Voz

Crónica de una ignominia. En una declaración orientada a crear terror
entre la izquierda urbana y las organizaciones sindicales y populares,
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) anunciaron que iniciarán
operaciones de ajusticiamiento en las grandes ciudades a partir de
septiembre. El jefe de las AUC Carlos Castaño no está interesado en
cumplir los acuerdos del Nudo de Paramillo y Camilo Aurelio Morantes
confiesa autoría en la masacre de Barrancabermeja.

Por Jaime Robles.

Un sorpresivo anuncio hecho por las Autodefensas del Magdalena Medio
días atrás ensombreció el panorama de acercamiento de los denominados
“voceros de la sociedad civil” con los grupos parami-litares: las AUC
iniciarían acciones contra supuestos colaboradores de la guerrilla en
las grandes ciudades a partir de septiembre. Poco antes, el líder del
paramilitarismo en Colombia Fidel Castaño había expresado a la revista
Semana que incumpliría los acuerdos de respeto al Derecho Internacional
Humanitario del Nudo de Paramillo firmados por él.
El ultimátum paramilitar, consecuencia de la decisión de Castaño
recrudece el conflicto y señala a estos grupos de justicia privada como
carentes de estatus político, categoría que persiguen para sentarse a
negociar, cuando las organizaciones de derechos humanos nacional e
internacionalmente los define como instrumentos paraestatales.

Gobierno debe disolver paramilitares

En efecto, el Manifiesto de la Conferencia Europea Sobre Derechos
Humanos en Colombia (por señalar sólo una fuente) exigió al gobierno
colombiano en 1.995 dos puntos centrales: Perseguir y disolver los
grupos paramilitares o escuadrones de la muerte y restringir el fuero
militar al juzgamiento de delitos típicamente militares, incluyendo
actos violatorios de derechos humanos. Se ha avanzado en lo segundo,
pero la persecución al paramilitarismo se ha quedado en anuncios
oficiales y actos de buena fe.
El paramilitarismo en Colombia nació a raíz del decreto 3398 de 1.965,
convertido posteriormente a través de la Ley 48 de 1.968 que dio piso
legal a la Defensa Civil y a la creación de grupos de autodefensa por
las Fuerzas Militares. Desde 1.983 el procurador Carlos Jiménez Gómez
señaló la participación de personal de las Fuerzas Armadas en la
conformación de grupos de auto-defensa.

El padre putativo de las autodefensas

El Estado, desde el gobierno de Turbay hasta el actual, ha dejado
evolucionar el fenómeno paramilitar que algunos especialistas afirman,
se le ha salido de las manos, pero que otros bien informados aseveran se
encarga de ejecutar el trabajo sucio del Estado y las Fuerzas Armadas.
En medio de la más absoluta impunidad, de 1.986 a 1.995 unas 20.000
personas fueron asesinadas por razones políticas, según datos de ONG de
derechos humanos. El 73 por ciento de estos asesinatos se atribuye a la
Fuerza Pública y en ellos ha estado presente la modalidad paramilitar.
Igualmente, más de un millón 500.000 personas han sido conminadas al
desplazamiento. De otra parte, de 1.981 a 1.995 se registraron 2.600
desapariciones forzadas.
Las anteriores estadísticas superan las de la guerra sucia en épocas de
la dictadura del general Pinochet en Chile. La acción paramilitar,
denunciada como subsidiada por ganaderos y terratenientes, más
recientemente fue calificada también como financiada por prestantes
empresarios registrados en una lista incautada en Medellín a Jacinto
Alberto Soto, contador de las autodefensas de Castaño, nombres que la
Fiscalía está en mora de publicar.Detrás de las AUC, está claro, está el
gran capital nacional, que para proteger sus ganancias está dispuesto a
llegar hasta los más crueles extremos.
Otro aspecto comprobado en las dos terceras partes de los municipios de
Colombia donde hay presencia paramilitar es el hecho de que se han
detectado grandes compras de tierra a través de terceros. Se ha
denunciado al esme-raldero Víctor Carranza como uno de los autores de
compra de tierras en Meta y los Llanos Orientales y a los hermanos Fidel
y Carlos Castaño en Córdoba y Urabá. La acción paramilitar arrastra
consigo el poder sobre grandes extensiones de tierra comprada a precios
irrisorios a campesinos aterrorizados.

El panorama de impunidad

La impunidad es el entorno sobre el cual cabalgan los grupos
paramilitares, protegidos por el generalato, aseveración que queda
demostrada en el llamamiento a indagatoria y en las medidas de
aseguramiento dictadas contra “destacados“ y condecorados oficiales de
las Fuerzas Militares.
En 1.993 la Procuraduría Nacional recibió 6.072 denuncias de las cuales
sólo se abrieron 168 averiguaciones formales que representan el 2.8
por ciento del total y sólo se levantaron 97 pliegos de cargos que
equivalen al 1.6 por ciento.
En medio de esa impunidad y de la concepciòn estratégica del enemigo
interno surgida de la antigua Doctrina de la Seguridad Nacional, el 10
de agosto de 1.994 un informe del Ejército y el DAS registró la
presencia de 132 grupos paramilitares, entre los cuales descollaban
Colsingue y Macogue. En noviembre de 1.994 ya se hablaba de 150 grupos
de autodefensa. Es la fecha en que se realiza la Primera Cumbre de las
Autodefensas Unidas de Colombia que en un documento de 57 páginas
anuncian “...seguir considerando como objetivo militar a los cuadros
políticos y sindicales y a sus familiares”.
Las Autodefensas Unidas de Colombia, están extendidas en el territorio
nacional en 13 escuadrones a saber: Córdoba y Urabá; Nordeste; Boyacá;
Casanare; Cesar; Córdoba; Guaviare; Cundina-marca; Magdalena; Magdalena
Medio; Meta; Tolima y Vichada. Entre ellas se encuentran las
Autodefensas de Santander que comandan Camilo Aurelio Morantes y
Francisco Tabares. El primero confesó de manera pública recientemente,
haber cometido la masacre en los barrios nororientales de
Barrancabermeja.
En este lapso de tiempo (febrero de 1.994) había sido firmado por
Fernando Botero Zea, a la sazón ministro de Defensa el decreto 3567, más
conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que daba
piso legal a las cooperativas de seguridad, más conocidas como Convivir.
Era el retorno por otros medios del decreto 3398 de 1.965 que originaba
el paramilitarismo. Las Convivir, mezcladas en hechos delictuosos y
acciones de guerra sucia, se han deslegitimado y se registra en su
accionar un regreso a las prácticas paramilitares.
La presencia paramilitar ha sido considerada por investigadores sociales
como la guerra oculta del Estado para eliminar o debilitar al que
denominan el enemigo interno. Guerra que ante las consecutivas derrotas
sufridas por el Ejército a manos de la guerrilla, es considerada por sus
artífices intelectuales y materiales como necesaria, aunque
principalmente se ocupa de golpear a las organizaciones democráticas de
la población civil masacrándolas y a eliminar a líderes de opinión a
quienes consideran un peligro para el Estado.
En esa línea fueron asesinados 3.000 integrantes de la UP y candidatos y
personalidades como Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda, Bernardo Jaramillo,
Carlos Pizarro, Eduardo Umaña y los investigadores del CINEP Mario
Calderón y Elsa Alvarado entre muchos otros. De ahí, que las
organizaciones democráticas y de izquierda se hayan opuesto en su gran
mayoría a que el Estado dé estatus político a los paramilitares y más
aún, en vez de combatirlos y disolverlos el gobierno se siente a la mesa
de diálogo con ellos, como si éstos fueran insurgentes y no demonios
engendrados por su estrategia militar.