por narcotráfico. En total, 31% de los indultos y 61% de las conmutaciones de pena fueron por casos de tráfico ilícito de drogas.

Perú es un país cuyos expresidentes desde 1990 están detenidos o solicitados, su clase política atraviesa una crisis histórica que se refleja en la renuncia intempestiva de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo pasado al resistir la presión social luego de 20 meses de presidencia.

Con demasiados problemas afectando la estabilidad de su gestión, PPK afrontó acusaciones por su implicación en el caso Odebrecht en el que la constructora brasileña pagó más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad del exmandatario peruano, por asesorías hechas entre 2004 y 2007, luego tomó la decisión de indultar a Alberto Fujimori en un intento desesperado para que parte del fujimorismo lo salvara.

Acorralado por un escándalo de compra de votos en el Congreso decidió renunciar al comprobar que iba a ser destituido por el Parlamento al día siguiente. La Fiscalía solicitó al Poder Judicial que prohibiera su salida del país.

Más datos sobre derechos humanos:

Las fuerzas de seguridad han respondido ocasionalmente con armas a las protestas contra minas y otros proyectos de desarrollo a gran escala en Peru, lo que ha causado graves heridas e incluso la muerte de civiles.
En 2015 hubo más de 10 civiles asesinadosen dichas manifestaciones, incluso atribuyeron pruebas falsas en contra de un manifestante, no ha habido desde 2002 hasta la actualidad ninguna condena contra algún miembro de fuerzas de seguridad por uso excesivo de fuerza.
Colombia
En 2017 Colombia alcanzó el primer lugar de desplazados internos con 7,7 millones de personas evacuadas de su territorio por un conflicto armado que lleva 50 años y por la intensificación de la violencia que generan grupos armados que ocupan los territorios de donde salieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de firmar la paz. Los departamentos en donde huyen más víctimas son Chocó, Nariño y Putumayo.

Producto del deterioro de la calidad de vida, la droga y la guerra, de Colombia han emigrado más de 12 millones de personas, poco menos de la mitad de ellos a Venezuela. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2017 ingresaron como personas de interés a Canadá 4 colombianos por cada venezolano.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 123 casos de líderes sociales asesinados, la cifra corresponde a datos recolectados entre el 1 de enero y el 5 de julio del presente año (datos más recientes informan de 162 casos), con relación al mismo periodo de tiempo del año anterior, se registró un incremento de 30 asesinatos. según las mismas estadísticas de Indepaz, los asesinatos han sido 419 asesinatos de líderes sociales entre el 1 de enero del 2016 hasta el 30 de julio del 2018.

El pasado 14 de septiembre el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, declaró que el narcotráfico financia protestas en su país, especificó que “con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social (…) Detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías, a través del contrabando”.

Distintos voceros opositores rechazaron tales declaraciones debido a que estigmatiza a quienes ejercer su derecho a manifestarse, más cuando grupos paramilitares mantienen amenazas y persecuciones a muchos activistas sociales y los asesinatos no paran.

Argentina
Mientras su presidente, Mauricio Macri, hablaba de la “crisis migratoria venezolana” se llevaba a cabo el cuarto paro nacional en su país, esto debido a una crisis económica causada por una corrida cambiaria del peso argentino en el marco de la volatilidad financiera que caracteriza a dicho país.

Desde que asumió en 2015 la presidencia decidió liberar el dólar y “abrirse al mundo” dando pie a una “bicicleta financiera” en la que, luego de ingresar dólares, estos se valorizaron en pesos a una tasa de interés muy alta y esos pesos, a su vez, se convertían de nuevo en dólares y eran fugados por sectores exportadores. Así regresa la demanda de dólares y aumenta el tipo de cambio.

El gobierno argentino recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 50.000 millones de dólares para poner más dólares a disposición del mismo sector que los fuga, todo lo contrario de lo que prometió en campaña.

Como es menester, el FMI impuso políticas que han pasado por la reducción de 11 ministerios y que afincan los sacrificios sobre los trabajadores, las subidas de los precios de los servicios públicos y la reducción de subsidios buscó cerrar el déficit fiscal pero han mantenido la inflación alta, en los meses recientes se aceleró más su aumento al caer el tipo de cambio.

La economía se ha contraído durante tres meses consecutivos, cayó un 6,7 por ciento en junio, la peor caída mensual desde la crisis financiera mundial de 2009.

Aunque sus promesas de campaña fueron lograr la “pobreza cero” y crear empleos de calidad para los argentinos, las políticas de Macri no solo lograron que la pobreza haya aumentado debido a la inflación y la recesión económica sino que el empleo formal ha comenzado a disminuir desde su punto máximo en diciembre de 2017, además planea reducir el gasto en infraestructura como parte de sus promesas de recortar su déficit presupuestario en el marco del acuerdo con el FMI, y esto podría exacerbar la pérdida de puestos de trabajo. Toda una tormenta social mientras se prepara para buscar la reelección en 2019.

Más datos respecto a derechos humanos:

Casi un 60 por ciento se encuentra bajo prisión preventiva y solo cuatro de cada diez presos tiene una condena firme.
Durante el 2017, 1.408 víctimas en 71 lugares de encierro que denunciaron más de 5.300 violaciones a los derechos humanos.
Canadá
El 75% de las empresas mineras en el mundo son canadienses y el gobierno de Canadá ha respaldado financiera y políticamente a sus empresas mineras a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del Export Development Canada y de sus embajadas, al punto en que sus agencias de cooperación se han convertido en entidades de fomento a la inversión minera.

Más de 200 conflictos sociales en América Latina pueden ser atribuidos a la minería, 90% están relacionados con empresas de origen canadiense, las cuales forman parte de entre el 50% y el 70% de la minería en la región. En varias actividades públicas e informes un grupo de organizaciones sociales reunidas como Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) acusan a las principales empresas canadienses de “atentar contra los derechos fundamentales de los pueblos” y acusan al Estado canadiense de “contribuir a dicha violación al sostener a la industria minera y por favorecer a dichas empresas con un contexto de impunidad al tolerar o encubrirlas”.

Entre los derechos violados de manera casi sistemática por las empresas mineras canadienses destacan: el derecho al agua, a la salud, a un ambiente sano, el derecho a la seguridad y a la integridad física, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la participación, a la consulta y al consentimiento previos, el derecho a la expresión y a la protesta, el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas y a la libertad sindical.

En ciertos casos, las violaciones son directamente imputables a las empresas, como al instaurar condiciones de trabajo que contravienen normas fundamentales, provocan expulsiones forzadas o utilizan elementos de seguridad para amenazar o reprimir la protesta social. Pero hay casos en que las amenazas se hacen en complicidad con los gobiernos de los países donde se instalan o son apoyadas por Canadá, de donde son originarias.

Más datos respecto a derechos humanos:

Durante el mayo pasado el gobierno canadiense hizo llegar una nota diplomática informando al venezolano que no autorizarían la instalación de centros de votación en embajadas y consulados en Canadá violando los derechos civiles y políticos de 5.027 venezolanos inscritos en el registro electoral.
Chile
En dicho país suramericano rige todavía la constitución elaborada y promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, militar que lideró el golpe de Estado que acabó con la vida del presidente Salvador Allende e inició una dictadura que dejó más de tres mil desaparecidos y asesinados y otros miles de torturados y exiliados. El objetivo en la elaboración del texto, encabezada por el ultraderechista Jaime Guzmán, fue que perdurara el legado de las bases ideológicas de la dictadura más allá de su fin. Así se instaló una nueva cultura económica y social que consolida el modelo neoliberal y el Estado subsidiario.

El 11 de septiembre de 1980 se realizó el plebiscito para aprobar la constitución creada por el régimen de Pinochet, fue acusado de fraude debido a irregularidades formales en su celebración. Ninguno de los cinco gobiernos de la Concertación -la socialdemocracia chilena-, que administró el país después de la dictadura (Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y los períodos de Michelle Bachelet) acabó con Constitución de Pinochet.

Hoy en día Chile posee un sistema de educación privatizado, las universidades públicas y estatales no garantizan el derecho a una educación gratuita, disminuyó a la principal casa pública de estudios y disminuyó la calidad de las sedes semipúblicas que creó. La educación básica depende de los ingresos que tengan los municipios porque estos administran las escuelas y entregó el 87% de las escuelas públicas a privados, para transformarlas en establecimientos subvencionados.

Pinochet privatizó también la salud aumentando la brecha en la calidad y acceso entre la salud pública y privada, la precariedad de los servicios públicos de salud y el sistema de atención que brinda no alcanza para abarcar las necesidades básicas de un enfermo, por lo que son sometidos a atenderse mediante listas de espera, las que tardan meses y hasta años en brindar asistencia. Para ellos se realizan “bingos solidarios” y “teletones” con los que se hacen colectas para financiar a personas sin recursos para costearse tratamientos de alto costo.

En octubre de 2015, la presidenta chilena afirmó que el proceso para la reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet constaría de varias etapas, quedó en manos de la misma clase política entrampada en impunidad y corrupción.

Al cierre
Las clases políticas de estos países producen cada vez más pobreza y exclusión, por lo que su propósito de denunciar a Venezuela es otro insumo para el expediente que buscan llenar las corporaciones que los dirigen tras bastidores para promocionar la intervención en Venezuela. Mientras tanto hacen negocios y atornillan sus intereses al “caso Venezuela” desde el cual ya perciben fondos y promesas de más fondos. En esa ruta se han embarcado.

(Misión Verdad)


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