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Será designado Comité Ejecutivo Permanente de la Asamblea de la Sociedad Civil integrado por 10 miembros. La Coordinadora Permanente de Trabajo la conformarán 32 personas y podrá ampliarse. Se exige al gobierno combatir efectivamente los grupos paramilitares. Compromiso con tareas como la toma de Bogotá por las centrales obreras y el Encuentro Nacional de los Desplazados.Gremios económicos no estuvieron presentes.

El sábado 29 de agosto sesionó en el auditorio Alfonso López Pumarejo de
la Universidad Nacional la Primera Reunión de la Comisión Nacional de la
Asamblea Permanente por la Paz. El objetivo del evento, al que acudieron
los voceros de la sociedad civil designados en la Asamblea de los días
30 y 31 de julio reunida en la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá,
fue el de plasmar en mecanismos prácticos la orientación y las tareas
emanadas de ésta, trazar orientaciones y fijar posiciones frente al
proceso de diálogo y la participación de la sociedad civil en él.
Sesionaron diez comisiones de trabajo en las cuales se trataron temas
como conclusiones políticas, agenda, organización, comunicaciones,
pedagogía, educación, regiones, sectores entre otros.
Entre las conclusiones organi-zativas se destacan las siguientes:
Creación de la Coordinadora Permanente de Trabajo que de hecho disuelve
el Comité de Impulso existente, la cual estará conformada por 32
miembros con posibilidad de ser ampliada teniendo en cuenta las regiones
y a los desplazados. De esta comisión saldrá un Comité Ejecutivo de 10
personas con carácter permanente. La Comisión Nacional de la Asamblea,
constituída por los asistentes registrados: más de 180, se convierte en
el mecanismo de mayor autoridad y podrá ampliarse de acuerdo a las
circunstancias.

Compromisos con
acciones populares

En las conclusiones finales aprobadas figuran compromisos como el de
participar en el Encuentro Nacional de los Desplazados a efectuarse el
16 de septiembre. Hacer presencia en la toma de Bogotá por las centrales
obreras a realizarse los primeros días de octubre. Además, impulsar la
jornada del 16 de octubre, con ocasión del primer aniversario de la
Jornada por la Paz, la Vida y la Libertad y contribuir a la organización
y realización de la Pausa Nacional por la Paz.
En lo concerniente a la anunciada reforma política, se exigió al
gobierno la creación de un amplio espacio de concertación entre fuerzas
políticas y sociales que perfile un acuerdo auténticamente nacional en
función de la paz. Al respecto se convocará también un seminario
nacional de reforma política.
Se respalda y se acuerda participar en la Cumbre Social Contra la
Pobreza a la vez que se deja claro que el ajuste fiscal anunciado por el
gobierno no puede sacrificar los planes de inversión social de beneficio
regional y municipal.

Se plantean
reformas urgentes

Se acuerda construir una Comisión que verifique el cumplimiento del
Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores del conflicto
y una comisión que verifique el despeje y la seguridad de la población
de estas áreas.Las conclusiones políticas saludan como altamente
positivo el cese del fuego en los municipios de despeje.
Se condena enérgicamente el incremento de la confrontación. Se anota que
la sociedad civil debe ganarse su sitio en el proceso de diálogo y paz
frente a los actores armados con su presencia y sus acciones y que deben
construirse espacios de concertación y escenarios conjuntos por la paz.
Se llama a impulsar la participación de la sociedad civil en el proceso
de la Convención Nacional y se saludan con entusiasmo los acuerdos de
Puerta del Cielo firmados en Maguncia.
También, se llama al gobierno a combatir efectivamente los grupos
paramilitares, a castigar a los funcionarios públicos ligados a ellos,
desmontar la Justicia Regional, reformar la Justicia Penal Militar,
tipificar como delito la desaparición forzada de personas y se condenan
las declaraciones del jefe paramilitar Carlos Castaño donde amenaza con
la ejecución de nuevas masacres y de torpedear los eventuales procesos
de paz con la insurgencia guerrillera. Un hecho que sacudió la plenaria
de la Comisión Permamente por la Paz fue el asesinato en Valledupar de
la periodista y trabajadora de paz Amparo Jiménez, crimen que se condenó
y se interpretó como un atentado más al proceso de paz.