Voz

Se volteó la torta. Hasta hace poco uno de los temas socorridos por la
propaganda anti-insurgente era la tesis de que las guerrillas no tenían
propuestas. Y se clamaba porque las formularan y las justificaran. Ahora
la cosa es al revés. En sólo la última semana tanto las FARC como el ELN
han presentado dos propuestas de fondo, que cada una en su contexto
estaría llamada a jugar un papel importante en esta etapa de
pre-negociación en que nos encontramos.
La primera se refiere a la carta enviada por Manuel Marulanda al
Congreso de Colombia proponiéndole estudiar la posibilidad de aprobar
una ley especial de indulto, que permita hacer viable la iniciativa
anteriormente difundida de realizar un canje proporcional entre los
miembros de las FARC encarcelados y el grupo de militares que en la
actualidad están retenidos en los campamentos del grupo insurgente, como
resultado de combates de los últimos meses.
Por su lado, Pablo Beltrán, dirigente del ELN y quien encabezó la
delegación de este movimiento en las conversaciones de Maguncia, ha
lanzado a la consideración de la opinión pública la idea de cambiar la
actual estructura administrativa del país para convertirla, de una
república centralista en una confederación, constituida por unidades
autónomas, similares a los actuales cantones de la confederación suiza,
que dispondrían de fuerza pública propia y órganos de poder regionales,
manteniendo una franja de asuntos que serían del resorte nacional, como
las relaciones exteriores y otras funciones comunes a todo el país.
Ahí están, pues, sobre la mesa, dos iniciativas que exigen
pronunciamientos del sistema y de los abanderados de éste. Por su
novedad y el momento de su lanzamiento, son cosas que seguramente llaman
la atención y sugieren un debate de puntos de vista que culmine con un
pronunciamiento oficial.
Desde luego, de conformidad con el molde seudolegalista que ha
caracterizado a la clase dirigente colombiana a lo largo de su gestión
como fuerza gobernante del Estado, han llovido ya sobre las dos
propuestas gran cantidad de exámenes no de la conveniencia política y de
la necesidad social e histórica de estas propuestas, sino de si encajan
o no dentro de determinadas normas que el propio sistema de poder ha
adoptado para su conveniencia y su gobernabilidad. Los rábulas del
régimen han caído como ave de rapiña para descabezar sobre todo la
primera propuesta, la que hacen las FARC para un canje inmediato de
prisioneros de parte y parte. Parece que vale más para el país atenerse
a la letra de leyes y códigos y, según su propia manera de
interpretarlos, garantizar que por encima de todo, se cumplan, que
facilitar las formas de avanzar hacia la comprensión del momento actual
y sacarle a ésta todo el beneficio que sería conveniente.
No parece que la experiencia de las relaciones entre el gobierno y el
movimiento armado, obviamente conflictivas y antagónicas, pero con
etapas y períodos de acercamiento, haya servido mucho a los
deten-tadores del poder. La absurda política de tantos años, montada
sobre viejas y podridas doctrinas como la de la Seguridad Nacional,
alimentadas por mentalidades oxidadas de la extrema derecha y el
militarismo, ha fracasado una y otra vez y ahora mismo está en su
definitiva crisis.
Aún después de que ya han abandonado la escena Alvaro Gómez Hurtado, los
generales Landazábal y Bedoya y otras yerbas, todavía se reproducen los
destartalados argumentos del principio de autoridad, del legalismo a
ultranza, del “orden público” intangible, de considerar al movimiento
guerrillero como alguien al que hay que negar el pan y la sal. El
ejemplo más clamoroso de esta torpe manera de ver el mundo actual es el
de la conocida tesis contra el despeje.
Mientras que para el acuerdo de La Uribe no fue necesario más que la
tolerancia implícita en los encuentros en Casa Verde, en Corinto y otras
partes, de los negociadores guerrilleros y las nutridas comisiones de
paz y verificación que entonces se conformaron, ya para el 94 la
guerrilla exigió el terreno limpio de La Uribe para negociar. La
intolerancia y la debilidad del gobierno Samper malogró esta
posibilidad. Para tener que aceptar ahora no uno sino cinco municipios
¡que representan un territorio mucho mayor!
Cosa parecida puede decirse de otras muchas propuestas que los grupos
armados han presentado a lo largo de encuentros e intercambios. En el
caso de Caracas, sólo la terquedad de imponerle a la Coordinadora
Guerrillera la llamada localización, convertida en fórmula sacrosanta
por los negociadores del establecimiento según particulares
concepciones, impidió que el ELN, el EPL y las FARC entraran en la
negociación en que estaban interesados.
Las iniciativas del ELN de la Convención Nacional y ahora de la
propuesta de discutir la posibilidad de un cambio de estructura política
del país para salir del eterno y funesto molde de la República
centralista, deben igualmente reclamar la atención seria y fecunda de
todos los que se reclaman de la paz y la convivencia. Afortunadamente
las fuerzas y personalidades que ponen por encima de los temas
cir-cuns-tanciales y formales los intereses superiores de la democracia
y la paz, no sólo aumentan cada día sino que exigen que su voz y su
manera de ver las cosas sean tenidas en cuenta en este contraste entre
la reacción y el progreso social y político del pueblo colombiano.