Lanbide cortó la RGI a una mujer con embarazo de alto riesgo por renunciar a un empleo

Esta mañana diferentes colectivos sociales han desarrollado una movilización en denuncia de la vulneración de derechos que ha sufrido una trabajadora de hogar por parte del Servicio Vasco de Empleo. Pasados varios años -estamos hablando de unos hechos del año 2012- Lanbide reclama a esta mujer, con 2 menores a cargo, el abono de 9.000 euros.
Hay que tener en cuenta que esta empleada de hogar acreditó ante Lanbide, y mediante diferentes informes médicos, los problemas y dificultades que sufría en su embarazo de alto riesgo.

Frente a esta realidad Lanbide decidió, sin embargo, aplicar una serie de recortes y malas prácticas. Como lo corrobora una reciente resolución del Defensor del Pueblo:

Resumen resolución Ararteko contra recortes Lanbide a trabajadora de hogar.

Colectivos sociales de Bizkaia:
Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales (Portugalete), Posada de los Abrazos, Punto de Información sobre RGI (Santurtzi), SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

Comunicado

No a la feminización de la pobreza
lanbide continúa vulnerando los derechos de las trabajadoras de hogar

En el contexto del “Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal” queremos denunciar con una kalegira desde la sede central de Osakidetza hasta las oficinas centrales de Lanbide, la violencia y el desamparo que continúa ejerciendo LANBIDE contra las mujeres trabajadoras de hogar, un colectivo especialmente precarizado y vulnerable.

Una reciente Resolución del Ararteko vuelve a denunciar los recortes y malas prácticas del Servicio Vasco de Empleo. Los hechos se remontan al año 2.012, cuando Lanbide cortó el derecho a acceder a una prestación social a una trabajadora de hogar con un embarazo de alto riesgo, pese a que la mujer presentó diferentes informes médicos en los que se detallaba la especial situación de peligro, tanto para su salud como la de su bebé.

LANBIDE no solo hizo oídos sordos a la evaluación de los especialistas médicos sino que, a día de hoy, reclama a la mujer- con dos menores a cargo – la devolución de 9.000 euros (6.829,95 en concepto de RGI y 2.258,33 por la PCV).

Según denuncia el Ararteko en su Resolución, esta trabajadora de hogar ha sido víctima de toda una serie de malas prácticas por parte de LANBIDE, institución que ignoró las serias dificultades de salud que presentaba la trabajadora de hogar y que la obligaron a renunciar a uno de sus dos empleos.

LANBIDE no solo vulneró los derechos de esta trabajadora del hogar y los de su hijo, sino que la empujó a una situación de mayor precariedad no solo laboral sino vital.

Como consta en la Resolución del Ararteko, la mujer había acreditado ante Lanbide su delicada situación de salud con diferentes informes médicos y las cotidianas visitas a los especialistas dado el alto riesgo de su embarazo. El riesgo en el embarazo quedó finalmente demostrado cuando los médicos debieron realizarle una operación quirúrgica para llevar a buen puerto el embarazo.

Todos los derechos para las trabajadoras de hogar

En definitiva, volvemos a denunciar los recortes laborales y sociales que continúan sufriendo las trabajadoras del hogar por parte de LANBIDE y OSALAN. Ambas instituciones son responsables de la vulneración de derechos que ha padecido esta empleada de hogar a la que el Servicio Vasco de Empleo exige 9.000 euros, por aparecer como baja voluntaria de un empleo.

Este caso es otra evidencia de cómo las instituciones, ni atienden, ni informan, ni reconocen los derechos que corresponden a las trabajadoras de hogar.

En concreto, OSALAN no se ocupó de que estuviese informada de sus derechos por riesgo durante el embarazo (se niega a controlar la salud laboral en el sector); y LANBIDE continúa presionando a las empleadas de hogar para que soporten condiciones indignas de trabajo con la amenaza de que -si las denuncian- las retiran las prestaciones a las cuales tienen derecho.

 

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