Balance oficina 21-22

Berri-Otxoakeko gizarte laguntzei buruzko kontsultek gora egin dute berriro ere, eta 918ra iritsi dira azken ikasturte honetan. Hori guztia osasun, energia, gerra-eta ekonomia krisi betean

●Joan den ikasturtean Barakaldoko Gizarte Eskubideei eta Prestazioei buruzko Informazio Puntua erabili zuten familien kontsulten balantzearen eta profil sozioekonomikoaren aurkezpena: 918 familia artatu ziren 2021-2022 ikasturtean.

●Baliabide komunitario hau 1997ko azaroaren 17an, astelehena, hasi zen lanean eta bertatik 14.934 familia igaro dira 25 urte hauetan.

●Iaz, kontsulten %62 emakumeek egin zituzten, pertsonen %42k enplegu prekarioa zuen, %26k pentsioa jasotzen zuen, %17 langabezian zegoen eta %15 iraupen luzeko langabetuak ziren.

●Kontsultetan azaldutako arazo nagusia Lanbidek aplikatutako jardunbide txarrak dira (%44). Kasuen %39tan Larrialdietarako Laguntzen murrizketei eta alokairuak eta hipotekak ez ordaintzearekin lotutako arazoei buruzko kontsultak egin dira. Kontsulten %11 gehitu behar dira, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera eskuratzeko zailtasunengatik; eta %6, SEPEk kudeatutako sorospen eta prestazioei buruzko erreklamazioengatik.

 

918 familias antendidas en el último curso

● La plataforma lleva observando un aumento progresivo de consultas en su punto alternativo de información sobre derechos y prestaciones sociales tras 25 años de servicio mientras las instituciones continúan sin ofrecer este recurso a la ciudadanía

● La plataforma constata que los grupos sociales económicamente más afectados son mujeres, personas con empleos precarios y pensionistas

● Berri-Otxoak advierte de que la senda de recortes sumada a las situaciones de precariedad provocadas por la covid-19 y a una inflación desbocada ahondan en unas desigualdades que comprometen la paz social

Barakaldo, 12 septiembre 2022

918 familias han sido atendidas en el último curso desde el punto alternativo de información sobre derechos y prestaciones sociales que dinamiza desde hace 25 años la plataforma contra la pobreza y la precariedad Berri-Otxoak en Barakaldo para luchar contra la desinformación y obstáculos en el acceso con las que las instituciones castigan a la ciudadanía.

“El agravamiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la localidad ha provocado que el punto alternativo de información sobre prestaciones sociales se vea un año más desbordado sin que el Ayuntamiento de Barakaldo o el Gobierno vasco hayan puesto medios para gestionar las demandas de información en estos tiempos de pandemia y de inflación desbocada”, han subrayado desde la plataforma.

El punto alternativo de información sobre derechos y prestaciones sociales que gestiona Berri-Otxoak es un recurso totalmente gratuito que funciona presencialmente los lunes de 11.00 a 13.00 horas en la calle San Antonio n°8 y telemáticamente a través de la dirección electrónica berrietxea@nodo50.org o a través del teléfono 650 25 46 67.

En el balance anual publicado hoy por la plataforma, han constatado que las consultas son realizadas mayoritariamente por mujeres (62%), por lo que «consideramos el cumplimento del derecho de información a la ciudadanía por parte de las instituciones un indicador veraz del grado compromiso por la igualdad que éstas realmente tienen», han sentenciado.

Por grupos de edad, las consultas fueron realizadas en un 37% por personas entre 45 y 65 años, el 30% tenían entre 30 y 45 años, el 21% eran mayores de 65 y el 12% tenían entre 22 y 30 años.

Atendiendo al perfil socioeconómico, los datos desmontan el extendido discurso de «la gente vaga» y «la paguita» que cada día cobra más fuerza en las políticas a adoptar, ya que «el 42% de las consultas han sido de personas con un empleo precario», seguidas de las realizadas por pensionistas (26%), «cuyo cuidado por parte de las instituciones deja mucho que desear». El 17% y el 15% restantes fueron realizadas por personas desempleadas el último año y de larga duración respectivamente.

En lo referente a la temática de las consultas, “como ya es habitual, destacan por encima de todas las demás las denuncias por las malas prácticas de Lanbide en la tramitación del acceso a las prestaciones sociales, en especial, la RGI, suponiendo el 44% de las consultas recibidas”, han relatado.

Otro 39% son peticiones de información sobre las ayudas de emergencia y las ayudas económicas municipales que tramita el Ayuntamiento de Barakaldo, así como faltas de atención a situaciones de desahucios, acceso a vivienda digna o problemas asociados a la carencia de ingresos para cubrir los gastos de alquileres e hipotecas, que «se han exacerbado tras la pandemia y la altísima inflación».

Destacan asimismo las consultas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) (11%), el cual acumula 101 quejas por incumplimientos en su acceso. Por último, un 6% versan sobre subsidios y prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En lo que respecta a los medios de contacto, “debido a la pandemia del covid 19, la atención telefónica ha pasado a ser el medio más habitual de contacto, copando el 43% (395) de las consultas, mientras que las presenciales fueron el 41% (376). Por otra parte, las electrónicas, siendo las menos habituales con un 16% (147), aumentan progresivamente cada año”, ha declarado Berri-Otxoak.

En la mayoría de familias de Barakaldo hay una persona con un trabajo en malas condiciones (21.400 personas) o desempleada (13% de la población activa) y entre la desempleadas el 67% (4.105 personas) no recibe ningún tipo de ingreso, subsidio o prestación, lo que sitúa al municipio en el de mayor riesgo de pobreza en Euskadi (10,1%) de entre las localidades vascas de más de 50.000 habitantes.

«A la vista del balance que refleja esta situación, interpretamos las políticas institucionales implementadas y anunciadas como una ataque frontal a la población trabajadora más desfavorecida», han sentenciado desde Berri-Otxoak.

Y es que tanto los recortes del 24% en el presupuesto de las ayudas económicas municipales y de acceso a las ayudas de emergencia social por parte del Consistorio, como el recorte presupuestario de estas últimas por parte del Gobierno vasco tras el traspaso de competencias del IMV ahondan en unas desigualdades que tras el despegue de la inflación comienzan a poner en entredicho la paz social.