CEPRID

Cuba y sus perspectivas energéticas: una revisión reciente

José Luis Rodríguez

Jueves 11 de diciembre de 2014 por CEPRID

Cuba Contemporánea

Hace unos días el Ministerio de Energía y Minas brindó una amplia explicación acerca de las perspectivas de la generación de electricidad para los próximos 15 años, durante los cuales se ha previsto un profundo cambio en la matriz de la producción eléctrica nacional. Para tener una visión de la importancia de estas transformaciones es preciso tomar en cuenta cómo evolucionó el sector en los últimos 25 años.

Uno de los aspectos que más duramente golpeó a la economía cubana durante el llamad o Período Especial fue precisamente la situación energética, considerando que el país no contaba con yacimientos suficientes para la producción de petróleo, ni poseía otros recursos naturales que suplieran tal carencia.

Hasta 1989 la producción de petróleo y gas no llegaba al millón de toneladas por año y el suministro de portadores energéticos descansaba en la importación de la antigua Unión Soviética, que alcanzó 13,3 millones de toneladas de crudo anualmente hasta esa fecha. Incluso –mediante el ahorro de petróleo– se evitó llegar a consumir la cantidad pactada para la importación durante algunos años, lo que brindó ingresos adicionales por millones de dólares en una operación equivalente a la reexportación de combustible a través de un acuerdo especial con los soviéticos, operación que ya había alcanzado 10,2 millones de toneladas en el quinquenio 1981-1985.

Al iniciarse la crisis de los 90, Cuba producía 671 mil toneladas de petróleo, por lo que al desaparecer las importaciones soviéticas en 1992 –pagaderas en rublos transferibles y a precios favorables–, se enfrentó una severa crisis al disminuir las compras externas de petróleo y productos derivados de 10,2 millones de toneladas en 1990 a 5,5 millones en 1993, para un descenso del 45,8% en tres años.

Los efectos de semejante reducción no se hicieron esperar, particularmente en la producción de electricidad, que se sustentaba mayormente en los derivados del petróleo. De este modo, la generación cayó de 15,025 GWH en 1990 a 12,459 en 1995, para una baja del 17,1%.

Ya el año anterior la crisis había alcanzado un punto crítico cuando la capacidad de generación se situó por debajo del 40% de su potencial debido a la falta de combustible, lo cual obligó a la paralización de una parte significativa de la industria, y creó una situación muy tensa a la población debido a los cortes de energía cada 8 horas en la capital del país y por períodos incluso superiores en otras ciudades y pueblos.

Esta adversa coyuntura comenzó a superarse con el incremento de la producción petrolera nacional, que ya en 1995 alcanzó un millón 471 mil toneladas, y en ello desempeñaron un importante papel las empresas mixtas creadas especialmente con capital canadiense. A esto se añadió la adaptación de las centrales termoeléctricas para que comenzaran a quemar el crudo nacional, considerado muy pesado, pero cuyo uso se hizo inevitable en esas circunstancias.

A partir del aprovechamiento del gas acompañante de los yacimientos petroleros en 1997 se incrementó la producción energética, y en el año 2000 se logró acumular tres millones 269 mil toneladas de petróleo equivalente. También la generación eléctrica igualó el nivel de 1990, aunque con una composición algo diferente, ya que las termoeléctricas generaron el 89%, pero las turbinas de gas cubrieron el 9%. Por otra parte, el consumo promedio del sector residencial superó los 126 KWH al inicio de este siglo, superando un 3% el de 1990.

De igual modo, a partir de un mayor peso del sector turístico en el crecimiento económico del país y de la contracción en la industria, se redujo el coeficiente de intensidad energética de 2,64 mil barriles de petróleo equivalente por cada millón de pesos de PIB en 1990, a 1,99 en el 2000, medido a precios constantes de ese año. Asimismo, disminuyó la emisión de CO2 en términos de Kg/h de 3,18 en 1990 a 2,40, para una reducción del 24,5%.

Durante el decenio 2000–2010 se produjeron también importantes transformaciones en el sector energético cubano. Un factor que marcó el inicio de estos cambios fue la crisis de la generación eléctrica que se produjo durante el segundo semestre de 2004. En este caso colapsaron varias termoeléctricas, comenzando por la Antonio Guiteras de Matanzas, lo que llevó al país a una situación parecida a la de 1994, llegando a reducirse la capacidad de generación a un 38% del potencial, con la consecuente paralización de muchas actividades económicas y la reaparición de cortes de electricidad de similar intensidad a la vivida diez años antes.

Frente a esta compleja coyuntura, el país debió dedicar cientos de millones de dólares –en primer lugar– a la compra de plantas eléctricas de combustible diesel para asegurar el pico de generación de las noches, cuando se elevaba la demanda muy por encima de la posibilidad de generar. Después fue preciso adquirir plantas de generación descentralizada que utilizarían combustible fuel y que trabajaban con mayor eficiencia. A partir de esta experiencia, se propuso un intenso plan de ahorro de electricidad y otros portadores energéticos, dando lugar a lo que se denominaría como Revolución Energética, la cual se desarrollaría en el contexto de la llamada Batalla de Ideas, lanzada a partir de 1999.

Como parte de la campaña dirigida al ahorro de energía, a partir de 2005 se produjo una sustitución masiva del keroseno y el GLP para cocinar, así como de los efectos electrodomésticos en todos los hogares. Se introdujeron cocinas eléctricas así como nuevos equipos electrodomésticos de procedencia china, que se instalaron a partir de la entrega de los equipos viejos.

Estos efectos se vendieron a precios subsidiados a la población por un valor estimado de más de 19 mil millones de pesos, que fueron amortizados en muchos casos mediante pagos a plazos durante varios años. Para tener una idea de la magnitud de esta operación, baste decir que se sustituyeron 4,4 millones de equipos electrodomésticos y, de ellos, 2,6 millones de refrigeradores.

Lógicamente, se redujo el consumo de keroseno entre 2005 y 2012 en 68,7% y el GLP en 51,4%. Por su parte, el consumo eléctrico promedio de los hogares aumentó de 140,2 KWH en 2005 a 172,2 el pasado año, para un incremento del 22,8%.

Sin embargo, el precio del petróleo WTI, que promedió 56,50 USD por barril en 2005, se elevó a 97,90 USD en 2013, para un incremento del 73,3%, lo que redujo notablemente las perspectivas de ahorro previstas diez años atrás, tomando en cuenta que el 96% de la generación eléctrica depende del petróleo, que a su vez es necesario importar en 53%.

Para disminuir este impacto las tarifas eléctricas se aumentaron en 2005 y 2010. Estos aumentos implicaron para el consumo residencial promedio un crecimiento del 56,1% en la factura del primer año y 23,6% un lustro más tarde, pero no frenaron el incremento del consumo de los hogares, que se ha mantenido hasta el presente.

Igualmente, en 2004 se acordó con Venezuela que los servicios que Cuba brindaba a ese país pasaran a ser bienes transables, y gracias a ese acuerdo el pago del combustible importado se estabilizó a partir de los ingresos generados por las exportaciones cubanas de servicios, que –en general– han logrado compensar los incrementos de precio del crudo en el mercado mundial.

Luego de la crisis que el país enfrentó en 2004, se logró estabilizar la generación eléctrica, al tiempo que se emprendía un amplio proceso inversionista para mejorar la eficiencia de las redes de distribución.

A pesar de las medidas adoptadas fue necesario crear en 2012 una comisión multidisciplinaria encargada de diseñar la política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía que permitiera una transformación a fondo de la matriz energética.

Los análisis realizados se han dirigido, por una parte, a continuar desarrollando la producción petrolera nacional. Por otro, se trata de incrementar la seguridad energética disminuyendo la dependencia externa en los portadores energéticos.

En relación con la producción petrolera, se mantienen inversiones para elevar los niveles de eficiencia en la extracción y compensar la declinación de los pozos en explotación. No obstante, las perspectivas de mayor importancia se ubican en la extracción de petróleo off-shore.

Al respecto cabe recordar que la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México abarca 112 mil kilómetros cuadrados, divididos en 59 bloques, de los que hay contratados 22 con ocho países. Estas oportunidades de inversión extranjera fueron promovidas en el recién celebrado XXI Congreso Mundial del Petróleo, efectuado en Moscú en junio de este año.

Desde 2004 hasta el presente se han perforado cuatro pozos, parte de los cuales han dado petróleo pero no en condiciones de explotación comercial. No obstante, especialistas cubanos estiman un potencial de reservas ascendentes a 20 mil millones de barriles de petróleo off-shore, aunque en EEUU la cifra se ubica entre cinco y nueve mil millones. En todo caso se trata de cifras que –de materializarse– cambiarían radicalmente la ecuación energética de Cuba.

Para incrementar la seguridad energética nacional se han destacado como problemas fundamentales la alta dependencia de combustibles importados, el elevado costo promedio de la energía entregada, la fuerte contaminación ambiental y la baja utilización de las fuentes renovables de energía (FRE).

Como ya se señaló, el país solo cubre sus necesidades de petróleo equivalente en 47%; la generación de un KWH de electricidad tiene un costo en divisas de 0,21 USD y 0,065 CUP, el cual es sumamente alto si se compara con otros países; la emisión de CO2, si bien se ha reducido, aún se mantiene a niveles elevados, y la utilización de FRE en la generación eléctrica es de solo 4,3%.

La estrategia diseñada para enfrentar esta situación supone básicamente seguir avanzando en la producción petrolera, especialmente off-shore, y elevar la generación eléctrica a partir de FRE a 24% del total hacia 2030. El desarrollo de estas últimas requiere inversiones que se estiman en 3 700 millones de dólares, las que suponen también la participación de financiamiento foráneo y créditos intergubernamentales para llevarlas a cabo.

El programa comprende fundamentalmente 19 plantas bioeléctricas asociadas a la industria azucarera, con una capacidad de 755 mil KW, a un costo de 1 290 millones de dólares recuperables en un plazo entre seis y ocho años; 633 mil KW procedentes de la energía eólica –fundamentalmente en la costa norte de la zona oriental del país– con una inversión de 1 120 millones de dólares a recuperar entre cuatro y seis años; 700 mil KW de energía fotovoltaica, con una inversión de 1 050 millones de dólares que debe recuperarse en los próximos 11 a 13 años, y 56 000 KW en energía hidráulica, con una inversión de 110 millones a recuperar entre cuatro y seis años. Adicionalmente, para elevar la capacidad de generación a 30 000 GWH en 2030 se requerirán otras inversiones en el resto del sistema.

Por último, no debe dejar de tomarse en cuenta la participación del sector no estatal en el desarrollo de pequeñas instalaciones capaces de generar electricidad a partir de fuentes renovables y que pueden representar una solución económica para comunidades en zonas rurales.

Otro aspecto será la introducción de tarifas eléctricas para el sector residencial que realmente estimulen el ahorro y no solo penalicen el gasto.

La elevación de la autonomía energética de la economía cubana es un factor de gran importancia dentro de las transformaciones en curso, si consideramos la necesidad de reducir el peso de la importación de combustibles en la balanza de pagos, que se estima pasó de 32% del valor de las importaciones en 2008 al 46,9% en 2012, según el Anuario Estadístico de Cuba.


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