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Bogotanos comienzan a pagar las consecuencias de la priva-tización de la
planta de Tibitoc. Se acelera desmonte de subsidios en servicios públicos, que se agrega a gravámenes en la gasolina, valorización e IVA.

Al finalizar agosto, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Daniel Boada Salazar, pidió a la Comisión Re-guladora de Agua Potable, CREP, autorización para elevar en un 22 por ciento las tarifas del servicio, que afectarían a unos siete millones de ciudadanos de la capital de la República.

El nuevo impuesto es consecuencia inmediata de la entrega a concesionarios privados de la planta de tratamiento de aguas de Tibitoc, en cuyo contrato se impone a la administración de Bogotá el aumento gradual de tarifas, aspecto lesivo que en su oportunidad denunciaron los concejales de la Unión Patriótica, Aída Abella y Mario Upegui. El gerente de la empresa, ocultando el lado oneroso de la privati-zación, ha dicho que con la medida se aspira a recuperar parte de las pérdidas que se presentan en la facturación, desoyendo los
insistentes llamados que también en esa dirección ha hecho el Concejo distrital a la empresa para que adopte correc-tivos y evite el robo de agua o las llamadas pérdidas negras, como consecuencia de la rotura de tubos y la negligencia en la reparación oportuna de daños. Las nuevas tarifas en acueducto y alcantarillado se suman a la estrategia de desmonte gradual de subsidios, que afectan de manera particular a los estratos 1, 2 y 3, hasta su eliminación definitiva en el año 2.000. En esta dirección, ya se han experimentado incrementos significativos en Energía y Teléfonos.

Plan de Peñalosa

El temor generalizado de los bogotanos ante un panorama impositivo que
amenaza con la estabilidad de la canasta familiar, no se limita a estos aspectos. El plan de desarrollo «Por la Bogotá que queremos» del alcalde Enrique Peña-losa contempla otros mecanismos para exprimir aún más los ingresos de los trabajadores.

Por ejemplo, el Concejo de Bogotá aprobó recientemente el acuerdo 028, que autoriza el cobro de valorización por beneficio local, incrementando el recaudo, del 13 por ciento bajo la administración Mockus, al 30 por ciento ahora, para la financiación de obras de la malla vial de la ciudad, particularmente la avenida Ciudad de Cali, la troncal Norte-Quito-Sur, la avenida Boya-cá, el eje de la avenida Jiménez, la calle 100, la carrera 15 con calle 72 y la Autopista Norte.
Lo grave de la valorización por beneficio local, que se suma a la de beneficio general, es que se trata de una medida coyuntural en su concepción, para situaciones excepcionales, que los últimos gobiernos la convirtieron en permanente.

La de ahora, en gran parte va a ser destinada para la ejecución de obras
inconclusas del gobierno anterior, que el Instituto de Desarrollo Urbano no cumplió, pese al enorme volumen de recursos que manejó. La administración Mockus, en su plan Formar Ciudad, proyectó 40 obras de la malla vial, estimadas en 158 mil millones de pesos, que al poco tiempo reajustó en 198 mil millones y más tarde en 321 mil millones de pesos, para que de todas maneras las obras no se ejecutaran. Lo más grave del caso es que, sin llamar a un juicio de responsabilidades, será el mismo IDU el que responda, con un presupuesto triplicado, por cerca del 45 por ciento de las obras del plan de desarrollo de Peñalosa. El programa «Por la Bogotá que queremos» contempla además la
posibilidad de establecer el cobro de peajes en las nuevas avenidas troncales e imposición de tributos por el alumbrado público y los semáforos.