Por: Amparo Sigcha

La separación marcada entre el gobierno y los sectores sociales se inició hace más de un año, debido a la falta de diálogo y
acuerdos en el tratamiento de puntos críticos como son: el manejo de los recursos hídricos, la Ley Hidrocarburos, la Ley de Minas, entre otros. En estos tiempos, el divorcio entre estos dos sectores es inminente. Desde las organizaciones populares y la izquierda se denuncian la derechización del gobierno y la aplicación de leyes neoliberales, al mismo estilo de los gobiernos de derecha, principalmente el del conocido ex “dueño del país”, el tristemente célebre León Febres Cordero, de quien la sociedad recuerda la violación de los Derechos Humanos y la incautación de los organismos del Estado.

Anaite Vargas, vocera de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDH, manifiesta que en los gobiernos posteriores al de Febres Cordero, y anteriores al de Rafael Correa, se han dado violaciones a los derechos humanos, pero hay una diferencia sustancial: en el gobierno socialcristiano esto se dio como política de Estado, con rezagos que se pueden
evidenciar en el tipo de prácticas que aplica hasta hoy la Policía Nacional.

La activista menciona que la falencia de los dos gobiernos, socialcristiano (SC) y de Alianza País, (AP) es la toma del poder judicial como una herramienta de afianzamiento de su poder. “A estos gobiernos se alinearon los grupos económicos en el poder, impidiendo los cambios estructurales en la política económica del Ecuador, como es el caso de PRONACA y su acercamiento a este régimen”, sostiene.

Por otro lado, la activista cree que el tema de la seguridad no es tomado como política de Estado, y a nombre de la misma “se comenten errores, como es ponerle precio a la cabeza de alguien, y lo único que muestra es la monetarización o el valor que le dan los gobernantes a la vida de los ciudadanos. La inseguridad y la delincuencia es un tema más profundo que requiere de políticas y mecanismos que cambien el sistema actual”.

“La represión ha sido una política de Estado en todos los gobiernos, cada uno con sus métodos, la desaparición de gente con Febres Cordero, la balacera en el de Lucio Gutiérrez en el local de la Conaie… Los movimeintos sociales, para este gobierno,
así como para los anteriores, han sido considerados como elementos de oposición; con la diferencia de que Correa ha olvidado que él es producto de un proceso de un colectivo, del que forman parte los sectores sociales durante años”, concluye.

En lo político
La política internacional de los gobiernos de derecha solo ha servido para enriquecer a las transnacionales quienes a cambio de dinero fresco con intereses altos se han levado recursos naturales a bajos precios. Es el caso de China, quien por los préstamos desembolsados decide cómo, cuándo y dónde se realiza “el negocio”, y una seguridad jurídica a su conveniencia.
El mejor ejemplo es la Ley de Hidrocarburos aprobada por la mayoría de los asambleístas de Alianza País bajo la presión del primer mandatario. En otros tiempos lo más evidente fue durante el Congreso dominado por el PSC.

“Se habla de seguridad jurídica y se hacen leyes que son como anillo al dedo para las transnacionales, y se criminalizar la lucha, con el objetivo de terminar con las organizaciones sociales, con la lucha popular, campesina e indígena que a lo largo de
la historia del Ecuador han sido las que han soportado y son actoras de los procesos de cambio”, dice el jurista Ramiro Román.

El jurista señala que “no se puede concebir que en un Estado constitucionalista no se respete este órgano legal, que la Fiscalía no cumpla su papel y realice las investigaciones por orden del Presidente de la Republica en sus cadenas sabatinas y no por iniciativa propia, todo para criminalizar y estigmatizar a las personas.

“La independencia de la justicia no ha existido, el gobierno de Rafael Correa utiliza el mismo sistema que Febres Cordero cuando militarizó la función Judicial, sacó los tanques a las calles. A Correa le acompañan los mismos asesores SC como:
Alexis Mera, el principal asesor y también conocido como el súper detective informático, de ahí la razón para la aplicación del control del Registro Civil, del SRI, de la educación, las finanzas de los bancos; porque la informática es la base fundamental
de todo, también es la llave para el control de la sociedad.

“En el mundo de la política siempre se hace referencia a los muertos del periodo social cristiano, pero en este gobierno también existen muertos, los que resultaron de la confrontación del pueblo uniformado. Las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para matar; los cadáveres fueron enterrados y no aparecen los proyectiles asesinos. No se hizo el levantamiento de los cadáveres ni las autopsias. Obviar este procedimiento es un delito”, añade Román.

Febres Cordero, según la comparación que el jurista hace, tenía varias salas de la Corte Suprema de Justicia, ahora Correa tiene al Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, a la policía judicial. Los mismos negociantes del petróleo de Febres Cordero están
junto a Correa, incluso a quienes él los llamó gánsters hoy lo acompañan, tiene a los mismos abogados insertos en los distintos temas”, añade Román.

Una de las víctimas sobrevivientes del periodo del PSC, el abogado Diego Delgado, hace una comparación de estos gobiernos (SC - AP) y concluye que “Son dos gobiernos de clase, empeñados en el común objetivo de la defensa del sistema u orden
establecido; el dominio y control social absoluto”.

“En el período de Febres Cordero existía el grupo AVC, situación que se utilizó para reprimir en forma brutal, al extremo que se
causaron cuando menos 140 muertes selectivas, cientos de casos de tortura y violaciones e ilegalidades innumerables; un total documentado de 310 víctimas.. En este régimen se cuentan 17 víctimas de violaciones de derechos humanos según la propia Comisión de la Verdad .

“La investigación de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de los regímenes precedentes constituye para Correa las pruebas y testimonios para advertir e inmovilizar a la vieja derecha y a determinados políticos que ejercieron el poder y que estuvieron involucrados en violaciones legales; en vez de enjuiciarlos, como se los ha amenazado, usa la información para persuadirlos y tranquilizarlos.

“Si bien ahora no existen grupos al margen de la ley, se utiliza la administración de Justicia como un trapiche social. Mientras por una parte se apadrina la amnistía de Gustavo Noboa y Alberto Dahík, gestores de deuda externa y propiciadores de privatizaciones, a la vez se enjuicia por terrorismo, sabotaje y otras figuras jurídicas sesgadas, impuestas por las dictaduras militares anticomunistas, a dirigentes sociales y populares con el ánimo de inmovilizar a importantes sectores sociales.

“Se pretende amedrentar al movimiento social con juicios penales a sus dirigentes. Sólo los indígenas se quejan de 72 juicios con la figura acomodada de terrorismo. Los dirigentes que defienden el agua o la conservación de la naturaleza nacional también son enjuiciados. El poder de Correa es superior al de Febres Cordero”, dice Delgado.

“Con el asesoramiento de la empresa israelita On Track Innovationes, OTI, que maneja la infraestructura tecnológica, el Registro Civil ha expedido cédulas con chips con 18 datos y para ubicar satelitalmente a cualquier ciudadano. Son regulaciones y políticas derivadas de la Ley Patriota o Ley Antiterrorista de los EE.UU. impulsada por George W. Bush luego de los atentados cometidos del 11 de septiembre del 2000”, asevera Diego Delgado.

A estos elementos de análisis hay que agregar que la legislación que ha emitido AP y sus aliados es muy peligrosa. Con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada el 16 de octubre del 2009, se deja -en su Art. 5- todo el patrimonio social y nacional de la República en manos de Rafael Correa, quien con simples decretos ejecutivos puede hacer y deshacer con el petróleo, las minas, como ya lo está haciendo. Un ejemplo fue la entrega de Sacha a PDVSA. La Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, publicada el 22 de octubre del 2010, permite que el Presidente pueda endeudar al país hasta en el 40 por ciento del PIB, y con autorización de la Asamblea mucho más. Además se acepta que el Estado ecuatoriano y sus entidades puedan someterse a jueces y leyes extranjeras.