Voz

Si bien la justicia regional debe desaparecer a mediados del año
entrante, nuestros gobernantes lo que pretenden es iniciar un largo y
tortuoso proceso de desmonte de tan nefasto sistema, fortaleciendo, tal
vez, el conjunto de normas que se convirtieron en permanentes después de
haber sido proferidas bajo estados de excepción. Por iniciativa popular,
el Movimiento Nacional por el Derecho a la Igualdad ante la Ley se
propone balancear las cargas.

El proyecto de Reforma Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario que
fue presentado por la Fiscalía General de la Nación, le surgió el más
duro contradictor que alguien pueda imaginar: el Movimiento Nacional por
el Derecho a la Igualdad ante la Ley, liderado por los propios internos.

Con las cárceles atestadas de hombres y mujeres, en su inmensa mayoría
sindicados, los presos colombianos antes que obtener justicia se
convierten en auténticos profesionales del derecho, guiando la conducta
de sus apoderados o, incluso, asumiendo su propia defensa con las
limitaciones de permanecer encerrados en cuatro paredes.
Dicho conocimiento del sistema que los castiga bajo el argumento de
resocializarlos es el que mayor autoridad les otorga a la hora de
proponer salidas al escollo penal que sufren en carne propia.
El II Foro sobre Administración de Justicia y Crisis Carcelaria,
realizado el pasado 27 de agosto en la capilla del Complejo Penal La
Picota, de Bogotá, ofreció una excelente radiografía del movimiento
alternativo que está surgiendo de las entrañas mismas de las cárceles,
convirtiéndose en una luz de esperanza para cerca de 45.000 internos que
se hacinan de manera inhumana en nuestras cárceles.
Pese al inusual escenario, el evento fue todo un éxito, copando la
atención de los asistentes por espacio de todo el día con participación
de delegados de los restantes tres centros carcelarios capitalinos —La
Modelo, El Buen Pastor y la Distrital—, incluidos académicos y
estudiantes de derecho de las universidades, voceros oficiales,
representantes de organismos humanitarios, sindicales y sociales. Además
de la prensa, por supuesto.
Santiago Rojas fue el encargado de llevar la vocería del Presidente de
la República, Andrés Pastrana Arango, quien a lo largo de cinco puntos
planteó lo que a su entender debe ser el régimen penal colombiano,
concluyendo en el propósito de construir más centros reclusorios.
Posteriormente vinieron los saludos y las intervenciones de portavoces
de los ministerios de Agricultura y Justicia, también del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
El ex dirigente sindical Angelino Garzón llevó la vocería de la Comisión
Nacional de Conciliación que lidera la Conferencia Episcopal Colombiana,
seguido por las representantes del Buen Pastor que hicieron gala de
solvencia y una sorprendente altura en el conocimiento del sistema
penal.
Pero, ¿por qué la premura de protagonizar un movimiento contra la
justicia sin rostro en momentos de permanentes estallidos sociales en
las cárceles?
Aparentemente el sistema de orden público tiene los días contados. Lo
que los gobernantes pretenden es iniciar su desmonte a partir de julio
de 1999. El movimiento por la igualdad ante la ley se propone presentar
un proyecto de iniciativa popular al Congreso
Al estar respaldado por millón y medio de firmas cuando menos, el
proyecto de iniciativa popular quedaría avalado con mensaje de urgencia,
garantizando que el Congreso se ocupara de su evacuación en el período
legislativo que justo culmina por esos días, reforzando de esa manera la
caída de la llamada justicia sin rostro.
Con enormes ventajas para una administración de justicia apenas acorde
con la época: el proyecto haría tránsito de la justicia regional a la
justicia ordinaria, derogando de paso el conjunto de normas que el
Congresito convirtió en permanentes, dictadas bajo el amparo de los
estados de excepción de la Constitución de 1886.
De acuerdo con declaraciones emitidas por Marco Antonio Fonseca,
coordinador general del movimiento nacional por el derecho a la igualdad
ante la ley, las aspiraciones radican en convocar la realización de una
Convención Nacional Carcelaria con el propósito de debatir la profunda
reforma democrática que necesita y requiere la justicia, porque no se
alcanza tampoco se conseguirían los nobles propósitos de paz que tanto
requiere el país.
En opinión de los internos —incluidos los presos políticos y comunes que
llegan casi a los 45.000 en todo el país— la paz está íntimamente ligada
a la administración de justicia: el acceso a ella, la erradicación de la
impunidad, la desjudi-cia-lización, descrimi-nalización y
des-pri-sio-nalización de los tipos de conductas en el régimen
colombiano.
«Es necesario retornar al derecho penal mínimo, hay que volver a una
justicia equitativa, pero no en el ámbito de lo meramente jurídico sino
también en lo económico y lo político, en lo que tiene que ver con las
desigualdades sociales y el acceso al poder», sostiene el coordinador
general del movimiento que se comenzó a gestar en agosto anterior, y
espera que las autoridades correspondientes expidan la personería
jurídica que le corresponde, después de protagonizar otros dos foros
preliminares en La Modelo y la Misma Picota.
Por lo pronto, es de esperarse la multiplicación de promotores dentro y
fuera de las penitenciarías. Se trata de conseguir la aprobación de un
pliego de modificaciones al proyecto del Fiscal, mejorando lo positivo y
desechando lo negativo hasta conseguir una administración de justicia
más justa y equitativa, menos vengativa e intolerante.