La jubilación obligatoria, en aplicación de la Ley de Servicio Público, LOSEP, sin planificación previa por parte de la SENPLADES y del gobierno, ahora trae mucha tela que cortar, pues distintos sectores se ven afectados y los reemplazos no tienen un nivel que compense la ausencia de los titulares.

En el área de la salud, según el Colegio de Médicos de Pichincha, son aproximadamente 60 médicos los obligados a jubilarse en la provincia, mientras que en resto de país, la cifra llegaría a los 200. No se descartan, acciones legales amparadas en la Constitución para defender a los agremiados.

En el Hospital Eugenio Espejo (HEE), tal vez el más importante de la región, son 16 médicos especialistas los que deben acogerse a la jubilación obligatoria, esto es el 10% de los médicos de esta unidad. Según el Dr. Robert Salinas, director de
esta casa asistencial, se tratará de solventar la situación actual, posiblemente con la contratación bajo la modalidad de servicios profesionales, en casos especiales, para continuar con los trasplantes renales y las cirugías de de columna a pacientes con tuberculosis. En este mes se han suspendido estos servicios por la aplicación de la LOSEP.

Salinas deja entrever que el manejo de la situación es difícil, pues siente que se está haciendo un daño moral a médicos de una trayectoria brillante y que necesitaban salir por la puerta grande, con todo el respeto y reconocimiento por la labor prestada
durante muchos años. Comenta que en el HEE “se ha formado un Comité para realizar una ceremonia con toda la solemnidad del caso para reconocer el esfuerzo y el legado que dejan en el hospital éstos profesionales, porque hay cosas que no se compensan con el dinero”. En Hospital de Guayaquil la situación no es distinta, según el Dr. Mario Silva, pediatra que viene restando sus servicios por 24 años; el 4 de noviembre a las 08h30 fue impedido de registrar su ingreso y vio que su nombre
constaba en un listado de más de 20 personas que pasaron por el mismo disgusto. Recién al siguiente día recibieron la notificación de la Dirección de Salud del Guayas, en la que se les comunicó que sus labores deben cesar el 30 de este mes.

Los galenos, por su parte, no aceptan tal decisión, pues dicen que nadie puede obligarlos a jubilarse, que esta es una decisión personal y no del Presidente, además para ser obligados deberían estar inhabilitados física y sicológicamente, algo que no ocurre, porque sus condiciones son óptimas para continuar desempeñándose como especialistas que son.

Añade el Dr. Silva, “acá en el Hospital Guayaquil, la pugna se da no por el monto de la jubilación, sino por el reintegro del trabajo, porque de acuerdo a la Constitución y de los acuerdos internacionales, el trabajo es un derecho y no debe haber discriminación de edad, ni sexo; por lo tanto no pueden hacer esto, pues se violenta la Constitución por la aplicación de una ey que ni los asambleístas del gobierno aprobaron”. Por esta razón, un grupo de médicos realizará también acciones legales
en la Corte Constitucional.

Por su parte los galenos agremiados en la Federación médica el 3 de diciembre presentaron una acción legal en que recayó en el juzgado vigésimo de lo penal, donde el Juez luego de las exposiciones de los afectados determinó que los 12 médicos demandantes retornen a sus puestos de trabajo en el Hospital Guayaquil.. Las autoridades del ramo al parecer impugnarán y el expediente 1981 será analizado por la Presidencia de la Corte provincial.

En el campo científico, el gobierno y la SENPLADES están echando a la basura las investigaciones realizadas por años y que aún están en desarrollo. Estos profesionales, ahora que llegaron a la “meta”, no tienen a quién entregar la posta; y esta es una carrera que no puede parar o comenzar de cero, pues se arriesga el desarrollo y la salud de los ecuatorianos.

Según Milton Coronel, presidente de la Asociación de Servidores del Ministerio de Finanzas, en esta cartera de Estado se está realizando en dos fases la renovación de personal; la primera es la aplicación de la LOSEP y la otra, de acuerdo a la transitoria
décimo séptima del Código de las Finanzas Públicas. El dirigente informó también que “dependerá de la acogida que tenga la
convocatoria a la jubilación voluntaria, para conocer el porcentaje de pagos en efectivo y en bonos a los jubilados voluntarios”. Según el acuerdo entre la FEDESEP y los representantes del gobierno, el monto que se prevé gastar en ndemnizaciones asciende a 144 millones, para ello se asignará en el PGE la partida de Inversión para talento humano, además se dice que existe un remanente con el cual se solventará este gasto (ARS).