Exigen a Lanbide flexibilizar las condiciones de acceso a la RGI durante la cuarentena que perjudican a decenas de miles de familias.Ante la actual situación de aumento de las situaciones de desempleo y pobreza es necesario que se aprueben de forma automática, urgente e inmediata las solicitudes y que no haya suspensiones porque no se pueden presentar ni recursos ni alegaciones durante esta etapa de aislamiento obligatorio.
Por estos motivos se demnada que se refuerce la atención presencial, con mayores horarios y espacios que garanticen la protección frente al virus para usuarios y trabajadores de Lanbide.
Cabe recordar que el Gobierno Vasco, la Diputación y los Ayuntamientos deben asegurar que las familias con dificultades económicas, que suponen decenas de miles de menores, víctimas de malos tratos o viudas, personas desempleadas o con empleos precarios, pensionistas con escasos recursos económicos, no vayan a sufrir aún más porque la Administración no sabe ni quiere gestionar adecuadamente la situación de emergencia que está suponiendo la actual crisis sanitaria.
Berri-Otxoak urge a Lanbide a flexibilizar las condiciones de la RGI durante la cuarentena que perjudican a decenas de miles de familias
● La plataforma demanda que la aprobación de las solicitudes sea automática en este periodo
● Berri-Otxoak exige que no haya suspensiones porque no se pueden presentar alegaciones en durante esta etapa de aislamiento obligatorio
● El colectivo pide que se refuerce la atención presencial, con mayores horarios y espacios que garanticen la protección frente al virus para usuarios y trabajadores de Lanbide
Barakaldo, 7 de abril de 2020.
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak, de Barakaldo, ha pedido al Gobierno Vasco que “de manera urgente flexibilice y facilite los trámites y condiciones para que puedan acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) las decenas de miles de familias vascas que no disponen de recursos económicos suficientes y sobreviven en la precariedad”.
La petición de este colectivo se produce ante el confinamiento obligatorio y la crisis que se han derivado de la pandemia del coronavirus Covid-19. “La cuarentena está causando un triple perjuicio a las personas y familias: es mucho más difícil acceder a los servicios sociales y prestaciones de Ayuntamientos y Gobierno Vasco, además tienen que vivir aislados en viviendas pequeñas y en malas condiciones, y, para agravar más la situación, la precariedad laboral y el paro les afecta más”.
Al respecto, Berri-Otxoak ha “alertado de que hay miles de familias que se están viendo perjudicadas y con angustia por temor a perder la RGI o por no poder tramitarla debido a la reducción de la atención en Lanbide durante este periodo de aislamiento, así como a las dificultades para conseguir en estos momentos toda la documentación exigida, ya que organismos y bancos están cerrados al público”.
Por ello, la plataforma ha instado al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a que, “durante el periodo de la cuarentena, paralice cualquier medida que suponga la suspensión de la RGI y que se dejen también sin efecto las suspensiones, ya que las familias no tienen actualmente la posibilidad real de presentar alegaciones y recursos”.
Esta organización barakaldesa ha puesto el acento en que todas las solicitudes de RGI que las familias en situación de pobreza realicen en este periodo sean aprobadas de manera automática y de forma provisional. “Durante esta cuarentena, Lanbide debe dar por aprobadas las solicitudes de RGI en el mismo momento en que las familias las realizan”.
“Con la prohibición de salir a la calle y la reducción de servicios en Administración y en entidades bancarias, no se puede exigir a los solicitantes documentación que es prácticamente imposible conseguir. En lugar de pedir certificados oficiales, Lanbide tiene que aceptar, en este periodo, la declaración jurada sobre el número de miembros que componen la unidad familiar y sobre la cantidad que se paga en concepto de hipoteca o alquiler por el piso”.
Berri-Otxoak ha pedido del mismo modo “que Lanbide amplíe la atención presencial en sus oficinas y que también se extiendan los horarios para poder ayudar a las familias que viven situaciones dramáticas de supervivencia en estos momentos”.
Del mismo modo, el colectivo reclama que los espacios de las oficinas del Servicio Vasco de Empleo sean acondicionados para las actuales circunstancias, con desinfección y mayor higiene en los locales, así como una regulación de las citas para que sea posible mantener la distancia de seguridad entre las personas para prevenir el contagio por Covid-19.
“La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak considera que el Gobierno Vasco, la Diputación y los Ayuntamientos tienen la obligación legal y moral de asegurar que las familias más desfavorecidas, que suponen decenas de miles de menores, víctimas de malos tratos o viudas, no van a sufrir aún más porque la Administración no sabe ni puede gestionar adecuadamente la situación de emergencia que está suponiendo la pandemia”.
Al respecto, ha alertado nuevamente de la situación particular de Barakaldo, en donde “el Ayuntamiento, además de no reforzar el equipo de asistentes sociales, como hacen otros municipios, exige hasta 30 certificados diferentes y al menos seis instituciones y empresas distintas para tramitar las ayudas de emergencia social, a sabiendas de que es totalmente imposible cumplir estas condiciones en mitad de la cuarentena”.
