Contra los recortes y las malas prácticas de Lanbide

Esta mañana representantes de distintos colectivos sociales y feministas de Bizkia nos hemos concentrado ante la oficina de Lanbide-Mazarredo con el ánimo de denunciar los recortes y las malas prácticas que se realizan desde el Servicio Vasco de Empleo. En año y medio Lanbide ha sido condenado por los tribunales en 172 ocasiones por sus artimañas con las prestaciones sociales.
Pese a lo cual sigue con su política de funcionamiento basada en las malas prácticas y recortes. Hay que tener en cuenta que en el primer semestre del pasado año se dictaron 84 resoluciones, igualando las dictadas en todo el año 2017; donde fueron 88 las sentencias condenatorias contra Lanbide.

Varios ejemplos se han dado cita ante esta oficina del Servicio Vasco de Empleo:

•La vecina de Barakaldo I. T., mujer víctima de violencia de género con 2 menores a cargo. A la cual después de 16 meses sin percibir la RGI los tribunales dieron la razón ante la denuncia que presentó contra la oficina de Lanbide del barrio barakaldés de Beurko.

•Sonia, mujer de Portugalete a cargo de trillizos de 6 años. La cual ha demandado a Lanbide y cuyo juicio se verá este próximo 30 de enero. En concreto, Lanbide exigía a esta mujer una serie de documentos; los cuales había solicitado y estaba a la espera de ser remitidos desde los juzgados de Barakaldo. Sin embargo, Lanbide decidió quitarla la RGI. Producto de esta situación, no pudo hacer frente a los 560 euros mensuales del alquiler donde vivía; y se vio inmersa en un proceso de desahucio.

Video

Asociaciones sociales y colectivos feministas de Bizkaia:
Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo); Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia; Berri-Otxoak (Barakaldo); Mujeres del Mundo; Oficina de Derechos Sociales de Portugalete; Punto de Información sobre RGI (Santurtzi); PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.


Comunicado

En la mañana de este lunes personas usuarias de Lanbide denuncian ante la oficina de la calle Mazarredo los constantes recortes, malas prácticas y campañas de criminalización que sufren las personas perceptoras de las prestaciones sociales: desempleadas, familias con empleos precarios o pensionistas.

Estas situaciones las están evidenciando las sentencias de los diferentes tribunales de lo Contencioso Administrativo ante los cuales se dirigen las familias que han visto vulnerados sus derechos por parte de Lanbide. Cabe destacar que en el primer semestre del pasado año se dictaron 84 resoluciones contra Lanbide, igualando las dictadas en todo el año 2017; donde fueron 88 las sentencias condenatorias contra Lanbide.

Un ejemplo ha sido la resolución emitida ante la demanda formulada por la vecina de Barakaldo I. T., mujer víctima de violencia de género con 2 menores a cargo. A la cual después de 16 meses sin percibir la RGI los tribunales dieron la razón ante la denuncia que presentó contra el Servicio Vasco de Empleo del barrio barakaldés de Beurko.

Aunque en año y medio Lanbide ha sido condenado en 172 ocasiones sigue con su política de malas prácticas aplicadas a las familias con mayores dificultades para llegar a fin de mes; y apostando por vulnerar los derechos sociales de las personas que sufren en la actualidad las situaciones de pobreza y precariedad. Principalmente mujeres con menores a cargo.

Cabe tener en cuenta que todo este proceso legal es un auténtico calvario: desde las dificultades que supone emprender acciones legales contra la administración, la demora de las causas judiciales, que los juicios contra Lanbide se celebren en el Palacio de Justicia de Gasteiz o los meses que tarda Lanbide en acatar las sentencias dictadas en su contra. Esto acarrea que decenas de familias desistan de demandar a Lanbide o una vez iniciado el proceso se retiren del mismo. Son muchos meses sin disponer de recursos económicos para poder sobrevivir.

En este sentido un ejemplo es Sonia. Mujer de Portugalete a cargo de trillizos de 6 años. La cual demandó a Lanbide y cuyo juicio se verá este próximo 30 de enero.

Cabe recordar que a esta mujer la retiraron la RGI después de separarse y cuando iniciaba los trámites del divorcio. Lanbide exigía que presentara una sentencia o un convenio regulador; pero desde los juzgados de Barakaldo aún ni la habían asignado la letrada que necesitaba -y que había solicitado- para que realizara los trámites necesarios para disponer de esta documentación.

Producto de esta situación. Al perder la RGI, esta mujer no pudo hacer frente a los 560 euros mensuales del alquiler donde vivía; y se vio inmersa en un proceso de desahucio.

Por todos estos motivos, exigimos a Lanbide que revierta su actual política de recortes hacia las personas en paro, con empleos precarios o pensionistas. A la par que demandamos que se respete los derechos de las mujeres afectadas por la pobreza y la violencia sexista.

En esta línea, la actual reforma de la RGI no puede conllevar ningún nuevo recorte y ha de garantizar unas prestaciones que acaben con la pobreza y permitan proyectos de vida dignos.