El reciente caso de los titiriteros detenidos en plena representación de una obra en Madrid y que, tras pasar varios días en prisión provisional incondicional, han sido puestos en libertad con cargos de enaltecimiento del terrorismo (uniéndose así a una ya larga lista de artistas como Pablo Hasél, Aitor Cuervo, Soziedad Alkohólika…) y ─para mayor escarnio de la Justicia─ un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, solo son la última muesca de la represión estatal contra los elementos de la clase trabajadora más conscientes.

La penúltima ola de crisis del sistema capitalista ─porque ya se está fraguando la siguiente─ ha dejado patente el nerviosismo de la clase dominante ante la extensión de la conciencia revolucionaria en un número creciente de capas de la población, que demandan cambios profundos en la forma de organizar las relaciones entre las personas que habitamos el planeta, y con éste mismo.

Es por esto por lo que, en una legislatura donde las estadísticas manifiestan la ausencia de actos terroristas en el Estado Español, se ha multiplicado de forma exponencial la aplicación de la “legislación de excepción”: decenas de personas imputadas por terrorismo (operaciones Araña, Pandora, Jaro, Piñata, etc); hallazgo en sede judicial de supuestas bandas terroristas (Resistencia Galega o los Grupos Anarquistas Coordinados); detenciones e imputación de cargos a quienes han mostrado más enérgicamente su solidaridad internacionalista (en el Donbass o en el Kurdistán); judicialización de la vida política (suspensiones cautelares de actividad de Causa Galiza y el PML-RC, proceso al presidente de Sortu por unas declaraciones, etc) y laboral (más de 300 sindicalistas procesados por ejercer el derecho de huelga).

Toda esta extrema dureza ─al contrario que la dispensada a responsables de graves delitos económicos o al resto de actividades de la derecha política y mediática─ unida a otros acontecimientos judiciales, mediáticos y policiales (favorecidos por cambios legislativos como la Ley Mordaza), revelan una actuación orquestada donde, bajo la utilización del sistema represor y el mantra del «todo es ETA», se pretende aislar, intimidar o perseguir las diferentes luchas sociales y a quienes formamos parte de ellas.

La menor extensión numérica de los casos de represión en nuestro país responde solo a que la resistencia está en el mismo bajo nivel, pero las personas y organizaciones leonesas debemos ser conscientes que la emergencia de un mayor compromiso social y político, tarde o temprano, nos va a poner en el punto de mira del sistema represor español. Pese a todo, en AGORA País Llionés nos reafirmamos en el apoyo a las luchas de este Pueblo y en una solidaridad internacionalista que impida ahogar las ansias de libertad de otras personas y pueblos.