Lanbide rectifica ante el juez y reconoce sus irregularidades en la anulación de ayudas sociales a un trabajador en precario
·El Servicio Vasco de Empleo ha intentado hacer pagar sus propios errores a un perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)
·El perjudicado tuvo que devolver 3.000 euros, aunque no había motivación, pese a que ya había prescrito el plazo de reclamación y a que el problema se debía a la deficiente gestión de Lanbide
·Asociaciones contra la pobreza y la exclusión acusan a Lanbide de incumplir la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso a las prestaciones sociales
·La justicia ha condenado en más de 244 ocasiones a Lanbide en los últimos 30 meses, hasta junio de 2019. En el primer semestre de 2019 se ha registrado cada mes cerca de una decena de sentencias contrarias al Servicio Vasco de Empleo
Bilbao, 12 de diciembre de 2019.
El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide ha reconocido ante un juez que actuó contra la ley al exigir a un perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), vecino del barrio bilbaíno de Santutxu, que devolviera 3.000 euros. La rectificación ha llegado el mismo día que se celebraba el juicio por el caso y tras haber transcurrido casi tres años desde el inicio del proceso de penalización que ahora ha quedado anulado, según ha informado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak.
La víctima de esta “irregularidad” de Lanbide tiene 48 años y es un trabajador con salario insuficiente, al que Lanbide ha hecho pagar casi 2.965,72 euros porque el servicio de empleo gestionó incorrectamente los denominados ‘incentivos al empleo’ de la RGI, una ayuda social mensual para los ciudadanos que tienen empleo en situación de precariedad y bajos ingresos.
El damnificado cumplió todos los requisitos para recibir esta prestación pero el Servicio Vasco de Empleo no realizó el seguimiento que debía. Así, el solicitante entregaba cada mes su nómina para que la ayuda social se ajustara al importe del salario, sin embargo, Lanbide ignoró durante tres años los documentos y no los evaluó, como era su obligación. De este modo, debido a la actuación de Lanbide, el importe de la ayuda se mantuvo estable aunque tenía que haber variado.
A pesar de que la responsabilidad es del organismo público, por su “deficiente gestión”, ha hecho pagar el error a la víctima, que ha devuelto los 3.000 euros y ahora, en los tribunales, “Lanbide ha admitido que actuó sin cumplir las leyes”, ha destacado Berri-Otxoak.
En una resolución [SE ADJUNTA] del reciente 28 de noviembre de la dirección general de Lanbide se “revoca” la penalización impuesta al vecino de Bilbao, a pesar de que había sido la propia dirección general la que hace algo más de dos años y medio la que había ratificado la exigencia de devolver los casi 3.000 euros.
“Ha de concluirse que el procedimiento de reintegro carece del hecho causante que establece el artículo 56.1 del Decreto 147/2010, debiéndose proceder a su anulación y al reconocimiento de las cuantías compensadas a lo largo de este procedimiento en concepto de atrasos”, señala el documento de Lanbide presentado al juez.
La dirección general del Servicio Público de Empleo admite, así mismo, que aunque la ley de Hacienda vasca establece un plazo de prescipción de cuatro años, Lanbide ha intentado reclamar al perjudicado por hechos sucedidos hasta siete años antes.
“En atención a las fechas en que se produjo la percepción de los importes que recogía el procedimiento de reintegro que se revoca en la presente resolución, ha de considerarse, a fecha de hoy, que se encuentran prescritos, debiéndose declarar dicha prescripción de oficio”, ha reconocido ahora Lanbide, cuando la demanda ya estaba ante el juez. En abril de 2018, el mismo organismo público se había negado a rectificar cuando se lo pidió oficialmente la persona afectada.
La plataforma contra la exclusión social ha advertido, ante este nuevo episodio, que “Lanbide vulnera los derechos, legislación, procedimientos y reglamentos de gestión y acceso a las prestaciones sociales”.
“Aunque en los últimos 30 meses Lanbide ha sido condenado por los tribunales en 244 ocasiones, sigue con su política de malas prácticas aplicadas a las familias con mayores dificultades para llegar a fin de mes y apostando por vulnerar los derechos sociales de las personas que sufren en la actualidad las situaciones de pobreza y precariedad, principalmente mujeres con menores a cargo”, han subrayado desde este colectivo social.
“Además, todo este proceso legal es un auténtico calvario: desde las dificultades que supone emprender acciones legales contra la Administración, la demora de las causas judiciales, que los juicios contra Lanbide se celebren en el palacio de justicia de Vitoria-Gasteiz o los meses que tarda el Servicio Vasco de Empleo en acatar las sentencias dictadas en su contra”, ha añadido la plataforma.
“Estas circunstancias conducen a decenas de familias a renunciar a demandar a Lanbide o a que una vez iniciado el proceso se retiren del mismo. Son muchos meses sin disponer de recursos económicos para poder sobrevivir”, explican.
Berri-Otxoak surgió en Barakaldo hace 27 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.
