Voz nº1992

Nada más peligroso que un periodista cómodamente posesionado de su puesto haciendo de caja de resonancia de la justicia sin rostro, monstruo de mil cabezas. a 1.008 años de prisión fueron condenados en primera instancia los obreros urabaenses implicados mediante busrdos montajes en una masacre por el único delito de ser activistas sindicales de Sintrainagro y militantes de la
Unión Patriótica y el Partido Comunista. Las penas de 40 y 50 años por persona constituyen cadena perpetua y pena capital por el real delito de opinión.

La nota publicada la tercera semana de septiembre por la revista Cambio que dirige Patricia Lara no pudo ser más desafortunada: aprovecha el meritorio otorgamiento de un diplomado en Derecho Internacional Humanitario a Nelson Campo Núñez, ex alcalde de Apartadó, para condenarlo por los hechos de La Chinita justo en momentos en que el Ministerio Público emitía un fallo de
primera instancia absolviendo a ese funcionario de tales imputaciones en compañía del también ex mandatario de Chigorodó, Carlos Andrés Pérez Berrío. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos encontró que Campo Núñez «no tuvo ninguna participación como autor intelectual, determinador o instigador, ni mucho menos como autor material, en los espantosos hechos destacados en el barrio de invasión La Chinita» de Apartadó, Urabá antio-queño, ocurridos durante la madrugada del 23 de enero de 1994 y en el cual perdieron la vida 35 presuntos militantes de Esperanza Paz y Libertad, movimiento político del sector desmovilizado de la guerrilla del EPL. La Procuraduría reconoce que en la larga carrera política del ex alcalde de Apartadó, privado de su libertad en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, «siempre ha encauzado su ideología de acuerdo con la Constitución y las leyes». Frente a Pérez Berrío descarta de manera tajante cualquier imputación en contra suya «por no haberse demostrado que este funcionario haya
planeado, concertado, aconsejado, constreñido, motivado o desplegado algún tipo de actuación tendiente a crear o hacer nacer la idea criminal en los autores materiales de la misma». El fallo, aunque justo, no sorprendió a nadie. El 13 de diciembre de 1996 se produjo un primer pronunciamiento del Ministerio Público pidiendo la absolución de Nelson Campo, quien también ocupó un escaño en el parlamento en representación de la Unión Patriótica, y de su antecesor en
la alcaldía de Apartadó, José Antonio López Bula, detenido siendo candidato a la Cámara de Representantes por esa misma agrupación política. El 22 de julio de 1997 ambos ex mandatarios fueron declarados inocentes por un juez regional de Medellín, faltando el pronunciamiento final de Tribunal Nacional por rebelión para que ganen la calle. Por su parte, Carlos Andrés Pérez, apresado por espacio de un año y torturado por los militares siendo alcalde de Chigorodó, se encuentra en el exilio aprovechando una sentencia que lo
encontró inocente del delito de genocidio. El montaje ha sido tan burdo y torpe que tendrá que desvanecerse, dejando una estela de sangre e infamia en su empeño cumplido de sacar a la Unión Patriótica y el Partido Comunista del enclave bananero de Urabá, región que sirvió de plataforma de lanzamiento a líderes de la talla del inmolado ex candidato a la presidencia por la U.P., Bernardo Jaramillo. Veamos. El último año fueron asesinados por paramilitares en Medellín y Bogotá dos de los más prestigiosos defensores de los derechos humanos, Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.
Ambos abogados fueron acribillados a tiros en sus propios despachos siendo apoderado de José Antonio López Bula y Nelson Campo Nú-ñez, ex alcaldes de Apartadó, la principal población del eje bana-nero hoy en manos de representantes de Esperanza Paz y Libertad. Pero los ex alcaldes de Apartadó y Chigorodó involucrados en la masacre del barrio de invasión, junto a Mercedes Usuga, una anciana de 65 años —quien era la responsable de distribuir este periódico en la Casa del Pueblo— sindicada de ser una «peligrosa guerrillera», pueden considerarse como los grandes beneficiados del montaje de La Chinita al recibir condenas en primera instancia del orden de seis años, prácticamente cumplidas. Una infamia que resulta benévola a la hora de comparársele con las condenas proferidas contra los restantes 20 trabajadores involu-crados en el proceso, la mayoría de ellos obreros bananeros, activistas políticos y sindicalistas de Sintrai-nagro: fueron condenados a 1.008 años de prisión. Cadena perpetua o pena capital que no todos los procesados están dispuestos a soportar, después de asistir impotentes al derrumbe de sus familias gracias a una tragedia que en primera
instancia las condenó a abandonar la región para integrarse a la legión de los desplazados con lo que llevaban puesto: así como Albeiro Bustamante fue asesinado siendo secretario del Concejo de Apartadó después que en un acto temerario de desesperación regresó a esa población tras su absolución y posterior liberación por la masacre de La Chinita, otros de sus compañeros de
prisión como Miguel Ortíz y su esposa, prefirieron suicidarse en las celdas del Complejo Penitenciario La Picota, de Bogotá, antes que esperar la llegada tardía de una justicia que además de tuerta y manca muchas veces parece retrasada.

La carta a Patricia Lara, directora de Cambio.

Santafé de Bogotá, 22 de septiembre de 1998.

Señora Patricia Lara
Directora Revista CAMBIO 16
Ciudad.

Con profunda extrañeza he leído la nota publicada en su revista número 275, del 21 al 28 de septiembre —sección secretos—, en la que se reseña la ceremonia de clausura del Diplomado sobre Derecho Internacional Humanitario, realizado en la Cárcel Nacional Modelo, al cual tuve el
honor de asistir para recibir mi diploma. Para su conocimiento, este Diplomado surgió como iniciativa de un grupo de internos, principalmente presos políticos y contó con el apoyo y dirección del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que por aquel entonces presidía el
doctor Daniel García Peña, y la debida autorización del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec. Efectivamente a dicho curso asistieron guerrilleros, presos sociales, miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, personal administrativo y presos políticos no necesariamente guerrilleros, como es mi caso. El objetivo y la importancia de este curso fueron puestos de relieve de manera contundente por el doctor Pierre Gassman, director de la CICR, por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y por las directivas del establecimiento. Por consiguiente, no tiene nada de particular que hayamos concluido exitosamente esta jornada académica. La sorpresa surge cuando el cronista de manera malintencionada y con una total carencia de ética pretende
señalar la actividad como un ejercicio de arrepentimiento, que desconoce el significado y la necesidad de conocer más a fondo una rama del derecho tan importante para este país como es el Derecho Internacional Humanitario y también pasa por alto la elevada calificación intelectual de los instructores y panelistas que nos acompañaron. En mi caso, el asunto toma un cariz de mayor arbitrariedad cuando de manera abusiva y sesgada, el articulista hace de juez y me condena por el presunto delito de ser «autor intelectual de la matanza de 35 personas en el barrio La Chinita» de Apartadó, en donde fui alcalde, elegido por votación popular. Resulta que según la sentencia del Juez Regional de Medellín, del 22 de julio de 1997, yo fui exonerado de ese cargo y, en consecuencia, declarado INOCENTE. ¿Cómo es posible, entonces, que un periodista en su intención de dar su propia interpretación de un hecho pase por encima de toda consideración y no se tome la molestia de hacer una mínima
investigación? Esto se agrava cuando se está tocando el terreno de las acusaciones judiciales y de por medio está la honra y la libertad de las personas. Mi proceso ha transcurrido por varias instancias de la justicia y yo estoy condenado en primera instancia pero por el delito de Rebelión, cargo que está en apelación ante el Tribunal Nacional. Recuerden Uds. que mi Partido político y yo hemos repudiado dicha matanza, y lo seguimos haciendo, por lo que no puedo aceptar que desde sus páginas me sigan condenando de esa manera tan arbitraria. No es justo que un periodista haga gala de tanta irresponsabilidad y falta de ética.
En consecuencia, les solicito hacer valer mi derecho de réplica y que esta carta sea publicada en las mismas condiciones que su desafortunada nota, sin perjuicio de otras consideraciones de
mi parte.

Atentamente,

Nelson Campo Núñez
C.C. 3.636.462 de Turbo, Antioquia.