Criminalización de la pobreza

El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza

La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo.
Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.
Desde Lanbide se sigue estigmatizando a las familias usuarias como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad.

Eusko Jaurlaritzak eta Lanbidek pobreziaren beste kriminalizazio kanpaina bultzatu dute

Ertzaintza 50.000 familia gizarte-prestazioen hartzaileen etxe guztietara joaten ari da: pentsioen osagarria, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta enplegurako pizgarriak.
Agindu judizialik edo lege-babesik gabe, etxe guztietan sartzen ari da, eta tresnak eta armairuak berrikustera ere helzen dira.
Lanbidek familia erabiltzaileak estigmatizatzen jarraitzen du iruzurrerako joera edukiko balute bezala. Irurrak ez du garrantzi handirik: kudeatutako prestazio guztien % 0,5 ere ez da iristen eta. Aitortutako asmoa, eta agerikoa, pertsonak gizarte-babeseko sistematik kanporatzea da, hau da, gure erkidegoan bizi diren pentsiodunak, langabeak edo enplegu prekarioa dutenak.

Frente Lanbide Beurko denuncia acoso, estigmatización y criminalización de las familias empobrecidas¿Cobras una ayuda? Pues la Ertzaintza podría visitarte a casa para revisar los armarios
Eusko Jaurlaritzak eta Lanbidek pobreziaren beste kriminalizazio kanpaina bultzatu dute.


Nota de prensa

Barakaldo, jueves 23 de febrero

El Gobierno Vasco y Lanbide están desarrollando una nueva campaña de estigmatización y criminalización de las personas y familias con dificultades para llegar a fin de mes, pensionistas, desempleadas o con empleos en precario.

La Ertzaintza está empezando a personarse desde este inicio de año en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras del Complemento de Pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos y los Incentivos al Empleo.

Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en el conjunto de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios de las personas solicitantes o perceptoras de la RGI. Esto ocurre con la excusa de revisar la residencia efectiva cuando la propia persona que abre la puerta a la Ertzaintza se identifica documentalmente como la persona titular de la solicitud o de la prestación.

Se está invadiendo de forma ilegal los domicilios de las personas perceptoras bajo la coacción. Se amenaza que en caso de denegarse el acceso al domicilio la Ertzaintza realizará un informe desfavorable, lo que conllevará la suspensión o denegación del acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o los Incentivos al Empleo.

Lanbide está imponiendo, a través un cuerpo policial como la Ertzaintza, el acceso al hogar de las personas solicitantes o titulares de las prestaciones sociales. Sin entrar en vigor la nueva Ley de la RGI y, más aún, sin crear el supuesto cuerpo de “inspección”, que estaría formado 25 personas de la plantilla de Lanbide.

La Ley de reforma de la RGI del Gobierno Vasco aprobada el pasado 22 de diciembre, y avalada con los votos favorables de Izquierda Unida-Podemos y la abstención de EH Bildu, ha conllevado un endurecimiento de requisitos y una intensificación de la criminalización de las personas y familias solicitantes de esta prestación.

Desde Lanbide se sigue estigmatizando a las familias usuarias como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad.

Además, sin ningún anclaje legal, se insiste en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial. Hecho cuestionado por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de la denuncia de varias personas usuarias de las oficinas del Lanbide del barrio barakaldés de Cruces.
Hay que tener en cuenta que en sus 34 años de historia las políticas sociales del Gobierno Vasco han sido incapaces de proteger a las familias de la CAPV. Cada año un tercio de la población en situación de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos, 54.197 personas; y las personas que acceden a la RGI que no salen de la pobreza llega hasta las 67.306 personas. Todo ello según datos del propio Gobierno Vasco.

Recortes y criminalización que se aprueban mientras repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes: en concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.

 

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