Voz

El viaje a Europa de parlamentarios liberales procesados por la Corte
Suprema de Justicia “en busca de asilo político”, según comentarios de
prensa, o “para buscar la solidaridad internacional”, según los
parlamentarios, y la demanda penal instaurada ante la Fiscalía contra
personas que están negociando con falsos avales de la Unión Patriótica o
el Partido Comunista con el objeto de solicitar asilo en países
europeos, son hechos que deben despertar la atención de las
organizaciones sociales colombianas y de la comunidad internacional.
El asilo político es una conquista democrática de los pueblos. Ha sido
un valioso instrumento para apoyar a quienes sufren la persecución de
dictaduras o regímenes despóticos. Su concesión es un tácito
reconocimiento de la existencia de la persecución política o del delito
de opinión en el país del que procede el asilado.
Dolores Ibarruri (La Pasionaria) fue un símbolo del exilio español de la
era franquista tras la derrota de la República. El mundo conocería
después el deambular de los exiliados de las dictaduras del Cono Sur, de
los expulsados por Pinochet y los fugitivos de las satrapías
centroamericanas y caribeñas. De dirigentes sura-fricanos de la ANC, en
la actualidad de yugoslavos, albaneses, turcos y sudaneses. Son parte
del drama de los expatriados por razones políticas, junto a decenas de
miles que lo son por razones económicas.
Colombia fue un país receptor de asilados especialmente cuando el golpe
pinochetista. Hoy es un generador. Potencialmente podríamos ser uno de
los países con mayor número de repatriados en razón a la continuidad de
la guerra sucia oligárquica, en especial la de su frente paramilitar.
Los desplazados internos que superan el 2,5 por ciento del censo
nacional seguramente no han encontrado, hasta ahora, los recursos o la
intención de vincularse al desplazamiento forzoso internacional.
La romería al exilio de dirigentes y activistas del movimiento popular,
la inició Turbay Ayala con su “estatuto de seguridad” y sus torturas,
plantones, desapariciones y asesinatos. Luego fue creciendo a medida que
aumentaron los rigores de la guerra sucia contrainsurgente desde 1985.
Dirigentes de izquierda, líderes sindicales, activistas de derechos
humanos y académicos, hacen parte de un muy importante grupo de
compatriotas que deambulan, trabajan, sueñan, vagan o luchan en el
exterior. Junto a ellos también se ha ido una buena cantidad de personas
ajenas a militancias, luchas o persecuciones en el país. Con diversos
subterfugios buscan reconocimiento de “persecución política” para
garantizar ayudas estatales. En los últimos años han aparecido “redes”
que trafican con el asilo político. Es decir comercializan el dolor y la
angustia ajena. Venden, a elevados precios, falsos avales de militancia
con constancias de persecuciones y supuestos atentados. Hacen montajes
periodísticos. Otorgan carnés y confeccionan a los clientes heroicas y
conmovedoras historietas, y en el país escogido, Suiza, Suecia o
Inglaterra, les esperan abogados expertos en la tramitología.
La Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano han demandado
penalmente por falsedad y otros delitos a los participantes de este
mercado. Se impedirá la comercialización impune del nombre de dos
organizaciones cuya militancia enfrenta valerosamente el terrorismo de
Estado. La UP y el PCC tienen claros y centralizados mecanismos para
salvaguardar, ante hechos extremos, a sus militantes más amenazados y
que no tengan realmente otras alternativas. Por esta vía se han salvado
las vidas de Aída Abella, Hernán Motta y Beatríz Gómez, entre otros.
La comunidad internacional tampoco puede ser asaltada por politiqueros
del bipartidismo vinculados a procesos judiciales por la absolución que
le otorgaron al ex presidente Ernesto Samper en el juicio por la
narcofinanciación de su campaña.
La solidaridad seguirá siendo “la ternura de los pueblos” y no negociado
de avivatos o refugio de la corrupción bipartidista.