Voz nº1992

Sólo falta el decreto presidencial ordenando el despeje de la Fuerza Pública en los cinco municipios que serán escenario de los diálogos con las FARC-EP. Voces aisladas se oponen a la zona de distensión. El canje de prisioneros es posible.

El despeje de la Fuerza Pública de los cinco municipios propuestos por las FARC-EP para los diálogos de paz es inminente. El presidente Pastrana, al parecer, cumplirá la palabra empeñada con los colombianos y el compromiso con Manuel Marulanda Vélez, Comandante de las FARC-EP, y Jorge Briceño (el “Mono Jojoy”), miembro del Secretariado de la organización guerrillera,
asumido en la reunión sostenida en las montañas de Colombia poco después de su elección presidencial y días antes de la posesión como primer mandatario de la nación. Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe y La Macarena en el departamento del Meta; y San Vicente del Caguán en Caquetá, quedarán sin presencia de militares, policías, agentes del DAS, del CTI y de otros organismos de seguridad, como lo señala el acuerdo presidencial con las FARC-EP. La autoridad de los municipios, en todo caso, quedará en manos de los alcaldes municipales de cada uno de ellos. Las FARC-EP, conoció VOZ, adelanta en las áreas del despeje campañas de instrucción y orientación a los ciudadanos sobre qué significa el despeje en las llamadas zonas de distensión y de cuál debe ser el comportamiento cívico de la comunidad para colaborar en el
mantenimiento del orden y la disciplina ciudadana. Sin embargo, se continúan escuchando voces aisladas que claman porque no se produzca el despeje
o porque se mantenga algún tipo de Fuerza Pública, lo cual es inaceptable para la organización insurgente. El ataque más peligroso provino de sectores de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, que se pronunció en contra del retiro de los uniformados porque de darse el espacio geográfico de esos municipios “quedará en poder de los narcotraficantes”. El presidente
Pastrana aprovechó el viaje a los Estados Unidos la semana pasada para persuadir al Congreso norteamericano de que ello no será así. No es fácil persuadir a los gringos, porque los altos mandos militares en el lenguaje
provocador del pasado -y del presente en algunos casos-, se dedicaron a calificar a los alzados en armas de “narcoguerrilleros” y a las FARC de ser el “tercer cartel”, lo cual distorsionó el carácter político y de beligerancia que el Gobierno Nacional ahora les reconoce sin dilaciones. Sin embargo, voceros del Pentágono y altos oficiales de los Estados Unidos se pronunciaron en el sentido de que se trata de un asunto interno de Colombia.

Medios provocadores

Igualmente, algunos noticieros de televisión y medios escritos se han dedicado a divulgar el supuesto pánico de los habitantes de los municipios del despeje, que están abandonando las cabeceras municipales “ante el terror que les produce que estas queden en poder de la guerrilla”. Esta versión tendenciosa ha sido desmentida por todo tipo de encuestas que al contrario revelan el apoyo de los ciudadanos al despeje y al diálogo con las FARC-EP. El personero de La Uribe, por ejemplo, José Eduardo Trujillo, se dirigió a los medios de comunicación solicitando mesura y objetividad en las informaciones para no dar versiones que no corresponden a la verdad. Un diario registró como ejemplo de pánico la deserción escolar en San Vicente del Caguán, que en cifras mínimas se presenta todos los años después de las vacaciones de mitad de año, no sólo en este municipio sino en todos los del país, aún en las ciudades grandes.
El despeje tendrá que producirse antes de noviembre del presente año según el compromiso presidencial. Los militares, según lo afirman sus altos mandos, asimilaron la decisión del presidente Pastrana Arango, aunque se conoció el memorando filtrado a la prensa en que son contrarios al retiro de la Fuerza Pública en San Vicente del Caguán, lo cual revela que no lo hacen de buena gana. También es evidente el fortalecimiento de la presencia militar y de los
controles (retenes) en los municipios cercanos y en las regiones de acceso a las zonas de distensión. Aún faltan detalles por precisar, que serán resueltos en posteriores conversaciones del Secretariado de las FARC-EP y el Alto Comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo. Las partes han acordado mantener contactos periódicos y sólo pronunciarse a partir de las conversaciones
bilaterales y no en base a versiones de prensa. El punto más importante que está pendiente es el día y la hora en que comenzarán los diálogos, el cual será fijado, a juicio de las FARC-EP, una vez se compruebe el despeje total de la Fuerza Pública en los cinco municipios.

Los voceros están listos

Lo que está claro es que la delegación del gobierno en los diálogos estará encabezada por el Comisionado Ricardo; y la de las FARC-EP por Raúl Reyes del Secretariado, Joaquín Gómez y Fabían Jiménez del Bloque Sur, que contarán con la asesoría permanente de Manuel Marulanda Vélez. Las FARC-EP también han planteado el interés de que en los diálogos esté presente el ex constituyente Alvaro Leyva Durán, contra quien pesa una medida de aseguramiento de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, para que juegue el papel de enlace entre las FARC y el presidente Pastrana. Leyva no es vocero de las FARC como lo
ubican de forma tendenciosa los medios de comunicación. Señalamiento que lo coloca en peligro por las amenazas del paramilitarismo. En la última reunión de Víctor G. Ricardo con Marulanda, realizada en las montañas de Colombia,
hace dos semanas, se conversó específicamente sobre el tema del canje de los soldados retenidos por las FARC-EP en el país, que ya pasan de 250 entre soldados y policías, por presos políticos. Se conoce que las FARC preparan la lista de los presos políticos cuya liberación demandan, y el Gobierno Nacional estudia la modalidad jurídica para hacerlo viable. El ELN se sumó a la posición de las FARC del canje de prisioneros de guerra y también pedirá la libertad
de varios de sus integrantes que se hallan en prisión. Lo que está claro es que el canje se realizará por fuera de los diálogos de paz y a través de los contactos directos con el comisionado Ricardo. El país mira con entusiasmo que en las próximas semanas asistirá a un nuevo proceso de diálogo con las FARC, que espera esta vez culmine en acuerdos concretos para que Colombia avance hacia un nuevo estadio de democracia y de justicia social.