Como es de conocimiento general, Rafael Correa se ha caracterizado por su particular forma de tratar a las personas que
considera sus opositores: una forma despectiva, además de acusar sin pruebas sobre uno u otro asunto, tal como ha sucedido en diferentes coyunturas: con los maestros y estudiantes durante el tratamiento de las Leyes de Educación General y Superior; con los indígenas por la Ley de Aguas y el COOTAD; y finalmente con periodistas, políticos y policías que participaron o presenciaron los hechos del 30 de septiembre.
Pero esta línea de comportamiento no es ahora una característica peculiar de Rafael Correa, sino que trata de ser asumida por personajes de su círculo cercano, como por ejemplo el gobernador del Guayas Roberto Cuero, quien el pasado 10 de noviembre acusó a los militantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) por la muerte del estudiante Edwin Pérez, sin siquiera tener una prueba de aquello.
Ante esto, la dirigencia del MPD se ha pronunciado en varios medios de comunicación y tomó medidas legales contra el funcionario, presentando el 19 de noviembre en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, una acusación particular contra Cuero por injurias calumniosas graves, proferidas a la militancia del MPD, al implicarla falsamente en la muerte del joven estudiante.
Otro caso reciente tiene que ver con lo sucedido en el colegio femenino Simón Bolívar, en la ciudad de Quito, donde Mercedes Loachamín, otra capataz de medio pelo puesta por el gobierno como rectora encargada de la institución, trató de convertir al colegio en una hacienda. Desde su ingreso no ha dialogado con las estudiantes y más bien ha tomado acciones arbitrarias que las perjudican, como por ejemplo la eliminación de los grupos especiales, mediante los cuales se ha fortalecido la imagen
institucional.
Pero lo que realmente enfureció a las jóvenes estudiantes de esta institución fueron las constantes agresiones verbales por parte de esta autoridad hacia las alumnas, y en uno de los casos hasta la agresión física hacia una de ellas, además de los acostumbrados oídos sordos (una práctica recurrente del régimen), lo cual obligó a las estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso a paralizar las calles aledañas a la institución, pidiendo la destitución inmediata de la rectora.
En un inicio recibieron como respuesta la acostumbrada brutal represión por parte de la policía, y amenazas con sanciones académicas (como por ejemplo el no dejarles rendir el examen de grado en el caso de las estudiantes de los sextos cursos), lo cual no detuvo a las jóvenes en su propósito y se mantuvieron firmes hasta obtener resultados, contando con el apoyo de sus padres y de los profesore
Tras una larga reunión de las estudiantes, quienes con padres de familia y maestros asistieron a la Dirección Provincial de Educación, se obtuvieron los primeros resultados: la rectora sería retirada de su cargo e investigada por las denuncias realizadas por las jóvenes, mientras que Loachamín, sin prueba alguna, señaló a diario El Comercio que: “un grupo de profesores afines al MPD organizaron la protesta e influyeron en las estudiantes”, subestimando así al pensamiento crítico y la rebeldía propia de la juventud, y repitiendo la muletilla que el gamonal supremo repite cada vez que abre la boca.
Sin embargo, los intentos de estos funcionarios por parecerse al presidente Correa, tomando actitudes prepotentes, autoritarias y acusatorias sin fundamento, no ha doblegado la dignidad de los ecuatorianos, porque se han encontrado con que la rebeldía, el criticismo y la unidad de los sectores populares se mantienen y no podrán ser destruidas solamente porque
una persona en un momento de rabieta así lo decida.(JTC)
