El desahucio que estaba previsto para el martes  de una familia, ha sido paralizado por un mes desde el juzgado de primera instancia de Barakaldo. Plazo de tiempo por el que se ha de buscar una alternativa habitacional para A. E., de 59 años y su hijo D. R. de 32 años.

En este contexto, cabe destacar que esta mañana esta familia, junto a miembros de la asociación vecinal de Zuazo-Arteagabeitia, ha tenido que plantarse en el Departamento de Acción para conseguir una entrevista con el Concejal de Acción Social, Mikel Antizar, para buscar una solución ante la dramática situación que están padeciendo. Tras ciertos momentos de tensión, se ha realizado finalmente. Comprometiéndose el Concejal de Acción Social a realizar las oportunas gestiones.

Ahora se ha ganado un mes de plazo a la espera de que el equipo de gobierno y el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide acaten el dictamen del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” o la resolución del “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”: el cual remarca en sentencia firme que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

Además, esperemos que a través de esta nueva oportunidad deje de ser papel mojado el protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.

Compromiso de actuación por el que los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

En esta línea, cabe recordar el acuerdo del 3 de febrero del 2016 donde todos los sindicatos de la Policía Municipal de Barakaldo comunicaban a la alcaldesa, Amaia del Campo, su rechazo a que la guardia urbana sea utilizada en los procedimientos de desahucio en la localidad.