Voz nº1992

Colombia es un país de gran desigualdad. Alarmantes estadísticas sociales salidas de la Cumbre y propuestas para superarlas persiguen contribuir a mejorar el Plan Nacional de Desarrollo y la inversión social y elaborar un plan contra la pobreza a 10 años. El neoliberalismo señalado como agente determinante en el incremento de la pobreza y la violencia. La Cumbre se pronunció a favor de la salida política negociada, por reforma agraria y otras reformas políticas y sociales.

La pauta la marcó el delegado de las Naciones Unidas Francesco Vincenti al afirmar que en el mundo, 1.300 millones de personas sobreviven con menos de un dólar y medio por día. Como si esto fuera poco, 440 millones de personas tienen hambre y la población estimada en un tercio de los países subdesarrollados, la mayoría en Africa,no llega a los 40 años. El alto funcionario indicó sin embargo, como consuelo, que reducir la pobreza e incrementar el ingreso, costaría 80.000 millones de dólares, cifra que corresponde al capital neto de los siete hombres más ricos del mundo. Lo difícil, lo que no dijo, es que esta suma es inalcanzable, pues los siete hombres del gran capital no se desprenderían de su dinero por ninguna causa, por más
humanitaria que esta sea. Por eso, fue bien traída a la discusión una frase del pacifista, patriota y filósof o indio asesinado en 1.948 Mahatma Gandhi: “La tierra brinda lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no su codicia”.

Caracterización de la Cumbre

La Cumbre Social Contra la Pobreza, por la Equidad y por la paz, convocada por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, se efectuó los días 22 y 23 de septiembre en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Lo positivo: se hizo un diagnóstico social nacional; se aportarán las propuestas y estadísticas al Plan Nacional de Desarrollo y demás planes oficiales y sociales. Lo negativo: asistencia escasa de la llamada sociedad civil;
escasa receptividad del gobierno nacional y de los medios de información. El propio ministro de Educación Germán Bula Escobar, observó que cada vez son menos los asistentes a los actos convocados por la paz que como éste, se vieron de nuevo influídos por la Iglesia, las ONG y las entidades oficiales.
A propósito, la nota discordante la dio Bula Escobar, quien se refirió a un tema distinto al del encuentro, evadiendo presentar soluciones al grave problema educativo nacional y sobre todo, evitando referirse a la privatización de la educación. Teorizó en cambio sobre la insurrección y manifestó su pesimismo sobre el proceso de paz. Citando a Lenin sobre esta teoría y las condiciones objetivas y subjetivas que propician ésta, dijo que “Podemos pasarnos 30 años en el proceso de paz discutiendo sobre las condiciones objetivas y subjetivas de la insurrección”.

Un alarmante estado de pobreza

La radiografía social de Colombia apreciada por las comisiones y la plenaria de la Cumbre, es preocupante. Existe un 32 por ciento de población nacional con necesidades básicas insatisfechas (registro de 1.993), unos 18 millones de colombianos. Cifra que bien podría haber sido superada hasta 1.998, cinco años más tarde, sobrepasando la suma de 20 millones de pobres. Sobre todo, como lo confirmó la Cumbre, porque el modelo neoliberal de desarrollo es el
principal culpable del incremento de la pobreza. En el marco de la pauperización social ocupan lugar preocupante la mujer, la infancia y la
población desplazada.Estos últimos, en más de un 65 por ciento tienen por jefe de hogar a una mujer.En cuanto a los derechos de la mujer se planteó la equidad frente al hombre, la reglamentación de la ley sobre violencia intrafamiliar y se propuso un Referendo en el que entre otros temas se incluiría el del aborto. El informe sobre la situación de la mujer condenó la actitud del senador conservador Roberto Gerlein, quien en un debate en el Congreso, en el que las parlamentarias Piedad Córdoba y Vivianne Morales denunciaron la otorgación de beneficios a la familia Pastrana (Datos y Mensajes)en la otorgación de la licitación de TV por suscripción, éste aludió a ellas como la
“vagina del Congreso”.

Colombia, un país de gran desigualdad

Veamos más estadísticas que preocupan. Los colombianos acceden a la seguridad social sólo en un 53 por ciento; un millón de hogares no tienen vivienda y el 34 por ciento registra condiciones de hacinamiento. El 15 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable y al saneamiento básico y el nueve por ciento de la población absoluta es analfabeta. Un total de 26 de cada mil nacidos vivos en edad lactante fallecen; el ocho por ciento de los
niños menores de cinco años tienen un peso insuficiente comprobando así su desnutrición. La matrícula bruta escolar a todos los niveles no supera el 70 por ciento; la mortalidad de los niños menores de cinco años es superior 50 veces a la de los países industrializados. En la actualidad hay 1.064 habitantes por médico, mientras en México hay 621, en Argentina 329 y en Panamá 562. El 15 por ciento de los partos no son asistidos por personal capacitado y la tasa
de mortalidad materna es de 100 por cada 100.000 nacidos vivos. Veamos las posibilidades económicas de los colombianos. La situación es acuciante. Somos un país de gran desigualdad. El 20 por ciento de la población de mayores ingresos recibe 21 veces más rentas que el 20 por ciento de la población de menores ingresos. Solamente en Venezuela esta misma relación es de 10, en Hong Kong 8,7 y en Corea de 5,7 veces. El coeficiente Gini de distribución de la tierra, está derivado del poder de los terratenientes, la práctica de la
ganadería extensiva que potreriza los bosques y los efectos concentrados de la economía del narcotráfico, que compró en los últimos años fincas en el 42 por ciento de los municipios del país.

El rastro del capitalismo salvaje

En la concentración en el mercado de capitales se refleja el capitalismo salvaje. El coeficiente Gini de la distribución de la propiedad accionaria en la Bolsa de Bogotá es de 0,9869, es decir, casi la desigualdad absoluta. La política económica y el proceso de privatización adelantado en los últimos años en Colombia, han contribuído enormemente a la consolidación de la estructura altamente desigual de la sociedad. Según el propio Banco Interamericano de Desarrollo “El hecho de que la pobreza no haya disminuído puede también
reflejar la forma en que se distribuyeron los beneficios de la recuperación”.
De acuerdo al informe central a la Cumbre, la recesión, el desempleo del 16 por ciento en Colombia, la informalidad de cerca del 55 por ciento, la temporalidad en el empleo y el subempleo del 20,2 por ciento de la población, junto a los persistentes niveles de inflación, ocasionan grave pérdida del ingreso. De otra parte, la incapacidad para resolver políticamente los conflictos, repercute sobre las posibilidades de Justicia. El sobrecupo en las cárceles es del 35 por ciento, mientras que la proporción de personas detenidas sin ser juzgadas asciende al 46 por ciento del total de la población carcelaria. Estas cifras indican el alto nivel de desintegración social.

Violencia cuesta 12,5 billones de pesos

La violencia y su impacto económico y social también fue medida. Según Planeación Nacional, el total de costos netos ocasionados por la violencia en Colombia a nivel urbano y del conflicto armado entre 1.991 y 1.996 alcanza los 12.5 billones de pesos de 1.995. Es decir, un 18.5 por ciento del PIB, con un promedio por año de 3,1 por ciento del PIB. La pérdida de vidas humanas
tiene la mayor participación con un 43 por ciento, seguida del exceso del gasto militar con 30 por ciento, gasto de seguridad con el 23 por ciento, terrorismo con tres por ciento y paradójicamente salud con sólo el uno por ciento. En Colombia la tasa de homicidios se podría haber reducido en cerca del 50 por ciento si se hubiera tenido una mejor distribución del ingreso y un PIB per cápita similar al de los países desarrollados. Colombia en contraste, registra un modesto gasto social per cápita de 164 dólares al año, por debajo de Argentina (700 dólares), Uruguay (600), Panamá (500), Costa Rica (400), Chile (350), México (250) y Brasil (250). La Cumbre estima que si bien no es deseable un mundo igualitarista que destruya los incentivos a la aplicación del esfuerzo individual, lo cierto es que es inaceptable una desigualdad tan profunda como la colombiana, que destruye la libertad de las personas en tanto que restringe
las oportunidades para el desarrollo de las capacidades. Recomienda que no sólo debe procurarse una igualdad de oportunidades inicial, sino cierta igualdad de resultados garantizada por el Estado. Esperamos que el gobierno no preste oídos sordos a este diagnóstico.