Por: Tatiana Carcelén

Desde que el actual rector de la Universidad Central del Ecuador asumió su cargo pregonó que seria una etapa de cambio, pero no especificó un pequeño pero gran detalle: que sería una etapa de persecución a todo quien no siga su línea política (como sucede con otro personaje muy conocido). Es así que durante su administración ha ido barriendo con quien se le ha cruzado en el camino, sean estudiantes, docentes, trabajadores o personal administrativo. Al menos eso ha tratado de hacer hasta ahora.

Durante todo ese proceso, bajo cualquier pretexto ha ido abriendo sumarios a diestra y siniestra, en un afán de “limpiar a la universidad”, ingeniándoselas para pasar por alto los distintos procedimientos y lograr saciar su capricho, de tal forma que la persecución política se ha asentado en la Alma Mater. En medio de todo ese proceso de arremetida contra los sectores de izquierda, el 8 de diciembre de 2009 se desatan los incidentes iniciados por la gente afín a Samaniego, que terminaron con la detención del presidente nacional de la FEUE, Marcelo Rivera, y la expulsión de varios dirigentes estudiantiles.

Desde aquel suceso, la presión política para mantener a este joven privado de su libertad ha sido cada vez más fuerte, incluso por la formulación de los cargos por los que se le acusa: agresión terrorista a un funcionario público, siendo el eje principal del calendario de actividades del Dr. Samaniego, acompañado de los constantes y acostumbrados ataques de Rafael Correa, lo cual ratifica la política aplicada por el gobierno. Además de las violaciones al debido proceso durante la detención, el constante cambio de causales y la utilización de un Código Penal que contempla artículos escritos en la época de la dictadura militar y que no habían sido tomados en cuenta ni siquiera en gobiernos de extrema derecha como el de León Febres Cordero.

“A pesar de que el ingreso al Consejo Universitario fue violento, en mi opinión no puede calificarse como un acto terrorista. Lo que están es aplicando esta figura jurídica para escarmentar políticamente e inmovilizar cualquier reclamo futuro”, dice el catedrático y abogado Diego Delgado.

Pues a pesar de haber presentado las pruebas que ratifican la inocencia de Rivera, se ha continuado cometiendo una serie de irregularidades en el desarrollo del proceso, e iniciando otros contra los demás dirigentes populares como Mery Zamora, William Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca. Mientras que quienes han perjudicado al Estado como Gustavo Noboa Bejarano, Alberto Dahík, han sido apoyados por el “buen presidente” para que se les perdone sus crímenes cometidos, afirmando el carácter de clase que Rafael Correa ha tomado, atentando contra la seguridad jurídica en el país.

Ante esto las organizaciones sociales y estudiantiles llevaron adelante una huelga de hambre solidaria para exigir la libertad de su dirigente, y casi un mes después en la audiencia final la “justicia” declaró a Marcelo Rivera como culpable y días después dictaminó una sentencia de tres años y el pago de 300 mil dólares.

Dictamen que fue rechazado por estudiantes y miembros de organizaciones populares, pues este joven es el primer detenido y condenado por terrorismo en toda la historia del Ecuador, por lo que ha recibido la solidaridad nacional e internacional. Mientras que la defensa continúa agotando recursos para apelar la injusta sentencia. “Enviamos esta apelación en base a los mismos testigos que dicen que no es Marcelo Rivera, que no hubo nada de instigación, pues en este gobierno se está criminalizando justamente los aspectos de política y a todo al que se considere opositor se le aplica penas altísimas, además de establecer una condición de encarcelamiento perpetuo, para pretender desarticular organizaciones conformadas justamente para la lucha popular por las prioridades fundamentales de los más pobres y de las personas que buscan un mejor día para el Ecuador”, sostiene por su parte Ramiro Román, abogado defensor de Marcelo. Además, agrega: “estamos usando todos los recursos con el caso de Marcelo Rivera, pero primero tenemos que hacer una audiencia ante la Corte para realizar nuestra fundamentación punto por punto, de la apelación, y si es que los jueces en el Ecuador no hacen justicia tendremos que buscarla fuera del país”.

Marcelo Rivera enfatiza: “hay que mantenerse firme, aunque ellos pretenden hacernos retroceder con esta persecución, con los juicios, con el encierro y la cárcel injusta, no lo lograrán: los días, pasan y saldremos de aquí con más fuerza a seguir luchando, pues no nos pueden quitar la dignidad ni nuestra ideología”.