Ante la crisis sanitaria producida por la extensión del virus COVID-19 y sus consecuencias sociales tan negativas para el pueblo trabajador leonés y mundial, AGORA País Llionés, como organización política de la izquierda soberanista, manifiesta su aporte al análisis y discusiones que se están llevando a cabo en la sociedad ante la situación tan grave que provocan las políticas capitalistas, por lo que apelamos al compromiso colectivo y a la necesaria lucha ante dichas circunstancias.

Crisis sanitaria

Mas allá de toda la información falsa, manipulaciones y miedo que aparece por las redes y medios de comunicación hegemónicos, ya tenemos información suficiente respecto al virus, sus síntomas y, sobre todo, sus peligros.

Sabemos que la crisis sanitaria producida es originada por la rápida expansión del virus y las necesidades médicas que genera la atención de sus complicaciones (respiradores, más plazas en las UCI, etc.). Es decir, la falta de medios humanos y materiales para hacer frente a unas nuevas demandas, por ello el objetivo de las instituciones se centra en bajar la famosa curva, ya que no es lo mismo atender a 100 personas al día que a esas mismas personas espaciadas en más tiempo, alargando un proceso que afectará a una gran parte de la población.

No debemos olvidar la trayectoria reciente y las condiciones en las que se encuentran los sistemas sociales y sanitarios del Estado español (en el caso del País Llionés en especial el SACYL), condenados a privatizaciones, falta de personal, desmantelamiento de infraestructuras, eliminación de servicios y falta de una inversión real y continuada durante los últimos 20 años. Los datos de camas disponibles, las listas de espera o la bajada en el número del personal sanitario demuestran que se llegó a esta crisis peor de lo que se podía haber llegado, en una situación producida por la lógica del capital de desmantelar lo público en beneficio de algo privado para quien se lo pueda pagar. Esto no es exclusivo del Estado español, sino que es un problema estructural de todos los estados capitalistas, donde los beneficios-negocios de una minoría dominante se anteponen a los intereses y necesidades reales del conjunto del pueblo trabajador.

Las reinvindicaciones en favor de la sanidad pública no son nuevas ni oportunistas, como siempre pretenden mostrar las derechas españolas. El auge de hospitales privados, seguros privados o los beneficios astronómicos de las farmacéuticas son un ejemplo; casos como las 4000 personas con Hepatitis C que dejó morir el gobierno español en el 2015, al no pagar el medicamento que necesitaban por no resultarle rentable, nos demuestran que actualmente se presenta la dicotomía capital o vida.

Desde las pasadas marchas blancas por la sanidad, las plataformas por la defensa de la sanidad pública o las últimas manifestaciones por la sanidad pública accesible para el mundo rural, se evidencia que es necesario una auto–organización popular desde la izquierda y los movimientos sociales en contra de estas políticas privatizadoras, y como, después de superada esta crisis, la lucha por la defensa de lo común y por unas condiciones dignas de vida se tienen que volver a activar con mucha más fuerza.

Crisis política y estado de alarma

Es evidente que a lo largo de la historia se sufrieron crisis de este tipo, procesos destructivos y accidentes trágicos insalvables. Pero la gestión de todo acontecimiento deriva de la capacidad que tienen los pueblos y la clase trabajadora de hacer frente a estas catástrofes de manera conjunta y organizada, anteponiendo lo colectivo a lo individual y desarrollando la solidaridad de clase. No todas partimos de las mismas condiciones, pues hay gente que, más en estos momentos, queda totalmente olvidada y marginada. Por ello, es una responsabilidad colectiva que todas las personas tengan ciertas necesidades cubiertas. Una de las reinvindicaciones centrales tiene que ser la exigencia de que el pago de esta crisis no recaiga sobre la clase trabajadora empobrecida, sino sobre los poderes especulativos que, incluso ahora, continúan jugando con nuestras vidas. El acceso a una vivienda para toda la población o el aplazamiento de los alquileres e hipotecas son medidas necesarias, pero solo una coordinación de las capas populares podrá hacer la presión necesaria para que el poder financiero ceda. Todas estas reinvindicaciones deben estar dentro del necesario plan de choque social.

La gestión política, cultural y social de esta crisis supone un fracaso real del capital. En el Estado español, al igual que en otros muchos estados del mundo, se determinó un confinamiento como medida de control del virus. Más allá de la necesidad o proporcionalidad de la medida, esto no puede legitimar todas las consecuencias que está teniendo la declaración del estado de alarma, en especial sus connotaciones de violencia y control. Además del cortoplacismo de la medida, emergen un mayor individualismo y falta de empatía, y una peligrosa legitimación del control y militarización de nuestros pueblos y ciudades. Es evidente que esto responde a unos objetivos por parte de las instituciones, no solo para controlar a la población, sino para crear unos precedentes de violencia ante las posibles futuras luchas que van a derivar de esta crisis.

El confinamiento se nos presenta como una responsabilidad colectiva que debemos realizar para evitar un mayor número de contagios. Pero este posible ejercicio de cuidados no debe convertirse en un ejercicio de autoritarismo, en el cual toda persona se convierte en un policía, capaz de controlar y juzgar a sus vecinos. La histeria colectiva tiende a reforzar y legitimar toda media represiva contra nuestra libertad. La competitividad y los patrones de conducta individualistas no son más que el reflejo de una moral y cultura burguesa del sálvese quien pueda: personas que se van a los pueblos saltándose la cuarentena, estudiantes que viven en las ciudades que se vuelven a casa con sus mayores, compras compulsivas…

Otro de los aspectos que se nos imponen al pueblo trabajador y que son profundamente ideológicos, es el carácter de guerra que se le está dando a esta situación, derivada de la militarización ya comentada. Esto no es una guerra, ya que la guerra es entre varios sujetos y produce daños materiales y conquistas. Este lenguaje bélico no deja de ser una cortina de humo para esconder la necesidad de una gestión realmente eficaz orientada hacia las necesidades del pueblo, que pasa por unos servicios públicos accesibles y de calidad, el reconocimiento de las labores de los cuerpos civiles y el sostenimiento de las necesidades básicas de toda la población. El lenguaje bélico sirve al poder para legitimar y justificar toda la maquinaria de guerra, que luego aplicará sus medidas represivas sobre el pueblo trabajador y en beneficio de la elite económica.

Crisis socioeconómica

Desde el inicio del confinamiento se tardaron 15 días en decretar la paralización de toda actividad económica no esencial. Vemos como organizaciones empresariales y algún presidente autonómico están en contra de suspender temporalmente la actividad de las empresas, incluso ante una situación como en la que estamos. Esto es un claro ejemplo de cómo los intereses del capital se anteponen a nuestras vidas, de cómo hasta esa decisión del gobierno central la producción seguía sin tener en cuenta los riesgos tan graves para la clase trabajadora, y de cómo en los pocos casos en que se cerraron esto respondió a la organización de las personas trabajadoras y no a la decisión unilateral empresarial. Esto demuestra que, aún en situación de emergencia, la disciplina del trabajo asalariado es la última en romperse.

El coronavirus está dejando un rastro de ERTE, despidos y paralización de la economía, que los sectores más vulnerables ya están sufriendo. Pese a las ayudas sociales anunciadas por el Gobierno central, el empobrecimiento y el recrudecimiento de nuestras condiciones de vida parece inevitable. Esta situación amenaza con generar más pobreza y falta de capacidad para afrontar pagos de servicios básicos como luz, gas, agua, etc.

Pero no podemos hacer un análisis estructural sin contextualizar el momento en el que está sucediendo esta crisis. No podemos señalar únicamente al coronavirus como la causa de esta situación, puesto que, como paso en la crisis de 2008, es solo un fenómeno concreto que hace derrumbarse la estructura abstracta en la que se sostiene el capital mundial. Es decir, el problema no es el fenómeno sino la propia estructura del modo de producción capitalista. Más en concreto, la bajada constante de la tasa de beneficio de las empresas, la creciente financiarización de la economía (es decir, su abstracción inmaterial) y la importancia del capital ficticio en la esfera productiva (las empresas ganan más por lo que supuestamente valen que por lo que producen). Estos pilares de la economía capitalista son fruto del devenir histórico del capital y también de la crisis estructural del mismo, que por supuesto tiene unas consecuencias negativas para los pueblos trabajadores: precarización de nuestras condiciones de vida, menos nivel adquisitivo, acumulación del capital en algunas zonas, desarrollo insostenible; y además, en el caso del País Llionés: migración, despoblación, expolio de recursos y empobrecimiento generalizado.

Los ERTE, la especulación inmobiliaria, una economía precaria de servicios, reformas laborales antipersona, subida de la edad mínima de jubilación, nuevos contratos más precarios, deslocalización de la producción, falsas economías “colaborativas”, etc. son parte de las dinámicas que el capital está adoptando no solo durante las crisis, sino en las últimas décadas. Estas políticas son mundiales y no responden a los intereses de un gobierno en particular, sino que están adscritas a las necesidades de supervivencia del capitalismo global y comandadas por instituciones criminales como el FMI, el Banco Central Europeo, la UE…

Si una cosa ha quedado clara en estos días, es que los gobiernos pueden tomar medidas efectivas para tratar de revertir la crisis climática, más allá de las campañas informativas o las declaraciones de intenciones. En unos pocos días se han visto cambios en todo el medio ambiente del planeta. Debemos aprender de la situación y perseverar en ciertas acciones ya que, de lo contrario, en un futuro no muy lejano sufriremos colapsos similares como consecuencia del cambio climático.

Por lo tanto, ante todo este panorama, reiteramos que solo la activación de la organización popular hará posible la salida de esta crisis y de las consecuencias tan negativas que de ella se derivan, consiguiendo los objetivos sociales para que la clase trabajadora mundial no sufra otra vez más los embistes de la ofensiva del capital a sus condiciones de vida.

Medidas de urgencia

Desde diferentes plataformas a nivel estatal se está llevando una campaña, que desde AGORA País Llionés apoyamos, para que las medidas de urgencia vayan encaminadas hacia la protección de nuestras vidas y como medidas de choque ante esta crisis:

• Aplazamiento de los pagos de alquileres e hipotecas.

• Intervención de los medios e infraestructuras sanitarias privadas inutilizados por parte del Estado.

• Reapertura de las infraestructuras cerradas por los recortes en sanidad en los últimos años.

•  Refuerzo de la sanidad pública en el medio rural

• Inversión en servicios sociales públicos para paliar los efectos de la crisis económica.

• Plan de protección para los trabajadores autónomos sin empleados.

• Garantizar la seguridad real de las personas trabajadoras que seguirán realizando sus tareas.

• Refuerzo de los sectores productivos necesarios como la agricultura y la ganadería extensivas.

• Desmilitarización de nuestros pueblos y ciudades. Reconducción de las tareas hacia cuerpos civiles.