Voz

Las declaraciones del comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez,
revelando intimidades de la conversación en las montañas con el entonces
presidente electo, Andrés Pastrana Arango, en el sentido de que éste habría dicho que si para abrir el camino de la paz era necesario prescindir de algún alto mando militar lo haría, dieron lugar a absurdas y vacías polémicas en las alturas del bipartidismo. Mientras el presidente Pastrana, un poco asustadizo, ripostó que no afirmó lo que dice Marulanda que él dijo, el ex candidato liberal, Horacio Serpa Uribe, y los expresidentes liberales, López Michelsen, Turbay Ayala y Samper Pizano, desafiaron al mandatario para que con claridad informe
cuáles fueron realmente sus acuerdos con el jefe de las FARC.

No cabe la menor duda que el asunto de la vinculación de altos mandos
militares con las llamadas autodefensas fue un tema obligado en las conversaciones de Pastrana y Marulanda. De lo contrario el comandante de
las FARC no lo hubiera dicho de manera tan enfática. Sin embargo, este no es el problema de fondo. Si lo dijo o no lo dijo es irrelevante. Lo verdaderamente trascendental es que el país reclama a gritos el cambio democrático en la institución castrense.

Pero la reforma no debe ser para hacer a las Fuerzas Armadas más eficientes en la guerra como lo insinúan el Presidente del Senado Fabio Valencia Cossio y algunos representantes de la gran oligarquía, sino para cambiar la filosofía que las tiene enchufadas a la práctica del terrorismo de Estado, a la guerra sucia y al exterminio de la oposición política de izquierda. Porque en el primer caso sería tanto como fortalecerlas en las prácticas delincuenciales que conspiran contra cualquier proceso de paz, mientras que en el segundo equivale a
alejarlas de la doctrina de la seguridad nacional y a modificar su concepción del “enemigo interno” en la cual valen la guerra sucia y la violación de los derechos humanos.

El problema de las Fuerzas Armadas de Colombia es que fueron embarcadas
por sus altos mandos, el Pentágono gringo y la oligarquía en dicha concepción antidemocrática, por lo cual los actos criminales que comprometen sus operativos sobre todo en las zonas de conflicto no son simples desvíos de algunas de sus unidades o hechos aislados, sino procedimientos habituales de la institución, orientados por sus mandos en diferentes niveles.

La brevedad del espacio no nos permite abundar en ejemplos, que los hay
suficientes y recientes. Pero citemos tres al azar: El primero, los operativos en el Sur de Bolívar, que terminaron con la toma militar de Montecristo en el pie de la Serranía de San Lucas. Más que un operativo del Ejército fue una acción combinada de “paracos”, Ejército y Fuerza Aérea para atacar a la insurgencia. Lo dicen los campesinos de la zona y los representantes del éxodo campesino en Barrancabermeja; la segunda, la investigación de la masacre de Mapiripán que tiene en el ojo de la Fiscalía a los mandos militares de Apartadó y San José del Guaviare que controlan los aeropuertos de estos municipios de donde partieron y llegaron los paramilitares de Castaño sin que “nadie viera nada”; y el tercero, el escandaloso caso del coronel Mario Hernando Báez, condenado
a 18 años de prisión por paramilitarismo sin que hasta la fecha haya sido siquiera retirado del servicio activo. Los hechos hablan por si solos.